Propuestas y exigencias para fortalecer la institucionalidad democrática y avanzar en los procesos de inclusión social La coalición de organizaciones de derechos humanos Foro por la Vida, y otras organizaciones adherentes, ante las circunstancias que está atravesando nuestro país vuelven a manifestarse ante la comunidad nacional e internacional, en función de la Constitución de 1999 y los instrumentos de protección internacional de derechos humanos firmados por la República. Somos organizaciones de derechos humanos de carácter independiente que, como lo hemos hecho por más de una década, actuamos en apego a principios y normas aplicables sin discriminación alguna. En tal sentido reafirmamos nuestra satisfacción por la restitución de la legalidad establecida en la Constitución de 1999, que fue violentada el día 11 de abril de 2002, a través de un golpe de Estado. Luego de recuperada la legalidad, el reto de la sociedad y el Estado venezolano es fortalecer la débil institucionalidad democrática y avanzar en los procesos de inclusión social. En tal sentido, y como aporte al proceso de crítica, autocrítica y elaboración de propuestas que corresponde a todos los sectores de la vida nacional, planteamos lo siguiente: Exigimos a los Poderes Públicos que se aboquen de inmediato a una investigación imparcial y ajustada a derecho, que determine las responsabilidades de los hechos ilícitos acaecidos entre los días 11 y 15 de abril del presente año, de manera especial los ocurridos al finalizar la marcha organizada por diversos sectores de la oposición, a fin de que sus autores materiales e intelectuales sean sancionados y se evite así la impunidad de esos delitos y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, proponemos que de conformarse una “Comisión de la Verdad”, para la realización de una investigación de los sucesos que enlutan al conjunto de la sociedad venezolana, la misma sea integrada por personas con alta credibilidad, de reconocida trayectoria democrática, independientes e imparciales de los sectores involucrados en la calificación de los hechos. De igual manera, sugerimos recurrir al apoyo internacional de reconocidas organizaciones de derechos humanos, con experiencia en este tipo de labores, así como de expertos independientes en el área forense y criminalística. Debe asegurarse que esta Comisión cuente con los recursos presupuestarios para realizar esta misión, los cuales deben provenir de la cooperación internacional, para garantizar de esta manera la autonomía e independencia de la misma. Exigimos a los Poderes Ejecutivo, Judicial y Ciudadano que sean respetadas las garantías del debido proceso y los demás derechos humanos de los ciudadanos responsables del gobierno de facto encabezado por el empresario Pedro Carmona Estanga. En particular, rechazamos la posibilidad de juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares, en concordancia con el artículo 261 de la Constitución de 1999. Exigimos a los organismos de seguridad que garanticen el orden en las manifestaciones, en estricto apego a la Constitución de 1999. Ello implica que frente a manifestaciones pacíficas, deben abstenerse de utilizar armas de fuego y sustancias tóxicas, tal como lo consagra el artículo 68 de la Constitución de 1999. Frente a las manifestaciones violentas, deben agotar todas las vías de disuasión y utilizar la fuerza sólo como último recurso, de un modo proporcional a la agresión y resguardando la vida y la integridad de los manifestantes. Igualmente, le exigimos al Ejecutivo que vele por el cumplimiento del llamado que formuló a la población para que cese la violencia contra locales comerciales, garantizando además el control sobre el uso y porte de armas por particulares, poniendo énfasis en la implementación de operativos de desarme de la población. Exigimos a los Poderes Públicos e invitamos a la sociedad a hacer efectivo el derecho a la participación consagrado en diversos artículos de la Constitución de 1999. En tal sentido, los Poderes Públicos tienen la obligación de abrir canales de participación a todos los sectores sociales y por lo tanto deben llamar al diálogo nacional, escuchar sus planteamientos, respetar a los representantes que estos sectores designen, cesar la descalificación de los opositores, entre otras acciones posibles. Por su parte, los diversos sectores de la vida nacional, tienen igualmente el deber de ejercer estos derechos propiciando un clima de tolerancia y reconocimiento del otro, que permita monitorear y controlar al Estado, para que sus acciones sean consistentes con los objetivos plasmados en la Constitución de 1999. En función de lo señalado en el punto anterior, proponemos a los Poderes Públicos elaborar en conjunto con el movimiento de derechos humanos, un Plan Nacional de Derechos Humanos que permita avanzar en la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Exigimos a la Asamblea Nacional que legisle con celeridad para garantizar el carácter no deliberante de la Fuerza Armada Nacional. Ratificamos que los ciudadanos que administran la violencia estatal no se encuentran en igualdad de condiciones que los ciudadanos desarmados y, por tal razón, en resguardo de la institucionalidad democrática, deben existir garantías que impidan que a corporación militar sea convertida en un actor político. Reconociendo que el Presidente de la República tiene el derecho de formular las críticas que considere pertinentes sobre cualquier aspecto de la vida nacional, exigimos que elimine los rasgos intimidatorios presentes en su discurso hacia los medios de comunicación, en tanto son un factor coadyuvante del clima de inseguridad existente para los trabajadores de estos medios y pueden generar un ambiente propicio para la autocensura. Igualmente, exigimos que, conciente del liderazgo que tiene en sus seguidores y de la responsabilidad de su alta magistratura, recupere y mantenga un tono ponderado y ecuánime cuando se dirija públicamente a todos los ciudadanos. Exigimos un manejo responsable de la información por parte de los medios de comunicación, trátese de propietarios o de profesionales a su servicio, públicos o privados, pues su responsabilidad social en este particular no puede ser ignorada. Independientemente de su línea editorial, los medios, particularmente los concesionarios de frecuencias radioeléctricas que son propiedad de todos los venezolanos, deben ejercer un rol de servicio público y no de actores políticos. Lo contrario, vulnera el derecho que tiene toda la población a acceder a información plural y se convierte en un factor más de estímulo a la violencia social. Exigimos a la Asamblea Nacional que propicie un proceso de legitimación de los Poderes Ciudadano, Judicial y Electoral, en apego a los mecanismos establecidos en la Constitución de 1999, que fueron violentados en su oportunidad. Solicitamos a los representantes de esos Poderes que, reconociendo las irregularidades de sus nombramientos, faciliten y estimulen este proceso. Estamos convencidos de que la legitimación constitucional de estos Poderes será un factor coadyuvante del fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Finalmente, ratificamos nuestra satisfacción por la recuperación del hilo constitucional e invitamos a todos los sectores sociales a convertirse en protagonistas de su estricto cumplimiento. Por la Vocería del Foro por la Vida Carlos Correa - Provea Suilvida Rausseo - Humana Dignitas Alfredo Ruiz - Red de Apoyo por la Justicia y la Paz Suscriben el presente pronunciamiento:
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) - Red de Apoyo por la Justicia y la Paz – Oficina de DD.HH. de la Diócesis de Ciudad Guayana “Humana Dignitas” – Colectivo Aportes – Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) – Servicio Jesuita para Refugiados – Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACSSI) – Oficina de Acción Social del Vicariato de Machiques - Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos de Venezuela (SECORVE) – Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello – Vicaría de Derechos Humanos del Arzobispado de Caracas – Oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de San Fernando de Apure - Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos desaparecidos. (FEDEFAM) Adhieren al presente pronunciamiento:
Comisión de Derechos Humanos “Derecho y Justicia” de la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar – Asociación Fraternidad y Orientación Activa (AFOA) - Fundación de Derechos Humanos del estado Sucre – ASOVIDA (Mérida) – ASOLURI (Cariaco) – SOLPARÍA (Edo. Sucre).