PRONUNCIAMIENTO La Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI PERU, a solicitud de sus bases regionales, las CORECAMIs, y por acuerdo de su última Asamblea General, se dirige a la opinión pública nacional e internacional: Considerando, Que, desde las comunidades afectadas por la minería, observamos que el Presidente Toledo comparte su gobierno con los grandes grupos económicos; ratificando su política para favorecer los intereses de las empresas mineras. Una clara muestra de ello es la reciente designación de Hans Flury Royle, como Ministro de Energía y Minas, quién es funcionario de la Southern Perú Copper Corporation, es Vice-Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE); además, es Vice-Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú (CONFIEP). Que, desde el Gobierno y las empresas mineras, con el fin de imponernos el desarrollo de la minería se ha desatado una campaña de desprestigio contra la CONACAMI y las instituciones que comparten nuestras demandas. Algunas empresas mineras están implementando estrategias de desorganización social, promoviendo la creación de grupos para dividir y enfrentarse a las comunidades y poblaciones afectadas por los impactos negativos de la actividad minera que estamos luchando por el respeto pleno de nuestros derechos. Que, el Gobierno a través de las instituciones policiales y judiciales, vienen implementando acciones de amedrentamiento, persecución y juicios a dirigentes regionales y nacionales, vinculándonos con hechos de violencia sin sostener prueba alguna, con el único propósito de desprestigiar a nuestra organización y no atender las legítimas demandas, reconocidas por este Gobierno en el Acta de compromiso suscrita en julio del 2002. Que, en pueblos y ciudades como Choropampa, La Oroya, Ilo, Callao, San Mateo de Huanchor, Cerro de Pasco y otros, existimos miles de personas intoxicadas por metales pesados, como mercurio, plomo y arsénico, producidos por la actividad minera. Este hecho pone en riesgo la salud de la población y viola el derecho a la vida que todo ser humano tiene; frente al cual el Gobierno Peruano no hace nada para resolverlos y en muchos casos ha actuado parcializado con los intereses de los generadores de la contaminación. Por ello acordamos, Rechazar el nombramiento de Hans Flury Royle, como Ministro de Energía y Minas, en razón a su plena vinculación con los intereses de las empresas mineras transnacionales, hecho que lo inhabilita moralmente para dirigir el rol fiscalizador del MEM y pone en duda su actuación imparcial en diversos conflictos entre comunidades y empresas. Exigir al Gobierno, el cumplimiento inmediato del Acta de Compromiso, del 10 de julio del 2002, firmado por los Ministerios de Energía y Minas, Agricultura y Salud, para la constitución mediante Decreto Supremo de una Comisión de Dialogo Tripartita de Alto Nivel con el fin de solucionar diversos conflictos ocasionados por la actividad minera en el Perú. Invocar, a los Ministros del Interior y de Justicia, actuar inmediatamente para que cesen las acciones de amedrentamiento y persecución por parte de las instituciones policiales y judiciales a dirigentes nacionales y de las CORECAMIs de Huancavelica, Pasco, Junín, Piura, Apurimac, Moquegua y otros. Rechazar todo acto violento que atente a la propiedad privada y publica, y la pretensión de relacionar a nuestra organización con estos hechos. Nos reafirmamos en el dialogo como mecanismo para resolver los conflictos, tal como lo expresamos en el Acta suscrita con el Gobierno de Alejandro Toledo. Llamar a los medios de comunicación, a que no se presten a las campañas para desprestigiar y enlodar el rol de la CONACAMI y las CORECAMIS en la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas por la minería. Llamar a las autoridades comunales a prohibir el ingreso no autorizado de personas al territorio de las comunidades; a hacer respetar el acuerdo de las 2/3 partes de la Asamblea General para autorizar el desarrollo de actividades mineras y otras en tierras de las comunidades. Exigir el respeto a la Consulta Popular del 2 de junio del 2002, en el distrito de Tambogrande; en la que la población voto a favor de continuar el desarrollo de la agricultura y contra la imposición de actividad minera en el Valle de San Lorenzo. Ante esta realización de la XXVI Convención Minera del Perú, que se ha planteado el "reto del desarrollo sostenible". Nos preguntamos ¿en base a que?, sobre la pobreza que esta generando, los recursos naturales contaminados, la corrupción en la que se ha visto envuelta, sobre mínimos aportes al fisco nacional, sobre sus influencias en el Congreso y el Gobierno, acaso sobre su irrisoria contribución al desarrollo. Y, convocamos a las comunidades y poblaciones afectadas por la minería, a la Movilización Nacional de las Victimas de la Minería, para que cesen la violaciones de derechos humanos, a realizarse en las capitales provinciales y regionales el día 16 de septiembre. Lima, septiembre del 2003. ¡ POR LA UNIDAD DE LAS COMUNIDADES ¡
¡ POR EL RESPETO DE NUESTRO TERRITORIO COMUNAL ¡
¡ VIVA CONACAMI !