Pronunciamiento de Cáritas Española Frente al ALCA

26/07/2002
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Introducción: el contexto actual de América Latina América Latina enfrenta esta nueva fase de liberalización comercial sin haber resuelto prácticamente ninguno de los grandes problemas estructurales que presentan como endémica la situación de pobreza de la mayoría de sus habitantes. Tras la reconocida "década perdida" de los 80, la década de los 90, comenzó con algunas esperanzas, fundadas en las firmas de acuerdos de paz y en la práctica desaparición de las dictaduras militares. A ello se añadió la homogeneización, con la excepción de Cuba, de las medidas económicas del ajuste estructural, llegadas de la mano del FMI. Así, política y economía proporcionaron la sensación de ausencia de conflictos y disputas, y América Latina parecía entrar en su fase de despegue definitivo. Lamentablemente, hoy podemos hablar de la segunda década perdida: no se han superado ninguna de las causas que provocaron los conflictos bélicos, se han consolidado sistemas políticos sólo formalmente democráticos, y la aparente estabilidad macroeconómica no sólo ha resultado muy frágil, sino que no ha conseguido un crecimiento estable, además de lograrse a costa de un desmantelamiento progresivo de los servicios sociales básicos, en particular educativos y sanitarios. Los programas de ajuste y sus recetas basadas en las tres "D" (Devaluación, Deflación y Desregulación) han disminuido la tan necesaria inversión social y no han logrado ni aumentar el nivel de vida gracias a las inversiones extranjeras prometidas ni disminuir las enormes asimetrías nacionales. El "nuevo orden económico" tan sólo ha beneficiado la entrada de capitales especulativos, y ha permitido abaratar los costos de algunas de las fases de la producción propiedad de las grandes multinacionales mediante la deslocalización. Además, ha dificultado aún más el acceso al crédito de los productores y empresarios locales por el mantenimiento de los elevados tipos de interés. La riqueza sigue estando fuera, sólo que ahora "circula" por los países empobrecidos sin estar por ello al alcance de la gran mayoría de la población. La deuda externa sigue aumentando, y el pago del servicio de la deuda condiciona e hipoteca los presupuestos nacionales año tras año, mientras que las propuestas de reducción de la misma no alcanzan los resultados prometidos. En el orden de lo político, la fragilidad institucional impide el avance realmente democrático en la región. La corrupción generalizada entre las clases dirigente que siguen concentrando en pocas manos el poder político, económico y de los medios de comunicación y se resisten a cualquier medida que profundice la democracia: así los procesos de descentralización, de participación ciudadana o de transparencia en las cuentas públicas se encuentran bloqueados y presentan avances insignificantes para afrontar problemas seculares. Se sigue profundizando en la desigual distribución de las propiedades y de las riquezas. La propiedad de la tierra cultivable sigue en las mismas pocas manos, cerrando las puertas a cualquier intento de reforma o redistribución a favor de los más pobres. Las sociedades latinoamericanas han sufrido durante la década pasada la enorme vulnerabilidad social, económica y ambiental, ante los mal llamados desastres naturales. Ni los aparatos productivos, atrasados y tradicionales, ni las muy deficientes políticas de urbanización y construcción, ni el maltrato de las riquezas medioambientales o el avance de la frontera agrícola pueden resistir los fenómenos naturales como el "niño", la "niña", huracanes o terremotos, tan previsibles por razones climatológicas y geológicas de la zona. El acceso a los recursos naturales, tierra, agua, medioambiente y biodiversidad sigue siendo un sueño para la mayoría empobrecida y cada vez más existe una sensación de desesperanza que hace aumentar las migraciones hacia los países del Norte en busca de una vida digna. Desde el exterior una clave reciente que viene a complicar más cualquier perspectiva de cooperación internacional para el desarrollo de las necesarias transformaciones: tras del 11 de septiembre de 2001, parecen