Pronunciamiento de Cáritas Española Frente al ALCA
26/07/2002
- Opinión
Introducción: el contexto actual de América Latina
América Latina enfrenta esta nueva fase de liberalización comercial
sin haber resuelto prácticamente ninguno de los grandes problemas
estructurales que presentan como endémica la situación de pobreza
de la mayoría de sus habitantes. Tras la reconocida "década
perdida" de los 80, la década de los 90, comenzó con algunas
esperanzas, fundadas en las firmas de acuerdos de paz y en la
práctica desaparición de las dictaduras militares. A ello se añadió
la homogeneización, con la excepción de Cuba, de las medidas
económicas del ajuste estructural, llegadas de la mano del FMI.
Así, política y economía proporcionaron la sensación de ausencia de
conflictos y disputas, y América Latina parecía entrar en su fase
de despegue definitivo.
Lamentablemente, hoy podemos hablar de la segunda década perdida:
no se han superado ninguna de las causas que provocaron los
conflictos bélicos, se han consolidado sistemas políticos sólo
formalmente democráticos, y la aparente estabilidad macroeconómica
no sólo ha resultado muy frágil, sino que no ha conseguido un
crecimiento estable, además de lograrse a costa de un
desmantelamiento progresivo de los servicios sociales básicos, en
particular educativos y sanitarios. Los programas de ajuste y sus
recetas basadas en las tres "D" (Devaluación, Deflación y
Desregulación) han disminuido la tan necesaria inversión social y
no han logrado ni aumentar el nivel de vida gracias a las
inversiones extranjeras prometidas ni disminuir las enormes
asimetrías nacionales.
El "nuevo orden económico" tan sólo ha beneficiado la entrada de
capitales especulativos, y ha permitido abaratar los costos de
algunas de las fases de la producción propiedad de las grandes
multinacionales mediante la deslocalización. Además, ha dificultado
aún más el acceso al crédito de los productores y empresarios
locales por el mantenimiento de los elevados tipos de interés. La
riqueza sigue estando fuera, sólo que ahora "circula" por los
países empobrecidos sin estar por ello al alcance de la gran
mayoría de la población. La deuda externa sigue aumentando, y el
pago del servicio de la deuda condiciona e hipoteca los
presupuestos nacionales año tras año, mientras que las propuestas
de reducción de la misma no alcanzan los resultados prometidos.
En el orden de lo político, la fragilidad institucional impide el
avance realmente democrático en la región. La corrupción
generalizada entre las clases dirigente que siguen concentrando en
pocas manos el poder político, económico y de los medios de
comunicación y se resisten a cualquier medida que profundice la
democracia: así los procesos de descentralización, de participación
ciudadana o de transparencia en las cuentas públicas se encuentran
bloqueados y presentan avances insignificantes para afrontar
problemas seculares.
Se sigue profundizando en la desigual distribución de las
propiedades y de las riquezas. La propiedad de la tierra cultivable
sigue en las mismas pocas manos, cerrando las puertas a cualquier
intento de reforma o redistribución a favor de los más pobres. Las
sociedades latinoamericanas han sufrido durante la década pasada la
enorme vulnerabilidad social, económica y ambiental, ante los mal
llamados desastres naturales. Ni los aparatos productivos,
atrasados y tradicionales, ni las muy deficientes políticas de
urbanización y construcción, ni el maltrato de las riquezas
medioambientales o el avance de la frontera agrícola pueden
resistir los fenómenos naturales como el "niño", la "niña",
huracanes o terremotos, tan previsibles por razones climatológicas
y geológicas de la zona. El acceso a los recursos naturales,
tierra, agua, medioambiente y biodiversidad sigue siendo un sueño
para la mayoría empobrecida y cada vez más existe una sensación de
desesperanza que hace aumentar las migraciones hacia los países del
Norte en busca de una vida digna. Desde el exterior una clave
reciente que viene a complicar más cualquier perspectiva de
cooperación internacional para el desarrollo de las necesarias
transformaciones: tras del 11 de septiembre de 2001, parecen
aflorar algunos elementos de la trágicamente célebre doctrina de la
seguridad nacional que algunos pensaron definitivamente olvidada.
