Convocatoria al X Foro Nacional
Por los derechos humanos, las libertades democráticas y la solución política del conflicto
05/02/2003
- Opinión
Bogotá, abril 24 al 26 de 2003
Colombia vive un conflicto social y armado que aflige a toda la nación. El
derecho a la vida, el más elemental de los derechos humanos ha desaparecido
prácticamente con la extensión de la confrontación a todas las regiones del
país. El secuestro, la desaparición forzada, las innumerables masacres, los
homicidios políticos, el desplazamiento forzado, la tortura y muchas otras
atrocidades cometidas contra los seres humanos, son indicativos de la
gravedad del conflicto actual y de su degradación en un inmenso holocausto.
Desde la ruptura de las conversaciones entra el Gobierno y las FARC el 20 de
febrero de 2002 el conflicto armado se ha intensificado con sus secuelas de
muerte y destrucción.
Calificar de catástrofe humanitaria la realidad del drama humano que padece
Colombia es corto para los sentimientos de dolor, terror, inconformidad
reprimida, desesperanza e indignación que viven millones de personas en el
país.
El fracaso de los procesos de paz y el abandono de sus logros por el
endurecimiento de las partes, ha significado, de momento, un cambio
desfavorable en la búsqueda de una salida política y de otras variantes de la
negociación.
Seguridad democrática: ¿al servicio de quien?
La actual administración no tiene una política de paz e intenta ocultar, tras
el planteamiento de la mediación internacional de la ONU, los cascos azules y
otros distractores, su preferencia por la salida militar. Luego de la
ruptura de los diálogos con las FARC y el ELN el actual gobierno asume como
bandera para la solución del conflicto armado la derrota de la guerrilla o la
creación de condiciones que le permitan imponer un acuerdo de paz sin
concesiones ni cambios sociopolíticos. Un contexto tan pugnaz dificulta los
acercamientos para un Acuerdo de Intercambio Humanitario
El nuevo gobierno a ofrecido poner fin al conflicto armado con su política de
"seguridad democrática". Sin embargo, esta estrategia no prevé un programa
para combatir las violaciones de derechos humanos y las infracciones del
derecho internacional humanitario.
Evidentemente la mayoría de la población pide a gritos seguridad, pues la
sistemática violación de los derechos humanos, los atentados contra la vida y
la dignidad, la precarización del salario y el empleo, el deterioro veloz de
la seguridad social, la persistente crisis de la justicia y la impunidad, la
extensión del paramilitarismo y el alejamiento de unos acuerdos de paz con
los movimientos insurgentes reflejan una enorme desprotección para los
ciudadanos. De otro lado, la democracia restringida en Colombia se expresa
en la ausencia de espacios de participación, la falta de garantías para las
diversas agrupaciones sociales y políticas de la oposición, en limitaciones
muy serias a los derechos de organización, expresión en los medios masivos y
movilización ciudadana.
Entonces la pregunta que surge es: ¿El modelo de seguridad democrática que
está en curso, coincide con las necesidades de seguridad y democracia que
anhela el conjunto del pueblo colombiano?, ¿Seguridad para quienes?, ¿al
servicio de qué intereses?
En desarrollo de la llamada "seguridad democrática" el gobierno decretó el
estado de conmoción interior, las zonas de Rehabilitación y el recaudo de
impuestos con destino a los operativos militares, entre otros.
Adicionalmente se viene impulsando la participación de civiles en el
conflicto armado con el reclutamiento de los soldados campesinos y las redes
de informantes, con lo cual no solamente se tiende a legalizar el
paramilitarismo sino que se propicia la polarización de la sociedad hasta
amenazar convertir el conflicto actual en guerra civil abierta.
No se limita esta política a la aplicación del régimen de excepción. La idea
oficial es convertir en un nuevo ordenamiento constitucional y legal las
normas de excepción que están en curso. Volver a la práctica del viejo
estado de sitio, con sus secuelas de arbitrariedad, recorte de libertades,
represión y deformación de varias instituciones surgidas de la reforma
constitucional de 1991.
El referendo y la constitución
habrá un referendo y avanza en el Congreso la reforma política con propuestas
que no toman en cuenta la necesidad de democratizar la vida política sino de
cerrarla aún más. La reforma de la justicia apunta a suprimir el Consejo de
la Judicatura, limitar las facultades de la Corte Constitucional, recortar el
alcance de la tutela, liquidar las personerías y acabar los órganos de
control, entre otros objetivos. Como si fuera poco, se vienen fusionando y
suprimiendo ministerios y entidades oficiales, ejecutando más despidos, todo
en nombre de la racionalización del gasto. Varias medidas de la conmoción
podrán convertirse en legislación permanente.
Los primeros meses de gobierno señalan un balance preocupante en tanto el
conjunto de sus medidas no solo no arroja resultados apreciables en la
confrontación con los grupos armados irregulares, y en la reducción de la
violencia, sino que, por el contrario, se mantienen las violaciones a los
derechos humanos. La principal afectada viene siendo la población civil,
pues se han presentado graves atropellos de la fuerza pública que incluyen
allanamientos a domicilios y sedes sindicales y sociales como las de la CUT
Valle, la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Terre des
Hommes en Barrancabermeja y otras, así como el sucesivo y planeado incremento
de intimidaciones y amenazas a lideres sindicales y defensores de derechos
humanos.