aflorar algunos elementos de la trágicamente célebre doctrina de la seguridad nacional que algunos pensaron definitivamente olvidada. Reclamaciones sociales organizadas y grupos de defensa de los derechos humanos vuelven a recibir amenazas y atentados, aumentan los asesinatos selectivos de líderes en las comunidades y de promotores sociales quedando sin esclarecer. La estrategia estadounidense de remilitarización de la zona amparada en la lucha contra el terrorismo internacional, pone en evidencia la importancia de este aspecto que en los últimos años había encontrado una frágil justificación en la lucha contra el narcotráfico organizado. 1. PREÁMBULO Las Cáritas de América Latina y con ellas las Cáritas cooperantes vienen buscando progresivamente numerosas alianzas con ciudadanos y ciudadanas que se organizan para trabajar por generar transformaciones profundas en la realidad de los países latinoamericanos. En los últimos años, numerosas Cáritas entienden su quehacer desde el protagonismo de los pobres, orientándose hacia actividades de acompañamiento y solidaridad con las luchas de las organizaciones y movimientos sociales por la justicia. En el II Foro Social Mundial (Portoalegre, 2001) participaron más de 70 representantes de las distintas Cáritas Internacionales, con amplia mayoría de representantes latinoamericanos. Cáritas Internationalis, además expresa su compromiso inequívoco con la participación activa en la Coordinación General para la organización del Foro Social Mundial. En marzo de 2001 en Bogotá (Colombia), reunidas todas las Cáritas de América Latina y el Caribe proponen y se proponen un impulso para establecer y acordar una agenda de incidencia en áreas concretas: Tierra, Reforma Agraria, Soberanía Alimentaria, Recursos Naturales, Soberanía, Comercio Mundial y Tratados de Libre Comercio 1 . Los representantes de las Cáritas de América Latina y el Caribe, persuadidos de que sus gobiernos, con el argumento de modernizar y atraer la inversión se empeñan en promover acuerdos y planes de libre comercio sobre mercancías y recursos naturales, orientando un gran porcentaje del capital hacia sectores como los servicios y las infraestructuras 2 . Consideran por ello imprescindible denunciar la lógica de este sistema (que) es perversa porque deja al ser humano en último lugar, impide la libre circulación de personas, olvida la necesidad de apoyar los sectores productivos locales, reduce el gasto público social, violando así derechos humanos universales. Las prioridades de las Cáritas Latinoamericanas y del Caribe señalan como urgente que el pueblo obtenga la seguridad y la soberanía alimentarias debido a que el comercio mundial cuenta con "regulaciones" proteccionistas que favorecen a las economías del Norte en detrimento de los aparatos productivos y comerciales del Sur 2. ANTECEDENTES, PASOS DADOS Y PRÓXIMOS. ESTRUCTURA DEL TRATADO En 1994, Bill Clinton propuso, en la 1ª C umbre de las Américas, retomar la idea de crear un Área de Libre Comercio desde Yukón hasta la Patagonia 4 , incorporándola en un Proceso de Integración más amplio, que además del libre comercio (ALCA), tenía como objetivos el fortalecimiento democrático, la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Tras ocho años, sólo se ha avanzado en la agenda del Libre Comercio (ALCA), mientras democracia o pobreza han quedado olvidadas, cuando no damnificadas, en el camino. El ALCA se desarrolla en tres periodos diferentes: 1994-1998: Con un ritmo lento, se inician las negociaciones, se establecen los principios y la estructura de la propuesta de trabajo del ALCA. 1998 - 2001: Se desarrolla la negociación en secreto, elaborando el borrador del acuerdo del ALCA, que se hace parcialmente público tras la cumbre de Quebec (2001). Hoy sólo conocemos el resultado de cada uno de los 9 capítulos que integran el tratado y que constituyeron los 9 grupos de negociación: acceso a los mercados, inversión, servicios, compras del sector público, solución de diferencias, agricultura, derechos de propiedad intelectual, subsidios, antidumping y derechos compensatorios, y políticas de competencia. Junto a estos grupos de negociación, se crearon otros tres grupos consultivos: comité de expertos sobre sector público y comercio electrónico, comité de la sociedad civil, y grupo consultivo sobre economías más pequeñas. 