El bravo pueblo de Bolívar derrotó a la dictadura... y ahora exige justicia La Plataforma por la Democracia Radical, espacio de articulación y deliberación en el que convergen miembros de organizaciones populares, movimientos políticos, corrientes sociales e individualidades en torno a la idea común de profundizar las transformaciones democráticas que fortalezcan la construcción de un genuino poder popular en el país, se dirige a la nación venezolana y a los pueblos del mundo, para expresar nuestro más enérgico rechazo al Golpe de Estado adelantado por sectores reaccionarios de la ultraderecha venezolana, atentando contra la soberanía popular, contra el gobierno legítimamente constituido del Presidente Hugo Chávez Frías y contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Al hacerlo, no hacemos sino ratificar nuestro compromiso ético- cultural con el ideario político de la democracia sustantiva, y nuestro inequívoco apego al ordenamiento constitucional de 1999, en tanto marco jurídico-político que nos dimos libremente los venezolanos y venezolanas al activarse el proceso constituyente soberano; en la búsqueda colectiva de auténticos senderos de felicidad, bienestar colectivo, justicia, libertad, igualdad, dignidad humana y defensa de la soberanía nacional. Historias que no son la versión de los poderosos: La conspiración que se comenzó a fraguar desde el mismo día en que la mayoría popular eligió al presidente Hugo Chávez, tuvo su desenlace sangriento el 11 de abril del 2002. La retórica reaccionaria de una ultraderecha avergonzada ha sido la voz altisonante de la oposición, con la conversión neoliberal y neoconservadora del ideario de socialcristianos y socialdemócratas, así como de los exquisitos ex funcionarios de la izquierda de cátedra. Desde la propia campaña electoral del año 1998, el clima de prejuicios del proto-fascismo militante se venía sedimentando en el imaginario político, alimentando la hostilidad contra todo aquello que pudiera ser asociado a lo popular, lo nacional, a la justicia social y la emancipación de y para las mayorías nacionales. El proto-fascismo reclutó sus miembros más activos de segmentos anticomunistas de las clases intermedias, de antiguos intelectuales del izquierdismo universitario recién convertidos al liberalismo-conservador, de una burocracia sindical consustanciada con la corrupción, y de aquellos personajes políticos para los cuales la pobreza es responsabilidad de los pobres, la desigualdad un estado natural y la exclusión la conclusión lógica del "hecho" de no formar parte de los afortunados ganadores del darwinismo social. Desde la propia victoria de Chávez, y recién aprobada la actual Carta Magna, esta tendencia ultraderechista comenzó a fraguar diversas iniciativas para consolidar lo que uno de sus portavoces denominó la "estrategia de la victoria cívica". Ante un pueblo insumiso y cada vez más consciente de sus derechos, era necesaria una respuesta aleccionadora, para recordarle al pueblo, palabras más, palabras menos, que la superioridad moral e intelectual es un don de la oligarquía. La culminación de la fase decisiva del plan conspirativo se inició con el paro de la cúpula empresarial del 10 de diciembre del 2001. Esta acción tuvo como propósitos esenciales la derogación de facto de las leyes que reconocen los derechos sociales de los sectores populares excluidos, la quiebra de la posibilidad de consolidar las bases de un modelo de desarrollo humano, y el derrocamiento del Presidente de la República. El ataque sistemático contra el Presidente Chávez, como principal figura del liderazgo surgido al calor de las rebeliones populares contra el pacto de las oligarquías del dinero, del poder y del "status quo" mediático-cultural; ha dominado la atención de la escena política en los últimos tres años. El proyecto estratégico de las fracciones reaccionarias de la clase dominante consiste en: - la derogación de la Constitución Bolivariana, por su carácter progresista y explícito reconocimiento a los derechos humanos y sociales del pueblo, - la imposición de un bloque político-económico restaurador de privilegios, - la aniquilación autoritaria de las voces que reclaman en diversas movilizaciones sociales: justicia social, lucha contra la corrupción y democracia sustantiva. La contra-cara del proyecto pretende instalar, en cambio, una "democracia protegida" o sin eufemismos, una "dictadura de ultraderecha", con una máscara pseudo-democrática y pseudo-institucional, con contenidos claramente autoritarios y anti-populares, accionando en contra de las organizaciones