Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones industrializadas conocieron el Estado de bienestar social, sustentado por una política de pleno empleo que, a su vez, incrementó la captación de tributos capaces de expandir la seguridad social. Aquel nuevo orden económico no permitió, con todo, que la política de pleno empleo se extendiese a las naciones periféricas. Presionadas por las posturas neocolonialistas de los centros financieros, esas naciones se tornaron exportadoras de productos y de royalties, chupadas en sus riquezas y recursos. Por lo tanto, solo una pequeña porción de la humanidad conquistó el derecho a los 40: trabajar 40 horas por semana; un poco más de 40 semanas por año; a lo largo de poco menos de 40 años de vida. Con la llegada del neoliberalismo, en los países periféricos millones de personas excluidas de las oportunidades de empleo quedaron impedidas de acceder a los derechos económicos y sociales y, por lo tanto, a la ciudadanía. Y en los países centrales el Estado de bienestar social se contraía, mientras las corporaciones privadas se quejaban de la reducción de sus lucros. Se inició, entonces, el vale todo. Bienes estatales y públicos fueron saqueados por la política de privatizaciones. Se dejó de proteger la esfera productiva y se favoreció la especulativa, que asegura retornos más inmediatas y exige menor absorción de fuerza de trabajo. En la óptica keynesiana, había estrecha conexión entre empleo y derechos de ciudadanía. Ahora, mientras mayor el desempleo o el riesgo de ser engullido por él, menor el ejercicio de ciudadanía. Frente a los exorbitantes derechos de las corporaciones transnacionales, los ciudadanos dejan de ser sujetos dotados de derechos. El peso descomunal de las personas jurídicas aplasta los derechos de la persona física. Se salva apenas quien tiene el privilegio de protegerse bajo la marquesina de una persona jurídica. Fuera de eso, tenemos una humanidad desprovista de ciudadanía. Keynes no consideraba el derecho a la ciudadanía como un principio a priori, como hace la doctrina social de la Iglesia católica. Para él, la ciudadanía dependía de la inserción de la persona en el mercado, o sea, de la posibilidad de acceso a productos y servicios. Hoy, el acceso a la ciudadanía es, para miles de millones de personas, tan limitado cuanto al mercado. ?Cómo salir del impasse? Una alternativa pos-capitalista deberá combinar políticas de ampliación de los puestos de trabajo (empleos) con políticas de valorización de trabajos sin vínculo patronal, como los que son realizados en casa, en la comunidad, en función de los estudios y en las actividades culturales y recreativas. Se elimina, así, la discriminación entre trabajo productivo por su forma (trabajo remunerado) y trabajo productivo por su contenido (trabajo voluntario), ambos necesarios para la reproducción y realización de la vida humana. Se supera, así, la asociación entre pleno empleo y ciudadanía. Todos tienen derecho a la ciudadanía, tengan o no un trabajo remunerado. Al traspasar el criterio de vínculo patronal, se incluye en el concepto de ciudadanía el tiempo dedicado a la colectividad, tanto de personas como de empresas. Empresa-ciudadana es la que invierte en el beneficio colectivo sin sacar lucros financieros. Ella simplemente paga su deuda social. En esa perspectiva, el fin de la exclusión social no se medirá tan sólo por la inserción en el mercado, sino también por la inserción en la vida colectiva, en actividades que contribuyan a promover el bienestar social. Ciudadanía pasará a ser sinónimo, no del estatus conferido por la posición en el mercado, sino del ejercicio de mi deber en relación a todos y del deber de todos en relación a mí, incluyendo la naturaleza, en función de la plenitud de la vida. Ante el abuso de la autoridad, la pregunta no será más: ?Sabe con quién está hablando? Y si: ?El señor quién piensa que es? El respeto a los derechos humanos sustentará el paradigma de la ciudadanía, universalmente concebida y acatada. Esa perspectiva solo será alcanzada en la medida en que a todos sea asegurada una renta mínima capaz de permitirles el acceso a productos y servicios. Aquí entran dos cuestiones básicas: definir, en determinado contexto social, cuál es el rendimiento mínimo que una persona necesita para disfrutar de una vida digna y feliz: y delimitar el techo de acumulación de las personas jurídicas, a fin de favorecer la distribución de la renta. Del punto de vista económico, esa ecuación animaría la demanda y la productividad, reduciendo significativamente la desigualdad. Pero, desde los puntos de vista subjetivo y ético, ella exige un profundo sentido de justicia, comenzando por el principio bíblico de reconocimiento del otro como mi semejante y expresión de la imagen divina.