Todos quienes hemos sido en alguna medida protagonistas del siglo XX podremos coincidir con el historiador británico Eric Hobsbawm, en el sentido de caracterizarlo como un período contradictorio, un tiempo en el que se produjeron grandes avances civilizatorios y humanizadores, a la vez que se registraron algunos de los episodios de barbarie e intolerancia más indignos que haya conocido la especie humana. Entre ese impulso civilizatorio, humanizador, progresista, alentador de la ciencia y la técnica, del progreso espiritual y material, y el simultáneo empuje de las fuerzas de la intolerancia, el oscurantismo y la barbarie, que se han traducido en situaciones de violencia, de pobreza y de exclusión social, hemos navegado en las últimas décadas, lo que llevó a Hobsbawm a bautizar este tiempo como la "era de los extremos". Al finalizar el siglo, en nuestro balance de luces y sombras, quedan registradas circunstancias, hechos y procesos muy positivos, aunque en no pocos casos interrumpidos o frustrados. El siglo XX ha sido, en buena medida, un tiempo emblemático para quienes sostenemos e impulsamos las aspiraciones de progreso y emancipación social, un tiempo claramente marcado por los proyectos colectivos. Esos proyectos colectivos que en forma también colectiva y plural, en muchos puntos del planeta, procuramos actualizar y resituar en el nuevo escenario de mundialización, al cual no podemos sustraernos. Proyectos colectivos La intención de reenfocar, resituar y actualizar un proyecto colectivo, a la vez moderno y solidario, supone en el momento presente explicitar algunos fundamentos. Explicitación que en modo alguno es ociosa, dado que las formas dominantes de comunicación social pretenden hacernos creer que estamos asistiendo a nivel mundial a la hegemonía supuestamente incuestionada del llamado "pensamiento único", de matriz filosófica ultraliberal. Se nos ha pretendido hacer creer que la llamada "globalización" es un proceso avasallador, homogéneo, unidireccional, inexorable, ingobernable, incuestionable e incuestionado. Por cierto que la versión ideológica de la supuesta inexistencia de alternativas, no se compadece con la verdad. La propia realización de programas y actividades como las que aquí nos convocan, con un apoyo oficial de la Unión Europea es una comprobación. El Foro Social Mundial, realizado en enero en la ciudad de Porto Alegre o la Cumbre de los Pueblos de Québec, dan cuenta de una realidad que es mucho más compleja y más diversa que la que con frecuencia se nos quiere presentar. La explicitación a la que hacíamos referencia, supone, en primer lugar, la reivindicación de la acción colectiva como práctica capaz de transformar positivamente la realidad. Acción que puede traducirse en la práctica política o en las más diversas prácticas sociales, con un sentido profundamente solidario y a la vez transformador. Explicitación que, entre tantas otras ideas olvidadas o relegadas, deberá acudir nuevamente al concepto de "desarrollo" como una aspiración posible y una construcción viable, en el marco de un proyecto colectivo. Explicitación que también supone admitir la pluralidad de lecturas de la realidad y la pluralidad de puntos de vista, tanto para interpretarla como para actuar sobre ella. Explicitación que necesariamente involucra un compromiso con los sectores menos favorecidos de la sociedad; los de aquellas personas, familias y grupos sociales que han sido afectados más negativamente por la llamada "globalización"; globalización que es frecuentemente concebida con inclusión de los menos y con exclusión de los más. La pobreza en las ciudades Si bien es esta una realidad de alcance mundial, en las sociedades del Sur es donde se visualizan algunas de las situaciones más hirientes. En nuestras sociedades periféricas, las situaciones sociales no han cesado de deteriorarse en los últimos años. Las condiciones "tradicionales", por así llamarlas, en que se venían registrando las realidades de la pobreza, se han agudizado por una situación de clara exclusión. Exclusión que supone una radical pérdida de valores y la consolidación de un esquema social dual, escindido, fragmentado. A la pobreza estructural, presente en todas las sociedades del mundo capitalista central o periférico, se agregan ahora las nuevas formas de la pobreza, que en una altísima proporción se concentran en las aglomeraciones urbanas. Los "nuevos pobres" y los núcleos duros de pobreza estructural plantean, en particular a las sociedades urbanas contemporáneas, nuevos desafíos y mayores exigencias de respuesta. Es en las ciudades y en sus áreas más o menos extendidas de pobreza donde se registra la reproducción biológica y social de las poblaciones y de las condiciones económicas y culturales que generan esa hiriente realidad. No es una novedad reconocer que es en