El bravo pueblo de Bolívar derrotó a la dictadura... y ahora exige justicia
28/04/2002
- Opinión
El bravo pueblo de Bolívar derrotó a la dictadura... y ahora exige justicia
La Plataforma por la Democracia Radical, espacio de articulación y deliberación
en el que convergen miembros de organizaciones populares, movimientos políticos,
corrientes sociales e individualidades en torno a la idea común de profundizar
las transformaciones democráticas que fortalezcan la construcción de un genuino
poder popular en el país, se dirige a la nación venezolana y a los pueblos del
mundo, para expresar nuestro más enérgico rechazo al Golpe de Estado adelantado
por sectores reaccionarios de la ultraderecha venezolana, atentando contra la
soberanía popular, contra el gobierno legítimamente constituido del Presidente
Hugo Chávez Frías y contra la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela. Al hacerlo, no hacemos sino ratificar nuestro compromiso ético-
cultural con el ideario político de la democracia sustantiva, y nuestro
inequívoco apego al ordenamiento constitucional de 1999, en tanto marco
jurídico-político que nos dimos libremente los venezolanos y venezolanas al
activarse el proceso constituyente soberano; en la búsqueda colectiva de
auténticos senderos de felicidad, bienestar colectivo, justicia, libertad,
igualdad, dignidad humana y defensa de la soberanía nacional.
Historias que no son la versión de los poderosos:
La conspiración que se comenzó a fraguar desde el mismo día en que la mayoría
popular eligió al presidente Hugo Chávez, tuvo su desenlace sangriento el 11 de
abril del 2002. La retórica reaccionaria de una ultraderecha avergonzada ha
sido la voz altisonante de la oposición, con la conversión neoliberal y
neoconservadora del ideario de socialcristianos y socialdemócratas, así como de
los exquisitos ex funcionarios de la izquierda de cátedra. Desde la propia
campaña electoral del año 1998, el clima de prejuicios del proto-fascismo
militante se venía sedimentando en el imaginario político, alimentando la
hostilidad contra todo aquello que pudiera ser asociado a lo popular, lo
nacional, a la justicia social y la emancipación de y para las mayorías
nacionales. El proto-fascismo reclutó sus miembros más activos de segmentos
anticomunistas de las clases intermedias, de antiguos intelectuales del
izquierdismo universitario recién convertidos al liberalismo-conservador, de una
burocracia sindical consustanciada con la corrupción, y de aquellos personajes
políticos para los cuales la pobreza es responsabilidad de los pobres, la
desigualdad un estado natural y la exclusión la conclusión lógica del "hecho" de
no formar parte de los afortunados ganadores del darwinismo social. Desde la
propia victoria de Chávez, y recién aprobada la actual Carta Magna, esta
tendencia ultraderechista comenzó a fraguar diversas iniciativas para consolidar
lo que uno de sus portavoces denominó la "estrategia de la victoria cívica".
Ante un pueblo insumiso y cada vez más consciente de sus derechos, era necesaria
una respuesta aleccionadora, para recordarle al pueblo, palabras más, palabras
menos, que la superioridad moral e intelectual es un don de la oligarquía.
La culminación de la fase decisiva del plan conspirativo se inició con el paro
de la cúpula empresarial del 10 de diciembre del 2001. Esta acción tuvo como
propósitos esenciales la derogación de facto de las leyes que reconocen los
derechos sociales de los sectores populares excluidos, la quiebra de la
posibilidad de consolidar las bases de un modelo de desarrollo humano, y el
derrocamiento del Presidente de la República. El ataque sistemático contra el
Presidente Chávez, como principal figura del liderazgo surgido al calor de las
rebeliones populares contra el pacto de las oligarquías del dinero, del poder y
del "status quo" mediático-cultural; ha dominado la atención de la escena
política en los últimos tres años. El proyecto estratégico de las fracciones
reaccionarias de la clase dominante consiste en:
- la derogación de la Constitución Bolivariana, por su carácter progresista y
explícito reconocimiento a los derechos humanos y sociales del pueblo,
- la imposición de un bloque político-económico restaurador de privilegios,
- la aniquilación autoritaria de las voces que reclaman en diversas
movilizaciones sociales: justicia social, lucha contra la corrupción y
democracia sustantiva.