Se ha desatado una oleada de capturas momentáneas de población civil, bajo
indicios o sospechas de ser delincuentes. En este progresivo desarrollo de
la campaña intimidatorio inquietan no solo los casos de la comuna 13 de
Medellín y Arauca; también son dramáticos los casos de urbanización del
conflicto en ciudades como Cúcuta, Cali, Bogotá y Barrancabermeja, que son
zonas de rehabilitación de facto, es decir, no están delimitadas por decreto
o resolución alguna, pero se caracterizan por una densa presencia militar.
Esta política va en contra de las recomendaciones formuladas por las Naciones
Unidas (ONU) y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en
el sentido de hacer frente a la impunidad en los casos de violaciones de
derechos humanos, que combatan y desmantelen a los paramilitares respaldados
por sectores del Estado, que respeten el derecho de la población civil a no
verse arrastrada al conflicto y que adopten medidas para garantizar la
seguridad de los sectores sociales vulnerables.
Es cada vez mayor y sobresaliente la presencia de estructuras de tropa
estadounidense en el territorio y en la asesoría de las acciones bélicas.
Las fuerzas que lo apoyan derivan su cohesión de dos factores externos: el
Plan Colombia, como estrategia y logística militares, impulsados por los
Estados Unidos, y la nueva política de dominación global cuyo nervio es la
estrategia antiterrorista del Presidente Bush en la escala mundial.
Acuerdo humanitario y solución política del conflicto armado interno
El gobierno ha emprendido contactos con los grupos paramilitares con la
pretensión de su desmovilización e indulto. Somos partidarios del
desmantelamiento total del paramilitarismo a partir del reconocimiento que
debe hacer el Estado de su responsabilidad por la existencia y apoyo a estos
grupos ilegales; la conformación de una comisión de la verdad, el juzgamiento
imparcial de sus crímenes y el respecto al derecho de las victimas a la
verdad, la justicia y la reparación.
Las organizaciones que promueven iniciativas por la paz y los derechos
humanos, los diversos sectores políticos y sociales, Las iglesias, los
afrocolombianos e indígenas, el movimiento de mujeres y jóvenes, los
familiares de los secuestrados y presos politicos, que han asumido la tarea
de propender por los acuerdos humanitarios, el intercambio de prisioneros por
presos políticos, los diálogos regionales y otras formas de acercamiento para
el diálogo, tienen una labor prioritaria en la exigencia de una negociación
directa, inmediata, que retome las agendas, recomendaciones y acuerdos
alcanzados en anteriores procesos.
Superar la guerra y trasegar el camino de la justicia social no será tarea
fácil. Sin embargo es un imperativo persistir en la solución política del
conflicto, pues partimos del convencimiento que no hay solución militar
posible a esta confrontación.
Impactos de la política económica sobre el nivel de vida de la población
Como lo han manifestado los lideres sociales, todo el actual diseño de la
economía busca descargar sobre el ingreso salarial el costo de la seguridad
democrática. Este conjunto de medidas de ajuste fiscal destinadas a
garantizar el pago de la deuda pública, las remesas de utilidades de los
inversionistas extranjeros y a cubrir el incrementado gasto en guerra, es la
base de los acuerdos con el FMI a cambio de créditos de standby.
La reforma tributaria amplia el IVA a productos de la canasta familiar y a
campos que estaban exentos; baja el nivel de los salarios gravables; aumenta
el porcentaje del impuesto a la renta. Las reformas pensional y laboral
también se afectan gravemente; la llamada flexibilización laboral reduce el
valor de las horas extras, dominicales y festivos; prolonga la jornada
laboral diurna, disminuye las indemnizaciones por despidos, desconoce el
salario mínimo y crea condiciones precarias de contratación laboral, todo lo
cual se traduce en menos salario y mayor inestabilidad, en lugar de más
empleo como pregonan el gobierno y los gremios empresariales.
Se repiten los argumentos con que se presentó la Ley 50 del 1990 y que han
acompañado, desde entonces, los sucesivos discursos de cada gobierno al
proceso de "flexibilización" del mercado laboral. Desde 1990 hasta nuestros
días los "revolcones" de hecho y de derecho han sido el pan de cada día en
materia laboral, con el consiguiente agravamiento de la situación.
Por su parte, el ALCA es una estrategia económica de integración neo-colonial
que busca fortalecer la economía de Estados Unidos y sus corporaciones,
favoreciendo la circulación de sus bienes y servicios, en detrimento de las
economías, la soberanía y el nivel de la población de América Latina.
Así las cosas, el tema de la lucha por la democracia ocupa un primer plano.
El X Foro se propone estimular la brega común contra el conjunto de estas
medidas, comenzando por el levantamiento del estado de conmoción, y la
supresión de todas las normas tomadas a su amparo. Propugnamos por la
defensa de las libertades democráticas y los derechos fundamentales. El
Referendo contiene medidas antidemocráticas y violatorias de los derechos
humanos. La sociedad en su conjunto clama por una verdadera reforma política
democrática que genere una apertura a la participación de los ciudadanos en
las decisiones esenciales.
En esta perspectiva, la lucha por los derechos humanos integrales, congrega
la acción común de las organizaciones de derechos humanos y los sectores
políticos y sociales.
El X FORO NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS será escenario de unidad y
convergencia democrática; punto de encuentro de los hombres y mujeres que
propugnamos por un Estado social democrático y de derecho. Solo así se podrá
comprender que la lucha por la defensa de los derechos humanos, en tanto es
una aspiración legítima por un orden social democrático, justo y humanista,
exige los cambios de fondo que Colombia requiere para consolidar la paz.
Bogotá, Febrero 5 de 2003
Información e inscripciones: Carrera 10 N? 24-76 of. 805
Teléfonos: 2862702 - 3360929
Fax: 3410535
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