La huelga general es un arma potencialmente estratégica en las luchas populares desde que surgió la clase obrera, que puede influir notablemente en el desenvolvimiento político y social. Esto está en dependencia del acierto de sus organizadores en la apreciación de la coyuntura nacional e internacional, de los objetivos que persigan y del momento que escojan. Para ser efectiva a escala de un país, necesita determinadas condiciones objetivas, pero -sobre todo- exige de los trabajadores conciencia política, cierto fogueo en la lucha social, unidad de acción y organización. Aunque los movimientos huelguísticos siempre tienen inevitables repercusiones políticas, por sus objetivos pueden ser de un carácter eminentemente gremial o francamente político. Cuando los objetivos son políticos sus demandas logran expresar no sólo las aspiraciones más inmediatas de la clase obrera, sino se proyectan hacia propósitos de mayor calado, eventualmente trasformaciones sociales, que toman en cuenta también las aspiraciones de una gran parte de la población. En esta última clasificación entra la exitosa huelga general llevada a cabo por los trabajadores y el pueblo de República Dominicana el 28 y 29 de enero pasados, bajo la conducción de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares, Sindicales y Choferiles. Reprimida salvajemente, dejó un saldo de 8 muertos, cientos de heridos, más de 500 presos y el allanamiento de numerosos locales sindicales. Pero ello no pudo impedir la paralización del país con demandas como el aumento de salarios, congelación de los precios de la canasta básica y disminución de los del combustible -incluido el gas para cocinar- pero también el rechazo de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, de la firma del tratado de "libre" comercio con Estados Unidos(en el marco del CAFTA centroamericano) y la exigencia de la renacionalización de las empresas privatizadas(azúcar, electricidad y otras varias) y de una moratoria de la deuda externa. Se trató, en suma, de un levantamiento nacional para revertir las políticas neoliberales, inscripto en el ciclo de combativas luchas de ese tenor abierto en América Latina en los últimos dos decenios. Este experimenta particular ascenso al sur de Panamá, pero ha tenido expresiones por todo la región, donde al parecer tiende a hacerse cada vez más vigoroso. Es lógico que así sea porque el neoliberalismo ha ocasionado un deterioro sin precedentes en las condiciones de vida material y espiritual de las sociedades latinoamericanas. Sin embargo, tal vez en Dominicana sus efectos se hayan sentido con un rigor singular. Y es que el trujillismo, con sus duras condiciones de explotación, nunca pudo ser desmantelado totalmente. Impedir que se hiciera fue el propósito principal de la segunda intervención militar estadunidense en Quisqueya(1965). Pese a la valerosa resistencia armada que encontró, a la postre impuso el neotrujillismo con Balaguer y reforzó extraordinariamente su control sobre la nación. Al imperialismo lo horrorizaba el ejemplo de la triunfante revolución cubana, que se había vuelto un referente fundamental del movimiento popular dominicano. Las políticas neoliberales y las prácticas cleptocráticas unidas a ellas han llevado a la bancarrota de la economía dominicana, cuya deuda externa se ha triplicado en tres años, y convertido en una agonía su dependencia total del petróleo importado. Parte de esta historia está en las altas tasas de crecimiento económico en virtud de auge del turismo y de los parques industriales en zonas francas, cuyos dividendos han ido a parar exclusivamente a las arcas de las transnacionales y de la minoría de sus sirvientes locales. Hecho que contrasta con el aumento del IVA en 50%, de los combustibles en una proporción parecida y una inflación incontenible; con la emigración a Estados Unidos como único recurso para cientos de miles, con los hospitales sin medicamentos y los niños sin escuelas, con las altas tarifas eléctricas y los apagones de entre 10 y 20 horas de duración impuestos por las empresas privatizadas. La huelga general puede marcar un punto de inflexión en una situación social crecientemente grave e intolerable. Indica un ascenso alentador del movimiento popular dominicano frente a un régimen que no parece ya en condiciones de dar respuesta satisfactoria a ninguna de sus demandas.