La contra-cara del proyecto pretende instalar, en cambio, una "democracia
protegida" o sin eufemismos, una "dictadura de ultraderecha", con una máscara
pseudo-democrática y pseudo-institucional, con contenidos claramente
autoritarios y anti-populares, accionando en contra de las organizaciones que
movilizan los intereses y demandas de las mayorías y de los sectores patriotas
de nuestro país.
La conspiración aprovechó las circunstancias del conflicto de la industria
petrolera, para manipular y politizar el clima de malestar existente en la
misma, saboteando las negociaciones y estimulando la confusión en el proceso de
ajuste institucional de PDVSA, precipitando el plan golpista. Dos operaciones
secundarias adicionales confluirían en el logro de la estrategia inmediata de
derrocamiento del Presidente de la República:
En primer lugar, la paralización de las actividades económicas del país, a
través del llamado irresponsable a una "huelga general indefinida", ya anunciada
en diciembre del año 2001 por una corrupta cúpula sindical, usurpadora de la
voluntad legítima y democrática de los trabajadores de base; con una clara
intención desestabilizadora y bajo las directrices del genocida Carlos Andrés
Pérez, pretendiendo generar desabastecimiento, especulación, violencia y caos.
Esta iniciativa no surtió los efectos esperados, por el desacato de la mayoría
de los trabajadores quienes claman día a día por trabajo, mejores
remuneraciones, estabilidad laboral, bienestar social y paz; así como por
significativos sectores empresariales de la industria básica, de las pequeñas y
medianas empresas, los servicios públicos, la banca, así como un importante
porcentaje del sector comercio, animados en la tarea histórica de reconstrucción
y recuperación económica del país.
En segundo lugar, se trató de generar una alteración artificial de la paz
ciudadana, acciones de sabotaje y bloqueo de cualquier iniciativa de
canalización institucional de los conflictos que expresan demandas justas y
legítimas de diferentes sectores de la sociedad. Objetivo que intentaron
desesperadamente el Martes 9 y el miércoles 10 de abril con la generación de un
clima de agitación, llamados a la desestabilización, a la subversión política y
a la disolución del orden social, con intentos de saqueo, incitación al
desorden, a la desobediencia civil y al cierre de vías.
Las dos operaciones anteriores concluirían en la estrategia principal, a través
del derramamiento de sangre inocente, la búsqueda de un pronunciamiento militar
contra el presidente Chávez en una situación artificial de presión-
desinformación y la instauración aparentemente institucional de un golpe de
estado, maquillado con el subterfugio de una inexistente "transición
democrática". Esta figura de facto intentaba esquivar las restricciones que
impone la carta democrática de la OEA a los golpes dictatoriales, facilitando un
posible reconocimiento hemisférico e internacional, garantizado meses atrás por
la promesa de un pronunciamiento favorable del Gobierno de los EE.UU.
Al no poder desarrollar con éxito las operaciones secundarias, se decidió
precipitar la violencia callejera y el intento de Golpe de Estado; pero las
contradicciones entre los diversos sectores comprometidos con las acciones
conspirativas, que funcionaron paralelamente con al menos dos planes de acción,
y manejando un doble discurso y una doble agenda (de facto y pseudo-democrática
simultáneamente), facilitaron innumerables errores tácticos y estratégicos, que
impidieron la legitimación del golpe de estado.
La fracción reaccionaria de ultraderecha supo utilizar tácticamente a algunos
sectores de la oposición democrática, desesperados y claramente oportunistas,
acumulando de manera inmediata un capital de movilización y presión política
importante, pero traicionó a la oposición democrática cumplidos sus objetivos
intermedios, dejándolos de lado como "tontos útiles" para una futura e incierta
"apertura democrática" en un plazo de 365 días.