que movilizan los intereses y demandas de las mayorías y de los sectores patriotas de nuestro país. La conspiración aprovechó las circunstancias del conflicto de la industria petrolera, para manipular y politizar el clima de malestar existente en la misma, saboteando las negociaciones y estimulando la confusión en el proceso de ajuste institucional de PDVSA, precipitando el plan golpista. Dos operaciones secundarias adicionales confluirían en el logro de la estrategia inmediata de derrocamiento del Presidente de la República: En primer lugar, la paralización de las actividades económicas del país, a través del llamado irresponsable a una "huelga general indefinida", ya anunciada en diciembre del año 2001 por una corrupta cúpula sindical, usurpadora de la voluntad legítima y democrática de los trabajadores de base; con una clara intención desestabilizadora y bajo las directrices del genocida Carlos Andrés Pérez, pretendiendo generar desabastecimiento, especulación, violencia y caos. Esta iniciativa no surtió los efectos esperados, por el desacato de la mayoría de los trabajadores quienes claman día a día por trabajo, mejores remuneraciones, estabilidad laboral, bienestar social y paz; así como por significativos sectores empresariales de la industria básica, de las pequeñas y medianas empresas, los servicios públicos, la banca, así como un importante porcentaje del sector comercio, animados en la tarea histórica de reconstrucción y recuperación económica del país. En segundo lugar, se trató de generar una alteración artificial de la paz ciudadana, acciones de sabotaje y bloqueo de cualquier iniciativa de canalización institucional de los conflictos que expresan demandas justas y legítimas de diferentes sectores de la sociedad. Objetivo que intentaron desesperadamente el Martes 9 y el miércoles 10 de abril con la generación de un clima de agitación, llamados a la desestabilización, a la subversión política y a la disolución del orden social, con intentos de saqueo, incitación al desorden, a la desobediencia civil y al cierre de vías. Las dos operaciones anteriores concluirían en la estrategia principal, a través del derramamiento de sangre inocente, la búsqueda de un pronunciamiento militar contra el presidente Chávez en una situación artificial de presión- desinformación y la instauración aparentemente institucional de un golpe de estado, maquillado con el subterfugio de una inexistente "transición democrática". Esta figura de facto intentaba esquivar las restricciones que impone la carta democrática de la OEA a los golpes dictatoriales, facilitando un posible reconocimiento hemisférico e internacional, garantizado meses atrás por la promesa de un pronunciamiento favorable del Gobierno de los EE.UU. Al no poder desarrollar con éxito las operaciones secundarias, se decidió precipitar la violencia callejera y el intento de Golpe de Estado; pero las contradicciones entre los diversos sectores comprometidos con las acciones conspirativas, que funcionaron paralelamente con al menos dos planes de acción, y manejando un doble discurso y una doble agenda (de facto y pseudo-democrática simultáneamente), facilitaron innumerables errores tácticos y estratégicos, que impidieron la legitimación del golpe de estado. La fracción reaccionaria de ultraderecha supo utilizar tácticamente a algunos sectores de la oposición democrática, desesperados y claramente oportunistas, acumulando de manera inmediata un capital de movilización y presión política importante, pero traicionó a la oposición democrática cumplidos sus objetivos intermedios, dejándolos de lado como "tontos útiles" para una futura e incierta "apertura democrática" en un plazo de 365 días. La ultraderecha se proponía activar de manera inmediata un plan de represión masiva e indiscriminada contra las bases sociales y políticas de apoyo del Presidente Chávez y de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. Solo así, se puede comprenderse el alcance político del decreto golpista de Pedro Carmona Estanca, quién postergaba para un futuro indefinido, en condiciones de aceptación del gobierno de transición, la conquista política más importante del siglo XX venezolano, la elección popular, libre, secreta y universal de los poderes públicos constituidos. Sin embargo, es importante detenerse a considerar que ocurrió entre la protesta convocada a Chuao por sectores de la oposición y los actos dictatoriales del gobierno de facto presidido por Carmona Estanga. Desde la propia constitución de la llamada "coordinadora por la democracia" en FEDECAMARAS el día 10 