Para pensar en una agenda política común para el combate a la pobreza en América Latina, que denominaríamos agenda común de combate a las causas estructurales que generan la pobreza, resulta necesario entender que ésta es estructural e inherente al sistema capitalista, en tanto que la lógica de éste se orienta a la ganancia y no al bienestar social. Por naturaleza, el capitalismo genera pobreza. Pero con la imposición de la globalización neoliberal a partir de la década de 1980, ante la crisis y el fin del ciclo de los Estados nacional-desarrollistas, este desastre social se ha profundizado y ha crecido a niveles alarmantes en nuestras naciones subdesarrolladas. Cabe señalar que el establecimiento del neoliberalismo en América Latina, en términos generales, implicó la privatización de miles de empresas públicas, la reducción de las responsabilidades sociales por parte del Estado, la regulación del mercado sobre las economías nacionales y la entrega de la soberanía nacional, en diferentes aspectos, a los grandes capitales transnacionales. En esta lógica, los gobiernos neoliberales de la región se preocupan, no por los miles de muertos que provoca diariamente la pobreza, la indigencia en la que viven millones de seres humanos, el analfabetismo, la desnutrición infantil, la migración de millones hacia Estados Unidos, entre otros aspectos, sino por las consecuencias que su existencia genera en términos de estabilidad política, por el crecimiento de la delincuencia social, las resistencias sociales y los movimientos guerrilleros, en el caso de México, e incluso por el aumento del abstencionismo en los procesos electorales como reflejo del rechazo a este modelo político y económico. Es decir, se preocupan de la pobreza no por sus efectos en la vida de los ciudadanos, sino por lo que ésta pueda afectar al status quo, sobre todo en los gobiernos más interesados en proteger al gran capital y además sumisos a las políticas de Washington, como en el caso del régimen de Fox. En síntesis, vivimos en un sistema regido bajo la ley de la mercancía antes que la del bienestar social. Por ello, resulta evidente que la pobreza no sólo tiene su origen en las desigualdades que genera el capitalismo, sino en la enorme incapacidad que han demostrado los sistemas políticos y las medidas económicas neoliberales para garantizar mínimos niveles de vida para nuestros pueblos. En este sentido, nos preguntamos en qué puede consistir una agenda común para combatir las causas estructurales que generan la pobreza. Bajo el modelo neoliberal y neoconservador que rige en la mayoría de los gobiernos de la región y, en particular, los de la región mesoamericana, resulta difícil imaginar una agenda común entre sociedad civil, organizaciones sociales, partidos políticos y gobiernos que puedan no sólo combatir la pobreza, sino erradicarla. Por ello, habría que valorar la construcción de esta agenda bajo dos escenarios fundamentales. El primero, el impulso de un conjunto de "elementos intermedios" que puedan aminorar los niveles de pobreza extrema en la que se encuentran millones de latinoamericanos. El segundo escenario radica en la edificación de un sistema socialista democrático como la única alternativa que puede sentar las bases para garantizar la justicia social. De qué tipo de socialismo estamos hablando, sin duda es tema para una reflexión mucho más profunda, pero será uno que en el que estén consagrados los derechos humanos fundamentales y las libertades cívicas, políticas y sociales para todos los integrantes de la población, en el marco del respeto a los derechos colectivos. En este sentido, resulta fundamental tomar en cuenta la composición pluriétnica de la nación y, en consecuencia, establecer las formas autonómicas de representación de los pueblos indígenas rescatando la aportación que han hecho a las formas y prácticas políticas, como la reconstrucción de la ética política introducida por los indígenas zapatistas. Las estructuras de un Estado socialista tendrían que garantizar la existencia de medios efectivos de participación popular, entre los que destacan el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, el presupuesto participativo y la revocación del mandato. La economía socialista estaría en manos de consejos ministeriales de producción, integrados sectorialmente, bajo la óptica de una economía productiva en la que las riquezas nacionales se concentren en el Estado para el beneficio mayoritario de la población, pero bajo una estricta vigilancia ciudadana, con mecanismos efectivos de intervención y decisión. Se trata de construir una economía socializada, en la que puedan existir ciertas expresiones de la iniciativa privada, y en la que las metas de crecimiento respondan a las necesidades sociales. El socialismo que existió en la Unión Soviética y el ex bloque de Europa del