Ecuador: Oposición generalizada a privatizaciones

Sally Burch

La conflictividad social en Ecuador está subiendo de temperatura en torno al
proyecto de privatización de las distribuidoras eléctricas y frente a la
situación de desamparo en la cual se encuentran las provincias alejadas de las
grandes urbes.

En las últimas semanas, el gobierno de Gustavo Noboa, cuyo mandato termina en
enero próximo, ha puesto el acelerador para lograr la venta del 51% de las
acciones de 17 empresas distribuidoras de electricidad. Es más, parece
dispuesto a hacerlo aunque tenga que pasar con aplanadora sobre los serios
reparos expresados, ya no solamente por los sindicatos del sector y los
movimientos populares, sino por buena parte de los consejos provinciales del
país, la Asociación de Municipalidades, sectores políticos y amplios sectores de
opinión.

Desde el año pasado las organizaciones indígenas y sociales han venido
desarrollando una serie de acciones y movilizaciones en oposición a la venta de
las eléctricas, pero la polémica alzó de tono al iniciarse marzo, cuando se dio
a conocer el precio base de venta de las empresas y se anunció la fecha de la
subasta para el 12 de abril próximo. Luego de un avalúo internacional, se fijó
el precio del 51% de las acciones de las 17 empresas en apenas unos 380 millones
de dólares. Diversos sectores consideran que el bajo valor es un atraco al
país, pues se trata de empresas con negocio en marcha, y que otras empresas de
la región se han vendido en un valor por usuario tres o cuatro veces mayor. El
propio gerente del Fondo de Solidaridad, instancia en cuyas manos están las
acciones del Estado y cuyos ingresos deben destinarse a obras sociales, ha
expresado su inconformidad. Existen también cuestionamientos sobre la
transparencia del proceso, expresados incluso por sectores empresariales.

Al menos 10 de los consejos provinciales concernidos, principalmente los de la
Sierra y Oriente, han sumado sus protestas y declinado vender en la subasta las
acciones que ellos detienen en las distribuidoras. El movimiento es encabezado
por la Provincia del Azuay (Sierra Sur) y el municipio de su capital, Cuenca,
que han reclamado que el gobierno entregue las acciones estatales para que las
manejen las instancias de gobierno local, alegando que la empresa local es
solvente.

Las autoridades nacionales argumentan que el esquema de la dolarización obliga
al Estado a dejar de subvencionar el consumo eléctrico. No obstante, se han
cerrado a considerar otras opciones propuestas para reformar el sector sin
privatizarlo. Su intento para ganar la opinión pública a su favor, argumentando
que la privatización conllevará a mayor eficiencia, y por lo mismo a una rebaja
en las tarifas al usuario, ha resultado poco convincente, cuando desde hace
meses se está alzando progresivamente las tarifas (más del 30% en total) para
ofrecer un ingreso apetitoso a los inversores. Máxime que el resultado de la
subasta podría ser la creación de un monopolio privado.

El enfrentamiento se ha llevado también al plano legal. Organizaciones sociales
e indígenas han planteado un recurso en el Tribunal Constitucional (TC),
argumentando que el gobierno estaría desacatando un fallo anterior (diciembre
2000) del TC que declaró inconstitucional la venta del capital del Fondo de
Solidaridad. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
y otras organizaciones sociales han anunciado nuevas movilizaciones para las
próximas semanas.


Paros

Entre tanto, en las provincias que sufren mayor marginación, el descontento
sigue en aumento frente al abandono por parte de los poderes centrales. Hacia
fines de febrero, las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana, zona
afectada por la cercanía de la guerra en Colombia, declararon un paro total de
actividades para exigir el cumplimiento de acuerdos suscritos con el régimen
hace más de una año, con un medida similar. El régimen se inclinó por la línea
dura: la militarización de la zona. Luego de 10 días de enfrentamientos
violentos, que dejaron un saldo de dos muertos y una decena de heridos, el
gobierno se vio obligado a negociar una salida, que contempla recursos para el
crédito agrícola, vialidad, desarrollo social y solución a los apagones diarios.

Para las semanas que vienen, otras provincias están amenazando asimismo ir al
paro, y si el gobierno va adelante con la subasta de las empresas eléctricas,
las movilizaciones podrían estallar en todas partes; una situación que arriesga
convulsionar al país si las autoridades responden con actitudes prepotentes y
soluciones autoritarias.