de Abril, la fachada pseudo democrática de grupos minoritarios de la sociedad civil es utilizada para convocar a una marcha de protesta cuyo inicio se desarrollaría en el parque del Este y culminaría en los alrededores de PDVSA-Chuao. Es así como se promete públicamente finalizar con una gran concentración, muy distante del centro de la ciudad de Caracas y de Miraflores, sede del gobierno; y donde se concentran regularmente los sectores comprometidos con el proceso constituyente y con el proyecto patriótico revolucionario encarnado en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. Una vez que la marcha de protesta de los diversos sectores de la oposición llegó al referido lugar, una dirigencia irresponsable comenzó a crear un clima de agitación, con consignas previamente elaboradas, que incitaban a los manifestantes a la toma violenta de Miraflores, concentrando la atención en la solicitud inmediata e irrevocable de la renuncia al Presidente de República, despreciando los riesgos de una potencial confrontación; ya que en el mismo sitio y en el mismo momento, una concentración masiva de simpatizantes del gobierno expresaba el apoyo a las medidas adoptadas contra el llamado "paro general indefinido", y se mantenían en expectativa ante cualquier amenaza violenta de sectores radicalizados de la oposición. Lo que la mayoría de los venezolanos y venezolanas no se imaginaban era que el Comando de la Conspiración manejaba un plan golpista de toma violenta del poder; y que había trabajado de antemano, y de acuerdo a un guión preparado por asesores extranjeros, la decisión de arrastrar a la movilización en el intento de asalto de Miraflores, desvirtuando el carácter democrático, cívico y pacífico de la protesta de ciudadanos y ciudadanas que legítimamente se oponían al Presidente Chávez. Se pretendía reproducir un nuevo y mas sofisticado guión golpista a través de una convergencia de movilizaciones cívicas y pronunciamientos militares en "pro de la democracia", utilizando la excusa de la desobediencia civil. Este "guante de seda" de la conspiración, tenía como "puño de hierro" escuadrones paramilitares que entrarían en escena en función del trabajo sucio: intimidar, allanar, torturar y asesinar simpatizantes de organizaciones bolivarianas. Todo esto se hizo deliberadamente por quienes habían evaluado la utilidad política de la violencia y de la confrontación, tomado en consideración que desde el día martes se encontraban concentradas decenas de miles de personas que apoyaban al gobierno revolucionario en Miraflores; y que existía un claro riesgo de generar hechos incontrolables e imponderables para los cuerpos policiales y de seguridad desplegados. Como antecedente inmediato es importante reseñar el modo de actuación de miembros el propio comando de la conspiración en la consumación de hechos de violencia contra simpatizantes bolivarianos el día 10 de abril frente a PDVSA-Chuao, lo que permitió calibrar tanto la respuesta de los organismos de seguridad e inteligencia, como crear las condiciones psicológicas preparatorias para precipitar futuros enfrentamientos. Los responsables visibles de la maniobra de manipulación de la protesta el día 11 fueron líderes del equipo civil coordinado por Carlos Ortega (Presidente de la CTV) y Pedro Carmona Estanga (Presidente de Fedecámaras); con apoyo de propietarios y algunos periodistas de opinión de los grandes medios de difusión nacional, comprometidos en operaciones de guerra psicológica contra el gobierno y contra la imagen de Chávez; con el apoyo de otras figuras políticas con capacidad real de movilizar fuerzas policiales, como Leopoldo López (Alcalde de Chacao), Enrique Capriles Radonski (Alcalde de Baruta), Alfredo Peña (Alcalde Mayor) y su secretario de seguridad Iván Simonovis ( ex miembro de una unidad de acciones de comando de la PTJ ), y el apoyo menos visible de ex aliados del Presidente, independientes y Gobernadores como Enrique Mendoza, Salas y Manuel Rosales, entre otros dirigentes de organizaciones políticas. El equipo militar, coordinado el ViceAlm. Molina Tamayo, el Gral. Guaicaipuro Lameda (ex presidente de PDVSA), dados de baja junto a otros oficiales de llamado "golpe en gotas" que coordinaron iniciativas desestabilizadoras, junto a un sector reaccionario de ex militares de derecha (el llamado "Frente Institucional Militar") y la fascistoide y agresiva "Junta Patriótica", constituyó el núcleo de oficiales retirados que fungían como enlaces con militares activos con propósitos de insubordinación y desconocimiento del Gobierno del Presidente