Con la asistencia de 1363 delegados y delegadas de todo Colombia e invitad@s del mundo, el X Foro Nacional por los Derechos Humanos, reunido en Bogota del 24 al 26 de mayo, examinó la realidad actual del conflicto interno con el propósito de aportar soluciones constructivas. Son numerosas y variadas las tragedias que ha soportado el pueblo colombiano a lo largo de la existencia del conflicto: miles de víctimas inocentes han caído a lo largo del territorio nacional, muchas de ellas niños, mujeres y ancianos, destrucción de pequeños poblados, desplazamientos masivos, cientos de asesinatos de líderes populares, exilio para millares de compatriotas, etc. Pero quizás en los últimos años, el punto dramático de la confrontación se ha expresado en la situación de las personas detenidas, retenidas y secuestradas con ocasión del conflicto político y social armado, que sufre Colombia. La ley no puede impedir al Estado proteger la vida y la libertad de sus ciudadanos; por el contrario, las leyes deben favorecer a la sociedad, proteger los derechos humanos, con mayor razón en un Estado Social de Derecho. Por eso, las leyes se interpretan de acuerdo al contexto histórico, social y político. Si se interpretan, en nuestro caso, desconociendo la existencia y la dimensión del conflicto, desde luego que no será posible un intercambio humanitario. La supresión del estatus político a la insurgencia no puede servir de excusa al gobierno para negar la magnitud del conflicto interno armado. El conflicto existe y es reconocido no sólo internacionalmente sino en la propia legislación nacional, tal como lo expresan la Ley 418 de 1997 (Ley para la búsqueda de la convivencia) y la Ley 600 de 2000 (Código Penal) en sus artículos 135 a 164 (delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH), además de los considerando jurídicos que sustentaron el Acuerdo Humanitario suscrito, entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, en San Vicente del Caguán el 2 de junio de 2001. Así las cosas, el sufrimiento aislado de los familiares con seres queridos en cautiverio, paulatinamente se ha convertido en el dolor y la angustia de millones de colombianos, que se resisten a prolongar esta expresión de crueldad que nos origina el conflicto. Hoy el clamor por el intercambio humanitario, se expresa en las voces de expresidentes, la Iglesia, partidos políticos, sindicatos, academia, ONG de derechos humanos e iniciativas de paz, que sin vacilar han acompañado en esta etapa a las afligidas familias de las víctimas. Por ello, EL X FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS insiste en la urgencia de la suscripción de uno o de varios Acuerdos Humanitarios por la Vida, que tengan propósito excluir a los civiles de las estrategias de guerra anteponiendo la vida, la dignidad y la libertad de las personas sobre cualquier consideración del orden militar. Igualmente, EL X FORO exige a las "partes" desvincular de los propósitos humanitarios del intercambio, cualquier discusión sobre el estatus político o militar; excluir los epítetos descalificatorios que describen al adversario; imponer condiciones para futuras negociaciones políticas de fondo; o establecer la obligatoriedad de comportamientos futuros. En consecuencia EL X FORO, urge al gobierno nacional y a la insurgencia a que en forma inmediata, y sin más dilaciones, procedan a designar sus representantes oficiales, para que discutan y acuerden los términos del intercambio humanitario que Colombia entera reclama. CONTENIDO E IMPULSO DE LOS ACUERDOS HUMANITARIO POR LA VIDA El X FORO presenta hoy la propuesta de uno o varios Acuerdos Humanitarios por la Vida, en tanto quiere referir la urgencia de que las partes concerten la paulatina superación de la crisis humanitaria derivada del conflicto interno armado y que ha provocado la larga privación de la libertad de miembros de la fuerza pública y de un grupo de autoridades y personalidades de la vida nacional, al igual que cientos de civiles víctimizados directamente por las operaciones de guerra, los detenidos desaparecidos y los prisioneros políticos confinados en los establecimientos carcelarios del país y a quienes el gobierno conculca sus más fundamentales derechos, adjudicándoles además el calificativo de "terroristas". El o los Acuerdo Humanitarios por la Vida, deben expresar contenidos de iniciativas humanitarias dirigidos a: 1. Disminuir la intensidad del conflicto. 2. Propiciar el respeto a la población civil durante las operaciones de guerra. 3. Proteger a la población civil, acordando espacios formas de protección especial (zonas protegidas, zonas desmilitarizadas, albergues de refugiados, respeto a comunidades de paz o declaradas en resistencia). 