Pronunciamiento del Foro de Acción Política «Otra Costa Rica es posible, otro mundo es posible»
La política fiscal y nuestro pueblo
10/09/2002
- Opinión
Introducción
El debate en el seno de la Comisión Mixta para el Pacto Fiscal ha
empezado a virar en la dirección correcta: se aleja de la consideración
del tema como un aspecto meramente contable y se empieza a analizar
como parte sustancial de toda la política económica ejecutada en los
últimos veinte años.
Esa visión integral debe ser profundizada por los sectores populares.
Es un buen momento para hacer un balance de los resultados de la
política de ajuste estructural aplicada bajo los cánones del
neoliberalismo y proyectar un verdadero modelo de desarrollo que ponga
su énfasis en el desarrollo político, social y ambiental; y ubique los
aspectos económicos en el campo de los instrumentos, desterrándole del
de los objetivos. Bien se puede afirmar que la gran locura de nuestra
época, la del capitalismo salvaje, es haber convertido la organización
económica en un fin en si mismo, olvidando que la razón de ser de la
organización económica es alejarnos de la caverna, servir al desarrollo
de la humanidad y no el de conducirnos a la destrucción de la vida. La
economía deber estar al servicio de los pueblos, no los pueblos al
servicio de la economía.
Planteado desde esa perspectiva el tema fiscal es amplio y complejo por
lo que se hace bien en definir principios rectores que reduzcan el
peligro de extraviarse. A nuestro juicio esos principios deberían ser
los siguientes:
1. La política fiscal debe ser un instrumento de solidaridad social
permitiendo la transferencia de recursos de los que más tienen a
quienes menos tienen.
2. El gasto público debe ser el principal instrumento para que en el
largo plazo nuestro país amplíe su capacidad de producción.
3. La política fiscal debe sustentarse en la ética y fortalecerla.
4. La política fiscal debe ser parte de la política económica y
social, en función de impulsar el desarrollo nacional sustentado en la
solidaridad nacional e internacional, la renovación de la democracia,
la paz con la naturaleza, y el fortalecimiento de la independencia y
autonomía de nuestro pueblo.
En atención a esos principios nos manifestamos sobre el tema fiscal con
el propósito principal de brindar otro aporte al debate planteado y con
la esperanza de que la unidad y la coordinación de los sectores
poipulares permita que en algún momento inmediato puedan recogerse las
ideas y formalizarse en un ideario de los sectores populares, que sirva
de apoyo a la lucha social y política.
El modelo de los clavos de oro
La situación fiscal es consecuencia de la toda la política económica
aplicada en los últimos veinte años. Hacia inicios de los años ochenta
Eduardo Lizano, presidente vitalicio del Banco Central, definió la
política a ejecutar como una que permitiese a los empresarios hacer
clavos de oro, era esa su receta para sacar al país de la crisis.
Veinte años después los resultados son innegables: los ricos se han
hecho más ricos y los pobres más pobres, se desarrolló de manera
acelerada la corrupción a vista y paciencia de las autoridades y en
casi todos los casos con su abierta participación, la exclusión social
se incrementó y de su mano la violencia social crece desmesurada, la
entrega de la riqueza nacional al capital extranjero es galopante, la
explotación de los obreros, de los campesinos y de los sectores medios
es asfixiante. El control extranjero sobre nuestra economía ha
alcanzado niveles extraordinarios, de 1995 al 2001 creció en un 355%.
Los pagos netos al exterior, remesas de utilidades, pasaron de ¢
55.326,3 millones en el 95 a ¢304.726,5 millones en el 2001, un
crecimiento del 450%. En seis años el déficit comercial del país con
los EEUU pasó de $577,5 millones a $ 732,4 y con relación a México
cambió de $164,9 millones a $324,1 millones.
Como resultado de las presiones del FMI, del Banco Mundial y del
Departamento de Estado de los EEUU, con la complacencia del bi-
partidismo, Costa Rica perdió en los últimos años dos formidables
instrumentos de política: El control del ahorro público y los aranceles
a las importaciones. Con el pretexto de impulsar un sector financiero
"moderno" se ha desregulado y privilegiado al capital financiero,
sector que domina al bloque social hegemónico. La política monetaria
ejecutada por el Banco Central inclinada a favorecer al capital
financiero privado deja pérdidas que deben ser pagadas en última
instancia por los trabajadores.
Partiendo de cifras oficiales sobre los principales casos de
corrupción, el saqueo a las arcas públicas asciende al 66% de la deuda
pública. Si sumamos a los robos reconocidos oficialmente, lo de
vivienda, las licitaciones amañadas, las pensiones exorbitantes, las
consultorías falsas, el derroche, podemos afirmar a voz en cuello que
si los ladrones no hubiesen gobernado el país no existiría deuda
alguna, razón fundamental para oponerse de manera férrea a resolver
ahora el problema creado con más cargas e impuestos sobre el pueblo.