La ultraderecha se proponía activar de manera inmediata un plan de represión
masiva e indiscriminada contra las bases sociales y políticas de apoyo del
Presidente Chávez y de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.
Solo así, se puede comprenderse el alcance político del decreto golpista de
Pedro Carmona Estanca, quién postergaba para un futuro indefinido, en
condiciones de aceptación del gobierno de transición, la conquista política más
importante del siglo XX venezolano, la elección popular, libre, secreta y
universal de los poderes públicos constituidos. Sin embargo, es importante
detenerse a considerar que ocurrió entre la protesta convocada a Chuao por
sectores de la oposición y los actos dictatoriales del gobierno de facto
presidido por Carmona Estanga.
Desde la propia constitución de la llamada "coordinadora por la democracia" en
FEDECAMARAS el día 10 de Abril, la fachada pseudo democrática de grupos
minoritarios de la sociedad civil es utilizada para convocar a una marcha de
protesta cuyo inicio se desarrollaría en el parque del Este y culminaría en los
alrededores de PDVSA-Chuao. Es así como se promete públicamente finalizar con
una gran concentración, muy distante del centro de la ciudad de Caracas y de
Miraflores, sede del gobierno; y donde se concentran regularmente los sectores
comprometidos con el proceso constituyente y con el proyecto patriótico
revolucionario encarnado en la Constitución Bolivariana de la República de
Venezuela.
Una vez que la marcha de protesta de los diversos sectores de la oposición llegó
al referido lugar, una dirigencia irresponsable comenzó a crear un clima de
agitación, con consignas previamente elaboradas, que incitaban a los
manifestantes a la toma violenta de Miraflores, concentrando la atención en la
solicitud inmediata e irrevocable de la renuncia al Presidente de República,
despreciando los riesgos de una potencial confrontación; ya que en el mismo
sitio y en el mismo momento, una concentración masiva de simpatizantes del
gobierno expresaba el apoyo a las medidas adoptadas contra el llamado "paro
general indefinido", y se mantenían en expectativa ante cualquier amenaza
violenta de sectores radicalizados de la oposición. Lo que la mayoría de los
venezolanos y venezolanas no se imaginaban era que el Comando de la Conspiración
manejaba un plan golpista de toma violenta del poder; y que había trabajado de
antemano, y de acuerdo a un guión preparado por asesores extranjeros, la
decisión de arrastrar a la movilización en el intento de asalto de Miraflores,
desvirtuando el carácter democrático, cívico y pacífico de la protesta de
ciudadanos y ciudadanas que legítimamente se oponían al Presidente Chávez.
Se pretendía reproducir un nuevo y mas sofisticado guión golpista a través de
una convergencia de movilizaciones cívicas y pronunciamientos militares en "pro
de la democracia", utilizando la excusa de la desobediencia civil. Este "guante
de seda" de la conspiración, tenía como "puño de hierro" escuadrones
paramilitares que entrarían en escena en función del trabajo sucio: intimidar,
allanar, torturar y asesinar simpatizantes de organizaciones bolivarianas. Todo
esto se hizo deliberadamente por quienes habían evaluado la utilidad política de
la violencia y de la confrontación, tomado en consideración que desde el día
martes se encontraban concentradas decenas de miles de personas que apoyaban al
gobierno revolucionario en Miraflores; y que existía un claro riesgo de generar
hechos incontrolables e imponderables para los cuerpos policiales y de seguridad
desplegados. Como antecedente inmediato es importante reseñar el modo de
actuación de miembros el propio comando de la conspiración en la consumación de
hechos de violencia contra simpatizantes bolivarianos el día 10 de abril frente
a PDVSA-Chuao, lo que permitió calibrar tanto la respuesta de los organismos de
seguridad e inteligencia, como crear las condiciones psicológicas preparatorias
para precipitar futuros enfrentamientos.