Chávez. Entre los equipos civiles y militares se movían los hilos de personajes funestos: funcionarios y ex funcionarios de organismos de inteligencia y seguridad del Estado muy cercanos al contrabando de armas y a organismos de inteligencia extranjeros, defensores ultraderechistas del paramilitarismo y algunos miembros de organizaciones de ultra izquierda con experiencia en la lucha armada. Esta confluencia de operadores de violencia le daba el claro tinte represivo, autoritario, antidemocrático y antipopular a la conspiración. El comando de la conspiración aprovechó la maniobra de asalto a Miraflores para provocar la confrontación violenta y como consecuencia el sufrimiento de familias venezolanas, dada la probabilidad cierta de personas heridas y muertas. Para ello, estaban dispuestos a incitar, a través de equipos armados y dirigentes preparados, a miles de personas predispuestas a la confrontación, descargando la animosidad indispensable para el conflicto violento. Es necesario enfatizar, como lo sabemos ahora luego de los lamentables sucesos, que previamente a la llegada a la marcha a la Avenida Bolívar, el comando de la conspiración logró apostar francotiradores en los edificios aledaños al Palacio de Miraflores y a la avenida Baralt, en lugares desde donde pudieran hacerse imputaciones de responsabilidad a partidarios del propio Gobierno. Esta operación de cálculo asesino, caracterizada por la infiltración de francotiradores, permitió crear mayor confusión, descoordinación militar-policial y hacer creíble la imputación mediática de "asesinos" a miembros del gobierno nacional y de los llamados "círculos bolivarianos". Luego del estruendoso fracaso del Golpe de Estado, quienes se presume estuvieron activamente comprometidos con acciones violentas escaparon fuera del país, se agazaparon en la clandestinidad a la espera de una mejor oportunidad, y otros pidieron asilo en la embajada de Bolivia. Por esta razón, hay que investigar a fondo hasta llegar a los responsables directos e indirectos de la masacre, la presencia de estos francotiradores, así como su probable vinculación con ex militares, civiles con formación paramilitar, ex subversivos de ultra izquierda y miembros de organismos de seguridad e inteligencia. No son precisamente los miembros de "círculos bolivarianos", ni los dirigentes populares, ni de organizaciones de base los que accionaron sofisticados armamentos de uso exclusivo de personal militar-policial, entrenado para este tipo de operaciones; y menos aún dirigiendo intencionalmente estas armas hacia el propio pueblo venezolano. Esta es la versión interesada de los factores de poder. Basta de mentiras y manipulaciones. De la verdad de las acciones y de la identidad de los francotiradores depende gran parte del desenmascaramiento de la conspiración golpista. El modo de actuación de estos operadores de violencia hace pensar que actuaron bajo instrucciones precisas en coordinación con factores de protesta proclives a la creación de un cuadro de enfrentamiento violento en los alrededores del Palacio de Gobierno. Esto queda claro en una reconstrucción de los sucesos. Al llegar la cabeza de avance de la marcha de protesta cerca de Miraflores, ramificándose a través de diversas vías de acceso e intentando rodear el Palacio de gobierno, venían algunos equipos armados infiltrados en la protesta, generándose enfrentamientos entre los simpatizantes del gobierno, grupos exaltados y funcionarios policiales. Esta situación que es parcialmente controlada por la Guardia Nacional, que comienza a ser desbordada por el cuadro de confusión y la contingencia existente, y por la sospechosa vacilación de sus mandos. Adicionalmente, los cuadros de dirección de la Policía Metropolitana, ya había dado señales de incompetencia para controlar la marcha desde la avenida Bolívar, al no hacer lo suficiente para detener el encuentro de ambas movilizaciones y practicar detenciones de exaltados y individuos armados. En vez de acordonar con suficientes efectivos la marcha opositora y reclamarle que se ajustaran a la legalidad, solicitándoles a sus dirigentes sensatez y responsabilidad, facilitaron la confrontación e incluso participaron en esta, con el uso desproporcionado de fuerza (utilizando fusiles, sub-ametralladoras y pistolas no reglamentarias) disparando indiscriminadamente sobre los simpatizantes del gobierno, sin identificar las fuentes reales de los ataques, desbordándose el conflicto de calle. Fracasado el intento de rodeo y asalto del Palacio de Gobierno, y separados con dificultad grupos de ambas manifestaciones (por la acción de contención de piquetes de la Guardia Nacional) lenta y progresivamente se va retirando el grueso de la marcha de protesta opositora, quedando algunos focos de violencia. En este contexto de confrontación, ya habían entrado en acción francotiradores apostados en los edificios de la Avenida Baralt, que habían sido ubicados estratégicamente para dominar los alrededores del palacio de Miraflores. Se desata el ataque criminal contra los simpatizantes bolivarianos y contra quienes permanecían en las adyacencias de la avenida Baralt, especialmente en las cercanías del cruce de la misma con la avenida Urdaneta y con el Capitolio Nacional. Además, se desata una balacera contra miembros del Palacio, como el propio chofer del Vice-Presidente y miembros de la Guardia de Honor, generándose una situación de alarma y confusión, como lo prueba la evidencia de que la mayoría de los muertos y heridos fueron recibidos en el interior del Palacio de Gobierno, al frente de Miraflores, sitio de la concentración de los simpatizantes del Presidente Chávez. Testimonios de personas ubicadas cerca de la tarima desde donde usualmente se dirige el Presidente de la República a sus simpatizantes, confirman que los disparos impactaron esos espacios, poniendo en riesgo la vida de todas las personas que se ubicaban en los alrededores del Palacio. Algunos simpatizantes del Gobierno, al percibir la inacción y el desbordamiento de los piquetes de la Guardia Nacional, así como la protección y apoyo de funcionarios de la policía metropolitana a los focos violentos de la oposición caen en la desesperación, enfrentándose en una balacera que es ampliamente reseñada parcialmente por los medios televisivos, y señalada ampliamente como la única fuente de violencia, atribuyéndola a miembros de los "círculos bolivarianos". Simultáneamente, los francotiradores intensifican el hostigamiento al propio Palacio de Gobierno y paradójicamente, ningún medio logra editar imágenes de los mismos, minimizando cualquier evidencia de su actuación contra simpatizantes del propio gobierno. De esta manera, los grandes medios de comunicación social, en especial las televisoras, que habían suspendido la difusión de toda información favorable del sector gubernamental, y que además había saboteado la transmisión en cadena del discurso del Presidente en el mismo momento de los acontecimientos, comenzaron a presentar la masacre como "obra del gobierno", a través de la edición y el montaje de imágenes en las cuales sólo los simpatizantes del gobierno aparecían portando armas cortas y disparando hacia una "oposición desarmada e inocente". Lo que no transmitieron nunca los medios de comunicación social fue la otra cara del enfrentamiento; policías uniformados y no uniformados, disparando fusiles de asalto, sub-ametralladoras y pistolas, junto a grupos armados no identificados atacando a simpatizantes del gobierno ubicados en los alrededores del Calvario, Miraflores y en la avenida Urdaneta. Es posible, si tomamos en cuenta la sorpresiva presencia de francotiradores, que la propia policía metropolita haya caído en la trampa de los propios conspiradores, pero esta posibilidad agravaría el hecho de que no se aplicaran planes de contingencia. La operación mediática logra el objetivo de confundir y sesgar la información de los sucesos, sirviendo de base documental en los llamados televisados para un inmediato pronunciamiento militar y la intervención de la Fuerza Armada Nacional en el desarme inmediato de los llamados "círculos bolivarianos ", ahora responsables de la masacre. La acción de difusión de medios logra los efectos esperados, al confundir a la opinión pública nacional e internacional, construyendo matrices de opinión tendenciosas y posicionando como responsables de la masacre al Alcalde Bernal, al Ministro del Interior y Justicia, y al propio Presidente Chávez. En ese momento aparecen en los medios televisivos, coordinado y activando enlaces, ex militares y civiles del comando de la conspiración junto con un grupo de oficiales comprometidos, que promueven la insubordinación del generalato de los diversos componentes de la Fueras Armadas, conformando un Alto Mando Militar paralelo, completamente ilegal, que presionaba por la renuncia del anterior Alto Mando, y bajo el pretexto de no apoyar a un "gobierno asesino" detienen ilegalmente al Presidente Chávez. El Golpe de Estado ha sido consumado. Posteriormente, se desarrolla todo un guión montado sobre la supuesta "renuncia" del presidente. Se le miente a la Nación diciendo que efectivamente ha