2001 - 2005 En esta fase se negociará el acuerdo y aprobará. El secretismo sigue estando presente, como prueba la reunión de viceministros de economía desvelada por el grito dos excluidos en República Dominicana, en agosto de 2002. En esta fase la sociedad civil debe ser un factor clave, difundiendo su contenido y repercusiones, canalizando el descontento social, y buscando modificar el proyecto. En los últimos meses, se percibe "prisa" por avanzar en el proceso, lo que indica la voluntad de acortar los plazos. Se pretende que la próxima Reunión de Ministros de Octubre de 2002 en Quito (Ecuador) sea donde se concrete el acuerdo para aprobarse en 2003 y entrar en vigor antes de 2005. Para ello, era imprescindible la aprobación por parte de Estados Unidos (EEUU) del fast track o vía rápida (fórmula que permite al Presiente afrontar acuerdos de comercio internacional sin que tenga que ser refrendado por todo el Congreso), hecho que tuvo lugar el pasado 27/7/02. 3. ELEMENTOS CENTRALES DEL ALCA Del contenido de los nueve capítulos objeto de la negociación podemos hacer un análisis descriptivo de los elementos centrales y objetivos estratégicos que recoge el ALCA: 3.1. La creación de un Area de Libre Comercio para todo el continente que se extienda a la totalidad de los sectores económicos, bienes y servicios. De forma más específica: - El capítulo dedicado a "Acceso a Mercados" plantea la eliminación de todas las barreras comerciales no arancelarias en un plazo de 10 años, y la aplicación de la "cláusula de la nación más favorecida", lo que conlleva un trato igual para todos los estados e inversores independientemente de su situación de partida. - El "Capítulo Agricultura" propone eliminar progresivamente todas las tarifas, subvenciones y cualquier otra medida, salvo las arancelarias, que restrinjan la libre circulación de productos agrarios y alimenticios transformados. Contempla posibles excepciones a lo anterior, como los estándares sanitarios y técnicos, aunque siempre deberá probarse que no constituyen limitaciones encubiertas al libre comercio. -.El "Capítulo de Servicios" contempla la liberalización progresiva del comercio de todos los servicios - desde los financieros o energéticos hasta otros como la sanidad, la educación o los servicios sociales- lo que implica que se abrirán los mercados locales a la actuación de empresas privadas y supondrá la prohibición de políticas estatales que interfirieran en el mercado, ya sea para favorecer a las empresas locales, como para garantizar la correcta prestación del servicio en igualdad para todos. - El Capítulo dedicado a "Política de Competencia" establece la prohibición de que las empresas estatales constituyan monopolios y de manera especial, monopolios sobre recursos naturales o materias primas estratégicas 3.2. La creación de un ambiente estable y previsible que favorezca y proteja a los inversores en el continente. De forma más específica: - El "Capítulo dedicado a inversión" establece una serie de prerrogativas para los inversores, que con carácter general, podrán demandar a los gobiernos por la aplicación de políticas y leyes que perjudiquen sus intereses o que conlleven perdidas en el beneficio previsto. Se prohibe cualquier control sobre flujo de capitales, se establece que los inversores se podrán oponer ante las leyes de expropiación, y se prohibirá el "requisito de desempeño" impuesto por los gobiernos a los inversores para que colaboren con sus inversiones en la generación de empleo, el cuidado ambiental o la transferencia de tecnología, etc. - El "Capítulo dedicado a Derechos de Propiedad Intelectual" propone un marco en el que se consideren susceptibles de poder ser patentados cualquier tipo de idea, bien e incluso materia orgánica, vegetal o animal, y que estos derechos de propiedad intelectual, sean protegidos frente a cualquier otro interés público o comunitario. Las excepciones basadas en cuestiones de salud pública ( como el acceso a medicamentos) aparecen entre estrictas restricciones. 