“La mayoría de las revoluciones que tienen una base ideológica ampliamente reconocida pretenden ser métodos para ajustar el derecho positivo al verdadero derecho natural, tal como éste es concebido por los propios revolucionarios.” Benjamín Akzin Actualmente hay una aguda controversia sobre la discusión de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, y que en nuestra opinión pareciese que se ha centrado en cual de los dos bandos, gobierno y oposición, toma el control de los mismos. Cuestión ésta que parece de vital importancia, dada la inminencia de varios procesos electorales. La oposición imaginando cadenas como las de diciembre y enero, pero esta vez aupando a los candidatos que defiendan sus intereses y los del gobierno, buscando que esto no ocurra. Creemos que esta manera de ver las cosas está desvirtuando totalmente esta importante discusión, y que no es exclusiva de Venezuela, sino que está presente en numerosos foros, publicaciones y encuentros a nivel mundial. Porque de lo que se trata es realmente de definir si la legislación sobre los medios debe circunscribirse únicamente al derecho humano de la información o al derecho a la correcta formación de la personalidad. Es por ello que consideramos pertinente reproducir algunos conceptos que el prestigioso jurista y defensor de la Ética Liberal, Ronald Dworkin, expresa en su libro “Los derechos en serio”: “La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos estipula que el Congreso no ha de limitar la libertad de expresión. ¿Se trata de una norma, de modo que si una ley determinada limita de hecho la libertad de expresión, de ello se siga que es inconstitucional? Los que sostienen que la primera enmienda es absoluta dicen que se le debe tomar en este sentido, es decir, como una norma. ¿O se limita a enunciar un principio, de modo que cuando se descubre que hay limitación de la libertad de expresión esto es inconstitucional a menos que el contexto aporte algún otro principio u otra directriz política que, dadas las circunstancias, tenga el peso suficiente para permitir que se lo limite? Tal es la posición de los que defienden lo que denomina la prueba del riesgo actual e inminente o alguna otra forma de equilibrio. El calificar las opiniones sobre este tema debe ir más allá de la simple adjetivación, ya que realmente, en el fondo, es una discusión filosófica. Tipos de medios Para explicar mejor nuestra posición, primero resaltaremos algunos de los aspectos de los medios de comunicación, que consideramos muy importantes para esta discusión, diferenciando los impresos de los audiovisuales. Los medios de comunicación impresos se caracterizan en primer lugar porque su distribución es mediante la venta. Es decir, el que lo lee, o alguien relacionado canceló voluntariamente un monto de dinero por adquirirlo. Y el que sacrifica dinero para adquirirlo, lo hace porque espera encontrar en dicho medio algo de su interés. Además, es muy reducido el radio de difusión del ejemplar adquirido, generalmente a familiares o compañeros de trabajo, aunque algunos noticias comentadas oralmente pueden alcanzar gran difusión. Asimismo, por sus mismas características, no están al alcance de los niños en sus etapas de formación de la personalidad. Podemos decir que son informativos y formadores de opinión. En cambio los medios audiovisuales son gratuitos, penetran en todos o en la casi totalidad de los hogares, impactando a sus integrantes, sin discriminar sexo, edad ni ocupación. Y cuando es observado por los niños, sus mensajes son determinantes en el proceso de formación de sus personalidades. Es así como afirmamos que los medios audiovisuales son, además de informativos y de entretenimiento, formativos. La credibilidad En un medio impreso la credibilidad se basa fundamentalmente en la del o de los editores, que se obtiene a través de la trayectoria en los medios. De alguna manera asociamos al editor o a los periodistas de medios impresos con figuras legendarias y verticales en sus trabajos. Ejemplos de algunos de ellos han quedado inmortalizados en numerosas novelas y películas, algunas de ellas de mucho éxito. Aunque, como siempre, hay la excepción, como la extraordinaria obra del Ciudadano Kane de Welles. En cambio, la credibilidad de las noticias de los medios audiovisuales está determinada más bien por la imagen, y el periodista, a pesar de ser generalmente el autor de ella, pasa a un segundo plano ante la fuerza visual. Es así como la credibilidad de los medios audiovisuales no está basada en los dueños de las plantas ni en su dirección. No hay muchas películas ni novelas alabando la integridad de estos personajes. Una muestra de cómo se pueden manipular las imágenes para crear verdades, la pudimos observar con la cobertura de los sucesos del 11 de abril. En los canales de televisión al servicio de los intereses políticos opositores, vimos con insistencia casi fastidiosa, el video de unos militantes del oficialismo disparando armas cortas desde el puente de Llaguno, supuestamente contra manifestantes de la oposición. En el canal al servicio del Estado, en cambio, se repetían imágenes de agentes de la Policía Metropolitana, disparando sus armas largas, supuestamente contra manifestantes a favor del gobierno. Cada uno presentaba su verdad acerca de quien o quienes eran los culpables del inicio del tiroteo. En mi sincera opinión, ninguna de estas versiones es cierta. Me identifico más con la expresada por un corresponsal extranjero, que achacaba el origen de los tiroteos