Estados Unidos inicia un juicio contra Greenpeace para ilegalizarla declarándola organización criminal. John Ashcroft, fiscal general del estado, utiliza una ley de 1872 contra los burdeles que sólo se ha aplicado dos veces en su historia; la última vez hace más de 100 años. Hoy comienza en un tribunal federal de Miami el juicio por el que la Administración Bush trata de declarar a Greenpeace Organización Criminal en Estados Unidos. Los hechos se remontan a una acción del año 2002 en la que voluntarios de la organización realizaron una acción de protesta pacífica contra un barco comercial, el APL Jade, cerca del puerto de Miami, bajo el lema "Presidente Bush, detenga la tala ilegal". El buque transportaba caoba talada ilegalmente en el Amazonas, una especie protegida por las leyes internacionales. Los activistas se sometieron, entonces, a un juicio en el que reconocieron haber abordado el barco, fueron declarados culpables, pagaron una multa y cumplieron una semana de cárcel. Un año más tarde, el Fiscal General del Estado, John Ashcroft, acusó por estos mismos hechos a toda la organización en su conjunto en Estados Unidos. Para hacerlo se sirvió de una Ley contra los burdeles (Sailormongering) de 1872, a la que sólo se ha recurrido dos veces en 130 años, la última vez hace más de 100. La ley fue creada originalmente para evitar que las prostitutas abordaran barcos que estaban llegando a puerto para atraer a los marineros a sus burdeles. La Amazonia es el ecosistema con más diversidad del Planeta, es el hogar de 20 millones de personas y de 60.000 especies conocidas. Se estima que en los últimos 30 años se ha talado el 15% de la Amazonia brasileña; a este ritmo el pulmón del mundo desaparecerá en tres generaciones. Greenpeace ha luchado durante años para proteger este ecosistema. Su trabajo ha sido esencial para que, por ejemplo, el Convenio Internacional de Especies Protegidas (CITES) incluyera la caoba. Ahora se juzga a Greenpeace por denunciar que en Miami no se estaba cumpliendo la ley internacional que prohíbe el comercio con esta especie protegida. Es la primera vez que un movimiento social ha sido acusado por una protesta pacífica en Estados Unidos, y también la primera que Greenpeace es acusada como entidad en toda su historia. Más de 70.000 personas de todo el mundo han enviado al presidente George Bush y al Fiscal General del Estado, John Ashcroft, cartas de protesta demandando el archivo de este juicio. Se han sumado a la denuncia líderes de derechos humanos americanos, sindicatos, expertos legales y periodistas que condenan el proceso judicial y alertan de las serias consecuencias que el juicio tendría para los derechos de protesta pacífica y libertad de expresión. "Es un escándalo que Bush, que ha eliminado 200 leyes a favor del medio ambiente en Estados Unidos y quiere destruir el Protocolo de Kioto, intente ahora eliminar a Greenpeace por defender los bosques amazónicos. Miles de personas se están movilizando en todo el mundo para defender a Greenpeace de esta agresión sin precedentes", ha declarado Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España.