Contrariamente a una extendida creencia, las fórmulas de integración que impulsa la Casa Blanca no se relacionan exclusiva ni primordialmente con cuestiones comerciales. El ALCA (que no ha sido abandonado) y los TLCs deben ser entendidos como instrumentos geopolíticos para galvanizar un colonialismo de amplio espectro de los países latinoamericanos, en la medida que abarcan desde los aspectos estrictamente económicos hasta los concernientes a la legislación laboral, la gestión estatal, la propiedad intelectual, el medio ambiente y los recursos naturales, los conocimientos, la cultura vernáculos y, aunque parezca inaudito, incluso las relaciones de los seres humanos con lo trascendente. Igualmente, y a contrapunto con otra extendida opinión, los TLCs que, a título de contribución para la Modernización y el Progreso, viene impulsando la Administración Bush resultan no precisamente de negociaciones, sino más bien de imposiciones de textos previamente presentados por Washington en la OMC, el ALCA y el AMI. Un extenso estudio titulado "Trataditis aguditis: mitos y consecuencias de los TLCs con Estados Unidos", elaborado por GRAIN, una ONG ambientalista canadiense, a partir de una revisión de los TLCs firmados por la potencia mundial con Chile y Centroamérica, desnuda el carácter totalizante y totalitario de los acuerdos que impulsan Washington y Wall Street. El texto completo apareció publicado por América Latina en Movimiento (nos. 385-386, julio 2004). La siguiente es una reseña. Los TLCs con Estados Unidos son, en realidad, estatutos supra- constitucionales que otorgan garantías y privilegios al gran capital estadounidense y restringen de manera drástica las libertades ciudadanas, los derechos humanos y la soberanía de pueblos y Estados. Veamos algunas de sus normas. Obligación para el gobierno y el parlamento de cada país de consultar y tomar en cuenta las observaciones de los empresarios y el gobierno estadounidenses sobre cualquier iniciativa legal o política futura que pueda afectar sus intereses. Una definición de inversión extraordinariamente amplia que incluye la especulación, los permisos de propiedad intelectual y aspectos tan vagos como las expectativas de ganancias. Una definición igualmente laxa de inversionista, que incluye a aquellos que solo han declarado la intención de invertir. La apertura de todos los sectores de la economía a la intervención de los capitales extranjeros, incluyendo aquellos sectores que se han venido considerando esenciales para el bienestar de la población (como salud y educación) o fundamento de la soberanía y seguridad nacionales (por ejemplo, comunicaciones, electricidad, agua, minerales, cárceles y otros). Los TLCs están configurados para acabar con los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios. La renuncia a la capacidad del Estado para controlar la concentración económica y los monopolios. La posibilidad de obligar a los países a pagar millonarias sumas a las empresas estadounidenses cuando estas no ganen conforme a sus expectativas. La garantía de que no se podrá expropiar una empresa estadounidense y que, si se llega a hacerlo, habrá que indemnizar a los inversionistas norteamericanos y compensarlos por ganancias no realizadas, disposición que imposibilitaría, entre otras cosas, procesos como la reforma agraria, la recuperación ambiental, la recuperación de ríos, la recuperación de cuencas, etc. Obligación de entregar protección policial a la inversión extranjera, incluso contra huelgas y protestas. Normas que aseguran que las empresas estadounidenses podrán apropiarse de recursos, componentes de nuestro entorno y actividades que hasta el momento no se han considerado mercancías; las cláusulas incluyen: a) la privatización de los mares, los ríos y lagos, la educación, la salud, los parques nacionales, las comunicaciones, el transporte, y todo aquello que los abogados de las empresas estadounidenses se las ingenien para incluir; b) permitir que las empresas estadounidenses tomen el control de la prensa, la televisión y la radio; c) la privatización y entrega a las transnacionales de diversas funciones gubernamentales, como la normatividad ambiental y su fiscalización, las cárceles y al menos ciertas funciones del ejército (como se ha estado haciendo en Colombia y Ecuador en el contexto del Plan Patriota); d) la posibilidad de privatizar cualquier cosa a la que se pase a denominar "servicio", ya que no se define lo que es servicio o se hace de manera extremadamente amplia. A través del término "servicios ambientales", por ejemplo, comienza a ser posible la privatización de la atmósfera, el clima, las funciones ecológicas que permiten la regularidad ambiental y el conjunto de la biodiversidad. Los TLCs contienen un capítulo de propiedad intelectual que otorga garantías legales de que será posible: a) apropiarse y monopolizar seres vivos y sus partes sin excepción (incluidas plantas, animales, genes y tejidos humanos). Ello convertirá en delito la libre reproducción de plantas y animales y el libre intercambio de semillas; b) apropiarse e impedir la circulación y el uso de conocimientos e información, incluido el conocimiento tradicional y el científico; c) monopolizar la producción y venta de medicamentos; impedir que otros fabriquen medicamentos baratos incluso para enfermedades de gran importancia social como la malaria, la tuberculosis o el sida; d) apropiarse de las creaciones artística y culturales, inclusive de todo tipo de música, literatura, danzas, diseños, y permitir su uso, expresión o circulación exclusivamente en contra de un pago; impedir la actividad creativa e informática cuando ella ponga en peligro determinados monopolios; f) apropiarse e impedir el libre uso de rezos, íconos, símbolos y rituales, g) impedir la fotocopias, incluso con fines de estudio; h) castigar con multas y cárcel a quienes no acaten o sean acusados de no acatar las reglamentaciones anteriormente descritas; i) lograr lo anterior sin necesidad de probarlo; el acusado debe mostrar su inocencia; j) perseguir a quien supuestamente tenga la sola intención de no acatar algunas de las normas anteriores; h) no se librarán de las sanciones anteriores profesores, estudiantes, investigadores, escuelas, universidades, bibliotecas públicas o archivos nacionales. Constan, además, cláusulas que obligan a los países a que acepten que tales demandas sean dirimidas por fuera de sus leyes, y se decidan en tribunales supranacionales, privados y secretos… ¿Conocerá el oficialismo criollo –Gutiérrez, Baki, Espinosa et al- estos trasuntos totalitarios? Querríamos pensar que no. A la luz del horizonte orweliano que prefiguran los acuerdos ya suscritos por Chile y Centroamérica, no solo los académicos del GRAIN y múltiples dirigencias alterglobalizadoras del continente y el país, sino la intuición de la inmensa mayoría de habitantes de Colombia, Ecuador y Perú vienen levantado la única bandera salvacionista posible: la no firma del TLC. * René Báez es profesor de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y miembro de la IWA