Introducción.

Analizaremos lo ocurrido durante el último de los cuatro años de gobierno del FRG, un partido político conformado por violadores de los derechos humanos, personas autoritarias y prepotentes que promovieron la realización de una serie de delitos larga de enumerar, pero que pueden resumirse en actos de corrupción, alteraciones de leyes, abrir las puertas del Estado al crimen organizado para que cogobernara, lavado de activos y otros que generaron un clima de ingobernabilidad sin precedentes en la historia reciente.

El ejército se vio fortalecido: se permitió que generales, coroneles y mayores ocuparan altos cargos dentro de la administración pública; mientras que poca atención se le brindó a aspectos de urgencia nacional, tales como la reactivación económica, lucha por la justicia y contra la impunidad, así como la seguridad de los guatemaltecos.

La articulación que se dio entre fuerzas de seguridad del Estado y crimen organizado permitió que las violaciones a los derechos humanos se vieran disfrazadas de hechos de violencia, fue usual que se registraran delitos políticos que parecieron comunes y que por ser comunes no les dieron importancia en la investigación.

Las violaciones a los derechos humanos fueron incrementándose en comparación con años anteriores. Los grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad se vieron más afectados y en creciente fragilidad; estos grupos son fundamentalmente las mujeres, los periodistas y los defensores de los derechos humanos.

Muchos son los actos que se registraron que pueden ser catalogados como de limpieza social, porque se incrementó el número de cadáveres que aparecieron presentando señales de haber sido torturados posteriormente a su captura.

El caso de las mujeres es el más patético: casi una mujer muerta por día. En total 352 mujeres fueron secuestradas, torturadas, violadas y asesinadas sin que, hasta el momento, uno solo de estos casos haya sido investigado.

Un caso paradigmático de violación de los derechos humanos en forma de concurso por la cantidad tan elevada de abusos, lo podemos encontrar en los hechos acaecidos el 24 y el 25 de julio, cuando hordas del partido en el gobierno tomaron literalmente la ciudad capital, sembrando el pánico y la zozobra entre más de dos millones de personas.

Otros tipos de violaciones a los derechos humanos estuvieron presentes al continuar manteniendo un país excluyente, que no toma en cuenta a las mujeres, a los indígenas y a gruesos sectores sociales que no tienen acceso tan siquiera a los servicios más esenciales que todo ser humano necesita.

Las leyes laborales continúan estando al servicio de unos pocos, de esos que han mantenido bajo su propiedad los medios de producción, que no han permitido que se avance en la construcción de una democracia real, que abarque mayor igualdad en lo político, pero también en lo social, económico, académico y cultural.

No ha sido posible impulsar una reforma fiscal que por lo menos garantice la correcta recaudación a los recursos que se necesitan para que el Estado pueda sobrevivir.

En medio de esas difíciles condiciones se ha terminado el 2003 y con él, también ha concluido el FRG y cuatro años de oscurantismo y abuso de parte de quienes manejaron el poder político a su sabor y antojo.

Análisis de la situación de los derechos humanos.

A partir de 2000 fueron en incremento las violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia, a la vez que se evidenció la falta de capacidad, pero sobre todo de interés y capacidad de las autoridades por generar una política de seguridad.

A lo largo de los cuatro años de gobierno eferregista cuatro ministros de gobernación y nueve directores de la Policía Nacional Civil fueron la muestra de la falta de interés que caracterizaba el periodo.

2003 no fue muy diferente a los años anteriores, aunque debemos de reconocer que disminuyó cuantitativamente el número de casos: 2,748 violaciones a los derechos humanos fueron registradas, lo que no significa que haya sido un año más tranquilo, sino todo lo contrario, debido a que estos casos fueron cualitativamente más graves que los registrados en años anteriores.

Como se puede ver en el cuadro siguiente, las violaciones a los derechos humanos fueron en incremento desde 2000, llegando a su punto pico en 2002. Disminuyendo en 2003. Sin embargo, consideramos que fue un año más inseguro y con mayor crisis que los anteriores.

Cuadro 1: VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 1997-2003

AÑO	VIOLACIONES
1997	1559
1998	850
1999	1246
2000	1946
2001	2127
2002	5826
2003	2757

Fuente: GAM

Es sumamente extraño que uno de los años haya tenido un incremento tan significativo, esto consideramos que se debió a pugnas que pudieron haber existido o a un asentamiento del crimen organizado, que terminó por definir espacios territoriales o de áreas de influencia. En todo caso, los datos del GAM coinciden con los dados a conocer por instituciones como la MINUGUA y otras.

