Manifiesto de lanzamiento
Frente Parlamentario en Defensa del Financiamiento Público y la Soberanía Nacional
13/05/2003
- Opinión
Brasil vive hoy un momento especial, con avances importantes en
el perfeccionamiento de su democracia y con la amplia
participación del pueblo en la elección de sus representantes.
El actual Presidente de la República fue electo por más de 52
millones de votos, certificando la fuerza de la democracia
brasileña y la enorme esperanza de cambio expresada por el
pueblo brasileño.
Pero la voluntad popular choca con obstáculos para realizarse en
un proyecto efectivo de desarrollo e inclusión social. Esos
obstáculos son características del modelo hegemónico de la
política económica, que subordina la voluntad del pueblo
brasileño a los intereses económicos de una deuda colosal, hoy
equivalente a más de la mitad de lo que se produce en el país.
No es interés del pueblo brasileño condicionar la salud
financiera del Estado a las exigencias sobre reformas de
políticas públicas brasileñas, proyectadas por organismos
internacionales. Mientras tanto, esa injerencia, resultado de
la profundización de la dependencia externa, y que sirve al
capital financiero, es esencial para mantener un modelo de
política económica adoptado hace muchos años e implementado en
Brasil.
Hoy, la opinión pública brasileña esta consciente de que las
llamadas Instituciones Financieras Multilaterales (IFMs), como
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
el Fondo Monetario Internacional (FMI), son piezas importantes
del actual modelo de política económica. Las operaciones
financieras de esas instituciones con el gobierno brasileño
pasan a tener un papel definitorio en las líneas de política
económica centradas en el ajuste fiscal, restrictivas al gasto y
a la inversión pública e inviabilizando el rescate de la deuda
social para con los excluidos. Los financiamientos imponen, la
mayoría de las veces, exigencias recesivas a la economía y
financian proyectos no siempre benéficos para el pueblo
brasileño, por no ser compatibles con la necesidad de combinar
el desarrollo, a la inclusión social y la sustentabilidad.
En muchos casos, los proyectos financiados con dinero de esas
instituciones dañan el medio ambiente, refuerzan patrones de
discriminación de género y de raza y atropellan derechos de
grupos sociales. En otros casos, los prestamos concedidos
imponen reformas institucionales y exigen adopción de metas
macroeconómicas que impiden el desarrollo económico y apuntan
hacia la privatización de sectores estratégicos, con impactos
extremadamente negativos sobre la sociedad brasileña. Entre las
medidas perjudiciales hacia el pueblo brasileño está el
agotamiento o supresión de varios servicios públicos, el
debilitamiento de varias políticas sociales y el aumento
explosivo de las tasas de interés, a modo de sofocar la
inversión y el consumo local por los ciudadanos y ciudadanas
brasileños.
Hasta recientemente, las operaciones de las Instituciones
Financieras Multilaterales con Brasil no despertaban interés
político, y la aprobación de los prestamos por el Senado Federal
cumplía los trámites previstos en la Constitución Federal,
solamente avalando la capacidad de endeudamiento, sin el
necesario debate en cuanto al valor político y social de los
contratos de préstamo realizados. Con todo, en virtud de una
mayor visibilidad pública, en la última década, de la acción de
las IFMs y de sus efectos sobre las políticas nacionales, hoy no
es posible que el Poder Legislativo Brasileño se exima de
discutir y deliberar tanto sobre los aspectos técnicos así como
sobre el valor político de las operaciones de las IFMs con
Brasil. Las opciones estratégicas de una política soberana de
desarrollo nacional son las que deben poner norte a las
prioridades de los prestamos internacionales y la validez de
empeñar contrapartidas. El contenido y los objetivos de los
contratos de préstamo deben, por lo tanto, ser detalladamente
discutidos en su valor, en vista de los objetivos de desarrollo
políticamente debatidos y avalizados. Del mismo modo, también
es necesario, que el Congreso influya, acompañe y fiscalice las
prioridades y los financiamientos de los Bancos públicos
nacionales.
Siendo así, es con la responsabilidad de uno de los Poderes de
la República, con el espíritu de vigilancia democrática,
visualizando la necesidad de un desarrollo económico y social
sustentable y la importancia que tienen los financiamientos
internacionales y públicos internos, para alcanzar esta meta, es
que los parlamentarios abajo firmantes pasan a integrar el
Frente Parlamentario en Defensa del Financiamiento Público y la
Soberanía Nacional, en la esperanza de que su actuación pueda
contribuir en la construcción de una sociedad brasileña menos
sujeta a la degradación ambiental, más próspera, incluyente y
justa.
Brasilia, 14 de mayo de 2003
https://www.alainet.org/es/articulo/107778?language=en
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