4. Respetar incondicionalmente las misiones médicas y de asistencia humanitaria, los defensores de derechos humanos (incluyendo los institucionales: Personerías, Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas), los establecimientos escolares, sus estudiantes y docentes, así como los bienes culturales de la Nación. 5. Entregar periódicamente, en todas las regiones del país pruebas de supervivencia de todas las personas privadas de la libertad con ocasión del conflicto, así como las condiciones de cautiverio. 6. Abstenerse de realizar actos que conduzcan al agravamiento del conflicto. En ese sentido, la insurgencia debe abstenerse de secuestrar y de tomar nuevos rehenes y el gobierno debe abstenerse de emprender acciones militares de rescate debido al riesgo que ello implica para la vida de los rehenes. 7. Liberar a las personas en cautiverio con ocasión del conflicto. 8. Dignificar las condiciones de vida de los opositores políticos encarcelados, reconociendo su condición de rebeldes y respetando el núcleo inderogable de sus derechos humanos. 9. Preservar el medio ambiente en el que se desarrolla la guerra, y particularmente, la biodiversidad propia de ecosistemas escasos en el mundo como son los páramos, el bosque andino y la selva tropical húmeda. 10. Propiciar la paulatina desmilitarización de la vida nacional. 11. Posibilitar la realización efectiva de los derechos humanos entre ellos los derechos económicos, culturales y sociales de la población colombiana. 12. Rechazar la presencia de tropas extranjeras en territorio colombiano, y en tanto su abusiva permanencia se prolongue, sin excepción alguna sus miembros deben someterse al D.I.H. y a respetar los D.H. 13. Contribuir a la reanudación de negociaciones de paz. MECANISMOS DE IMPULSO DEL O DE LOS ACUERDO HUMANITARIOS POR LA VIDA EL X FORO constata que las múltiples propuestas humanitarias, exigen también diversas formas de impulso. Por tanto, la implementación de cualquier Acuerdo Humanitario por la Vida exige la plena movilización de las víctimas, de los movimientos sociales y de paz y de Derechos Humanos, que aseguren su cumplimiento. De allí que los compromisos de dicha movilización son: 1. Exigencia a las "partes" (movimientos insurgentes y Estado) de pronunciamientos públicos referidos al comportamiento humanitario en el transcurso de sus acciones. 2. Conformación de comisiones de aproximación y exploración de los acuerdos. 3. Conformación de comisiones de verificación (supervivencia de las personas privadas de la libertad con ocasión del conflicto, limitación y uso proporcional de las armas de guerra, entre otras). 4. Solicitud y convencimiento de la importancia de la facilitación internacional (C.I.C.R., Naciones Unidas, países amigos de diálogo). 5. Mediación de personalidades y organizaciones nacionales. 6. Gestos de buena voluntad del gobierno y manifestaciones unilaterales de la insurgencia. 7. Impulso a la suscripción de acuerdos humanitarios especiales y regionales (por ejemplo, la urgencia de un Acuerdo Humanitario Ambiental en la región de Sumapaz, para proteger el ecosistema de páramo, restringiendo las operaciones del Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional y de los frentes guerrilleros). Tales impulsos en su divulgación e implementación inmediata, constituyen un compromiso de honor para los asistentes al FORO. COMISIÓN DE IMPULSO AL O LOS ACUERDOS HUMANITARIOS POR LA VIDA EL X FORO NACIONAL insta a la conformación de manera urgente de la Comisión de Impulso al o los Acuerdos Humanitarios por la Vida, cuya conformación expresará sin restricción alguna la representación decidida de las organizaciones sociales y de derechos humanos, de las organizaciones sociales y políticas, de la academia y de la intelectualidad, de las organizaciones estudiantiles, de los familiares de las víctimas del conflicto, las iniciativas de paz y en general por todos aquellos que en defensa de los derechos humanos quieran y decidan actuar. La Comisión de Impulso debe abordar con prioridad, entre otras las siguientes iniciativas: 1. Facilitar el acercamiento inmediato de las partes, exigiendo la designación de sus voceros para el o los Acuerdos Humanitarios por la Vida. 2. Proponer una tregua general, en todo el territorio nacional, por un tiempo definido de tres (3) meses, inicialmente, para adelantar contactos con las organizaciones guerrilleras sobre dos tópicos a saber: a) El Intercambio humanitario; b) La exploración de los aspectos conducentes a un acuerdo de paz. Se trataría de conversar sin condiciones previas y sin operaciones militares que impidan la búsqueda de acuerdos. 