Las violaciones a los derechos civiles y políticos, son las que mayor incertidumbre e intranquilidad han generado entre los guatemaltecos. Como se puede ver en el cuadro número 2, las violaciones a los derechos humanos fueron una constante:

Cuadro 2: VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS MES POR MES

Fuente: Denuncias recibidas en el GAM, monitoreo a los medios de comunicación.

Entre los datos reportados, el resultado más lamentable es las 1440 muertes violentas, porque sospechamos que en la mayoría de los casos las causas son el resultado de las siguientes causas:

1. Conflictos entre grupos poderosos del crimen organizado, muchos de ellos son para delimitar fronteras geográficas o de poder.

2. Eliminación de integrantes de bandas de delincuentes no organizadas con las grandes mafias.

3. Limpieza social en la que están involucradas las fuerzas de seguridad.

Casos paradigmáticos de violaciones a la vida y la libertad.

2003 empezó con una muerte que nunca fue investigada: el Presidente del Organismo Legislativo en el año 1994, fue brutalmente asesinado cuando llegaba a una de sus propiedades en la costa sur del país. Se responsabilizó a diversas personas, pero al final quedó en la incertidumbre lo ocurrido. El hecho ocurrió el 9 de enero en situaciones poco claras hasta ahora.

El año fue cerrado con el asesinato de que fue objeto el sacerdote José María Ruiz Furlán, el 14 de diciembre, luego de que el padre hubiera estado reunido con algunas personas y se trasladaba hacia su casa, cuando un grupo de hombres armados, 3 presumiblemente le interceptaron el paso, provocándole la muerte en el acto.

El 24 de julio de 2003 un grupo de miembros y simpatizantes del FRG se posicionaron en distintos puntos de la ciudad de Guatemala, se encapucharon y empezaron a generar todo tipo de desórdenes. Uno de los periodistas, Héctor Fernando Ramírez, que cubría los hechos fue perseguido por los simpatizantes del partido político, lo que provocó la muerte del periodista, debido a que padecía del corazón. A lo expuesto anteriormente debe agregársele el terror que se sembró en la ciudad de Guatemala, que se vio paralizada debido a la presencia de personas fuertemente armadas en distintos puntos.

A pesar de que no se registraron casos de desaparición forzada, sí fueron muchos los casos de vigilancia, intimidación y amenazas en contra de defensores de derechos humanos, activistas sociales y ciudadanos en general.

Los periodistas, junto a las mujeres fueron el sector que se encontró en condiciones de mayor vulnerabilidad. Muchas fueron las intimidaciones en contra del periodismo, los esfuerzos por provocar la censura estuvieron a la orden del día y 352 mujeres por lo menos fueron víctimas de secuestro, tortura, violación y muerte violenta.

Las muertes contra mujeres provocan que el caso guatemalteco sea más impactante que el conocido desde hace casi dos décadas en Ciudad Juárez. Las autoridades no han dado muestras de tener interés en esclarecer este fenómeno que es cada vez mas frecuente. durante el periodo 2001-2003 fueron 996 las mujeres que sufrieron este tipo de crímenes catalogados como de lesa humanidad.

Situación de la mujer

Aunque ha habido algún desarrollo y avances en la aprobación de leyes que promueven la erradicación de la violencia o la discriminación contra la mujer, es mucho lo que falta por hacer, especialmente en lo que se refiere a los espacios de participación social o política, donde los hombres son los que continúan ocupando la mayor parte de los cargos de importancia, dejando relegada a la mujer a temas menos trascendentales.

No se ha impulsado un proceso de construcción de una nueva cultura en la que se promueva el respeto y la inclusión de la mujer. Se continúa fomentando y promoviendo todo tipo de abusos en su contra, abusos que se inician en el ámbito familiar y se trasladan a lo laboral, social y académico. La marginación se ve más marcada en el campo y entre la población indígena, por lo que se hace urgente este proceso de inclusión y transformación de la cultura.

