La doble apuesta de los gobiernos de la región –eliminar la extrema pobreza y la exclusión social, y volver a un Estado social protector de los más pobres– choca con las tendencias mundiales desatadas en los últimos treinta años. La instalación de gobiernos progresistas en dos poderosos países de la región, Brasil y Argentina, permitió albergar esperanzas de concretar el ansiado viraje que permitiera salir del desastre neoliberal. Lo que debería concretarse en políticas que permitieran superar, a largo plazo, los elevados niveles de pobreza extrema y exclusión social existentes en ambos países. El hecho de tratarse de grandes estados, que pueden aplicar cuantiosos recursos a resolver o mitigar la cuestión social, levantó una oleada de optimismo en toda la región. A diferencia del gobierno de Néstor Kirchner, que mantiene la asistencia mensual a los desocupados (unos 150 pesos, poco más de 50 dólares), el presidido por Luiz Inácio Lula da Silva ha sido capaz de articular un completo y complejo programa, Hambre Cero, para asistir a los más pobres y tratar de resolver tanto la extrema pobreza como la exclusión. Hambre Cero, subitulado como "Una propuesta política de seguridad alimentaria para Brasil", es un proyecto elaborado por un conjunto de ONG, sindicatos, organizaciones populares, movimientos sociales y especialistas, durante un año de trabajo, siendo entregado al debate público en octubre de 2001 por el Instituto de la Ciudadanía.1 Alcances y límites El programa del gobierno de Lula consiste en la aplicación de políticas estructurales permanentes y políticas compensatorias de emergencia. El segundo aspecto persigue "la intervención del Estado, de modo de incorporar al mercado de consumo de alimentos a aquellos que están excluidos del mercado de trabajo y/o que tienen una renta insuficiente para garantizar una alimentación digna a sus familias". El objetivo final de la combinación de ambas políticas es "incluir a los excluidos, dado que el acceso a la alimentación básica es un derecho inalienable de cualquier ser humano". Las políticas estructurales contempladas en Hambre Cero buscan disminuir la vulnerabilidad alimentaria mediante el aumento de la renta familiar, la disminución de la desigualdad en los ingresos y la universalización de los derechos sociales. Para ello se propone generar empleo y renta, la reforma agraria, la universalización de la previsión social, el incentivo a la agricultura familiar y el apoyo a la alfabetización. Las políticas de emergencia están centradas en un cupón de alimentación de 50 reales mensuales por familia (unos 15 dólares), durante seis meses prorrogables a 18, la donación de cestas básicas, el combate a la desnutrición materno-infantil, ampliar la merienda escolar y programas de educación alimentaria y para el consumo. El programa propone además un conjunto de políticas locales a ser implementadas por los estados y los municipios con apoyo de la sociedad civil, que van desde la creación de restaurantes populares hasta la puesta en marcha de un banco de alimentos y la modernización de los equipos de abastecimiento. El objetivo es llegar a 44 millones de personas, el 28 por ciento de la población del país. Se consideran muy pobres a las personas que tienen ingresos menores de un dólar diario, la mitad de las cuales se concentran en el nordeste, y las familias beneficiarias son aquellas que tienen un ingreso menor de medio salario mínimo. Un primer balance muestra que hasta octubre fueron atendidas algo más de un millón de personas y se entregaron 490 mil cestas básicas; se comenzó la compra directa y anticipada de productos de la agricultura familiar y se amplió considerablemente la merienda escolar y la asistencia materno-infantil, entre otras. Más allá de las críticas por la demora en poner en marcha el plan, el Laboratorio de Políticas Públicas (LPP) señala que Hambre Cero no debería ser afectado por los objetivos macroeconómicos negociados con el FMI, que suponen un superávit primario de 4,25 por ciento del producto. Apunta además, y esto parece fundamental, que la descentralización de las acciones puede entrampar al programa en las "prácticas de corrupción y clientelismo" extendidas entre las elites locales, y que la fragmentación de las