Los responsables visibles de la maniobra de manipulación de la protesta el día
11 fueron líderes del equipo civil coordinado por Carlos Ortega (Presidente de
la CTV) y Pedro Carmona Estanga (Presidente de Fedecámaras); con apoyo de
propietarios y algunos periodistas de opinión de los grandes medios de difusión
nacional, comprometidos en operaciones de guerra psicológica contra el gobierno
y contra la imagen de Chávez; con el apoyo de otras figuras políticas con
capacidad real de movilizar fuerzas policiales, como Leopoldo López (Alcalde de
Chacao), Enrique Capriles Radonski (Alcalde de Baruta), Alfredo Peña (Alcalde
Mayor) y su secretario de seguridad Iván Simonovis ( ex miembro de una unidad de
acciones de comando de la PTJ ), y el apoyo menos visible de ex aliados del
Presidente, independientes y Gobernadores como Enrique Mendoza, Salas y Manuel
Rosales, entre otros dirigentes de organizaciones políticas.
El equipo militar, coordinado el ViceAlm. Molina Tamayo, el Gral. Guaicaipuro
Lameda (ex presidente de PDVSA), dados de baja junto a otros oficiales de
llamado "golpe en gotas" que coordinaron iniciativas desestabilizadoras, junto a
un sector reaccionario de ex militares de derecha (el llamado "Frente
Institucional Militar") y la fascistoide y agresiva "Junta Patriótica",
constituyó el núcleo de oficiales retirados que fungían como enlaces con
militares activos con propósitos de insubordinación y desconocimiento del
Gobierno del Presidente Chávez. Entre los equipos civiles y militares se movían
los hilos de personajes funestos: funcionarios y ex funcionarios de organismos
de inteligencia y seguridad del Estado muy cercanos al contrabando de armas y a
organismos de inteligencia extranjeros, defensores ultraderechistas del
paramilitarismo y algunos miembros de organizaciones de ultra izquierda con
experiencia en la lucha armada.
Esta confluencia de operadores de violencia le daba el claro tinte represivo,
autoritario, antidemocrático y antipopular a la conspiración. El comando de la
conspiración aprovechó la maniobra de asalto a Miraflores para provocar la
confrontación violenta y como consecuencia el sufrimiento de familias
venezolanas, dada la probabilidad cierta de personas heridas y muertas. Para
ello, estaban dispuestos a incitar, a través de equipos armados y dirigentes
preparados, a miles de personas predispuestas a la confrontación, descargando la
animosidad indispensable para el conflicto violento. Es necesario enfatizar,
como lo sabemos ahora luego de los lamentables sucesos, que previamente a la
llegada a la marcha a la Avenida Bolívar, el comando de la conspiración logró
apostar francotiradores en los edificios aledaños al Palacio de Miraflores y a
la avenida Baralt, en lugares desde donde pudieran hacerse imputaciones de
responsabilidad a partidarios del propio Gobierno. Esta operación de cálculo
asesino, caracterizada por la infiltración de francotiradores, permitió crear
mayor confusión, descoordinación militar-policial y hacer creíble la imputación
mediática de "asesinos" a miembros del gobierno nacional y de los llamados
"círculos bolivarianos".
Luego del estruendoso fracaso del Golpe de Estado, quienes se presume estuvieron
activamente comprometidos con acciones violentas escaparon fuera del país, se
agazaparon en la clandestinidad a la espera de una mejor oportunidad, y otros
pidieron asilo en la embajada de Bolivia. Por esta razón, hay que investigar a
fondo hasta llegar a los responsables directos e indirectos de la masacre, la
presencia de estos francotiradores, así como su probable vinculación con ex
militares, civiles con formación paramilitar, ex subversivos de ultra izquierda
y miembros de organismos de seguridad e inteligencia.