Con respecto a las violaciones a los derechos humanos ya hemos dicho que 352 mujeres han sido víctimas de violaciones al derecho a la vida y la libertad. Es un número excesivamente alto de mujeres que han muerto violentamente, sin que se haya realizado investigación alguna. En estos crímenes hemos logrado detectar que existen patrones comunes:

1. La mayoría de las víctimas son jóvenes, con edades que oscilan entre los 14 y los 30 años de edad.

2. Son mujeres que proceden de estratos sociales y económicos muy similares, la mayoría proviene de colonias marginales y de hogares desintegrados.

3. Las autoridades en lugar de investigar han responsabilizado a grupos que no necesariamente son los culpables como la maras.

Existiendo este tipo de patrones, consideramos que existen suficientes elementos para iniciar una investigación y dar con los responsables materiales e intelectuales, sin embargo no ha ocurrido esto, debido a que podría tratarse de grupos de poder que están involucrados para generar incertidumbre y caos entre la población.

Situación de la niñez

Aunque los derechos de la niñez continúan sido incumplidos, en la información que damos a conocer nos concentraremos en un mal que ya pareciera endémico, que es el de las adopciones, legales e ilegales, que actualmente son una industria que deja varios millones de dólares en ganancias a quienes se dedican a estas tareas que pueden disfrazarse de legales, pero que son ilegítimas, inmorales y van contra la ética de los profesionales del derecho.

Bajo el respaldo legal de poder autorizar las adopciones de manera extrajudicial, muchos notarios se están enriqueciendo y proliferan casas cuna clandestina, en las cuales se cuida niños y niñas que han sido comprados o robados y que han sido dados en venta incluso a través del Internet, en donde se ofrecen fotografías y los lugares en los que el niños aparentemente han vivido.

Niños y niñas de la calle

Continúa sin arreglarse la situación social de al menos 20 mil niños y niñas de la calle, muchos de ellos fueron víctimas del conflicto interno armado, pero la gran mayoría son víctimas de la exclusión social y económica.

Muchos de los niños y niñas de la calle han procreado a nuevos niños y niñas, con lo cual se empieza a garantizar la existencia de este sector de la población, cuya existencia es simplemente obviada por parte de las autoridades.

Actualmente se está realizando un plan para sacarlos de los lugares (esquinas en la mayoría de los casos), en los cuales piden dinero, no se comprometen a llevarlos a un lugar en el que haya educación, salud, vivienda o atenciones, entonces la acción se convierte en represiva al no dar una opción alterna a lo que está ocurriendo.

Poblaciones indígenas.

Los pueblos indígenas siguen siendo excluidos y marginados, especialmente cuando se refiere a la toma de decisiones, al nombramiento de funcionarios o en el acceso a la educación, salud o vivienda.

Continúa siendo el sector que alimenta de fuerza de trabajo barata y accesible para el terrateniente y el latifundista.

El acuerdo de identidad de los derechos indígenas, sigue estando sin cumplir y la MINUGUA no ha tenido la capacidad de garantizar su verificación, por lo que se convierte en un reto para la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos el poder hacerlo.

Población con inclinaciones sexuales diferente a las heterosexuales.

No incluir en un informe de derechos humanos la situación por la que atraviesa la población gay, es tratar de tapar el sol con un dedo. Nos referimos a la población gay específicamente, debido a que la población lesbiana es menos evidente, lo que no significa que esté libre de sufrir marginación o exclusión.

La población gay enfrenta el abuso de las autoridades policíacas que durante las noches sale en busca de homosexuales con el ánimo de molestarlos, de no permitirles que desarrollen sus labores cuando se trata de sexo trabajadores.

Cuando la población gay intenta realizar un trámite ante cualquier dependencia del Estado, la respuesta que recibe es apatía, falta de interés en su caso, esperas durante muchas horas, y actitud abusiva y prepotente.

Consideramos que este tipo de prácticas puede ser erradicada a través de procesos y campañas de educación, que permitan ir generando una nueva cultura de tolerancia que sea menos homofóbica de lo que ha sido históricamente.

Solamente siendo incluyentes lograremos avanzar como nación, de lo contrario estaremos condenados a sufrir permanentemente de los mismos males.

Migrantes

Guatemala se ha convertido en un puente para centro y sudamericanos que intentan llegar al norte de manera ilegal; miles son las capturas que las autoridades realizan anualmente y las condiciones en las cuales permanecen estos seres humanos muchas veces es violatoria de sus derechos, debido a que los hacinan en pequeños hoteles en los cuales no existe ningún tipo de garantía mínima de comodidad.

