Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes presentan las siguientes observaciones sobre la coyuntura: Sobre el conflicto político y la crisis de gobernabilidad 1. Los principales problemas del país son la exclusión social, la debilidad institucional, la desvinculación entre ética y política y la intolerancia. Se trata de problemas estructurales y, por tanto, de vieja data. El país está, sin embargo, polarizado en un debate que parece ocultarlos. La continuidad o no de Hugo Chávez en la Presidencia de la República, tiene vínculos con esos problemas. Pero la solución de problemas estructurales requiere mucho más que la salida o permanencia de un Presidente. Si esos problemas no se incluyen en la agenda pública, el país corre el riesgo de fomentar su propia frustración y aumentar el nivel de deterioro de la situación política, económica y social. 2. Más allá de esa reflexión preliminar, es evidente que el nivel de polarización existente en el país, y particularmente en Caracas, generó una crisis de gobernabilidad en todos sus niveles y un aumento de la violencia política que es necesario reducir de inmediato. El único modo de hacerlo, en una democracia, es consultando a la población sobre hacia dónde quiere que se oriente su futuro. Las organizaciones de derechos humanos celebramos la coincidencia entre el gobierno y la oposición en la necesidad de realizar una consulta popular. Les exigimos a ambas partes que, en el marco de las posibilidades constitucionales: a) lleguen rápidamente a un acuerdo sobre las características de esa consulta, b) colaboren para obtener un Consejo Nacional Electoral y un Registro Electoral confiables para todas las partes, c) se reconozcan como representantes válidos de diversas y legítimas visiones de país y, d) cedan en sus intereses sectoriales a favor de los intereses colectivos. 3. La ausencia de acuerdos entre el gobierno y la oposición sobre el tipo de consulta que se debe realizar, constituye un estímulo a la violencia y a la anomia. Pero igualmente hay que decir, que si los distintos sectores que intervienen en la vida nacional no son capaces de llegar a acuerdos mínimos de coexistencia, más allá de la consulta y sus resultados, la violencia no desaparecerá, porque tampoco lo harán la exclusión social, la debilidad institucional y la intolerancia. 4. Agradecemos y apoyamos los esfuerzos que el Secretario General de la OEA, Cesar Gaviria, está haciendo a favor del diálogo y valoramos su paciencia, mediación y su preocupación por la paz en nuestro país. Sobre el Paro Cívico Nacional, los hechos de violencia y la violación a los derechos humanos 5. El Paro Cívico, es un ejercicio del derecho humano a la manifestación. Pero ello no puede justificar la toma de partido - activa o pasiva- de la FAN a favor de ninguno de los bandos en conflicto. Por tal razón cuestionamos a los presidentes de Fedecámaras, y de la CTV, quienes públicamente formularon llamados a la intervención militar en el Paro Cívico iniciado el 02.12.02. Este hecho adquiere particular relevancia en tanto, estos ciudadanos son representantes de las organizaciones convocantes al Paro. 6. Como todo derecho humano, la huelga y la manifestación no son ilimitados. Tal como se desprende de los tratados de la OIT, los servicios esenciales deben ser garantizados por particulares y por el Estado. Ello implica una negociación entre las partes para garantizar esos servicios en beneficio de toda la población. 7. Desde el 02.12.02 se registran situaciones de intolerancia social contra empresas o comercios que han decidido no sumarse al Paro. Estos hechos, en los que se ha hecho uso de la violencia, deben ser investigados y sancionados. 8. Los días 2 y 3 de diciembre, tanto en el interior del país como en la sede de Pdvsa - Chuao (Caracas), se registraron acciones violatorias de los derechos a la integridad personal y la manifestación. El más notorio de estos incidentes fue el ocurrido en Pdvsa - Chuao el 3 de diciembre, en donde la GN, sin ningún tipo de mediación, dispersó una manifestación pacífica con bombas lacrimógenas y perdigones. El gobierno esgrime que estaba haciendo valer uno de los Decretos que convierte las adyacencias de la base aérea La Carlota en una Zona de Seguridad. Tal como el movimiento de derechos humanos lo ha señalado anteriormente, ese decreto es írrito y, por tanto, su invocación para restringir una manifestación pacífica también lo es. Estos hechos deben, igualmente, ser investigados y sancionados. 9. Solicitamos al Ministerio Público pronunciarse a la brevedad en torno a las investigaciones adelantadas sobre los hechos enunciados. 10. Exigimos al Ejecutivo Nacional, estadal y municipal que, apegado al marco constitucional, tome todas las medidas pertinentes que puedan garantizar el ejercicio de los derechos humanos a toda la ciudadanía, tanto a quienes se sumen al paro como a quienes decidan acudir a sus lugares de trabajo. 11. Hacemos un llamado a todos los empleadores para que no violenten el derecho que tienen los trabajadores a recibir su salario ya sea el pago semanal, quincenal o mensual y a no violentar las jornadas y días correspondientes de trabajo. 12. Hacemos un llamado a la población a mantener la calma y no acatar ningún llamado, de cualquier tendencia, a la violencia, para que prevalezca el espíritu pacifista y democrático que nos ha caracterizado como pueblo venezolano. El derecho a la protesta, a favor o en contra del gobierno, debe ser ejercido dentro de los alcances y límites de la ley. 13. Solicitamos a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, que fomenten un ambiente propicio al entendimiento, que muestren la diversidad de ideas y opiniones sobre la actual crisis y condenen cualquier alteración del orden constitucional y la violencia. 14. Solicitamos a los líderes de todos los sectores que hagan un llamado a la calma que evite la violencia y se comprometan en el respeto a los mecanismos democráticos para el procesamiento de los disensos. Suscriben: - Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica "Andrés Bello"
- Colectivo Aportes (Asistencia y Servicio Integral a los Trabajadores)
- Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap)
- Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
- Comisión de Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de Venezuela (Secorve)
- Centro por la Paz de la Universidad Central de Venezuela
- Comisión de Derechos Humanos de Puerto La Cruz
- Servicio Jesuita para los Refugiados
- Humana Dignitas
- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)