Reclamaciones sociales organizadas y grupos de defensa de los
derechos humanos vuelven a recibir amenazas y atentados, aumentan
los asesinatos selectivos de líderes en las comunidades y de
promotores sociales quedando sin esclarecer. La estrategia
estadounidense de remilitarización de la zona amparada en la lucha
contra el terrorismo internacional, pone en evidencia la
importancia de este aspecto que en los últimos años había
encontrado una frágil justificación en la lucha contra el
narcotráfico organizado.
1. PREÁMBULO
Las Cáritas de América Latina y con ellas las Cáritas cooperantes
vienen buscando progresivamente numerosas alianzas con ciudadanos y
ciudadanas que se organizan para trabajar por generar
transformaciones profundas en la realidad de los países
latinoamericanos.
En los últimos años, numerosas Cáritas entienden su quehacer desde
el protagonismo de los pobres, orientándose hacia actividades de
acompañamiento y solidaridad con las luchas de las organizaciones y
movimientos sociales por la justicia. En el II Foro Social Mundial
(Portoalegre, 2001) participaron más de 70 representantes de las
distintas Cáritas Internacionales, con amplia mayoría de
representantes latinoamericanos. Cáritas Internationalis, además
expresa su compromiso inequívoco con la participación activa en la
Coordinación General para la organización del Foro Social Mundial.
En marzo de 2001 en Bogotá (Colombia), reunidas todas las Cáritas
de América Latina y el Caribe proponen y se proponen un impulso
para establecer y acordar una agenda de incidencia en áreas
concretas: Tierra, Reforma Agraria, Soberanía Alimentaria, Recursos
Naturales, Soberanía, Comercio Mundial y Tratados de Libre Comercio
1 . Los representantes de las Cáritas de América Latina y el
Caribe, persuadidos de que sus gobiernos, con el argumento de
modernizar y atraer la inversión se empeñan en promover acuerdos y
planes de libre comercio sobre mercancías y recursos naturales,
orientando un gran porcentaje del capital hacia sectores como los
servicios y las infraestructuras 2 . Consideran por ello
imprescindible denunciar la lógica de este sistema (que) es
perversa porque deja al ser humano en último lugar, impide la libre
circulación de personas, olvida la necesidad de apoyar los sectores
productivos locales, reduce el gasto público social, violando así
derechos humanos universales. Las prioridades de las Cáritas
Latinoamericanas y del Caribe señalan como urgente que el pueblo
obtenga la seguridad y la soberanía alimentarias debido a que el
comercio mundial cuenta con "regulaciones" proteccionistas que
favorecen a las economías del Norte en detrimento de los aparatos
productivos y comerciales del Sur
2. ANTECEDENTES, PASOS DADOS Y PRÓXIMOS. ESTRUCTURA DEL TRATADO
En 1994, Bill Clinton propuso, en la 1ª C umbre de las Américas,
retomar la idea de crear un Área de Libre Comercio desde Yukón
hasta la Patagonia 4 , incorporándola en un Proceso de Integración
más amplio, que además del libre comercio (ALCA), tenía como
objetivos el fortalecimiento democrático, la erradicación de la
pobreza y el desarrollo sostenible. Tras ocho años, sólo se ha
avanzado en la agenda del Libre Comercio (ALCA), mientras
democracia o pobreza han quedado olvidadas, cuando no damnificadas,
en el camino. El ALCA se desarrolla en tres periodos diferentes:
1994-1998: Con un ritmo lento, se inician las negociaciones, se
establecen los principios y la estructura de la propuesta de
trabajo del ALCA.
1998 - 2001: Se desarrolla la negociación en secreto, elaborando el
borrador del acuerdo del ALCA, que se hace parcialmente público
tras la cumbre de Quebec (2001). Hoy sólo conocemos el resultado de
cada uno de los 9 capítulos que integran el tratado y que
constituyeron los 9 grupos de negociación: acceso a los mercados,
inversión, servicios, compras del sector público, solución de
diferencias, agricultura, derechos de propiedad intelectual,
subsidios, antidumping y derechos compensatorios, y políticas de
competencia. Junto a estos grupos de negociación, se crearon otros
tres grupos consultivos: comité de expertos sobre sector público y
comercio electrónico, comité de la sociedad civil, y grupo
consultivo sobre economías más pequeñas.