Además no ha existido transparencia en cuanto al porcentaje de la deuda
pública que está en manos de los sectores privados, porque la sociedad
no tiene garantías y seguridad de que esos fondos ingresaron
efectivamente al erario; no se sabe a ciencia cierta, como lo afirmó el
presidente Pacheco en campaña electoral, cuánto debemos y a quién se lo
debemos. En ese sentido cobra importancia la demanda de una Auditoría
confiable de la deuda interna.
Una política fiscal perversa
La política fiscal y la de salarios son los principales instrumentos de
política para propiciar una equitativa redistribución del ingreso de
los que más tienen a quienes menos tienen y por esa vía mejorar la
calidad de vida de la población. Las estadística reflejan que en Costa
Rica la redistribución ha operado a la inversa. Los ricos se han hecho
más ricos y los pobres más pobres. En el último semestre, tomando en
cuenta en reajuste salarial de Julio, los trabajadores han sufrido una
disminución de sus salarios reales. En los últimos cinco años el
desempleo abierto pasó de un 5,2% a un 6,1% y la precarización del
empleo señalada en la tasa de subutilización pasó de 11% a un 13%
afectando a 226.500 trabajadores.
Quienes más inflan el globo de la crisis fiscal se desgañitan
reclamando una reducción del gasto público. Esta posición debe ser
rechazada. Bastaría constatar las carencias de cualquier centro
educativo público o acercarnos aun más a los problemas del ambiente, a
las dificultades de las personas con discapacidad, a la vulnerabilidad
de miles de niñas y niños del campo y la ciudad, para darnos cuenta de
la urgente necesidad de incrementar el gasto. Pero aparte de esas
consideraciones de equidad y de solidaridad, hay que indicar que la
reducción del gasto equivaldría a poner al país en la antesala de un
peligrosa crisis como la que sacude otras sociedades latinoamericanas.
Como porcentaje del PIB el déficit se ha reducido desde 1989, pero con
mayor énfasis a partir de 1994 año que ascendió al 5,5%, el año pasado
fue un 2,9%. Esta contracción del gasto ha sido acompañada de una
política monetaria restrictiva que ha reducido la inflación desde un
22,56% en 1995 hasta un 10,9% en el 2001, asimismo las tasas de interés
se han reducido en el mismo periodo de un 31,26% a un 15,1%. Estas
políticas constrictivas han pasado la factura en el deterioro del
empleo se señaló antes.
Las presiones sociales y la creciente ingobernabilidad que enfrenta el
bipartidismo, por un lado y las presiones de la oligarquía nacional y
el capital internacional por otro, mantienen al país en una encrucijada
histórica. El gobierno ha apostado por una serie de proyectos de corte
neoliberal que dejan incólumes los intereses de los sectores
económicamente poderosos y que buscan intensificar la carga tributaria
sobre los trabajadores y de manera particular sobre los sectores
medios. Además insiste en reducir el gasto público.
El corazón del problema
El corazón del problema radica entonces no solo en financiar el déficit
actual sino en comprender que el desarrollo de Costa Rica exige de un
mayor gasto público, esto es de una mayor presencia estatal orientada a
satisfacer necesidades de los sectores pobres, a la protección del
ambiente, a la investigación científica y tecnológica, y a la
ampliación y mejoramiento de la infraestructura.
El mayor gasto público debe financiarse con impuestos a los sectores
ricos de la población, de manera que opere una verdadera redistribución
de la riqueza. El sistema tributario actual opera a la inversa La
carga tributaria recae de manera evidente sobre los sectores medios de
la población puesto que prácticamente todo su consumo está gravado con
el 13% del impuesto sobre las ventas, paga por planilla el impuesto
sobre la renta, y debe hacer frente a los impuestos municipales, sobre
los vehículos, el combustible, los seguros, y todas las cargas
sociales.
El 72,4% de los ingresos fiscales corresponde a impuestos indirectos y
el 27,6 al impuesto sobre la renta. Dentro del impuesto sobre la renta
está incluido lo que pagan algunas instituciones públicas como los
bancos, y lo que se rebaja directamente a los trabajadores por la
planilla. Cálculos basados en datos oficiales permiten afirmar que los
empresarios tributan apenas un 13,64% del total recaudado por el
Gobierno. En otras palabras de cada colón de ingreso fiscal los
empresarios pagan menos de 0,14 céntimos.
