Dos días después de la finalización de la última sesión del juicio de Eldorado do Carajás, los medios de comunicación local, nacional e internacional difundieron las ideas centrales de algunas entidades de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional indicando que el resultado del juicio fue "la crónica de una frustración anunciada", como declaró Paulo Sergio Pinheiro, de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. Amnistía Internacional incisivamente también demostró indignación y preocupación con el Poder Judicial Paraense - "El más grande juicio de la historia de Brasil, totalizando 120 horas, en cinco sesiones, expone una vez más los profundas grietas en el sistema de justicia del Estado de Pará", informó el comunicado de Amnistía Internacional. En verdad el pronunciamiento de la Secretaria Nacional de Derechos Humanos y la nota de Amnistía Internacional confirman lo que el Movimetno dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la Red Nacional de Abogados Populares (RENAP) las Pastorales Sociales de la CNBB Norte 2 ya habían anunciado antes incluso de iniciarse la primera sesión del Juicio de Eldorado. "La justicia brasileña nunca castiga las autoridades que mandan y los que ejecutan los crímenes que violan los derechos humanos. La condena cuando se da, es solo un apaño hecho para disfrazar la impunidad que es asegurada por el propio estado, a través del poder judicial". De los 142 policías, entre soldados y oficiales, solo hubo dos condenas que evidencian una acción simbólica incoherente como afirmó Amnistía Internacional: "las condenas parecen ahora ser un gesto simbólico, dada la inhabilidad de la investigación policial y del proceso judicial en identificar individualmente los responsables criminales por las muertes a tiros y golpes de machete de 19 activistas rurales". Incluso la Sociedad de Defensa de los Derechos Humanos de Pará que mantuvo la esperanza de un juicio imparcial y libre se tuvo que retirar en las vísperas de la última sesión, al convencerse en ese momento de la falsedad anunciada. Durante todas las sesiones del juicio se hizo evidente la total ausencia de la sociedad civil organizada. Incluso cuando se abrió al publico en general, en la 4ª sesión , la sociedad se mantuvo distante la sala del juicio. Miembros de las entidades de Derechos Humanos pasaron por la sala del juicio solo para confirmar "in situ", de un lado la clara inseguridad del juez Roberto Moura en la conducción del juicio y de otro el vacío del plenario, ocupado solo por la prensa local, que registró la gran intolerancia y opulencia del Tribunal de Justicia del Estado (TJE) demostró la fragilidad del poder judicial paraense para juzgar crímenes que violan los derechos humanos. Pedimos a todas las entidades de Derechos Humanos y de apoyo a la organización y a la lucha de los trabajadores rurales, envíen carta de denuncia la Ministro de Justicia y al Presidente del Tribunal de Justicia de Pará solicitando la anulación del juicio y la inmediata transferencia de los crímenes contra los derechos humanos a la esfera Federal. Este juicio desnudó definitivamente la necesidad y la urgencia de la aprobación de la ley que juzgará los crímenes contra los Derechos Humanos. Es necesario continuar firmes en la lucha por la justicia en el campo contra la impunidad reinante en el Estado de Pará y en Brasil y, la federalización de los crímenes contra el latifundio. Belém, 14 de junIo de 2002
CPT Pará, MST Pará, CJP da CNBB e Cáritas. Tribunal de Justiça do Estado - TJE
Presidente: Climenie Bernadette de Araújo Pontes
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Fax 61 321 1565/ 226-7980/ 322 6817
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