2001 - 2005 En esta fase se negociará el acuerdo y aprobará. El
secretismo sigue estando presente, como prueba la reunión de
viceministros de economía desvelada por el grito dos excluidos en
República Dominicana, en agosto de 2002. En esta fase la sociedad
civil debe ser un factor clave, difundiendo su contenido y
repercusiones, canalizando el descontento social, y buscando
modificar el proyecto. En los últimos meses, se percibe "prisa" por
avanzar en el proceso, lo que indica la voluntad de acortar los
plazos. Se pretende que la próxima Reunión de Ministros de Octubre
de 2002 en Quito (Ecuador) sea donde se concrete el acuerdo para
aprobarse en 2003 y entrar en vigor antes de 2005. Para ello, era
imprescindible la aprobación por parte de Estados Unidos (EEUU) del
fast track o vía rápida (fórmula que permite al Presiente afrontar
acuerdos de comercio internacional sin que tenga que ser refrendado
por todo el Congreso), hecho que tuvo lugar el pasado 27/7/02.
3. ELEMENTOS CENTRALES DEL ALCA
Del contenido de los nueve capítulos objeto de la negociación
podemos hacer un análisis descriptivo de los elementos centrales y
objetivos estratégicos que recoge el ALCA:
3.1. La creación de un Area de Libre Comercio para todo el
continente que se extienda a la totalidad de los sectores
económicos, bienes y servicios. De forma más específica:
- El capítulo dedicado a "Acceso a Mercados" plantea la eliminación
de todas las barreras comerciales no arancelarias en un plazo de 10
años, y la aplicación de la "cláusula de la nación más favorecida",
lo que conlleva un trato igual para todos los estados e inversores
independientemente de su situación de partida.
- El "Capítulo Agricultura" propone eliminar progresivamente todas
las tarifas, subvenciones y cualquier otra medida, salvo las
arancelarias, que restrinjan la libre circulación de productos
agrarios y alimenticios transformados. Contempla posibles
excepciones a lo anterior, como los estándares sanitarios y
técnicos, aunque siempre deberá probarse que no constituyen
limitaciones encubiertas al libre comercio.
-.El "Capítulo de Servicios" contempla la liberalización progresiva
del comercio de todos los servicios - desde los financieros o
energéticos hasta otros como la sanidad, la educación o los
servicios sociales- lo que implica que se abrirán los mercados
locales a la actuación de empresas privadas y supondrá la
prohibición de políticas estatales que interfirieran en el mercado,
ya sea para favorecer a las empresas locales, como para garantizar
la correcta prestación del servicio en igualdad para todos.
- El Capítulo dedicado a "Política de Competencia" establece la
prohibición de que las empresas estatales constituyan monopolios y
de manera especial, monopolios sobre recursos naturales o materias
primas estratégicas
3.2. La creación de un ambiente estable y previsible que favorezca
y proteja a los inversores en el continente. De forma más
específica:
- El "Capítulo dedicado a inversión" establece una serie de
prerrogativas para los inversores, que con carácter general, podrán
demandar a los gobiernos por la aplicación de políticas y leyes que
perjudiquen sus intereses o que conlleven perdidas en el beneficio
previsto. Se prohibe cualquier control sobre flujo de capitales, se
establece que los inversores se podrán oponer ante las leyes de
expropiación, y se prohibirá el "requisito de desempeño" impuesto
por los gobiernos a los inversores para que colaboren con sus
inversiones en la generación de empleo, el cuidado ambiental o la
transferencia de tecnología, etc.
- El "Capítulo dedicado a Derechos de Propiedad Intelectual"
propone un marco en el que se consideren susceptibles de poder ser
patentados cualquier tipo de idea, bien e incluso materia orgánica,
vegetal o animal, y que estos derechos de propiedad intelectual,
sean protegidos frente a cualquier otro interés público o
comunitario. Las excepciones basadas en cuestiones de salud pública
( como el acceso a medicamentos) aparecen entre estrictas
restricciones.
