Brasil vive hoy un momento especial, con avances importantes en el perfeccionamiento de su democracia y con la amplia participación del pueblo en la elección de sus representantes. El actual Presidente de la República fue electo por más de 52 millones de votos, certificando la fuerza de la democracia brasileña y la enorme esperanza de cambio expresada por el pueblo brasileño. Pero la voluntad popular choca con obstáculos para realizarse en un proyecto efectivo de desarrollo e inclusión social. Esos obstáculos son características del modelo hegemónico de la política económica, que subordina la voluntad del pueblo brasileño a los intereses económicos de una deuda colosal, hoy equivalente a más de la mitad de lo que se produce en el país. No es interés del pueblo brasileño condicionar la salud financiera del Estado a las exigencias sobre reformas de políticas públicas brasileñas, proyectadas por organismos internacionales. Mientras tanto, esa injerencia, resultado de la profundización de la dependencia externa, y que sirve al capital financiero, es esencial para mantener un modelo de política económica adoptado hace muchos años e implementado en Brasil. Hoy, la opinión pública brasileña esta consciente de que las llamadas Instituciones Financieras Multilaterales (IFMs), como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), son piezas importantes del actual modelo de política económica. Las operaciones financieras de esas instituciones con el gobierno brasileño pasan a tener un papel definitorio en las líneas de política económica centradas en el ajuste fiscal, restrictivas al gasto y a la inversión pública e inviabilizando el rescate de la deuda social para con los excluidos. Los financiamientos imponen, la mayoría de las veces, exigencias recesivas a la economía y financian proyectos no siempre benéficos para el pueblo brasileño, por no ser compatibles con la necesidad de combinar el desarrollo, a la inclusión social y la sustentabilidad. En muchos casos, los proyectos financiados con dinero de esas instituciones dañan el medio ambiente, refuerzan patrones de discriminación de género y de raza y atropellan derechos de grupos sociales. En otros casos, los prestamos concedidos imponen reformas institucionales y exigen adopción de metas macroeconómicas que impiden el desarrollo económico y apuntan hacia la privatización de sectores estratégicos, con impactos extremadamente negativos sobre la sociedad brasileña. Entre las medidas perjudiciales hacia el pueblo brasileño está el agotamiento o supresión de varios servicios públicos, el debilitamiento de varias políticas sociales y el aumento explosivo de las tasas de interés, a modo de sofocar la inversión y el consumo local por los ciudadanos y ciudadanas brasileños. Hasta recientemente, las operaciones de las Instituciones Financieras Multilaterales con Brasil no despertaban interés político, y la aprobación de los prestamos por el Senado Federal cumplía los trámites previstos en la Constitución Federal, solamente avalando la capacidad de endeudamiento, sin el necesario debate en cuanto al valor político y social de los contratos de préstamo realizados. Con todo, en virtud de una mayor visibilidad pública, en la última década, de la acción de las IFMs y de sus efectos sobre las políticas nacionales, hoy no es posible que el Poder Legislativo Brasileño se exima de discutir y deliberar tanto sobre los aspectos técnicos así como sobre el valor político de las operaciones de las IFMs con Brasil. Las opciones estratégicas de una política soberana de desarrollo nacional son las que deben poner norte a las prioridades de los prestamos internacionales y la validez de empeñar contrapartidas. El contenido y los objetivos de los contratos de préstamo deben, por lo tanto, ser detalladamente discutidos en su valor, en vista de los objetivos de desarrollo políticamente debatidos y avalizados. Del mismo modo, también es necesario, que el Congreso influya, acompañe y fiscalice las prioridades y los financiamientos de los Bancos públicos nacionales. Siendo así, es con la responsabilidad de uno de los Poderes de la República, con el espíritu de vigilancia democrática, visualizando la necesidad de un desarrollo económico y social sustentable y la importancia que tienen los financiamientos internacionales y públicos internos, para alcanzar esta meta, es que los parlamentarios abajo firmantes pasan a integrar el Frente Parlamentario en Defensa del Financiamiento Público y la Soberanía Nacional, en la esperanza de que su actuación pueda contribuir en la construcción de una sociedad brasileña menos sujeta a la degradación ambiental, más próspera, incluyente y justa. Brasilia, 14 de mayo de 2003