Si el gobierno boliviano no libera a Francisco "Pacho" Cortés y a los otros dirigentes cocaleros, detenidos hace más de un año por presuntos actos de terrorismo y alzamiento armado, sin prueba alguna, se iniciará una campaña de denuncia a nivel mundial, anunció el dirigente de la Confederación Campesina de Francia, José Bové. Bové que es parte de una Misión Humanitaria que realiza una serie de gestiones por la libertad de los presos políticos en este país, afirmó que "Pacho somos todos". En las últimas horas, los representantes de la Misión Humanitaria se reunieron con el presidente Carlos Mesa a quien entregaron una carta y le hicieron conocer su preocupación por el caso de los presuntos terroristas que, en realidad son presos políticos. "Si no se libera a Pacho Cortés vamos a hacer una campaña a nivel internacional para denunciar que en Bolivia hay presos polìticos", anunció el líder antiglobalización. Producto de la reunión con el presidente boliviano se conformó una comisión integrada por el Viceministro de Justicia, los Ministerios de la Presidencia y Asuntos Indígenas, más representantes de la Misión Humanitaria y los abogados defensores. Esta comisión debe presentar un informe sobre el caso de "Pacho", pero además sobre los otros cocaleros detenidos. Ayer, Bové junto a Rafael Alegría de la Vía Campesina, Joao Sergio del Movimiento de los Sin Tierra del Brasil, la senadora colombiana Piedad Córdoba, sus compatriotas Gloria Flores y Belén Tórres, más Andrés, el hijo de Pacho, le visitaron en la cárcel de San Pedro de esta ciudad. La visita, más una rueda de prensa, fue emotiva y se realizó en un salón del recinto carcelario. Injusticia El dirigente hondureño Rafael Alegría dijo que confía en la pronta libertad del colombiano no sólo por la "receptividad" expresada por el presidente Carlos Mesa, sino porque no existe ningún indicio de culpabilidad con actos de terrorismo. Clamó para que la justicia actúe de acuerdo a los mandamientos constitucionales y no bajo presiones externas o internas. Se conoce que el fiscal René Arzabe y el juez de la causa Carlos Sánchez Castelú viajaron en las últimas horas a Colombia. Y ¿por que? ¿Para tratar de "comprar" testigos que declaren contra Cortés? Belén Tórres, la dirigente de la Asociación de Usuarios Campesinos de Colombia, entidad a la que pertenece Pacho, no pudo terminar su discurso, más pudieron sus lágrimas; la senadora Piedad Córdoba dijo que nunca estuvo detenida pero sí secuestrada y por eso entiende la situación de su compatriota. El cocalero del Chapare Daniel Escalera denunció que fue detenido injustamente y que sólo conoció a "Pacho" en la cárcel; el dirigente cocalero Marcelino Jancko, detenido por su presunta relación con Cortés, dijo que nunca estuvo involucrado en actividades ilegales y no comprende hasta ahora la injusticia que se comete contra las pobres. El cocalero con voz entrecortada, soltó lágrimas ante los representantes de la misión, varios lloraron también junto con él. "Pacho" relató a los visitantes la forma en que fue detenido el 10 de abril de 2003, hace más de 14 meses. Dijo que a pesar de no existir ninguna acusación formal en su contra, se siente con la conciencia tranquila porque es sólo un dirigente campesino y defensor de los derechos humanos y continuará en la cárcel o cuando recupere su libertad con las mismas actividades. Concluida la reunión donde participamos varios medios de comunicación, los representantes de la Misión Humanitaria se reunieron en forma reservada con "Pacho". Intromisión El abogado defensor que atiende el caso, Erick Altamarino, denunció que un fiscal boliviano más el juez de la causa viajaron a Colombia con el objetivo de conseguir pruebas contra Cortés. Andrés Cortés, el hijo de Pacho, en su celda de San Pedro.Foto: Alex Contreras Baspineiro, D.R. 2004 "El Ministerio Público dice que no tiene recursos para investigar el caso Kukoc ni de Sánchez de Lozada y no entendemos con que recursos viajan ahora a Colombia, suponemos que los fondos están siendo provistos por la Embajada Norteamericana", aseveró. El abogado estima que para tratar de involucrar a los detenidos por presuntos actos de terrorismo, ya se gastaron más de 100 mil dólares en 14 meses. En conversación con Narco News, dijo que este viaje demuestra que "hay plata para comprar testigos y hacer declarar a personas que no tienen autoridad moral" en contra de las actividades de un defensor de los derechos humanos, injustamente detenido. Los representantes de la Misión Humanitaria entre sus actividades además participaron en seminarios, talleres y debates sobre la criminalización de los movimientos sociales y realizaron reuniones con dirigentes de diferentes organizaciones sindicales, sociales y políticas.