"Ya lo ves, señor Nicetas -dijo Baudolino-, cuando no era presa de las tentaciones de este mundo, dedicaba mis noches a imaginar otros mundos. Un poco con la ayuda del vino, y un poco con la de la miel verde. No hay nada mejor que imaginar otros mundos para olvidar lo doloroso que es el mundo en que vivimos. Por lo menos, así pensaba yo entonces. Todavía no había entendido que, imaginando otros mundos, se acaba por cambiar también éste". Humberto Eco A lo largo de la historia financiera internacional se puede observar que los países deudores repetidamente toman créditos, tienen un auge, declinan, cesan los pagos y la vida continúa. Los casos de las cesaciones de pagos más frecuentes son en las etapas en que la economía de los países líderes sufren una recesión. Así, por ejemplo, cuando la bolsa de Londres sufrió un desplome en octubre de 1825, se llevó consigo a los precios de las materias primas y, acto seguido, las nacientes repúblicas sudamericanas y México suspendieron pagos por un periodo de casi treinta años. Durante la década del 70 del siglo XIX igualmente un desplome de la bolsa de Londres llevó consigo los precios de las materias primas y los países cesaron pagos casi sin excepción por un periodo de casi treinta años igualmente. En el periodo de los años 30 del siglo XX se repitió la misma historia por la misma causa. Los impagos se resolvieron veinte años más tarde a fines de la década del 40 y nuevamente el problema resurgió en 1982. Esta vez no hubo desplome de bolsas pero sí del precio de las materias primas y alza brusca de las tasas de interés. Su explicación está especialmente en la inestabilidad de la economía internacional que es cíclica y que pasa por alzas y bajas; una situación inherente del capitalismo, por lo demás. Los cambios tecnológicos casi siempre han acompañado las soluciones para la recuperación de la economía mundial, favoreciendo a los centros de poder en desmedro del mundo periférico. Y esa fragilidad de la situación internacional eleva el riesgo de crisis en las economías empobrecidas, que viven angustiadas por las presiones financieras. De la gran discusión teórica a una propuesta política global La gran discusión teórica desde hace un siglo se erige en torno a la idea central de si los países quiebran o no. Lo medular de un país que quiebra es que podría ser llevado a una corte de quiebras, intervenido por un síndico de quiebras, sus bienes liquidados por el síndico y los acreedores pagados por partes iguales. Hasta 1933 el tema de quién hacía que la ley fuera cumplida recaía directamente sobre el acreedor quien podía hacer uso de la fuerza militar y poner a sus síndicos de quiebras. Estos son los ejemplos del Canal de Suez a fines del siglo XIX o de los mencionados casos de Nicaragua en 1909 y de Venezuela en 1902- 1903. Por otro lado, a propósito del arreglo de la deuda externa alemana de 1953 queda constancia del trato diferenciado que han recibido algunos países ricos por razones geopolíticas. Llama la atención la acción de los acreedores, quienes, hace 50 años, fueron más eficientes en términos económicos y aún más humanos que el Banco Mundial, el FMI o el Club de París en la actualidad. Hoy en día, ante la ausencia de reflexiones humanas y aún técnicas apropiadas, esas razones geopolíticas que alentaron el rápido y profundo arreglo de la deuda alemana, podrían reaparecer de la mano de la masiva emigración de personas del Sur que están literalmente invadiendo el Norte. En este contexto, ante los sucesivos fracasos de los arreglos convencionales de la deuda, surge con fuerza en diversas partes del planeta la idea del Tribunal Internacional de Arbitraje de Deudas Soberanas (TIADS), en el que, desde el punto de los gobiernos deudores, se debe incorporar a todas las categorías de acreedores. Así, debe haber un tribunal donde tanto los acreedores privados, como los tenedores de bonos, los gobiernos y los organismos multilaterales sean sujetos a un tratamiento homogéneo. Con este fin debe existir una legislación internacional que no deje a ningún acreedor fuera de las negociaciones, es decir, que aquellos documentos que no se presenten a la fecha de las convocatorias de acreedores perderán vigencia y capacidad de cobranza. Eso debería ser parte de una nueva jurisprudencia internacional para eliminar del todo a los free riders. Un requisito mínimo para comenzar el funcionamiento del TIADS es la inmediata disolución del Club de París y del Club de Londres, en vista de su fracaso histórico para todas las partes. Ni resolvieron los problemas de pagos de los deudores, ni aseguraron a los acreedores la recuperación de su dinero. En el campo cuantitativo tampoco habría grandes dificultades si al empezar se da paso a una masiva anulación de la deuda externa pública de los países empobrecidos. La salida pasa, entre otras cosas, por la aceptación de la corresponsabilidad por parte de los acreedores, y por la asunción de pérdidas por parte de éstos, que tampoco serán tan graves como para poner en riesgo el sistema económico