El aumento del número de personas afectadas por el virus del Sida, publicado en el informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), tiene causales que trascienden a la estigmatización de grupos humanos como propagadores de la enfermedad. La misma ONUSIDA ha declarado que las causas reales del incremento de casos de SIDA son la pobreza, la falta de programas adecuados de prevención y la imposibilidad de acceso al tratamiento. Es necesario señalar que si bien hemos apuntado la existencia de conductas de riesgo, éstas no son sino una consecuencia de una problemática mucho más grave y más amplia: La pobreza. Del número mundial de casos de personas infectadas con el virus, más del 95% se ubican en los países de ingresos bajos y medianos Solo un ejemplo es la situación de Africa que es la región que concentra la mayor cantidad de afectados por el VIH. En África subsahariana, las penurias económicas de los dos pasados decenios han dejado a las tres cuartas partes de la población del continente sobreviviendo con menos de US$ 2 diarios. La ONUSIDA ha propuesto el diseño de una agenda pública que priorice la educación para grupos de mujeres, migrantes y sectores rurales y un paquete integral de atención promoviendo un amplio debate en los diversos medios de comunicación orientado a generar conciencia en la opinión publica y resaltar la necesidad de capacitación del sistema judicial en DDHH en VIH/Sida, derechos sexuales y reproductivos y sistema general de seguridad social en salud. A la vez se ha propuesto impulsar compromisos de los estados para que se facilite la producción y acceso a los medicamentos genéricos. El Ecuador no está ausente de esta problemática, el total de casos al 2003 asciende 5291 personas (aunque sabemos que son subregistros altos, por lo que nosotros multiplicamos esta cifra por 10) y el acceso al diagnóstico (tratamiento) es muy limitado no sólo por el gasto que suponen los exámenes a los que deben someterse quienes han contraído el VIH/SIDA y además se ven obligados pagar por las consultas y hospitalizaciones que requieren, sino también por la falta de equipamiento e insumos de los servicios estatales de salud, lo cual evidencia que el Estado no garantiza a la población –y en este caso concreto a las personas que viven con VIH/SIDA– uno de los más elementales derechos humanos y constitucionales: el derecho universal a la salud. Según indagaciones realizadas por la FEDAEPS entre personas que viven con VIH/SIDA, debe gastar por año la cantidad de US$ 1.760, un costo inaccesible en un país donde el salario mínimo vital no supera los US$ 1.650 por año. Sin embargo, el gobierno nacional en lugar de emprender una estrategia para incentivar la producción de genéricos de calidad en el Ecuador, pretende, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, TLC, emitir un decreto para proteger las patentes de las empresas farmacéuticas. De concretarse este decreto, el Estado verá cerradas las posibilidades de acceder y promover la producción, importación, comercialización y expendio de productos tales como los medicamentos genéricos de uso humano, negando el acceso de los pacientes a medicamentos a bajo costo. Esto incidirá sobremanera en los precios de los medicamentos y en la situación de las personas que viven con VIH/SIDA, que en su mayoría carecen de posibilidades económicas de acceso a tratamiento y calidad de vida. El señalar a un grupo de la población como responsable de la situación es una idea superada hace muchos años, no solo por carecer de todo fundamento sino por que quiere desviar la atención de la causa real del problema que es la pobreza, la exclusión la política neoliberal que cada vez va aislando al estado de las decisiones y responsabilidades con respecto a la salud y por el contrario se quiere fortalecer la idea de que la salud es una mercancía y no un derecho humano. Mayor Información: Fundación de Acción, Estudios y participación Social, FEDAEPS