Luego de eso son sacados casi de manera violenta del país, muchas veces sin cerciorarse si se trata de perseguidos políticos en sus naciones.

Las mujeres que están migrando hacia el norte, en muchos casos son obligadas a prostituirse en bares cerca de la frontera, eso nunca ha sido investigado, tampoco se ha investigado a las mafias que operan en la frontera; muchas de éstas están integradas o dirigidas por militares.

Trabajadores y trabajadoras

Los derechos de los trabajadores y trabajadoras, han sido disminuidos debido a reformas legislativas, que han menoscabado este tipo de derechos, además de que el sindicalismo ha sido debilitado con distintas acciones que van desde la represión, hasta el despido injustificado de sus dirigentes o la cooptación de otros, que han terminado como dirigentes de partidos políticos sin principios.

Todas estas acciones han estado encaminadas a que los trabajadores no puedan defender sus derechos y de esa manera el empresario cuente con más ganancias.

Hasta el momento no existe una política salarial acorde a las necesidades de la población, lo que ha provocado que la capacidad adquisitiva merme considerablemente con el paso del tiempo.

La población más necesitada se encuentra en condiciones de desesperanza, debido a que el Estado y los empresarios ignoran a propósito lo que está ocurriendo, no existe ningún tipo de Interés por garantizar el derecho de la mayoría, porque eso podría significar que los que mas tienen tengan que ceder algo.

Salud materno infantil:

Las violaciones de los derechos humanos no son necesariamente las acciones que el Estado realiza en contra de una o varias personas o de un grupo social o étnico definido: también hay violación a esos derechos humanos, cuando hay población que no tiene acceso a la educación, vivienda, trabajo, salario digno o salud.

Guatemala es un país que ni siquiera llega a estar en vías de desarrollo, recién ha salido de un periodo de oscuridad, que provocó retrocesos en materia de consolidación democrática y de construcción de la paz. Se cerraron muchos espacios, la población y la sociedad civil fueron enfrontadas por quienes hicieron gobierno.

El gasto social pasó a un segundo plano, se favoreció a los dueños de las armas y a quienes las portan, muchas fueron las transferencias presupuestarias que se hicieron hacia el Ministerio de la Defensa Nacional, en algunas ocasiones desde el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Guatemala es un país que cuenta con más de 12 millones de habitantes, en escasamente 108 mil Km. Cuadrados. Existen muy pocos procesos que permitan una mejor planificación familiar, hay mujeres de 38 años de edad que tienen hasta 15 hijos o más.

La mayoría de los hombres no están dispuestos a utilizar un método anticonceptivo, escasamente el 1% ha recurrido a este tipo de método de manera permanente; en el caso de la mujer es un poco mayor pero no lo suficiente, solo alcanza el 16.8%.

La tasa global de fecundidad alcanza el 4.4% en 2002 frente a un crecimiento económico menor al 2.5%. De seguir esta media nos podríamos enfrentar en el muy corto plazo a una crisis social debida a la falta de empleos, alimentos, etc.

En 1995 de cada mil niños arriba de los cinco años de edad morían 79, 3 años más tarde esa cifra se había reducido a 65. Es sumamente importante señalar que en 1995 la confrontación militar había cesado y las violaciones a los derechos humanos habían dejado de ser institucionales.

La reducción de mortalidad en la niñez se redujo en 14 por cada mil niños de cinco o más años, sin embargo durante los 4 años posteriores a 1998, el descenso fue mucho menos llegando en 2002 a 59.

La media nacional de mortalidad infantil establecida en 59 por cada mil, es mucho más elevada en algunos departamentos, especialmente en el sur oriente donde alcanza 83, estos son departamentos ladinos y xincas, contrastando con esas cifras en la ciudad de Guatemala y la zona conurbana es de 28, 55 menos que en jutiapa y jalapa. La deferencia entre población indígena y no indígena también es significativa, 69 contra 52.

La mortalidad infantil es menor que la anterior, debido a que el bebé regularmente nace saludable, dejando a la madre en condiciones de desnutrición severa, debido a que el niño en el vientre extrae la mayor parte de los alimentos que su progenitora está consumiendo.

