Al Este de Caracas, isla de barrios ricos, el 3 de octubre de 2003. Pitos y cohetes estallan. La empleada de la panadería, quien sacó la cabeza por la puerta para medir un cielo cargado de lluvia, ve, con ojos de preguntar, a los clientes. Las radios le contestan al unísono: "Chávez tomó Globovisión!". El monopolio privado de la televisión (en Venezuela CMT, Televen, RCTV, Venevisión y Globovisión dominan sin compartirlo el espectro hertziano aparte de un débil canal publico) llama a "la población" a librar otra batalla contra el "dictador Chávez". ¿Qué paso? La poderosa empresa Globovisión decidió ocupar sin permiso legal unas frecuencias adicionales de las que ya dispone. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), por la Ley de Telecomunicaciones de 2000, se encuentra en la obligación de incautar los equipos ("micro-ondas") calibrados para estas frecuencias ilegales (1). En ningún momento se trata de interrumpir la transmisión cotidiana del canal. Este dispone, además, de quince días hábiles para ejercer los recursos legales previstos. Esto sería pura rutina en cualquier país, como Francia o EEUU donde CSA e IFCC tienen la misma obligación de hacer respetar la ley cuando empresas privadas de televisión transmiten sin permiso legal en frecuencias que pertenecen al patrimonio público y colectivo. Pero estamos en Venezuela. El gobierno de Hugo Chávez molesta a los pudientes de este mundo. La oportunidad se ve demasiado bella. En un afán de surrealismo Globovisión anuncia: "medio cerrado!". Y el canal "cerrado" arranca febrilmente su sesión non-stop de "información" unplugged con fondo de música de acción, sobre el tema de "atentado a la libertad de expresión". Los funcionarios del Estado que se presentan en la sede del canal para aplicar la medida son interrogados por los dirigentes de la empresa. Los camarógrafos no despegan su lente de sus patrones que monologan sobre "la libertad de expresión". Los funcionarios, casi siempre fuera de campo, no pueden defenderse. Llegan a raudales las cámaras de los demás canales. Llega el propio director de Globovisión, Federico Ravell, quien inicia su discurso por un lapsus: "ya se ve que están ejecutando una medida técnica, perdón, política". Intenta recuperarse al apostrofar a los funcionarios "¿Qué pensaran sus hijos el día que sepan que ustedes cerraron un medio?" (sic). Los funcionarios de CONATEL salen del canal bajo los insultos, casi los linchan los partidos de oposición que también acudieron al canal para defender la libertad de expresión. Mientras tanto, las brigadas de Primero Justicia (grupúsculo de ultra-derecha) ya están al pie de la obra y sitian la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con banderas nacionales, potes de pintura y megáfonos, apoyados por las mismas cámaras de los mismos medios. Insultan y agreden físicamente a los funcionarios del Estado. "Cu-ba-nos!, cu-ba-nos!", "Cha- vez- dic-ta-dor!": sin demasiada imaginación los manifestantes retoman en coro los eslóganes de la televisión. Unas horas mas tarde, bajo los focos inquisidores de los canales, los funcionarios salen por fin por una puerta lateral. Insultadas, amenazadas, algunas funcionarias empiezan a correr. Las alcanzan sus colegas: "no, no vayan a correr¡" Este odio y esta violencia racistas contra un Estado que, desde la elección de Hugo Chávez, empieza a tomar en cuenta los intereses de una mayoría pobre, no viene de hoy. El 12 de abril 2002, los canales privados lanzan un golpe de Estado sangriento contra el nuevo presidente. Creyendo un tanto rápido al éxito del golpe los "periodistas" como Nitu Pérez Osuna llaman al televidente a "denunciar a tu vecino chavista" y acompañan con fervor a la policía golpista mientras detiene a los simpatizantes del presidente derrocado. A pesar de su implicación en estas violaciones de los Derechos Humanos, ninguno de estos periodistas ha sido sancionado. No han dejado, desde entonces de llamar abiertamente a "sacar a Chávez". En ningún momento han sido suspendidas sus transmisiones. Bajo la llamada "lucha por la libertad de expresión" lo que se intenta impedir aquí es el nacer de un Estado ya no controlado por los grandes grupos económicos a los cuales pertenece Globovisión. Por supuesto entre los que quieren linchar a los funcionarios, no encontramos solamente a las brigadas de ultra-derecha sino también a numerosos miembros de la clase media quienes toman por verdad bíblica lo que dicen los medios comerciales. ¿Cómo van a entender que la ley se aplica para defender su interés como ciudadanos, el de salvaguardar el pluralismo de las frecuencias, pilar de toda democracia? Hoy Globovisión, RCTV, Televen, Venevisión llaman otra vez a sacar al presidente. Quien sabe cuantos medios mainstream hablaran, en el mundo, estos días, de los "atentados-a-la-libertad-de-expresión-en Venezuela". En Washington, el Departamento de Estado se dice "preocupado por la situación en Venezuela". "Casualmente" esta semana fuentes oficiales del Departamento citadas por la revista US News, evocaron los "lazos activos del terrorista Chávez con Al-Qaeda". Unas "informaciones" relevadas enseguida por los canales privados en Venezuela... Catia TVE, la joven televisora comunitaria del Oeste popular de la capital venezolana fue cerrada en julio por un alcalde de Caracas y opositor al gobierno de Chávez. Expulsada de sus locales, no ha podido aún retomar sus transmisiones. Catia TVE sigue sin voz, igual que en abril 2002 cuando fue blanco de los golpistas. Pero esto no preocupa a los grandes medios. Por que habría de preocuparse. (1) El texto de La Ley Orgànica de Telecomunicaciones, la cual fue saludada por todos los medios cuando se promulgo en 2000, se encuentra disponible en español en www.conatel.gov.ve donde también se detalla las bases legales y los recursos previstos en el caso de Globovisión. En términos de comparación y en cuanto a tratamiento de la información, sugerimos a nuestros lectores que visiten también el sitio de www.globovision.com. * Thierry Deronne es periodista, cofundador de la televisión comunitaria Teletambores, Maracay, Venezuela.