acciones puede redundar en "un refuerzo de las desigualdades" ya que "los más pobres son los que más necesitan y son los que menos capacidad de respuesta tienen". En paralelo, se critica que el programa selecciona "clientelas por corte de renta basadas en 'líneas de pobreza'", sin considerar que la pobreza tiene "territorios definidos" y que no puede reducirse sólo y principalmente a la cuestión de los ingresos. Por último, señala que no garantiza el acceso universal a la salud, la alimentación y la nutrición materno-infatil, que deberían ser considerados no como políticas focalizadas sino como derechos sociales básicos, sobre todo para un gobierno que se reclama progresista. La teoría del paréntesis Más allá de las virtudes y los límites del plan, y de la mejor o regular capacidad de quienes lo aplican, aparecen ciertos límites que se relacionan con el tipo de sociedad y el carácter del crecimiento económico posible en los países dependientes. Lo que se proponen las administraciones progresistas del Cono Sur, aunque no lo formulen exactamente en estos términos, es la reconstrucción del Estado benefactor o, por lo menos, de sus aspectos sociales más destacados. O sea, salir del neoliberalismo para retornar a la etapa previa a la aplicación de este modelo. Actúan como si el neoliberalismo, hoy en crisis, hubiera sido una suerte de paréntesis, especialmente destructivo y demoledor, luego del cual pudiera volverse a la situación anterior. De esa manera, se consideran la exclusión y la extrema pobreza como males sociales que podrían superarse sin cuestionar a fondo las formas de acumulación que vienen siendo hegemónicas en el funcionamiento del sistema, desde hace por lo menos cuatro décadas. Comprender por qué es imposible "volver atrás" supone indagar en las razones que provocaron el desmonte de los estados benefactores, instituciones que apenas sobreviven en algunos países europeos, aun con enormes dificultades y en constante retroceso. En los principales países de América Latina, el Estado benefactor surgió como forma de neutralizar el desborde social; en otros, las funciones sociales de ese tipo de Estado las asumió el populismo. En ello radican, por ejemplo, algunas de las diferencias más acusadas entre las historias recientes de Argentina y Brasil. Lo común, en ambos casos, es que la "pata social" fue escrupulosamente desmontada por las políticas neoliberales de los ochenta y noventa, a caballo de las restauraciones democráticas. No debería perderse de vista, empero, que entre las causas profundas que llevaron al neoliberalismo, y por lo tanto al crecimiento exponencial de la exclusión y la extrema pobreza, aparece en lugar destacado –a lo largo y ancho del planeta– la renovada insurgencia de los sectores populares. Y muy en particular de los obreros industriales jóvenes. A escala micro, "la fábrica era el teatro de una guerrilla permanente, donde los obreros especializados desplegaban tesoros de ingenio para sustraer importantes reservas de productividad (muy a menudo de alrededor del 20 por ciento) a la vigilancia del personal jerárquico. Todo el encanto y toda la creatividad de los obreros se empleaban en armar nichos ocultos de autonomía".2 A escala macro, el desborde social se manifestó en demandas por más democracia, en todas las esferas de la sociedad. La respuesta del capital la sufrimos aún: desterritorialización o éxodo del capital, financierización, globalización. André Gorz, entre muchos, sostiene que el modelo de industrialización que permitió el desarrollo de Occidente y Japón no existe más. En consecuencia, "el tipo de industrialización que permitió urbanizar y dotar de salario a las masas rurales no existe más".3 Ahora se implementa un "desarrollo a rayas", donde lo que crece no es un país o territorios sino enclaves, "zonas económicamente especiales", cuyo objetivo es ponerse a resguardo de las migraciones internas de campesinos sin tierra que, en la lectura de los poderosos del planeta, fue lo que minó el desarrollo anterior al desatar luchas sociales de envergadura Estos enclaves están poderosamente automatizados (según Jeremy Rifkin, las filiales de las trasnacionales en Brasil, y las maquiladoras en México, están a menudo más automatizadas que sus equivalentes