mundial, pero que representarán acciones indispensables para poder enfrentar el acelerado proceso de empobrecimiento en el mundo. Para conseguir estos beneficios ampliados, hay que seguir la recomendación del profesor italiano Sandro Schipani, quien sugiere instaurar "principios de justicia por los cuales debemos ser gobernados, para buscar aquellos que eviten consecuencias que constituyan violaciones a los derechos humanos y de los pueblos, y afirmar nuevamente, con mayor certeza y estabilidad, tales reglas para la vida económica". Téngase presente que las inequidades en las relaciones entre acreedores y deudores han sido causantes de muchos de los problemas en los procesos de endeudamiento y de la propia incertidumbre financiera. Hacia la constitución de un código financiero internacional En paralelo a estas demandas es necesario que se establezca un nuevo y mejor sistema monetario y financiero internacional, lo cual no se resuelve con una simple reforma interna de las instituciones como el FMI y el mismo Banco Mundial. Se precisa un sistema que ayude a regular y normalizar otro proceso de globalización sobre bases de solidaridad y sustentabilidad. Algo urgente, pues el FMI y el Banco Mundial son simples instrumentos y mandatarios de las grandes potencias y del gran capital, o sea de los acreedores. Por lo tanto, esta iniciativa no puede de ninguna manera ser instrumentada en el marco de las actuales instituciones de Bretton Woods, que deberían ser totalmente reformadas desde afuera. Si un nuevo FMI asume la tarea de controlador, debe ser la "sociedad civil" nacional e internacional en cada caso la que tenga capacidad de monitoreo del controlador; adicionalmente, el FMI debe rendirle cuentas a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre su marcha y sus avances con los países. En el marco de un código financiero internacional, hay que desarrollar diversos mecanismos de control de los flujos de capital a nivel internacional. En paralelo hay que fortalecer el reclamo de la deuda ecológica, en la cual los países subdesarrollados son los acreedores. Desde esta perspectiva y si se considera que la deuda externa financiera, en muchos casos, ya habría sido pagada, considerando además las deudas social, histórica y ecológica, la pregunta de fondo que surgiría es quién debe a quién. La tarea, sin embargo, es construir una situación global de derecho y no simplemente alimentar con nuevos argumentos planteamientos justos en una lucha que muchas veces no pasa del nivel del reclamo. Por eso es preciso resaltar el potencial político de la propuesta para establecer un tribunal para deudas soberanas. Una negativa a este justo reclamo ratificaría el abuso que representa el manejo de la deuda por parte de los acreedores. La deuda debe dejar de ser un mecanismo de exacción de recursos desde los países pobres y de imposición de políticas desde los países ricos. La deuda ha sido y es, la historia y el presente lo demuestran hasta la saciedad, en términos de Karl von Clausewitz si hubiera abordado las finanzas y no la guerra, la continuación de la política con otros medios. Desde esta lógica la gestión de la deuda externa engarza con otro axioma del propio von Clausewitz, según el que la deuda es un acto de violencia cuyo objetivo es forzar al país deudor a hacer la voluntad de los acreedores a través de las renegociaciones y programas de ajuste estructural. Vistas así las cosas, la deuda no sólo frena el desarrollo por su carga de obligaciones, sino que abre la puerta a las influencias y aún a la directa intervención de poderes extranjeros en los asuntos de los países empobrecidos. Desde esa perspectiva, cabe replantear las alternativas -reconociendo el carácter global del reto de la deuda externa-, que no pueden quedarse en simples acciones discursivas y menos aún en parches aislados e incluso cómplices con el poder financiero, como podría ser la conversión de fracciones de deuda para inversiones sociales. Principios básicos del código financiero internacional son: - El pago de la deuda externa no puede ser, en ningún momento, un freno para el desarrollo humano o una amenaza para el equilibrio ambiental. No sólo está en la mira la resolución de los problemas del endeudamiento, sino el nacimiento de un sistema económico más estable y equitativo que redunde en beneficio de toda la humanidad. - No es aceptable, dentro del Derecho Internacional, que los arreglos de deuda externa sean instrumentos de presión política para que un Estado acreedor o una instancia controlada por los Estados acreedores impongan condiciones insostenibles a un Estado deudor, reflejadas especialmente en el ajuste estructural. - Las condiciones de cualquier arreglo deben basarse en los derechos humanos económicos, sociales y ambientales. Estas tienen que ser internacionalmente pactadas para ser reconocidas y por cierto deben establecerse condiciones positivas para impedir que los recursos liberados se canalicen a armas, a gastos dispendiosos o al sostenimiento de gobiernos