Este, fracasó por múltiples factores, aunque destaca la burocratización del mismo, el alejamiento del Estado y los partidos comunistas de las sociedades, la excesiva inversión en la carrera armamentista y la crisis económica de un modelo que arrojó grandes resultados pero que poco a poco fue usurpado de la voluntad popular por el aparato del partido. Los cambios que han experimentado algunas naciones que continúan bajo este sistema, nos dan la pauta para afirmar que con una revisión crítica de las experiencias pasadas, rescatando sus mejores logros, se puede reconstruir una alternativa socialista que tenga viabilidad en nuestras propias realidades. En particular, en Cuba se han realizado cambios importantes en la vida económica, política y social, como la creación de más de 160 oficios en manos de particulares, la comunicación constante y efectiva entre los órganos de dirección y la sociedad, la reducción de los privilegios para los miembros del partido y el gobierno, una promoción permanente del debate en la población en torno a temas fundamentales y la realidad de que las actividades culturales son un derecho garantizado para todos. De ninguna manera se puede afirmar que sea un sistema perfecto, pero es el más justo a nivel latinoamericano, con índices constantes de crecimiento económico, un sistema de salud y educación como pocos en el mundo, y un nivel de bienestar social elevado, a pesar de las carencias que implica la continuación del inhumano bloqueo económico que Estados Unidos mantiene contra la isla desde hace más de 40 años. Por ello, insisto, los cambios estructurales constituyen la puerta principal. Sólo habría que matizar que, en el caso mexicano, no me refiero en lo más mínimo a las reformas estructurales que Fox pretende que se aprueben en el Congreso de la Unión, como la venta del petróleo y la electricidad a las transnacionales. Los cambios de los que estamos hablando implican una transformación radical del modelo económico, relacionados con el destino del presupuesto público, la construcción de una economía productiva y una real política de austeridad en los gastos del funcionamiento de los gobiernos. En este sentido, como parte del combate a la pobreza, resulta fundamental construir una globalización solidaria, sostenible, cooperativa y soberana que puede ser, y de hecho se está construyendo, una alternativa a la globalización neoliberal. Muchas de estas experiencias se han conocido ampliamente en los diversos encuentros del Foro Social Mundial, así como en los Foros Mesoamericanos "Frente al Plan Puebla-Panamá, el Movimiento Mesoamericano por la Integración". Cabe destacar que en estos Foros, las diferentes organizaciones que participan han presentado importantes alternativas al Plan Puebla-Panamá, que delinean una estrategia de integración para el desarrollo desde las propias comunidades, a partir de sus necesidades más apremiantes, su historia, sus tradiciones y sobre todo el entorno de sus territorios. A finales de junio del 2002, Xalapa, Veracruz, fue la sede del Encuentro Nacional contra el Plan Puebla Panamá, al cual asistieron dos centenares de activistas y representantes de un mosaico de organizaciones sociales mexicanas que se oponen al PPP. Entre sus conclusiones, destacan los siguientes señalamientos: "El 'desarrollo' que ofrecen el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA), es un desarrollo excluyente ya que consolida el proyecto neoliberal de los capitales transnacionales, atenta contra las soberanías y las economías regionales, contra el desarrollo sustentable y los derechos económicos, sociales y culturales. El PPP fue elaborado de manera unilateral por parte de los gobiernos y las instituciones financieras internacionales, sin tomar en cuenta las necesidades de los pueblos mesoamericanos; representa una amenaza a nuestros recursos naturales y a nuestras formas de vida y agudiza el control policíaco-militar de nuestros territorios. Por tales razones, manifestamos nuestro rechazo al Plan Puebla Panamá. Decimos no al desarrollo excluyente y devastador del PPP, y llamamos a la consolidación de la resistencia popular y de las alternativas de desarrollo que estamos impulsando". Este conglomerado de organizaciones, además de rechazar el ALCA y el PPP, también han mostrado su oposición al Plan Colombia por representar éste la vertiente militar del PPP, en el sentido de una presencia armada de Estados Unidos en la región, como se ha estado haciendo patente a través de nuevas bases militares en diversos puntos de la región. Sin duda, las interacciones entre los procesos de globalización y los de regionalización, así como de estos con las estrategias nacionales de desarrollo, pueden desatar iniciativas que impacten de manera profunda sobre las condiciones de vida y de trabajo de nuestras sociedades, todo ello dentro de una