No son precisamente los miembros de "círculos bolivarianos", ni los dirigentes
populares, ni de organizaciones de base los que accionaron sofisticados
armamentos de uso exclusivo de personal militar-policial, entrenado para este
tipo de operaciones; y menos aún dirigiendo intencionalmente estas armas hacia
el propio pueblo venezolano. Esta es la versión interesada de los factores de
poder.
Basta de mentiras y manipulaciones. De la verdad de las acciones y de la
identidad de los francotiradores depende gran parte del desenmascaramiento de la
conspiración golpista. El modo de actuación de estos operadores de violencia
hace pensar que actuaron bajo instrucciones precisas en coordinación con
factores de protesta proclives a la creación de un cuadro de enfrentamiento
violento en los alrededores del Palacio de Gobierno. Esto queda claro en una
reconstrucción de los sucesos.
Al llegar la cabeza de avance de la marcha de protesta cerca de Miraflores,
ramificándose a través de diversas vías de acceso e intentando rodear el Palacio
de gobierno, venían algunos equipos armados infiltrados en la protesta,
generándose enfrentamientos entre los simpatizantes del gobierno, grupos
exaltados y funcionarios policiales. Esta situación que es parcialmente
controlada por la Guardia Nacional, que comienza a ser desbordada por el cuadro
de confusión y la contingencia existente, y por la sospechosa vacilación de sus
mandos. Adicionalmente, los cuadros de dirección de la Policía Metropolitana,
ya había dado señales de incompetencia para controlar la marcha desde la avenida
Bolívar, al no hacer lo suficiente para detener el encuentro de ambas
movilizaciones y practicar detenciones de exaltados y individuos armados.
En vez de acordonar con suficientes efectivos la marcha opositora y reclamarle
que se ajustaran a la legalidad, solicitándoles a sus dirigentes sensatez y
responsabilidad, facilitaron la confrontación e incluso participaron en esta,
con el uso desproporcionado de fuerza (utilizando fusiles, sub-ametralladoras y
pistolas no reglamentarias) disparando indiscriminadamente sobre los
simpatizantes del gobierno, sin identificar las fuentes reales de los ataques,
desbordándose el conflicto de calle.
Fracasado el intento de rodeo y asalto del Palacio de Gobierno, y separados con
dificultad grupos de ambas manifestaciones (por la acción de contención de
piquetes de la Guardia Nacional) lenta y progresivamente se va retirando el
grueso de la marcha de protesta opositora, quedando algunos focos de violencia.
En este contexto de confrontación, ya habían entrado en acción francotiradores
apostados en los edificios de la Avenida Baralt, que habían sido ubicados
estratégicamente para dominar los alrededores del palacio de Miraflores.
Se desata el ataque criminal contra los simpatizantes bolivarianos y contra
quienes permanecían en las adyacencias de la avenida Baralt, especialmente en
las cercanías del cruce de la misma con la avenida Urdaneta y con el Capitolio
Nacional. Además, se desata una balacera contra miembros del Palacio, como el
propio chofer del Vice-Presidente y miembros de la Guardia de Honor, generándose
una situación de alarma y confusión, como lo prueba la evidencia de que la
mayoría de los muertos y heridos fueron recibidos en el interior del Palacio de
Gobierno, al frente de Miraflores, sitio de la concentración de los
simpatizantes del Presidente Chávez. Testimonios de personas ubicadas cerca de
la tarima desde donde usualmente se dirige el Presidente de la República a sus
simpatizantes, confirman que los disparos impactaron esos espacios, poniendo en
riesgo la vida de todas las personas que se ubicaban en los alrededores del
Palacio.
Algunos simpatizantes del Gobierno, al percibir la inacción y el desbordamiento
de los piquetes de la Guardia Nacional, así como la protección y apoyo de
funcionarios de la policía metropolitana a los focos violentos de la oposición
caen en la desesperación, enfrentándose en una balacera que es ampliamente
reseñada parcialmente por los medios televisivos, y señalada ampliamente como la
única fuente de violencia, atribuyéndola a miembros de los "círculos
bolivarianos".