El sector empresarial jinetea la recaudación del impuesto de ventas y
no pocos empresarios se los roban y evaden impuestos de aduana y de
renta. Además el empresariado se beneficia de manera directa con
subsidios, proteccionismo, créditos especiales, avales del estado,
exenciones de impuestos y de ministerios que están a su exclusivo
servicio. Se puede afirmar que los empresarios reciben más de lo que
pagan, es decir su tributación es negativa.
El secreto de los delitos
La impunidad que facilita la corrupción se fortalece con dos arcaicos
secretos: el bancario y el fiscal. Por imposiciones internacionales
los bancos deben reportar a las autoridades del narcotráfico las
operaciones sospechosas que se realizan en dólares, pero no reporta
estas mismas operaciones, ni las que se realizan en colones a la
tributación directa.
Esos "secretitos" deben terminar, pero mientras se mantengan esa
nefasta legislación nada impide que Hacienda informe al país de manera
trimestral sobre la tributación de determinados sectores empresariales
como los bancos privados, el gran comercio, y otros sectores
industriales. La transparencia es indispensable para hablar con
seriedad de un pacto fiscal.
Los impuestos disfrazados
La deuda del Gobierno con el resto del sector público constituye el 62%
del total de la deuda pública interna. Esta deuda tiene dos
componentes por una parte la imposición del Poder Ejecutivo a las
instituciones de lograr excedentes de operación o utilidades en la caso
de los bancos, y por otra la necesidad de las propias instituciones de
colocar en el mercado financiero sus excedentes temporales o las
reservas de los seguros de incapacidad, vejez y muerte de la CCSS y las
reservas técnicas del INS. En el primer caso, de los excedentes
obligados, se trata de un impuesto disfrazado, antidemocrático y
absolutamente regresivo. Los excedentes pueden resultar de la
paralización de inversiones fundamentales para dar sostenibilidad al
desarrollo nacional, caso de electricidad y telecomunicaciones, salud;
de tarifas calculadas sobre el coste real, o de ambas. Este proceder
debe ser repudiado y combatido por los sectores populares por cuanto
constituyen un impuesto antidemocrático y antipopular. Antidemocrático
por cuanto no es aprobado en la Asamblea Legislativa, sino por el
Regulador General, y antipopular por cuanto quién más paga es el
pueblo. Debe además tomarse en cuenta que sobre los servicios
telefónicos se paga un 13% de impuesto de ventas, de manera que una
sobre tarifa, implica pagar impuesto de ventas sobre un impuesto.
En el segundo caso, en el de la colocación obligada de las reservas,
debe operar una política cristalina y los trabajadores deben vigilar
que esas reservas se paguen de manera puntual, va en ello, en gran
medida, el bienestar de los trabajadores y de sus familias.
La dimensión ética
A todos los aspectos señalados debe agregarse la dimensión ética. No
es ético que la sociedad gire alrededor de la evasión y los negocios
ilícitos. No es ético que políticos inescrupulosos se roben los fondos
públicos o les utilicen para alienar la conciencia de los beneficiarios
de los programas. No es ético que el gasto público esté operando en el
sentido de transferir riqueza de los sectores pobres y medios a las
clases adineradas. No es ético que se esté hipotecando el país al
capital extranjero.
El pacto fiscal
Desde diversas ópticas se ha planteado la necesidad de un pacto fiscal
en el que participen todos los sectores sociales. Frente a tales
propuestas las organizaciones populares han reaccionado de manera
diversa, pero ninguna de las posiciones asumidas hasta ahora se
presenta como excluyente. Para garantizar la coordinación de acciones
es indispensable respetar la diversidad de criterios, y al mismo tiempo
comprender que un pacto fiscal solo podrá ser beneficioso para nuestro
pueblo, si las organizaciones que representan a sus diversos sectores,
hacen converger sus acciones hacia propósitos únicos.
La unidad urgente
Ante la situación planteada es urgente la unidad y la coordinación de
todos los sectores populares. Profundizar el diagnóstico, afinar las
propuestas alternativas, informar a todos los sectores populares,
coordinar las acciones, y preparar las movilizaciones necesarias son
todas tareas urgentes para avanzar en una lucha firme en defensa de la
equidad, de la ética, del ambiente, del desarrollo nacional y del
impulso del proceso de renovación de la democracia. El Foro de Acción
Política aspira a ocupar un lugar en esa trinchera.
San José, Costa Rica, 7 de setiembre de 2002.
* José Merino del Río, Coordinador.
https://www.alainet.org/es/articulo/106370?language=es
![Suscribirse a America Latina en Movimiento - RSS](https://www.alainet.org/misc/feed.png)