Una edición extraordinaria del semanario Pulso fue confiscada hoy por agentes del Ministerio de Gobierno por pedir en un editorial la renuncia del Presidente. El texto dice así:
Bolivia: En nombre de la democracia, el Presidente debe renunciar. Editorial del semanario Pulso. En circunstancias mínimamente normales nadie que acate las normas de la democracia quisiera la renuncia de un presidente o jefe de gobierno democráticamente elegido en ningún país, tampoco en Bolivia, por cierto. Pero esa normalidad ha dejado de existir en nuestro país en los últimos días. Sobre esa consideración, PULSO no puede dejar de reflexionar en el sentido de que el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, no sólo por la incapacidad manifiesta en que se encuentra, independientemente de su voluntad en contrario, de seguir gobernando, pues ninguna salida al conflicto social se avizora como real y efectivamente posible en su dominio, sino también por la situación general de tensionamiento nacional que es preciso resolver, su renuncia, con sentido patriótico, aparece como necesaria. Pero bajo ciertas previsiones. Ha de entenderse como un absoluto imprescindible el que esa renuncia se produzca dentro de la legalidad constitucional y en respeto al orden sucesorio, que se encuadra, precisamente, en la democracia que nos rige. Y se ha abierto un espacio a este respecto, sobre el que es necesario construir, en la actitud del Vicepresidente Carlos Mesa de distanciarse del Ejecutivo. Ha de haber una extrema serenidad y responsabilidad para encauzar ese curso, lo que plantea exigencias a todas las fuerzas políticas y sociales de una conducta adecuada a la gravedad del momento. Tratándose de un espacio a construir, un espacio sumatorio, para decirlo así, la oposición, en particular, tiene ese emplazamiento y su dirigente Evo Morales más que nadie, junto a los partidos políticos en general. Pero también el Gobierno, por supuesto, es decir, el Presidente, hacia quien se dirigen cada vez más los pedidos explícitos o implícitos de renuncia, y donde, hasta ahora al menos, los oídos son sordos. Naturalmente, los sectores sociales bajo un denominador común insurreccional en las calles y carreteras bloqueadas de igual manera habrán de encontrar dónde situarse, en la legalidad, a partir de mecanismos que lo faciliten o hagan posible. Todo esto, para un imperativo inmediato pacificador y que evite más muertes de las aproximadamente seis decenas en menos de una semana. Es ahí donde se instalaría de verdad el diálogo que no sólo no aparece sino que en las presentes circunstancias se aleja más y más. PULSO ha tomado esta actitud institucional por razones principistas. No se trata de pedir la renuncia presidencial porque sí, sino porque, precisamente en resguardo de la democracia, se muestran agotadas otras opciones posibles. La creciente presión social, independientemente de posturas maximalistas e irracionales de expresiones como las del MAS, requiere urgentemente de una válvula de escape. Sería de desear que ella no fuera la renuncia, pero todo apunta a esa solución extrema, que a la vez no puede tampoco constituirse en un salto al vacío. Es verdad que el conflicto está principalmente localizado en las zonas aymaras del altiplano que gravitan sobre La Paz, y que Santa Cruz y Tarija, con el oriente del país, están en otra posición, distinta y hasta opuesta, lo que al mismo tiempo entraña el peligro real de una fragmentación nacional. Pero la democracia no es excluyentemente identificable sólo con el Presidente Sánchez de Lozada y su permanencia en el cargo. Esto es importante remarcarlo para diferenciar pedidos de renuncia distintos y que sólo terminan siendo coincidentes por la ya dicha situación extrema que vive el país. Evo Morales, Felipe Quispe, Jaime Solares y otros dirigentes no conducen, ni tienen títulos para hacerlo, la corriente a la que se ha sumado este semanario. Ahora bien, una renuncia presidencial sólo acaba justificada por su mejor desenlace posible, que en este caso no está dado ni garantizado por sí mismo, es cierto, y que, repitiéndolo, habrá de ser construido. En ese empeño, el ansiado diálogo pacificador y restablecedor de la normalidad abarcaría, dentro de la sucesión presidencial en la persona del Vicepresidente, un mínimo de tareas si no de consenso, al menos de compromiso asumido por todas las fuerzas políticas y sectores sociales representativos. Porque, en efecto, no serviría de nada una renuncia con capacidad solamente de bajar la tensión del momento y luego reproducir el cuadro actual de tensiones a corto o mediano plazo en el sucesor. Ese "gran acuerdo nacional", para llamarlo de ese modo, incluiría por supuesto al Parlamento y a las fuerzas políticas allí representadas, pues, como ha advertido ya el Vicepresidente Mesa, ése es el ámbito normal en que se desarrolla la democracia, y es allí, también, donde la esperada renuncia presidencial debiera producirse. La crisis de representatividad ante la sociedad a que han llegado los partidos tradicionales en los últimos años no puede ser ignorada en ese acuerdo, ni, desde luego, los grandes temas catalizadores de la extendida protesta popular, es decir, el gas, la asamblea constituyente y una reforma a la Ley de Hidrocarburos, sobre los cuales, en esa misma protesta, reina hoy por hoy una enorme confusión, o la más grande desinformación o intencionadamente mucha mentira o cuando menos muchas medias verdades que es necesario despejar. Particularmente el gas y la Ley de Hidrocarburos se debaten, sobre todo ante el MAS y sectores bajo su influencia, en una irracionalidad que ya parece imbatible por cualquier esfuerzo que quiera enfrentársele. El postulado esgrimido en casi toda pancarta o proclama callejera estos días reclamando "el gas para los bolivianos" y "ni por Chile ni por Perú", o su industrialización para beneficio interno, hace caso omiso de que, antes que nada, para satisfacer cualquiera de esas demandas hay que extraerlo del subsuelo y que ello sólo es posible recurriendo al capital extranjero, aun bajo una Ley de Hidrocarburos reformada, lo que nos lleva al frente externo: Bolivia no es ni quiere ni debe ser un país aislado, como muestran desearlo, no obstante, ciertos dirigentes de la oposición, pero tampoco una nación sin dignidad internacional. A este respecto, los apoyos internacionales que está recibiendo el régimen de Gonzalo Sánchez de Lozada son perfectamente comprensibles y válidos, y todo ellos advierten que ese apoyo está condicionado a la vigencia institucional democrática en el país, que en la idea de la renuncia constitucional no está en absoluto puesta en juego. En cuanto al papel de las instituciones armadas, el mandato constitucional de su observancia de la ley como garantes del orden constituido seguirá haciendo de ellos un actor político de primerísimo orden. Resumiendo, se trata de una renuncia patriótica, institucional, digna y oportuna en el límite máximo que le estaría concedido, ya que, por los acontecimientos en desarrollo y que en su aguda crisis se manifiesta o mediante la violencia cruenta o la parálisis asfixiante del país, toda demora en adoptarla no parece sino empeorar la situación. Del otro lado, como decimos, ha de evitarse a toda costa la caída en el vacío.