TLCs: Asalto a la tierra y el cielo
27/10/2004
- Opinión
Contrariamente a una extendida creencia, las fórmulas de
integración que impulsa la Casa Blanca no se relacionan
exclusiva ni primordialmente con cuestiones comerciales. El
ALCA (que no ha sido abandonado) y los TLCs deben ser entendidos
como instrumentos geopolíticos para galvanizar un colonialismo
de amplio espectro de los países latinoamericanos, en la medida
que abarcan desde los aspectos estrictamente económicos hasta
los concernientes a la legislación laboral, la gestión estatal,
la propiedad intelectual, el medio ambiente y los recursos
naturales, los conocimientos, la cultura vernáculos y, aunque
parezca inaudito, incluso las relaciones de los seres humanos
con lo trascendente.
Igualmente, y a contrapunto con otra extendida opinión, los TLCs
que, a título de contribución para la Modernización y el
Progreso, viene impulsando la Administración Bush resultan no
precisamente de negociaciones, sino más bien de imposiciones de
textos previamente presentados por Washington en la OMC, el
ALCA y el AMI.
Un extenso estudio titulado "Trataditis aguditis: mitos y
consecuencias de los TLCs con Estados Unidos", elaborado por
GRAIN, una ONG ambientalista canadiense, a partir de una
revisión de los TLCs firmados por la potencia mundial con Chile
y Centroamérica, desnuda el carácter totalizante y totalitario
de los acuerdos que impulsan Washington y Wall Street. El texto
completo apareció publicado por América Latina en Movimiento
(nos. 385-386, julio 2004). La siguiente es una reseña.
Los TLCs con Estados Unidos son, en realidad, estatutos supra-
constitucionales que otorgan garantías y privilegios al gran
capital estadounidense y restringen de manera drástica las
libertades ciudadanas, los derechos humanos y la soberanía de
pueblos y Estados.
Veamos algunas de sus normas. Obligación para el gobierno y el
parlamento de cada país de consultar y tomar en cuenta las
observaciones de los empresarios y el gobierno estadounidenses
sobre cualquier iniciativa legal o política futura que pueda
afectar sus intereses. Una definición de inversión
extraordinariamente amplia que incluye la especulación, los
permisos de propiedad intelectual y aspectos tan vagos como las
expectativas de ganancias. Una definición igualmente laxa de
inversionista, que incluye a aquellos que solo han declarado la
intención de invertir. La apertura de todos los sectores de la
economía a la intervención de los capitales extranjeros,
incluyendo aquellos sectores que se han venido considerando
esenciales para el bienestar de la población (como salud y
educación) o fundamento de la soberanía y seguridad nacionales
(por ejemplo, comunicaciones, electricidad, agua, minerales,
cárceles y otros).
Los TLCs están configurados para acabar con los derechos de los
pueblos indígenas sobre sus territorios. La renuncia a la
capacidad del Estado para controlar la concentración económica y
los monopolios. La posibilidad de obligar a los países a pagar
millonarias sumas a las empresas estadounidenses cuando estas no
ganen conforme a sus expectativas. La garantía de que no se
podrá expropiar una empresa estadounidense y que, si se llega a
hacerlo, habrá que indemnizar a los inversionistas
norteamericanos y compensarlos por ganancias no realizadas,
disposición que imposibilitaría, entre otras cosas, procesos
como la reforma agraria, la recuperación ambiental, la
recuperación de ríos, la recuperación de cuencas, etc.
Obligación de entregar protección policial a la inversión
extranjera, incluso contra huelgas y protestas. Normas que
aseguran que las empresas estadounidenses podrán apropiarse de
recursos, componentes de nuestro entorno y actividades que hasta
el momento no se han considerado mercancías; las cláusulas
incluyen: a) la privatización de los mares, los ríos y lagos, la
educación, la salud, los parques nacionales, las comunicaciones,
el transporte, y todo aquello que los abogados de las empresas
estadounidenses se las ingenien para incluir; b) permitir que
las empresas estadounidenses tomen el control de la prensa, la
televisión y la radio; c) la privatización y entrega a las
transnacionales de diversas funciones gubernamentales, como la
normatividad ambiental y su fiscalización, las cárceles y al
menos ciertas funciones del ejército (como se ha estado haciendo
en Colombia y Ecuador en el contexto del Plan Patriota); d) la
posibilidad de privatizar cualquier cosa a la que se pase a
denominar "servicio", ya que no se define lo que es servicio o
se hace de manera extremadamente amplia. A través del término
"servicios ambientales", por ejemplo, comienza a ser posible la
privatización de la atmósfera, el clima, las funciones
ecológicas que permiten la regularidad ambiental y el conjunto
de la biodiversidad.
Los TLCs contienen un capítulo de propiedad intelectual que
otorga garantías legales de que será posible: a) apropiarse y
monopolizar seres vivos y sus partes sin excepción (incluidas
plantas, animales, genes y tejidos humanos). Ello convertirá en
delito la libre reproducción de plantas y animales y el libre
intercambio de semillas; b) apropiarse e impedir la circulación
y el uso de conocimientos e información, incluido el
conocimiento tradicional y el científico; c) monopolizar la
producción y venta de medicamentos; impedir que otros fabriquen
medicamentos baratos incluso para enfermedades de gran
importancia social como la malaria, la tuberculosis o el sida;
d) apropiarse de las creaciones artística y culturales,
inclusive de todo tipo de música, literatura, danzas, diseños, y
permitir su uso, expresión o circulación exclusivamente en
contra de un pago; impedir la actividad creativa e informática
cuando ella ponga en peligro determinados monopolios; f)
apropiarse e impedir el libre uso de rezos, íconos, símbolos y
rituales, g) impedir la fotocopias, incluso con fines de
estudio; h) castigar con multas y cárcel a quienes no acaten o
sean acusados de no acatar las reglamentaciones anteriormente
descritas; i) lograr lo anterior sin necesidad de probarlo; el
acusado debe mostrar su inocencia; j) perseguir a quien
supuestamente tenga la sola intención de no acatar algunas de
las normas anteriores; h) no se librarán de las sanciones
anteriores profesores, estudiantes, investigadores, escuelas,
universidades, bibliotecas públicas o archivos nacionales.
Constan, además, cláusulas que obligan a los países a que
acepten que tales demandas sean dirimidas por fuera de sus
leyes, y se decidan en tribunales supranacionales, privados y
secretos…
¿Conocerá el oficialismo criollo –Gutiérrez, Baki, Espinosa et
al- estos trasuntos totalitarios? Querríamos pensar que no.
A la luz del horizonte orweliano que prefiguran los acuerdos ya
suscritos por Chile y Centroamérica, no solo los académicos del
GRAIN y múltiples dirigencias alterglobalizadoras del continente
y el país, sino la intuición de la inmensa mayoría de habitantes
de Colombia, Ecuador y Perú vienen levantado la única bandera
salvacionista posible: la no firma del TLC.
* René Báez es profesor de la Facultad de Economía de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y miembro de
la IWA
https://www.alainet.org/es/articulo/110795
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