a francotiradores que asesinaron a mansalva, tanto a manifestantes del gobierno como de la oposición, propiciando el posterior enfrentamiento, y por supuesto, el “no-golpe de estado”. Esta es una técnica tan vieja y manoseada, que hasta constituyó una de las tramas el año pasado de la tira cómica dominical de Lee Falk, El Fantasma, narrando como unos forajidos ponen a pelear a dos tribus entre sí, atacando a ambas, y haciendo ver a cada una, que el atacante había sido la otra. Al respecto he oído numerosas versiones de quienes estuvieron detrás de esa masacre. Que si fue la CIA, porque Bush quería derrocar a Chávez antes de invadir a Irak; o el servicio secreto israelí, El Mosad, para eliminar un gobierno aliado de sus enemigos naturales, los árabes; otros lo atribuyen a las FARC, con el fin de auspiciar una radicalización de las conductas del gobierno y hasta los anticastristas de Miami han sido acusados de estar detrás de esa acción, con el fin de privar a Castro de un aliado. Lo que sí queda claro para mí, es que en este caso, como en muchos otros, lo que ha habido es una vulgar manipulación de la verdad, para defender intereses económicos y/o políticos. Un debate maniqueo Y esto plantea una reflexión obligada, de si es conveniente que los medios audiovisuales continúen manteniendo el actual esquema de funcionamiento. La experiencia vivida y que aún continúa, indica a las claras que no deben seguir funcionando de esa manera. Debe iniciarse un debate a fondo sobre los medios audiovisuales, más allá de la Ley actualmente en discusión, que involucre a todos los sectores de país que tienen preparación, responsabilidad y sensibilidad humana y social. Claro que se pudiese argumentar que el clima actual no es el más propicio. Y en verdad que cuando uno se pone a detallar los simplistas y banales argumentos esgrimidos en la actualidad acerca de la actual discusión de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, que van de ser tildada de Ley Mordaza o de Ley Antiescuálida, por muchas personas e instituciones, incluso universitarias, que hasta hace poco respetábamos y admirábamos por sus profundidades en sus análisis sobre el tema, se llega a la triste conclusión de que se han imbecilizados en el estiércol politiquero y han perdido, esperemos que momentáneamente, su capacidad de orientación moral y científica. Pero eso no debe ser óbice para diferir el debate. Al contrario, hay que analizar y debatir sobre estas vivencias en caliente, para tratar de impedir su repetición. Proposiciones concretas Por ejemplo, yo propondría que, dado el carácter formativo de los medios audiovisuales, se limitara su propiedad y dirección a profesionales humanísticos y científicos, cuyas carreras estén relacionadas con esa misión tan determinante para cada ser humano, como es la formación de su personalidad. Me explico. Así como un bufete legal es propiedad y dirigido por abogados, una oficina de construcción por ingenieros y arquitectos, una clínica por médicos, un medio de comunicación debe de ser propiedad y dirigido por sociólogos, educadores, artistas, psicólogos, psiquiatras, periodistas, etc. en fin, por profesionales que entiendan la tremenda responsabilidad social que poseen. Pero además, en este tipo de medios, el capital debe de ser democrático. Es decir, muchos, y nosotros hablaríamos de dividir el capital social por partes iguales entre un mínimo de tres a cinco mil accionistas, y no más de un medio por cada uno, que ejerzan ese tipo de profesiones, y que por supuesto, tendrían la potestad de elegir la Junta Directiva, que buscará, como en toda empresa, maximizar las ganancias, pero, por la misma formación académica y moral, estaría casi garantizado una apropiada misión formadora e informadora. Estoy convencido que con este tipo de figura, ni siquiera haría falta una Ley de Contenidos, y serían innecesarias declaraciones como las de Ibsen Martínez, citado por Díaz Rangel en ultimas Noticias el pasado 16 de febrero, y que decía con relación a la autorregulación de las novelas que “equivale a haberle pedido a Al Capone y a O'Bannion que hubieran elaborado un código de ética para la guerra en el Chicago de la ley seca”. Una Ley elaborada con ese propósito eliminaría, además, la necesidad de controversias sobre prohibición de renovar licencias o el peligro de la expropiación, porque de esa manera los actuales inversionistas de los medios audiovisuales verían garantizado la recuperación de sus cuantiosas inversiones. Y por supuesto que no haría falta que el Estado como tal tuviese ningún medio audiovisual. En tanto que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o las Universidades Nacionales si debiesen de tener canales para la difusión de los conocimientos científicos, humanísticos, deportivos y culturales. Si esto llegase a ser así, debería complementarse con un ordenamiento legal que impida la intromisión del Ejecutivo, llámese CONATEL o Ministerio, coartando o impidiendo la actividad formativa y comunicativa de los medios. De allí nuestra cita inicial. Si como expresa Benjamín Akzin, la corriente positivista expresa que, “El derecho positivo es impuesto por el Estado.” (a través de su legislación) y “El derecho natural o moral, es ese vago, y sin embargo, notorio conjunto de principios que en la conciencia humana separa lo justo de lo injusto.” Entonces es nuestro derecho, y más que eso, nuestro deber, el contribuir a que nuestro ordenamiento legal se ajuste a la moral y contribuya al engrandecimiento de nuestro pueblo.