3. Interlocución en todos los sectores nacionales e internacionales vinculados con el tema (expresidentes, iglesia, gobiernos extranjeros, etc.) 4. Adelantar acciones que permitan obtener al intercambio de personas privadas de la libertad con ocasión al conflicto y asegurar la protección de la población civil. SOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EL X FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS propone una paz real, paz como bien público construido socialmente, paz desde ya y no después de una guerra prolongada de destrucción masiva. EL X FORO mantiene su irrevocable adhesión a la paz como salida política del conflicto armado, y considera que la solución a este conflicto debe ser política y negociada y sentar las bases para una paz con justicia social. Para el logro de este objetivo, el Estado debe ser el aportante esencial, lo que sumado a la cooperación internacional en el orden político, diplomático y económico y con el pleno ejercicio de la autodeterminación nacional, garantiza la eficacia de este propósito nacional. LA DEMOCRACIA ES LA ALTERNATIVA A LA GUERRA, SU RESTRICCIÓN ESTIMULA EL CONFLICTO El gobierno del Presidente Uribe echó mano del viejo expediente de la "guerra integral", que aunque con nuevos elementos, es la misma política fracasada de los últimos años, consistente en creer que a la guerrilla se le puede llevar derrotada a la mesa de negociaciones para firmar la rendición, lo cual como se ha visto, no solo es una falsa pretensión, sino que solo ha servido para agudizar el conflicto y la confrontación. Estatutos antiterroristas, zonas de consolidación y rehabilitación, criminalización de la protesta social, asesinato sistemático de luchadores sociales y anuncios verbales (de tierra arrasada), lejos de constituir una política de seguridad democrática, expresan el carácter guerrerista, intolerante, enemigo de paz y reaccionario del gobierno. Colombia necesita democracia y la solución política del conflicto interno, es la puerta para alcanzarla. EL X FORO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS en contravía al interés de los gobernantes y de la mayoría de los medios de comunicación a su servicio, le apuesta sin vacilación alguna a la solución política del conflicto. La guerra y sus fatales resultados no es la solución deseable a los problemas que aquejen a la patria, así la mayoría de los medios de comunicación y el gobierno de Uribe pretendan hacérnoslo creer. La guerra por el contrario, ahondará el atraso económico, la desigualdad social y aumentará el número de víctimas, particularmente entre las inmensas masas desposeídas y sin protección estatal alguna. Nuestra experiencia de casi 50 años ininterrumpidos del conflicto, así lo han demostrado una y otra vez. El conflicto colombiano es sui generis y su génesis está en razones políticas, sociales, económicas e históricas, que deben erradicarse en la búsqueda de los acuerdos de fondo para construir una nueva Colombia. Estamos, pues, ante un conflicto político, social y armado que deviene del vacío democrático y de las profundas desigualdades sociales. Sobre todo de la práctica de la clase dominante bipartidista de gobernar mediante el ejercicio de la violencia y de la exclusión política y social. El conflicto colombiano está en mora de resolverse por la vía de la solución política negociada, aunque encuentra el principal obstáculo en la renuencia del establecimiento a discutir los problemas fundamentales. La clase dominante colombiana demuestra en exceso su mezquindad. Visto así el asunto, los procesos de solución política del conflicto colombiano están en estrecha relación con los cambio s políticos, sociales y económicos en el país. Es decir, de una apertura democrática, política y social que marque un nuevo orden nacional e institucional. Se trata de construir una nueva Colombia, sobre bases políticas y sociales avanzadas, de relación estrecha y democrática entre el estado y sus ciudadanos, con pluralismo, tolerancia y participación efectiva en los asuntos del Estado. EL VALOR Y EL SIGNIFICADO DE LOS ANTERIORES PROCESOS DE PAZ Son múltiples las enseñanzas y experiencias acumuladas por el pueblo colombiano a través de los anteriores procesos de paz. Su importancia y el significado de los mismos, no podrán ser borrados de la memoria colectiva tal como afanosamente lo pretenden en particular los círculos del poder, "satanizándolos" para mantener intacta su terca postura de no ceder un ápice de su poder político y económico. Las conversaciones de paz adelantadas por la insurgencia y el gobierno de Pastrana, permite destacar entre otros los siguientes logros: Los 10 puntos de la Agenda Común para el cambio, convenida en la Machaca. Agenda común que sin lugar a dudas constituye el logro mas importante de las conversaciones, porque ahí están contenidos los temas políticos, sociales y económicos de cuya solución concreta podría sobrevenir la paz con democracia y justicia social. La Agenda Común, es la carta importante de navegación hacia