renunciado, presentándole al país a través de medios televisivos un documento falso. Ya se ha conformado en algún lugar un "gobierno de transición", atentando no solo contra la verdad y contra el gobierno, sino además, contra la propia Constitución Nacional, la cual no establece tales procedimientos de transición. La operación mediática aparece claramente comprometida en la conspiración, en la puesta en escena de programas donde se presentan diversas confesiones de participación en la preparación del golpe, hecha en diversos espacios de opinión bajo el formato de primicias nacionales: ¡Aquí están los protagonistas del "rescate" de la democracia !. Golpista tras golpista, se pasean por la escena televisiva, tratados como nuevos héroes, a pesar de su deslealtad hacia la Constitución y su insubordinación ante el jefe de Estado democráticamente electo. La legitimación mediática del golpe pretende enmascarar la ruptura flagrante del orden constitucional. Solo faltaba el pronunciamiento internacional favorable para apalancar las fuerzas de la conspiración. Sin embargo, el Golpe comienza a tropezar con el escepticismo de quienes no habían estado expuestos a la tiranía mediática, y para los cuales los argumentos esgrimidos requerían fidelidad a procedimientos y contenidos acotados en normas internacionales. Un pronunciamiento precipitado del Gobierno de los EE.UU. entra en juego para presionar informalmente al resto de los gobiernos de la Región. Lo mismo sucede con el Gobierno de España, quién funge como vocero de la Comunidad Europea. Era difícil imaginarse una ruptura del cerco internacional con tales pronunciamientos de apoyo a un régimen de fuerza, pero fue tan obvio el hecho del golpe de Estado que las fisuras internacionales se hicieron patentes. Por otra parte, la irracionalidad y las emociones viscerales de los sectores de la oposición democrática hicieron caso omiso al hecho de la usurpación del poder legal, así como desconocieron la flagrante violación del ordenamiento constitucional, denunciados tanto por el Fiscal como el Defensor del Pueblo quienes son criminalizados y desautorizados a expresar discursos con validez y reconocimiento institucional. Se les trata como delincuentes defensores de asesino Chávez, y se les intimida y persigue. Desde ese momento quedó claro que la legitimidad de origen del llamado "gobierno de transición" descansó en la mentira descarada, y se enmascaró de retórica pseudo-institucional, la fuerza militar insubordinada trató de aparentar conformar un alto mando militar y la derogación ilegal y de facto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se trató como un accidente menor de la democracia. Las verdaderas intenciones y objetivos de este Golpe de Estado, se hicieron evidentes en las acciones del "gobierno" presidido por el dictador Pedro Carmona, con un gobierno integrado por sectores militares reaccionarios, poderosos grupos económicos, funcionarios del ex presidente Carlos Andrés Pérez, Primero Justicia, sectores ultraderechistas del partido COPEI, y sorpresivamente, una cada vez más segregada y excluida representación de la cúpula de la CTV. Luego del decreto golpista, como para sellar la traición, se procedió a la firma del mismo por un conjunto de violadores flagrantes del orden constitucional quienes estamparon su responsabilidad como símbolo de esa barbarie llamada primer decreto del gobierno de transición. El primer episodio de la mascarada fue suficiente. La dictadura hizo más que obvio el carácter totalitario, anti- nacional, anti-popular y anti-democrático de los participantes en esta aventura. No se necesitó nada para desenmascararlos, su verdadero rostro antidemocrático se presentó abiertamente manchando de vergüenza una página de la historia política de la patria. Una concentración de poderes jamás vista y el desconocimiento de la soberanía popular atentaron no solo contra los últimos tres años, sino además contra los espacios democráticos conquistados durante largas jornadas de luchas populares. La violación de la constitución y la disolución de poderes constituidos; la anulación de facto de la división de poderes y la derogación de la legislación aprobada en la habilitante hizo de este ensayo dictatorial una apuesta insoportable para la mayoría nacional. El desconocimiento inmediato de la figura de Simón Bolívar en el acto, y la eliminación de la palabra bolivariana del nombre de la República pretendían romper radicalmente con todo los que se asociara a proceso constituyente y a Chávez. La concepción absolutista del poder y el desprecio por la noción