Simultáneamente, los francotiradores intensifican el hostigamiento al propio
Palacio de Gobierno y paradójicamente, ningún medio logra editar imágenes de los
mismos, minimizando cualquier evidencia de su actuación contra simpatizantes del
propio gobierno. De esta manera, los grandes medios de comunicación social, en
especial las televisoras, que habían suspendido la difusión de toda información
favorable del sector gubernamental, y que además había saboteado la transmisión
en cadena del discurso del Presidente en el mismo momento de los
acontecimientos, comenzaron a presentar la masacre como "obra del gobierno", a
través de la edición y el montaje de imágenes en las cuales sólo los
simpatizantes del gobierno aparecían portando armas cortas y disparando hacia
una "oposición desarmada e inocente".
Lo que no transmitieron nunca los medios de comunicación social fue la otra cara
del enfrentamiento; policías uniformados y no uniformados, disparando fusiles de
asalto, sub-ametralladoras y pistolas, junto a grupos armados no identificados
atacando a simpatizantes del gobierno ubicados en los alrededores del Calvario,
Miraflores y en la avenida Urdaneta. Es posible, si tomamos en cuenta la
sorpresiva presencia de francotiradores, que la propia policía metropolita haya
caído en la trampa de los propios conspiradores, pero esta posibilidad agravaría
el hecho de que no se aplicaran planes de contingencia.
La operación mediática logra el objetivo de confundir y sesgar la información de
los sucesos, sirviendo de base documental en los llamados televisados para un
inmediato pronunciamiento militar y la intervención de la Fuerza Armada Nacional
en el desarme inmediato de los llamados "círculos bolivarianos ", ahora
responsables de la masacre. La acción de difusión de medios logra los efectos
esperados, al confundir a la opinión pública nacional e internacional,
construyendo matrices de opinión tendenciosas y posicionando como responsables
de la masacre al Alcalde Bernal, al Ministro del Interior y Justicia, y al
propio Presidente Chávez.
En ese momento aparecen en los medios televisivos, coordinado y activando
enlaces, ex militares y civiles del comando de la conspiración junto con un
grupo de oficiales comprometidos, que promueven la insubordinación del
generalato de los diversos componentes de la Fueras Armadas, conformando un Alto
Mando Militar paralelo, completamente ilegal, que presionaba por la renuncia del
anterior Alto Mando, y bajo el pretexto de no apoyar a un "gobierno asesino"
detienen ilegalmente al Presidente Chávez. El Golpe de Estado ha sido
consumado. Posteriormente, se desarrolla todo un guión montado sobre la
supuesta "renuncia" del presidente. Se le miente a la Nación diciendo que
efectivamente ha renunciado, presentándole al país a través de medios
televisivos un documento falso. Ya se ha conformado en algún lugar un "gobierno
de transición", atentando no solo contra la verdad y contra el gobierno, sino
además, contra la propia Constitución Nacional, la cual no establece tales
procedimientos de transición.
La operación mediática aparece claramente comprometida en la conspiración, en la
puesta en escena de programas donde se presentan diversas confesiones de
participación en la preparación del golpe, hecha en diversos espacios de opinión
bajo el formato de primicias nacionales: ¡Aquí están los protagonistas del
"rescate" de la democracia !. Golpista tras golpista, se pasean por la escena
televisiva, tratados como nuevos héroes, a pesar de su deslealtad hacia la
Constitución y su insubordinación ante el jefe de Estado democráticamente
electo.