3.3. El establecimiento de un sistema de resolución de conflictos y
competencias al margen de los estados miembros y que se situaría
por encima de ellos. El capítulo dedicado a "resolución de
disputas" establece un proceso que sólo gobiernos e inversores
podrán activar, excluyendo a las organizaciones sociales y a otras
instancias o poderes locales o regionales. La resolución de los
conflictos se desarrollará en un panel de expertos que se reunirá
en secreto.
3.4. Es importante destacar las omisiones de ciertas materias
dentro del acuerdo, pese a haberse incorporado algunas de ellas
como asuntos en discusión en los grupos consultivos: el Capítulo
dedicado a las economías más pequeñas del continente donde se
podrían haber establecido sistemas de excepción en función de la
realidad económica o social del país. Tampoco se recoge ningún
Capítulo dedicado a los derechos laborales y sociales en el
continente, ni un capítulo específico relativo al "Control de los
Recursos Naturales y a la definición de una estrategia de
desarrollo sostenible".
4. UNA VALORACIÓN INICIAL DEL ALCA
4.1. Aspectos generales sobre el impacto en términos de desarrollo
La implantación del ALCA supondría para los países latinoamericanos
una cesión de soberanía con efectos negativos sobre la democracia,
proceso todavía en construcción en la región, y sobre la necesaria
modernización y transformación productiva. Esta cesión se hace sin
una contrapartida en términos de inversiones sociales o promoción
del desarrollo humano y supone consolidar un modelo de desarrollo
orientado a la exportación y la captación de capital extranjero que
ha traído ya dos décadas de atraso e inestabilidad del continente.
Supone poner en peligro los recursos naturales - renovables y no
renovables, hipotecando el desarrollo para las futuras
generaciones, al consumir de manera acelerada el petróleo, la masa
forestal, la diversidad biológica, y protegiendo a las empresas
frente a la posibilidad futura de establecer regulaciones que
perjudicaran a las mismas. Se pierde así toda posibilidad de
control y definición de un proyecto propio de desarrollo humano y
sostenible a largo plazo.
El ALCA será un mecanismo que permitirá competir a los grandes
actores nacionales y transnacionales -únicos beneficiarios del
acuerdo- dejando fuera a las mayorías. En definitiva supondrá una
estrategia depredadora de los recursos naturales, de blindaje para
las inversiones extranjeras -ante la crisis y la inestabilidad
creciente en que está y estará en un futuro cercano sumida la
región- y de competencia sobre la base del bajo coste de la mano de
obra.
El ALCA pasa de largo sobre las cuestiones esenciales para un
desarrollo verdaderamente incluyente y sostenible para la región,
tales como la auditoría y en su caso condonación de la deuda
externa, el justo reparto de tierras entre los campesinos sin
tierra, el acceso universal a fuentes de agua potable o a salud
básica y educación primaria, el acceso a crédito de los pequeños
productores…
4.2. Los impactos específicos derivados de la aplicación del
tratado:
1. La aplicación de la totalidad de las medidas contempladas en el
Tratado traerá como consecuencia directa la profundización del
proceso de concentración de la riqueza en manos de las grandes
empresas multinacionales que operan en el continente del
debilitamiento de las economías de la mayoría de los países del
continente, en especial de los países más pobres. Este
debilitamiento se dejará sentir sobre todo en una destrucción de la
estructura productiva de todos ellos, en especial en sectores como
el agrario, ganadero y forestal, pero también en la industria y
servicios con la desaparición de las pequeñas y medianas empresas
del continente.
2. Un proceso de pérdida de la soberanía alimentaria de los países
más pobres del continente y un aumento de su dependencia exterior
en la materia. La aplicación del capítulo agrícola hará desaparecer
la estructura de producción que hoy se apoya en explotaciones
familiares y de subsistencia en favor de los sistemas de
agricultura intensivos y altamente capitalizados controlados por
las grandes multinacionales del sector. El acuerdo no pone fin a la
política de subvenciones agrarias y de protección de ciertos
sectores en los EEUU y Canadá que suponen un dumping injusto para
los productores del resto del continente.