las ciudades -particularmente en las grandes ciudades y en las metrópolis contemporáneas- donde se concentran y se ponen de manifiesto las condiciones de extrema precariedad. Es por ese motivo que estamos convencidos que es precisamente a nivel de las ciudades y de las comunidades locales donde deberán articularse las respuestas para superar esas realidades. Mal entenderíamos y abordaríamos el problema de la pobreza si creyéramos que éste se restringe a los sectores de población que genéricamente denominamos "pobres". Muy por el contrario, se trata de una realidad que a todos afecta. La realidad hiriente de la pobreza y de la exclusión debe ser abordada por el conjunto de la sociedad. Políticas sociales y culturales Por los motivos expuestos, en la ciudad de Montevideo estamos apostando, desde hace ya más de una década, a las políticas sociales y culturales. Políticas que estamos desplegando con la intencionalidad, ya no sólo con el propósito de evitar la exclusión social, sino principalmente de favorecer la inclusión. Procuramos que esas actuaciones sociales y culturales se conviertan en auténticas políticas de desarrollo económico y social, que soslayen la visión asistencialista para afirmar un modelo de promoción educativo y cogestionado con la comunidad. En ese camino procuramos conjugar esfuerzos, generar estímulos y condiciones, promover sinergias. Con tal propósito es que hemos venido trabajando con diversas entidades vecinales y sociales y organizaciones no gubernamentales. Apostamos así a la confluencia de intereses y de esfuerzos con el llamado "tercer sector". También procuramos involucrar al sector privado en actuaciones conducentes al bien público. Por otra parte, buscamos tenazmente coordinar actuaciones con el gobierno central para no duplicar esfuerzos y potenciar los recursos públicos, siempre escasos, por cierto. Apostamos a las políticas sociales no sólo en tanto actuaciones compensatorias de los desequilibrios y desajustes producidos por el modelo económico hegemónico, sino por sobre todo, como una oportunidad de jerarquizar y estimular la cohesión social. El "derecho a la ciudad" tiene como un componente básico el derecho al acceso y disfrute de los bienes culturales y los beneficios del conocimiento y de la técnica. Apostamos, principalmente, a la construcción de ciudadanías, a la ampliación de la participación pública y la responsabilidad ciudadana, al estímulo a la participación política y el involucramiento creciente en los asuntos comunitarios, como modos de promover un crecimiento individual y colectivo que conlleve a una mayor igualdad de oportunidades y contribuya a combatir las situaciones de discriminación de cualquier naturaleza. Papel de los gobiernos locales Somos conscientes que la gran mayoría de las autoridades locales de nuestros países se ven obligadas a manejarse con recursos muy limitados. Por ese motivo, valoramos toda postura de gobierno que incentive la participación, el involucramiento, la actuación colectiva. Creemos que es necesario, por sobre todo, apostar a la sensibilidad y a la creatividad, latentes en el colectivo social y que es necesario despertar y estimular. Estamos convencidos que la gestión de gobierno a nivel local, en nuestros países pobres, no debe traducirse en una pobre gestión de gobierno. Ni pobreza de ideas ni pobreza de iniciativas, ni mucho menos pobreza de sensibilidad para con los postergados y los vulnerados. Hace muy pocos días, realizando una intervención ante nuestro equipo de gobierno, nosotros resumíamos el espíritu que nos anima señalando que no habíamos accedido a esta responsabilidad que nos confió la ciudadanía para administrar la crisis. Por el contrario, estamos para realizar transformaciones profundas y perdurables. Diferentes experiencias exitosas en todos los continentes -algunas más próximas y otras más distantes- nos están mostrando que con una clara dirección de trabajo y un más claro compromiso con los sectores populares, apostando al protagonismo de éstos, es posible superar no pocas de nuestras urgencias y, a la vez, avanzar hacia una sociedad más justa, solidaria y democrática. Vale la pena señalar también, que apenas unas pocas semanas atrás, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con los Jefes de Gobierno e Intendentes de algunas de las más importantes ciudades del Cono Sur de América: Buenos Aires, San Pablo, Rosario, Porto Alegre, Belo Horizonte y -por supuesto- Montevideo. Reunión de trabajo, donde se conjugaron visiones significativamente confluyentes, tanto en lo relacionado con los diagnósticos como en las apuestas de futuro. Confiamos mucho en tales confluencias. Recuperar la idea de desarrollo Corresponde que, en un ámbito jerarquizado de nivel internacional como el que hoy se inaugura, se vuelva a manejar -frontalmente y sin