La legitimación mediática del golpe pretende enmascarar la ruptura flagrante del
orden constitucional. Solo faltaba el pronunciamiento internacional favorable
para apalancar las fuerzas de la conspiración. Sin embargo, el Golpe comienza a
tropezar con el escepticismo de quienes no habían estado expuestos a la tiranía
mediática, y para los cuales los argumentos esgrimidos requerían fidelidad a
procedimientos y contenidos acotados en normas internacionales. Un
pronunciamiento precipitado del Gobierno de los EE.UU. entra en juego para
presionar informalmente al resto de los gobiernos de la Región. Lo mismo sucede
con el Gobierno de España, quién funge como vocero de la Comunidad Europea. Era
difícil imaginarse una ruptura del cerco internacional con tales
pronunciamientos de apoyo a un régimen de fuerza, pero fue tan obvio el hecho
del golpe de Estado que las fisuras internacionales se hicieron patentes.
Por otra parte, la irracionalidad y las emociones viscerales de los sectores de
la oposición democrática hicieron caso omiso al hecho de la usurpación del poder
legal, así como desconocieron la flagrante violación del ordenamiento
constitucional, denunciados tanto por el Fiscal como el Defensor del Pueblo
quienes son criminalizados y desautorizados a expresar discursos con validez y
reconocimiento institucional. Se les trata como delincuentes defensores de
asesino Chávez, y se les intimida y persigue.
Desde ese momento quedó claro que la legitimidad de origen del llamado "gobierno
de transición" descansó en la mentira descarada, y se enmascaró de retórica
pseudo-institucional, la fuerza militar insubordinada trató de aparentar
conformar un alto mando militar y la derogación ilegal y de facto de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se trató como un accidente
menor de la democracia.
Las verdaderas intenciones y objetivos de este Golpe de Estado, se hicieron
evidentes en las acciones del "gobierno" presidido por el dictador Pedro
Carmona, con un gobierno integrado por sectores militares reaccionarios,
poderosos grupos económicos, funcionarios del ex presidente Carlos Andrés Pérez,
Primero Justicia, sectores ultraderechistas del partido COPEI, y
sorpresivamente, una cada vez más segregada y excluida representación de la
cúpula de la CTV.
Luego del decreto golpista, como para sellar la traición, se procedió a la firma
del mismo por un conjunto de violadores flagrantes del orden constitucional
quienes estamparon su responsabilidad como símbolo de esa barbarie llamada
primer decreto del gobierno de transición. El primer episodio de la mascarada
fue suficiente. La dictadura hizo más que obvio el carácter totalitario, anti-
nacional, anti-popular y anti-democrático de los participantes en esta aventura.
No se necesitó nada para desenmascararlos, su verdadero rostro antidemocrático
se presentó abiertamente manchando de vergüenza una página de la historia
política de la patria. Una concentración de poderes jamás vista y el
desconocimiento de la soberanía popular atentaron no solo contra los últimos
tres años, sino además contra los espacios democráticos conquistados durante
largas jornadas de luchas populares.
La violación de la constitución y la disolución de poderes constituidos; la
anulación de facto de la división de poderes y la derogación de la legislación
aprobada en la habilitante hizo de este ensayo dictatorial una apuesta
insoportable para la mayoría nacional. El desconocimiento inmediato de la
figura de Simón Bolívar en el acto, y la eliminación de la palabra bolivariana
del nombre de la República pretendían romper radicalmente con todo los que se
asociara a proceso constituyente y a Chávez.
La concepción absolutista del poder y el desprecio por la noción de justicia
social evidencian lo firmado. El carácter claramente fascistoide y de
retaliación del llamado "estado de transición" se expresó en los intentos de
linchamiento al diputado Tarek Williams Saab, al Ministro del Interior Rodríguez
Chacín, al gobernador Blanco La Cruz, en el asalto a la sede de la Embajada de
Cuba, en las detenciones ilegales y arbitrarias contra centenares de venezolanos
y venezolanas, en los ajusticiamientos cometidos en la Parroquia 23 de Enero y
otros sectores, así como en la férrea censura a la libertad de expresión de
quienes solicitaron la restitución de la Constitucionalidad. Una expresión
brutal de este último punto lo constituyen los allanamientos realizados a los
periódicos, radios y televisoras comunitarias y populares. La televisora del
Estado fue prácticamente saqueada, y mostrada como trofeo por periodistas de
otros canales de televisión, claramente adversos al Gobierno. Sus trabajadores
y técnicos fueron intimidados y perseguidos. Sin embargo, esta aberración
histórica no podía durar mucho tiempo.