3. La liberalización de los sectores estratégicos (gas,
petróleo...) y de la totalidad de los bienes y recursos naturales (
tierra, agua, biodiversidad...) en aras del desarrollo económico se
convierte en un factor de riesgo enorme para el futuro del
continente. La liberalización para el comercio de este tipo de
recursos no hará sino aumentar la injusta distribución actual de
los bienes en todo el continente, ya de por sí escandalosa. Con la
aplicación del tratado se impide a futuro que los gobiernos puedan
implementar Programas nacionales de reforma agraria en un sentido
amplio o cualquier otro proyecto que se sustente sobre el interés
público.
4. El tratado privará de los saberes tradicionales e históricos de
los pueblos indígenas y campesinos permitiendo la apropiación de
los mismos por las empresas privadas dedicadas a la biotecnología.
5. El tratado llevará a la privatización progresiva de la totalidad
de los servicios públicos (salud, educación, cultura, energía
eléctrica, agua potable). Esta privatización, de nuevo, afectará en
mayor medida a las mayorías pobres de los países latinoamericanos.
6. El tratado disminuirá los derechos laborales y la protección
social de los trabajadores del Continente y causará futuras
pérdidas de empleo. La imposibilidad de someter a los inversores a
ningún tipo de condición expresa por razones sociales o de interés
general, debilita sobremanera la situación de los trabajadores en
el continente. Es previsible que los inversores busquen las
condiciones más favorables para sus empresas precarizando el
mercado laboral.
7. El tratado cierra la posibilidad para que ningún gobierno
establezca algún tipo de control sobre los flujos de capitales en
el continente, que contribuya a minimizar la vulnerabilidad ante
las crisis financieras mostradas en los noventa en Brasil, México,
Argentina, Ecuador…
8. El tratado en definitiva eleva a las grandes empresas del
continente a la categoría de actores fundamentales en el desarrollo
económico del mismo, recortando las posibilidades de control e
incluso de negociación por parte de los gobiernos de los países y
de las organizaciones sociales. El tratado a través de numerosas
cláusulas y condiciones específicas elimina toda posibilidad de
condicionamiento de la actividad empresarial en aras de la
preservación de derechos sociales y laborales, el medio ambiente,
la salud o los intereses colectivos de las comunidades
empobrecidas.
5. CONCLUSIONES Y POSICIÓN DE CÁRITAS ESPAÑOLA
Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos que el ALCA no es
una estrategia adecuada para el desarrollo de América Latina y
resultará especialmente dañina para los más pobres.
Consideramos que la posible implantación del ALCA profundizará en
las brechas del ingreso y perpetuará las profundas injusticias
sociales existentes en la región, afectando a la consolidación
democrática, a la soberanía sobre sus recursos naturales y a la
posibilidad de construir un proyecto de desarrollo incluyente y
sostenible.
Consideramos también que el ALCA supondrá una presión extrema sobre
los recursos naturales de la región, que serán explotados de manera
incontrolada y acelerada sin que las mayorías pobres se beneficien
de ello y olvidando a las generaciones futuras, que no podrán
beneficiarse de la riqueza natural de su tierra. De manera
coherente con la estrategia de incidencia política acordada por las
Cáritas de América Latina y el Caribe en Bogotá, Colombia, en marzo
de 2002 (puntos 3 y 4d), destacamos la necesidad y el compromiso de
Cáritas Española de generar una plan de acción que permita analizar
y estudiar las consecuencias de la aplicación de los contenidos de
ALCA en la región, informar y divulgar dichas consecuencias para
sensibilizar a la opinión pública, y participar junto a otras
organizaciones y movimientos en acciones que aborden la cuestión.
Notas
(1) Propuesta de trabajo para la incidencia en América Latina.
Reunión SELACC - DEPAS - CRS, Bogotá, 2001.
(2) Íd.
(3) Íd.
(4) Iniciativa para las Américas G.Bush(padre) 1990
http://www.caritaspanama.org/incidencia/alca/pronunciamiento_carita
s_espanola.htm
https://www.alainet.org/es/articulo/107909
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