El contexto internacional posterior a los atentados del 11 de septiembre y la "guerra global contra el terrorismo", que llevan a cabo Estados Unidos y sus aliados, ha tenido un fuerte impacto sobre la ayuda al desarrollo y la asistencia humanitaria a poblaciones en crisis. La perspectiva basada en la seguridad y en garantizar la fidelidad de los aliados geopolíticos ha impulsado cambios en los destinatarios y los objetivos de la ayuda, una mayor politización y un fuerte incremento de la ayuda militar. Como en la Guerra Fría, la ayuda humanitaria se orienta por prioridades geoestratégicas y se abandona el consenso -alcanzado en los años noventa aunque nunca cumplido totalmente-, sobre la lucha contra la pobreza como objetivo prioritario. También se ha acentuado la tendencia a manipular y politizar la asistencia humanitaria para poblaciones que sufren conflictos armados y la prioridad que se otorga a las crisis más mediáticas como Irak provoca que se olviden otras muy graves. La ayuda al desarrollo se está utilizando como instrumento de política exterior y de seguridad. En primer lugar, se reorienta hacia los aliados geopolíticos clave, los llamados "Estados de la línea del frente" de la guerra contra el terror. Entre ellos están Armenia, Azerbaiyán, Uzbekistán y otras repúblicas de Asia Central, así como Pakistán, Filipinas, Indonesia o, en el continente americano, Colombia (cuyo conflicto también se ha reinterpretado en clave antiterrorista). Muchos de ellos son gobiernos autoritarios o corruptos, que no respetan los derechos humanos y se alinean con el discurso antiterrorista para recortar libertades y reprimir a la oposición política y grupos disidentes. El caso de Pakistán es el más destacado: no recibía ayuda antes del 11 de septiembre por el golpe de Estado que llevó al poder a Pervez Musharraf en octubre de 1999; por realizar pruebas nucleares; y por violaciones de los derechos humanos. Ahora es uno de los principales receptores de ayuda estadounidense y de la Unión Europea, con quien además ha firmado acuerdos comerciales preferenciales. Washington lo designó en marzo "aliado no perteneciente a la OTAN", un status que le autoriza a comprar el más moderno armamento a Estados Unidos a precios especiales. En el año 2000, la ayuda oficial estadounidense a este país estaba en torno a los 88 millones de dólares. En 2001, había alcanzado los 775 millones. El presidente Bush ha pedido al Congreso, para el año fiscal 2005, un incremento del presupuesto para ayuda militar y de seguridad que lo situaría en un tercio del total de la ayuda externa: el mismo nivel que en plena Guerra Fría en los años ochenta, mientras se reducirán en 400 millones de dólares los programas fundamentales en asistencia al desarrollo y humanitaria como educación y salud materno-infantil. La ayuda de Washington también se ha utilizado para presionar a numerosos países a firmar tratados bilaterales y comprometerse a no entregar ciudadanos estadounidenses a la Corte Penal Internacional. Más de ochenta países han firmado ya. Entre ellos el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que pocos días después veía desbloquearse un paquete de quince millones de dólares. La cuestión no afecta sólo a Estados Unidos. Existe una tendencia generalizada a ligar la ayuda a objetivos de seguridad y lucha contra el terrorismo. La Unión Europea ha incorporado cláusulas antiterroristas en sus acuerdos comerciales con Argelia, Chile, Egipto y los países centroamericanos y andinos, entre otros. Y los presupuestos globales no aumentan lo suficiente como para absorber esas nuevas prioridades, lo que en la práctica significa que se están desviando del objetivo de la lucha contra la pobreza. La manipulación y politización tiene especial impacto en la asistencia humanitaria. Una de las mayores emergencias humanitarias del mundo tiene lugar en estos momentos en la región de Darfur, al oeste de Sudán, lejos de la mirada de los medios de comunicación. Decenas de miles de personas han muerto y más de un millón han tenido que huir, muchos cruzando el desierto hacia Chad, donde las capacidades locales se han desbordado. Organizaciones como Human Rights Watch y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han hablado de limpieza étnica y de crímenes contra la humanidad. Pero, según denuncian las agencias de la ONU, los llamamientos de ayuda para atender esta crisis no se cubren ni de lejos. Darfur es un ejemplo de la situación de muchas crisis "olvidadas" y de los selectivos -y en ocasiones poco humanitarios- parámetros que guían la ayuda internacional. No es un fenómeno nuevo, pero ahora se ha agravado. Para cubrir las crisis, la ONU realiza un "llamamiento consolidado interagencias" (CAP) al que deben responder los gobiernos donantes. Pero esos llamamientos se cubren de forma muy diferente según cuál sea la crisis, su importancia geopolítica o la presencia en los medios. En el año 2000, se obtuvo más de lo solicitado para Kosovo. En 2002 el gran beneficiado fue Afganistán, que aunque recibió la mitad de los fondos totales recaudados, al año siguiente se le destinó tan sólo una cuarta parte de lo recaudado el año anterior. En 2003 la prioridad pasó a ser Irak, que recaudó el 91 % de lo solicitado, frente a poco más del 40 % para Sudán o el 24 % para Liberia. Esta orientación de la ayuda por prioridades políticas y mediáticas rompe con el principio de imparcialidad, clave de la acción humanitaria porque establece que la ayuda debe guiarse exclusivamente por el criterio de necesidades. Los grandes perdedores de esta situación son los 2.800 millones de personas que, según el Banco Mundial, viven en la pobreza, y los muchos millones que sufren conflictos armados y sus efectos en términos de muertes, desplazamientos, hambrunas y colapso estatal y económico. Pero al buscarse la seguridad a cualquier precio puede estar lográndose lo contrario, ya que hay una relación entre la desesperación causada por la pobreza y la exclusión, y el auge del terrorismo global y los fundamentalismos religiosos e identitarios, así como otras formas de violencia. La obsesión antiterrorista, paradójicamente, puede lograr la expansión del terror. Ser efectivos exigiría atacar sus causas y no agravarlas, y eso significa un compromiso sostenido con la educación y el desarrollo, normas comerciales más justas, el apoyo a las libertades y el fortalecimiento democrático, así como la definición de marcos multilaterales y normas colectivas para gestionar la ayuda externa de forma que no sea un mero instrumento al servicio de otros fines. * Mabel González Bustelo. Analista del Centro de Investigación para la Paz (CIP- FUHEM) Agencia de Información Solidaria