perspectiva general de reconstrucción del entramado social latinoamericano. En este contexto, resulta muy interesante reflexionar sobre el planteamiento desarrollado por el sociólogo nicaragüense Orlando Núñez, en el sentido de impulsar la construcción de una economía popular, asociativa y autogestionaria, que promueva la movilización de los sectores populares como forma de contrarrestar la voracidad del mercado y el desinterés de los gobiernos neoliberales. Para Núñez, se trata de combinar la producción individual con la acumulación colectiva, compitiendo consciente y organizadamente, en una primera etapa, con el régimen capitalista bajo la visión de levantar una sociedad alternativa. En la Nicaragua sandinista, las empresas autogestionarias tuvieron un éxito importante dentro de la economía revolucionaria. Incluso, hoy en día constituyen una fuente alternativa importante en medio de la crisis económica por la que atraviesa esta nación centroamericana. Sin duda, las empresas autogestionarias pueden tener la fuerza de impulsar un cambio económico desde abajo, pues de entrada por sí mismas constituyen generación de empleo. Se trata de que los productores directos de las riquezas, expresadas en diversas mercancías de bienestar, puedan canalizarlas de tal manera que los grandes intermediarios, es decir, las transnacionales capitalistas y sus filiales nacionales, dejen de explotar esa fuerza de trabajo y que de una vez por todas, la tierra y la fábrica sea de quienes la trabajan. En el primer escenario del diseño de una agenda común de combate a las causas estructurales que generan la pobreza y construcción de una alternativa real, lo cual implica actuar en el marco del sistema capitalista, resulta de fundamental importancia promover la autogestión, el presupuesto participativo, la creación de cooperativas populares y la integración regional desde las comunidades. De igual forma, esta agenda común debe emprender una modificación conceptual de que los ciudadanos que se encuentran en esta situación sean sujetos de derechos sociales y no excluidos de los supuestos beneficios de la economía de mercado que requieren una atención y una caridad de las fundaciones privadas y de las dádivas de los gobiernos neoconservadores. Son importantes las reformas legislativas en las constituciones que puedan perfilarse en asegurar una normatividad que impulse y garantice la existencia de estos mecanismos de organización y actuación popular. Desde los gobiernos, ya sean nacionales o locales, será prioritario definir programas que alienten la participación de la sociedad en este mismo sentido. Por ello, ante el embate de la globalización neoliberal, la respuesta de la izquierda, en su amplio espectro, debe ser la organización desde abajo, perfilando la construcción de poderes paralelos que puedan impulsar una reorientación de los equilibrios del poder. La dramática realidad de pobreza en la que están sumergidas nuestras sociedades constituyen la cosecha de siglos y décadas de explotación y desigualdad, la plusvalía que el sistema capitalista ha privilegiado frente al ser humano, el resultado de las violaciones a las soberanías nacionales, la consecuencia de que Estados Unidos haya promovido y mantenido a sangrientas dictaduras militares en América Latina, es la espada del imperio que pende sobre el destino del mundo en pleno siglo XXI. En este sentido, una agenda común que podría construirse en el futuro a corto plazo tiene que ver con la creación de una Internacional en Defensa de la Humanidad, una red organizativa que involucre a todos los actores políticos, sociales y culturales que comparten la visión de que otro mundo es posible. En esta internacional, de carácter democrático y horizontal, deben confluir movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y gobiernos socialistas y de izquierda, organizaciones campesinas y sindicales, movimientos guerrilleros, redes estudiantiles, grupos altermundistas, movimientos indígenas, intelectuales, asociaciones autogestionarias, y podríamos seguir ampliando la lista. El objetivo fundamental de esta internacional sería rescatar la concepción humana de la convivencia internacional, un freno tajante a la política guerrerista, la reorientación del gasto de las grandes potencias hacia el desarrollo de las naciones del llamado Tercer Mundo, una especie de resarcimiento de las riquezas extraídas durante la época colonial, y la construcción de ese otro mundo posible. Estos son algunos apuntes para la construcción de una agenda común para el combate a las causas estructurales que generan la pobreza en nuestras naciones, una estrategia que tenga como prioridad el ser humano, no el capital, y sobre todo que mantenga la mirada hacia el futuro, hacia la preservación de nuestra misma existencia.- * Nayar López Castellanos es cientista político. ANCHI/México