Luego de nacido extraerá nuevamente los mejores nutrientes de la madre a través de la leche, siendo ésta la que continuará en condiciones desfavorables frente al hijo.

Vemos que entre 1987 y 1995 se redujo la mortalidad infantil de 79 a 57 por cada 1000 nacimientos, entre el 95 y el 98 la cifra continúo descendiendo para alcanzar 49. Nuevamente durante el gobierno anterior no hubo la atención debida al tema, siendo para 2002 de 44 muertes infantiles por cada mil nacimientos.

El sur oriente nuevamente es el más afectado, los mismos departamentos enfrentan la mortalidad infantil de 66 de cada mil nacidos.

Para entender el por qué de las muertes infantiles o de la niñez, debemos conocer y analizar otros aspectos que son sumamente importantes, entre ellos la desnutrición y la vacunación.

Un 21.9% de la niñez sufre de desnutrición, siendo en este caso la población noroccidental la que más padece este fenómeno, con un 29.5% de su población. Es poco lo que se ha hecho, poco es el avance en la solución de esta problemática, urge que se garantice a la niñez entre 1 y 5 años el acceso a nutrientes.

Para 1998 un 3.8% de niños y niñas de 1 años de edad no habían recibido ningún tipo de cobertura en vacunación, escasamente el 59.5% contaba con todas. Cuatro años mas tarde, en 2002, los niños y niñas sin ninguna cobertura habían disminuido en escasamente 0.2% y los que contaban con todas sus vacunas eran 3% más que cuatro años antes.

Un aspecto que debemos señalar de manera positiva, es que la brecha entre campo y ciudad disminuyó durante el gobierno que recién concluyó su mandato hace un mes: en 1998 la diferencia era de 6.9%, en 2002 de 0.4% obviamente las zonas urbanas arriba de las rurales.

Similar situación vemos entre la población indígena y no indígena, en 1998 la diferencia era de 16.5 favoreciendo a los segundos, en 2002 la brecha había sido reducida a 1.1%.

Escasamente el 68.6% de niños y niñas de un año de edad poseen carné de vacunación, el departamento marginado y olvidado es El Petén con escasamente un 57.1%

De 425,410 niños y niñas nacidas hubo muerte de la madre en 651 casos; 426 de ellas eran indígenas, 374 murieron en el hogar sin tener oportunidad de llegar a un centro de salud u hospital.

La causa de muerte en 347 casos fue la hemorragia, 94 por infección a causa de la poca higiene en el parto, y un caso de mala aplicación de anestesia.

A pesar de que se hacen esfuerzos, hace falta mucho por hacer: continuamos ocupando los últimos lugares en el índice de desarrollo humano. Entre 2002 y 2003 se logró superar algunas barreras, sin embargo sólo se avanzó de la posición 122 a la 119. Esto significa que continúa violándose el derecho al desarrollo humano, a la salud y eso significa que se violan los derechos humanos.

Exclusión social

En tanto no se adopten medidas que permitan la eliminación de la exclusión social o por lo menos el cerrar un poco la brecha abierta entre ricos y pobres, estudiados y población sin la oportunidad de haber asistido a la escuela, mujeres y hombres, indígenas y no indígenas, y otros sectores.

En tanto persistan las diferencias que existen, no será posible avanzar en la construcción de una sociedad democrática y justa. A la par de ello el gobierno necesita de mayor cantidad de recursos para poder impulsar ese proceso de transformación tanto en las mentes, actitudes y el ser de cada guatemalteco, como en la transformación de la infraestructura.

Por lo mismo se hace urgente al menos las siguientes medidas:

1. Elevar la carga tributaria al 12% como mínimo, esto implica elevar el impuesto sobre la renta al 8% sobre renta bruta mensual, eliminar los privilegios y exenciones para funcionarios y empleados públicos, eliminando también las exenciones sobre remuneraciones pagadas por organismos internacionales.

2. Fortalecer la recaudación tributaria, penalizando la evasión fiscal de manera rigurosa, esto significa crear una fiscalía que persiga al evasor.

3. Fortalecer la austeridad en todos los niveles de la sociedad.

4. Contar con una política seria de empleo y de salarios

5. Elaborar una política de gasto y de ingreso público.

6. Regirse por una política monetaria y crediticia

7. Contar con una política de endeudamiento.

8. Regirse por una política de fortalecimiento de la administración pública.