3.3. El establecimiento de un sistema de resolución de conflictos y competencias al margen de los estados miembros y que se situaría por encima de ellos. El capítulo dedicado a "resolución de disputas" establece un proceso que sólo gobiernos e inversores podrán activar, excluyendo a las organizaciones sociales y a otras instancias o poderes locales o regionales. La resolución de los conflictos se desarrollará en un panel de expertos que se reunirá en secreto. 3.4. Es importante destacar las omisiones de ciertas materias dentro del acuerdo, pese a haberse incorporado algunas de ellas como asuntos en discusión en los grupos consultivos: el Capítulo dedicado a las economías más pequeñas del continente donde se podrían haber establecido sistemas de excepción en función de la realidad económica o social del país. Tampoco se recoge ningún Capítulo dedicado a los derechos laborales y sociales en el continente, ni un capítulo específico relativo al "Control de los Recursos Naturales y a la definición de una estrategia de desarrollo sostenible". 4. UNA VALORACIÓN INICIAL DEL ALCA 4.1. Aspectos generales sobre el impacto en términos de desarrollo La implantación del ALCA supondría para los países latinoamericanos una cesión de soberanía con efectos negativos sobre la democracia, proceso todavía en construcción en la región, y sobre la necesaria modernización y transformación productiva. Esta cesión se hace sin una contrapartida en términos de inversiones sociales o promoción del desarrollo humano y supone consolidar un modelo de desarrollo orientado a la exportación y la captación de capital extranjero que ha traído ya dos décadas de atraso e inestabilidad del continente. Supone poner en peligro los recursos naturales - renovables y no renovables, hipotecando el desarrollo para las futuras generaciones, al consumir de manera acelerada el petróleo, la masa forestal, la diversidad biológica, y protegiendo a las empresas frente a la posibilidad futura de establecer regulaciones que perjudicaran a las mismas. Se pierde así toda posibilidad de control y definición de un proyecto propio de desarrollo humano y sostenible a largo plazo. El ALCA será un mecanismo que permitirá competir a los grandes actores nacionales y transnacionales -únicos beneficiarios del acuerdo- dejando fuera a las mayorías. En definitiva supondrá una estrategia depredadora de los recursos naturales, de blindaje para las inversiones extranjeras -ante la crisis y la inestabilidad creciente en que está y estará en un futuro cercano sumida la región- y de competencia sobre la base del bajo coste de la mano de obra. El ALCA pasa de largo sobre las cuestiones esenciales para un desarrollo verdaderamente incluyente y sostenible para la región, tales como la auditoría y en su caso condonación de la deuda externa, el justo reparto de tierras entre los campesinos sin tierra, el acceso universal a fuentes de agua potable o a salud básica y educación primaria, el acceso a crédito de los pequeños productores… 4.2. Los impactos específicos derivados de la aplicación del tratado: 1. La aplicación de la totalidad de las medidas contempladas en el Tratado traerá como consecuencia directa la profundización del proceso de concentración de la riqueza en manos de las grandes empresas multinacionales que operan en el continente del debilitamiento de las economías de la mayoría de los países del continente, en especial de los países más pobres. Este debilitamiento se dejará sentir sobre todo en una destrucción de la estructura productiva de todos ellos, en especial en sectores como el agrario, ganadero y forestal, pero también en la industria y servicios con la desaparición de las pequeñas y medianas empresas del continente. 2. Un proceso de pérdida de la soberanía alimentaria de los países más pobres del continente y un aumento de su dependencia exterior en la materia. La aplicación del capítulo agrícola hará desaparecer la estructura de producción que hoy se apoya en explotaciones familiares y de subsistencia en favor de los sistemas de agricultura intensivos y altamente capitalizados controlados por las grandes multinacionales del sector. El acuerdo no pone fin a la política de subvenciones agrarias y de protección de ciertos sectores en los EEUU y Canadá que suponen un dumping injusto para los productores del resto del continente. 