de justicia social evidencian lo firmado. El carácter claramente fascistoide y de retaliación del llamado "estado de transición" se expresó en los intentos de linchamiento al diputado Tarek Williams Saab, al Ministro del Interior Rodríguez Chacín, al gobernador Blanco La Cruz, en el asalto a la sede de la Embajada de Cuba, en las detenciones ilegales y arbitrarias contra centenares de venezolanos y venezolanas, en los ajusticiamientos cometidos en la Parroquia 23 de Enero y otros sectores, así como en la férrea censura a la libertad de expresión de quienes solicitaron la restitución de la Constitucionalidad. Una expresión brutal de este último punto lo constituyen los allanamientos realizados a los periódicos, radios y televisoras comunitarias y populares. La televisora del Estado fue prácticamente saqueada, y mostrada como trofeo por periodistas de otros canales de televisión, claramente adversos al Gobierno. Sus trabajadores y técnicos fueron intimidados y perseguidos. Sin embargo, esta aberración histórica no podía durar mucho tiempo. La conciencia política de la mayoría del pueblo civil y militar, que ha labrado su despertar en la defensa de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana, puso en marcha iniciativas, movilizaciones y operaciones de resistencia civil, así como la activación de guarniciones de militares patriotas cuyo propósito fue desconocer a la dictadura, restituir la dignidad y la Constitucionalidad. El titulo VIII de la Constitución, especialmente los artículos 131, 333 y 350 dejaron de ser letra etérea y se encarnaron en múltiples discursos de restitución del hilo constitucional. En una de las más hermosas e intensas jornadas históricas protagonizadas por el pueblo de Venezuela, en la noche del propio viernes 12 de abril, se inició un cacerolazo en las barriadas populares de la ciudad de Caracas, que junto a otras movilizaciones populares en todo el país, generó una cascada de eventos favorables a la restitución de los poderes usurpados por los golpistas, y que posteriormente activó la movilización popular hacia las instalaciones militares y al Palacio de Miraflores, reclamando la presencia y la libertad del Presidente Chávez. La demanda fue simple y contundente, que fuese Chávez quién diera fidelidad a la versión mediática de su supuesta renuncia y que procedieran los mecanismos constitucionales. Esta demanda era insoportable para el golpismo. En este momento pasamos de la estrategia defensiva de la Constitución a la contraofensiva cívico-militar de restitución del orden constitucional. El comando de la conspiración, develado su intención golpista y reaccionaria, comenzó a mostrar signos de cobardía huyendo del país. En ese momento muchos incautos despertaron del engaño colectivo inducido por las operaciones mediáticas. Un número importante de las guarniciones militares de todo el país desconocían al gobierno de facto y reclamaban la restitución del orden constitucional. La unidad del pueblo y las Fuerzas Armadas Nacionales fue, nuevamente, el factor estratégico de una contra-ofensiva victoriosa contra la dictadura de ultraderecha. El comando de la conspiración perdió esta batalla y trato de replegarse; confundiéndose incluso entre los batallones de la dignidad nacional. Sin embargo, el pueblo bolivariano y democrático ya reconoce a quienes fraguaron esta traición a la patria y a la Constitución; y ahora exige justicia y rechazo categórico a cualquier forma de impunidad. El 13 de abril, en menos de 48 horas, se restituyó la plena vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del gobierno legítimamente constituido. Queda claro que más allá del odio racial y clasista del patronato fascistoide y de la plutocracia que lo acompañó; el fondo de su antagonismo no es Chávez, ni es la lucha por la democracia y la libertad, sino su odio visceral a la noción de justicia social, al protagonismo popular, a la democracia participativa y a la reafirmación de la soberanía nacional establecida en la Constitución de la República Bolivariana; así como a sus expresiones concretas como la legislación que de ella se desprende. La conspiración ha quedado desnuda en sus núcleos, redes y ramificaciones. Ahora falta la decisión firme de aplicar con rigor las leyes, ya que el pueblo demanda justicia no solo por sus sueños y esperanzas sino por el intento de mancillar su dignidad a través de la impunidad. Que no le tiemble el pulso a la patria para juzgar y aplicar las leyes a los traidores de la Constitución. En esta frase se resume el sentir de la unidad cívico-militar que restituyó el0˜þ