sultánicos, por ejemplo. Con los principios señalados es preciso crear un derecho financiero internacional pactado por todos y al que se acojan todos los acreedores sin excepciones. Esto permitirá una cierta independencia de los poderes nacionales de los acreedores mayores y le dará más equidad tanto a los acreedores menores como a los deudores. El punto de partida de cualquier solución, incluido el arbitraje, radica en la identificación de las deudas adquiridas legalmente y que pueden ser pagadas, distinguiéndolas de aquellas a partir de la doctrina de las deudas odiosas y corruptas. Con una auditoria financiera y ciudadana se podría descubrir la existencia de deudas ilegales e ilegítimas, sobre todo aquellas contratadas por gobiernos dictatoriales; además, suspender el pago de estas deudas podría constituirse en una barrera para prevenir aventuras dictatoriales. Uno de los capítulos que debería contemplarse será el código será de los créditos corruptos, porque estudiando la historia es evidente que existen créditos que nunca debieron otorgarse y que lo fueron porque había ganadores preestablecidos. Estos deben anularse. Es decir, establecer que en la corrupción internacional crediticia hay dos partes involucradas y que ambas son responsables. Esos créditos deben ser anulados y los gobiernos deudores estafados, resarcidos. Los responsables de ambas partes, castigados de forma análoga. Esto requiere de auditorías de los créditos internacionales que deben ser realizadas por la sociedad civil para evitar que las partes interesadas ingresen al mecanismo mismo. Es decir auditorías financieras donde no participan ni el gobierno ni los acreedores sino la sociedad civil nacional e internacional, entendida como gremios de auditores, asociaciones de juristas y colegios de contadores acompañados de otras organizaciones de la sociedad civil entregaran sus resultados directamente al TIADS. Un corolario de esto es que el derecho penal internacional debe de incorporar cláusulas de penalización a la corrupción de carácter internacional con castigos severos para todas las partes involucradas. Para el servicio de la deuda contratada y renegociada con acuerdos definitivos y en condiciones de legitimidad, habrá que establecer parámetros claros en términos fiscales, para que el servicio de las deudas que todavía hubiera que pagar, dentro del Presupuesto del Estado, no afecten las inversiones sociales y tampoco minimicen el potencial de desarrollo o sea la capacidad de ahorro interno. En definitiva, la condicionalidad utilizada en la resolución del problema debe girar en torno a los derechos humanos económicos, sociales y culturales en primer lugar. Simultáneamente se requiere la potenciación de una red internacional de organizaciones de la sociedad civil que monitoree en cada país la buena marcha de los organismos internacionales de manera que cuando se produzcan asesorías erradas como en el caso argentino, sea posible hacer que los organismos internacionales, como el FMI, rindan cuentas ante la justicia por sus errores y sus acciones. Estas organizaciones entregarían informes a sus gobiernos y ante una Comisión Permanente Supervisora de los Organismos Internacionales de la Naciones Unidas. Anualmente, se haría una evaluación del trabajo de las instituciones. En conclusión, el reto no radica en obligar a los países subdesarrollados a seguir por un camino sin salida tratando de realizar mejor las mismas tareas asumidas hasta ahora, simplemente para imponer la razón del más fuerte. La viabilidad de los países deudores no puede estar jaqueada por condiciones económicas que llevan a la población al desempleo, la migración, la informalidad y la violencia. El objeto de la economía es el bienestar de la población y el de la justicia, asegurar que esto ocurra. El reto de la solución de los conflictos sobre deuda externa impagada exige un redoblado esfuerzo político a escala global, que sume fuerzas en el Sur y en el Norte, a partir del respeto de las especificidades de los países. "La experiencia enseña, nos recuerda Alfredo Eric Calcagno, que los países capitalistas dominantes no han hecho jamás espontáneamente concesiones importantes a los países subdesarrollados y que toda conquista es el fruto de una lucha". Esto significa redoblar la lucha para desmontar las injustas estructuras e instituciones existentes y, a su vez, consolidar un sólido compromiso ético para construir un orden internacional más justo e instituciones más democráticas y equilibradas, que permita desnudar posibles trampas que aparecen con el muchas veces mañoso manejo de la deuda externa, que la han transformado en una deuda eterna. Nota: Una versión completa de esta propuesta se encuentra en http://www.lainsignia.org/londres.html * Alberto Acosta (ecuatoriano) y Oscar Ugarteche (peruano), economistas, son docentes universitarios y autores de varios obras sobre el tema de la deuda externa. Publicado en América Latina en Movimiento, No. 385-386, edición especial, Foro Social de las Américas, ALAI, 20 julio 2004