La conciencia política de la mayoría del pueblo civil y militar, que ha labrado
su despertar en la defensa de los derechos consagrados en la Constitución de la
República Bolivariana, puso en marcha iniciativas, movilizaciones y operaciones
de resistencia civil, así como la activación de guarniciones de militares
patriotas cuyo propósito fue desconocer a la dictadura, restituir la dignidad y
la Constitucionalidad. El titulo VIII de la Constitución, especialmente los
artículos 131, 333 y 350 dejaron de ser letra etérea y se encarnaron en
múltiples discursos de restitución del hilo constitucional.
En una de las más hermosas e intensas jornadas históricas protagonizadas por el
pueblo de Venezuela, en la noche del propio viernes 12 de abril, se inició un
cacerolazo en las barriadas populares de la ciudad de Caracas, que junto a otras
movilizaciones populares en todo el país, generó una cascada de eventos
favorables a la restitución de los poderes usurpados por los golpistas, y que
posteriormente activó la movilización popular hacia las instalaciones militares
y al Palacio de Miraflores, reclamando la presencia y la libertad del Presidente
Chávez. La demanda fue simple y contundente, que fuese Chávez quién diera
fidelidad a la versión mediática de su supuesta renuncia y que procedieran los
mecanismos constitucionales. Esta demanda era insoportable para el golpismo.
En este momento pasamos de la estrategia defensiva de la Constitución a la
contraofensiva cívico-militar de restitución del orden constitucional.
El comando de la conspiración, develado su intención golpista y reaccionaria,
comenzó a mostrar signos de cobardía huyendo del país. En ese momento muchos
incautos despertaron del engaño colectivo inducido por las operaciones
mediáticas. Un número importante de las guarniciones militares de todo el país
desconocían al gobierno de facto y reclamaban la restitución del orden
constitucional. La unidad del pueblo y las Fuerzas Armadas Nacionales fue,
nuevamente, el factor estratégico de una contra-ofensiva victoriosa contra la
dictadura de ultraderecha.
El comando de la conspiración perdió esta batalla y trato de replegarse;
confundiéndose incluso entre los batallones de la dignidad nacional. Sin
embargo, el pueblo bolivariano y democrático ya reconoce a quienes fraguaron
esta traición a la patria y a la Constitución; y ahora exige justicia y rechazo
categórico a cualquier forma de impunidad. El 13 de abril, en menos de 48
horas, se restituyó la plena vigencia de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y del gobierno legítimamente constituido. Queda claro
que más allá del odio racial y clasista del patronato fascistoide y de la
plutocracia que lo acompañó; el fondo de su antagonismo no es Chávez, ni es la
lucha por la democracia y la libertad, sino su odio visceral a la noción de
justicia social, al protagonismo popular, a la democracia participativa y a la
reafirmación de la soberanía nacional establecida en la Constitución de la
República Bolivariana; así como a sus expresiones concretas como la legislación
que de ella se desprende.
La conspiración ha quedado desnuda en sus núcleos, redes y ramificaciones.
Ahora falta la decisión firme de aplicar con rigor las leyes, ya que el pueblo
demanda justicia no solo por sus sueños y esperanzas sino por el intento de
mancillar su dignidad a través de la impunidad. Que no le tiemble el pulso a la
patria para juzgar y aplicar las leyes a los traidores de la Constitución. En
esta frase se resume el sentir de la unidad cívico-militar que restituyó el0˜þ
https://www.alainet.org/es/articulo/105827?language=en