Andrés Capelán
Montevideo

Según afirmó en su edición del pasado viernes 3 de agosto el
semanario uruguayo "Brecha", el presidente Jorge Batlle
admitió en privado que sabe que el capitán de la Policía
Ricardo Medina, fue quien ejecutó en 1976 a la nuera del poeta
argentino Juan Gelman. Según la publicación, Batlle reconoció
en una conversación con el senador Rafael Michelini y otras
personas, que sobre el caso "Sabemos absolutamente todo lo que
pasó, salvo dónde está enterrada." Habría también explicado su
silencio oficial diciendo: "no puedo darle a un argentino lo
que le niego a los uruguayos", ya que en las desapariciones de
uruguayos no tenía previsto dar a conocer ese tipo de
informaciones. Consultado posteriormente al respecto, el
presidente dijo a la prensa no saber nada del asunto: "Vayan a
preguntarle a Brecha", contestó molesto.

María Claudia García de Gelman había sido secuestrada con ocho
meses de embarazo en la ciudad de Buenos Aires y trasladada
clandestinamente a Uruguay hacia setiembre de 1976. Aquí
permaneció detenida en una cárcel clandestina hasta que dio a
luz a fines de octubre de ese año. Dos meses después, madre e
hija partieron hacia destino desconocido, custodiadas por los
militares Juan Rodríguez Buratti y José Arab. Cuando a
principios de 2000 Juan Gelman vino a a Montevideo a
encontrarse con su nieta perdida, (que había encontrado
investigando por su cuenta) el presidente Batlle se apresuró a
confirmar oficialmente la circunstancia. Para ello ordenó al
jefe de la Casa Militar de la Presidencia, el general Ricardo
González, que interrogara a Ricardo Medina, quién -como dice
"Brecha"- en distintas oportunidades se había jactado de
conocer los detalles de la historia que investigaba Gelman.
Medina contestó entonces a González: "¿Cómo no voy a conocerla
si fui yo quien la entregué? (a la nieta)"


Sí hubieron ejecuciones

Ricardo Medina depositó a la niña en la puerta de la casa de
otro policía una noche de principios de enero de 1977. En
cuanto a María Claudia, fue trasladada a otra cárcel
clandestina en la zona de Pocitos Nuevo, de donde Medina se la
llevó para ejecutarla y posteriormente hacer desaparecer su
cuerpo. Al igual que el "padre adoptivo" de la nieta de
Gelman, a la vuelta de la democracia, Medina fue (es) activo
militante del grupo sanguinetista del Partido Colorado
"Cruzada 94", liderado por el actual senador Pablo Millor.
Entre otras responsabilidades partidarias, el policía fue
hasta hace poco secretario de éste en el Parlamento. Por su
parte, el hoy fallecido apropiador de la niña fue en su
oportunidad nombrado en cargos administrativos de confianza
por el entonces presidente Julio Sanguinetti, quien sin
embargo insistía en no saber nada del asunto.

La noticia de la ejecución de María Claudia viene a dar un
profundo "mentís" a las recientes afirmaciones de la Comisión
Para la Paz en el sentido de que en Uruguay no hubieron
ejecuciones de prisioneros políticos, y que todos los
fallecidos fueron víctimas del "exceso de tortura". Pero
además -como recuerda "Brecha"- en diciembre de 1974 cinco
detenidos fueron asesinados a sangre fría en las cunetas de la
ruta 8, a la entrada de la ciudad de Soca, adonde habían sido
llevados desde una cárcel clandestina en el barrio
montevideano de Punta Gorda; y en 1976 los parlamentarios
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los refugiados
William Whitelaw y Rosario Barredo fueron ejecutados por
militares uruguayos en la ciudad de Buenos Aires.


¿Comisión para qué?

La tan liviana afirmación de la Comisión para la Paz de que
aquí no hubieron ejecuciones de prisioneros, parece más que
nada un burdo intento por aplacar los ánimos y lograr un
conformismo fatalista por parte de los familiares. En ese
sentido operan también las recientes declaraciones al diario
"El País" de Montevideo del representante de la Asociación de
Familiares Javier Miranda, quién dijo que "tenemos la
convicción de que los desaparecidos murieron en sesiones de
tortura, donde no resistieron, y por eso fueron desaparecidos
y no se entregaron los cuerpos." Más adelante, Miranda incluso
explicó que "Hay que tener en cuenta que el promedio de edad
de los desaparecidos en Uruguay ronda los 40 0 50 años, y
algunos tenían más edad, no eran jovencitos", reforzando con
ese razonamiento la teoría (que otra cosa no es) de la
Comisión.

Puestas así las cosas, la "nueva" política del presidente
Batlle sobre los derechos humanos comienza a derrumbarse como
el castillo de naipes que es. El presidente estaba decidido a
evitar la identificación de los responsables de los delitos
más aberrantes, manejando el expediente de "la verdad
posible", o sea: una verdad a medias, lo que es muy parecido a
una mentira. En ese sentido están orientados los esfuerzos de
la Comisión para la Paz, que no ha hecho otra cosa que anotar
lo que los violadores de los derechos humanos han querido
develar, y que en los últimos días solicitó y obtuvo el apoyo
explícito de los familiares, el Encuentro Progresista, y la
central sindical (PIT-CNT).

Casi nadie se anima aquí a reconocer que el problema es que
los militares uruguayos se niegan a confesar sus crímenes
hasta en forma anónima o genérica, y que nadie los puede
convencer de que digan la verdad (no digamos ya obligar). Los
ladrones, secuestradores, torturadores, violadores y asesinos
que hicieron lo que quisieron durante los once años de
dictadura, permanecen impunes porque tienen la fuerza
suficiente y nadie puede exigirles nada. Por si eso fuera
poco, tienen también importantes cómplices civiles
(principalmente dentro del Partido Colorado), que tampoco
están interesados en que se conozca toda la verdad, porque
ellos también fueron responsables de lo sucedido.