3. La liberalización de los sectores estratégicos (gas, petróleo...) y de la totalidad de los bienes y recursos naturales ( tierra, agua, biodiversidad...) en aras del desarrollo económico se convierte en un factor de riesgo enorme para el futuro del continente. La liberalización para el comercio de este tipo de recursos no hará sino aumentar la injusta distribución actual de los bienes en todo el continente, ya de por sí escandalosa. Con la aplicación del tratado se impide a futuro que los gobiernos puedan implementar Programas nacionales de reforma agraria en un sentido amplio o cualquier otro proyecto que se sustente sobre el interés público. 4. El tratado privará de los saberes tradicionales e históricos de los pueblos indígenas y campesinos permitiendo la apropiación de los mismos por las empresas privadas dedicadas a la biotecnología. 5. El tratado llevará a la privatización progresiva de la totalidad de los servicios públicos (salud, educación, cultura, energía eléctrica, agua potable). Esta privatización, de nuevo, afectará en mayor medida a las mayorías pobres de los países latinoamericanos. 6. El tratado disminuirá los derechos laborales y la protección social de los trabajadores del Continente y causará futuras pérdidas de empleo. La imposibilidad de someter a los inversores a ningún tipo de condición expresa por razones sociales o de interés general, debilita sobremanera la situación de los trabajadores en el continente. Es previsible que los inversores busquen las condiciones más favorables para sus empresas precarizando el mercado laboral. 7. El tratado cierra la posibilidad para que ningún gobierno establezca algún tipo de control sobre los flujos de capitales en el continente, que contribuya a minimizar la vulnerabilidad ante las crisis financieras mostradas en los noventa en Brasil, México, Argentina, Ecuador… 8. El tratado en definitiva eleva a las grandes empresas del continente a la categoría de actores fundamentales en el desarrollo económico del mismo, recortando las posibilidades de control e incluso de negociación por parte de los gobiernos de los países y de las organizaciones sociales. El tratado a través de numerosas cláusulas y condiciones específicas elimina toda posibilidad de condicionamiento de la actividad empresarial en aras de la preservación de derechos sociales y laborales, el medio ambiente, la salud o los intereses colectivos de las comunidades empobrecidas. 5. CONCLUSIONES Y POSICIÓN DE CÁRITAS ESPAÑOLA Por todo lo expuesto anteriormente, consideramos que el ALCA no es una estrategia adecuada para el desarrollo de América Latina y resultará especialmente dañina para los más pobres. Consideramos que la posible implantación del ALCA profundizará en las brechas del ingreso y perpetuará las profundas injusticias sociales existentes en la región, afectando a la consolidación democrática, a la soberanía sobre sus recursos naturales y a la posibilidad de construir un proyecto de desarrollo incluyente y sostenible. Consideramos también que el ALCA supondrá una presión extrema sobre los recursos naturales de la región, que serán explotados de manera incontrolada y acelerada sin que las mayorías pobres se beneficien de ello y olvidando a las generaciones futuras, que no podrán beneficiarse de la riqueza natural de su tierra. De manera coherente con la estrategia de incidencia política acordada por las Cáritas de América Latina y el Caribe en Bogotá, Colombia, en marzo de 2002 (puntos 3 y 4d), destacamos la necesidad y el compromiso de Cáritas Española de generar una plan de acción que permita analizar y estudiar las consecuencias de la aplicación de los contenidos de ALCA en la región, informar y divulgar dichas consecuencias para sensibilizar a la opinión pública, y participar junto a otras organizaciones y movimientos en acciones que aborden la cuestión. Notas (1) Propuesta de trabajo para la incidencia en América Latina. Reunión SELACC - DEPAS - CRS, Bogotá, 2001. (2) Íd. (3) Íd. (4) Iniciativa para las Américas G.Bush(padre) 1990 http://www.caritaspanama.org/incidencia/alca/pronunciamiento_carita s_espanola.htm
https://www.alainet.org/es/articulo/107909

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