la solución política negociada del conflicto interno. La realización de las audiencias públicas, multitudinario escenario de la participación ciudadana en los diálogos de paz. El intercambio humanitario de prisioneros de guerra enfermos, que trajo como resultado la decisión unilateral de las FARC-EP de dejar en libertad a 350 soldados y policías retenidos. El acuerdo de Los Pozos, suscrito por el Presidente Pastrana y el Comandante Marulanda en febrero de 2001 que relanzó el proceso de paz en un momento de dificultades. El informe de las Comisiones de Notables, bien recibido por las partes y por amplios sectores del país, donde se establecían recomendaciones concretas para disminuir la intensidad del conflicto y acabar el fenómeno del paramilitarismo entre otros aspectos. El acuerdo de San Francisco de la Sombra, que introdujo importantes elementos humanitarios para dinamizar el proceso de paz en su conjunto, entre ellos, claros compromisos de las FARC-EP con el D.I.H., entre ellos el de suspender las llamadas pescas milagrosas. El cronograma aprobado el 20 de enero de 2002 y la decisión del acompañamiento internacional de las Naciones Unidas y del grupo de países amigos y facilitadores, adoptadas posteriormente. Los anteriores aspectos, por si solos, validan el valor y la importancia histórica de las negociaciones adelantadas durante el gobierno Pastrana, y a su vez de puente para los futuros diálogos y negociaciones que deben producirse en el país. Por lo tanto, no pasa inadvertido para EL X FORO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, el retroceso que para la solución política del conflicto armado significó la ruptura unilateral por parte del gobierno de Pastrana de los diálogos y negociaciones de paz adelantadas en el Caguán. ASPECTOS Y PARTICULARIDADES DEL ACUERDO PARA LA SOLUCIÓN POLÍTICA NEGOCIADA En su negativa para concertar la paz, entre otros argumentos, le gobierno y los círculos dominantes que lo rodean, han difundido la especie de que "el estado no se va a entregar a retazos a la subversión", y que tampoco resulta admisible hacer una "revolución concertada" con la "insurgencia totalitaria". Nada más engañoso. Tales argumentos son apenas una forma de soslayar la necesidad de los cambios democráticos y de establecer un sesgo peyorativo a la negociación de los temas de fondo y propios para un acuerdo de paz en la coyuntura histórica actual. Lo cierto es que la plataforma de la insurgencia es un catálogo de reivindicaciones democráticas, de contenido económico y social a favor de la inmensa mayoría. Ni dictadura del proletariado, ni socialismo representa por ejemplo, la agenda común de los 10 puntos, suscrita entre el gobierno de Pastrana y la guerrilla de las FARC-EP, ni las peticiones del ELN presentadas al Gobierno Nacional y a la sociedad colombiana con miras a iniciar diálogos. De otro lado, EL X FORO resalta la importancia de la participación de la sociedad civil en la búsqueda y definición del acuerdo político que ponga fin al conflicto armado. En efecto, la búsqueda de la paz es un compromiso de todos y para todos. Por lo tanto construir la integridad de la paz supone acreditar el pensamiento, dotar de eficacia a la participación y construir genuinos pactos de convivencia. La paz no puede ser una publicidad electoral y menos aún la voluntariedad del gobierno de turno. La paz debe ser considerada política de Estado y como tal debe tener continuidad y proyección como estrategia histórica del desarrollo de la sociedad. La movilización social, los diálogos regionales y municipales, los pactos de convivencia locales contemplando asuntos como las políticas productivas, la problemática de tierras, el empleo racional de recursos materiales, asuntos de vivienda, educación, justicia, empleo, servicios públicos y seguridad social, etc., son estímulos para alcanzar la paz concertada que todos anhelamos. En conclusiones, para lograr la solución política al conflicto interno, resultan indispensables las reformas políticas y económicas avanzadas, un mayor equilibrio social y una amplia movilización de todos los sectores del pueblo colombiano. La solución política al conflicto debe dar origen a un Estado autónomo, democrático, con soberanía y libre de ataduras a los organismos internacionales financieros y a la égida de los Estados Unidos. La solución política al conflicto es el inicio de un nuevo modelo democrático de las relaciones entre el Estado colombiano y sus ciudadanos, y es el principio de la construcción de una nueva sociedad en paz y en progreso. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - Colombia X Foro Nacional por los Derechos Humanos, las Libertades Democráticas y la Solución Política del Conflicto
Tribuna Internacional Contra la Impunidad Bogotá, 26 de abril de 2003.