en Estados Unidos) y generan a su alrededor enormes regiones de pobreza. Y eso sólo en aquellos países como China, Brasil, México, India y Malasia, que tienen la "suerte" de que el capital financiero haya decidido instalar semejantes islas industriales. A escala micro, en los talleres, se implementa un modo de producción llamado posfordista, que consiste en transferir las competencias empresariales hacia la base obrera, integrada así a la empresa, donde el saber pierde la mitad de su valor cada 12 o 24 meses. Eso supuso una verdadera revolución cultural en el capitalismo, de modo que la tendencia actual "anula el trabajo, anula el salario y tiende a reducir al 2 por ciento la parte de la población activa que asegura la totalidad de la producción material". La conclución de Gorz es temible: "Es económicamente más ventajoso concentrar el poco trabajo necesario en poca gente, a la que se le ha inyectado el sentimiento de ser una elite privilegiada que merece sus privilegios por un celo que la distingue de los 'perdedores'. Nada, técnicamente, le impediría a la firma repartir el trabajo entre un número más grande de gente que no trabajaría más de 20 horas por semana. Pero esta gente no tendría la actitud 'correcta' hacia el trabajo, que consiste en considerarse pequeños empresarios que valorizan su capital- saber".4 ¿Alternativas? Este conjunto de mecanismos son los que le permitieron al capital reanudar, en una escala sin precedentes, su proceso de acumulación luego del desborde social de los sesenta y setenta. Para una pequeña elite que domina el saber, habrá trabajo seguro. Lula recordó hace unas semanas que la empresa aeronáutica Embraer, "motivo de orgullo para el pueblo brasileño", emplea a nueve mil trabajadores, de los cuales tres mil son ingenieros.5 Pero la inmensa mayoría apenas puede acceder a un trabajo no calificado en el sector servicios. "Al contrario de lo que se piensa, la fuerza de trabajo brasileña es supercalificada en relación al tipo de empleo que se está creando en Brasil, cuya economía va perdiendo la capacidad de agregar valor a las cadenas productivas cada vez más internacionalizadas", sostiene el economista César Benjamin.6 Según todos los análisis con los que contamos, aun desde diferentes perspectivas, el Estado benefactor fue la institución que permitió regular la sociedad de la producción en masa, caracterizada por la división taylorista del trabajo, la cadena de montaje fordista y la centralidad del obrero especializado. Fue la rebelión obrera, y de los sectores populares del Tercer Mundo, la que derribó todo el entramado construido luego de la crisis de 1929. El peligro principal, tal como apunta sutilmente el LPP, y como denuncian algunos grupos piqueteros argentinos, es que los excluidos sean "integrados" con salarios miserables, sin derechos sindicales ni sociales completos. Sería una forma de barnizar la exclusión, legalizándola. La imposible reconstrucción de los estados sociales choca por arriba con la creciente debilidad de los estados nacionales, instrumentos cada vez más flacos para regular economías trasnacionalizadas. Por abajo, choca con las crecientes demandas de las sociedades civiles por más democracia. Existen, sin embargo, otros caminos posibles para superar la extrema pobreza y la exclusión. Son los que vienen recorriendo desde hace más de una década los movimientos sociales: los indígenas, en primer lugar; los sin tierra de Brasil, los desocupados de Argentina, y cada vez más los excluidos de todo el continente. Sus luchas han demostrado que, desde la exclusión, es posible construir un mundo nuevo, sin pasar por el aro de la integración como ciudadanos de segunda. Los gobiernos progresistas podrían tener en ellos un referente, y aplicarse a apoyarlos sin condiciones. Notas: 1. Un análisis completo del programa en: Laura Tavares, O programa Fome Zero, en www.lpp-uerj.net/outrobrasil 2. André Gorz, Miserias del presente, riquezas de lo posible, Paidós, Buenos Aires, 1998, pág 38. 3. Ídem, pág 34. 4. Ídem, pág 56. 5. Página 12, entrevista de Horacio Verbistky a Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, 19 de octubre de 2003. 6. César Benjamin, Desemprego: cenário atual e políticas alternativas, en www.lpp-uerj.net/outrobrasil