complejos- el concepto de "desarrollo". En el pasado reciente se pretendió relegar el concepto y el vocablo desarrollo "al cajón de los elementos inservibles" o, en todo caso, a la vitrina de las curiosidades arqueológicas. Por cierto que tal hecho no logró desbaratar el carácter vertebrador, aglutinante, convocante, del paradigma del desarrollo. En el momento presente, y frente a las incertidumbres e interrogantes que se plantean en relación con el futuro inmediato, ese concepto ha vuelto a resurgir como una necesidad del colectivo social. Desde luego, no confundimos "desarrollo" con el exclusivo crecimiento cuantitativo, dejando de lado valores que consideramos sustantivos. Ética y desarrollo constituyen un singular binomio ?para nosotros indisoluble- mientras la concepción economicista pretendió reducir la idea de desarrollo a la de mero "crecimiento económico". En la actualidad, con la distancia crítica respecto a debates y discusiones que datan de más de treinta años atrás, estamos en condiciones de recuperar en forma crítica y creativa esa noción de desarrollo y, a la vez, estamos en condiciones de explorar los múltiples puntos de contacto con el plano de lo ético. Ya en los años cincuenta el aporte innovador y original en el campo del pensamiento de figuras removedoras de las ciencias sociales, como lo fue para nosotros el padre Louis Joseph Lebret, estaban levantando y promoviendo por toda América Latina la idea de una "Economía Humana" como una manera de enlazar los valores humanos esenciales con las interpretaciones y las propuestas de cambio económico y social. Tengamos en cuenta que la influencia del pensamiento del padre Lebret y de la influencia ideológica de la escuela de la Economía Humana no fue por cierto menor en América Latina desde entonces, aunque en no pocos casos se la ha observado con visible desdén desde ciertas posturas académicas y tecnocráticas. Del mismo modo, el pensamiento desarrollista desde los primeros tiempos de CEPAL y la influencia del pensamiento de la escuela económica dependentista, así como los aportes de las vertientes fuertemente críticas a la economía capitalista de inspiración socialista, confluyeron en la gestación de un pensamiento original en nuestra América. Vertientes todas que, desde un inicio, procuraron conciliar desarrollo económico y desarrollo social con un fuerte compromiso ético. Centrándonos en nuestra experiencia específica, la gestión municipal de la ciudad y el departamento de Montevideo en los últimos once años, hemos procurado compatibilizar en la práctica, la estrecha y para nosotros ineludible interrelación que debe existir entre el sustrato ético que debe regular la acción política y, en general, toda actuación pública y las políticas públicas, entendidas éstas como políticas orientadas al desarrollo económico y social. En los últimos años hemos venido reflexionando acerca del concepto de "capital social" y su implicancia en los procesos de desarrollo. Bernardo Kliksberg, especialista en políticas sociales del BID, ha venido manejando esta sugerente y removedora categoría conceptual en diversas publicaciones y conferencias dictadas en diferentes reuniones de carácter internacional a las que hemos tenido acceso. Se viene reconociendo en forma creciente el papel decisivo y aún determinante que la articulación social y el acervo cultural desempeñan en todo lo relacionado con las expectativas y posibilidades de generar un proceso de desarrollo económico y social sustentable. Sustentable, en primer término, en su dimensión temporal, y sustentable tanto en lo relacionado con su dimensión ambiental como también en su dimensión económica, social y cultural. Estamos convencidos que es el campo de lo cultural un ámbito en el cual se definen importantes cuestiones relacionadas con el desarrollo y con el bienestar de nuestras poblaciones. Estamos convencidos que al analizar los problemas del desarrollo debemos incorporar nuevos elementos a los paradigmas existentes. Incorporación que supone establecer una clara relación entre el pensamiento económico y la realidad; la incorporación de variables sociales y políticas y aún culturales en el análisis económico, así como supone también, incorporar la referencia ética en el análisis económico. Entendemos que la cuestión ética se puede y se debe plantear en economía a partir de la propia lógica económica, y no desde una moral que la corrige desde fuera. El objetivo sigue siendo, al igual que hace cincuenta años, pensar un "desarrollo integral", tal como lo planteaba CEPAL. Un desarrollo en el cual la reformulación de la lógica económica encuentre su posicionamiento en forma conjugada con la imprescindible sensibilidad social. Protagonismo de las ciudades En ese contexto de experimentación, de búsquedas y de encuentros relacionados con los paradigmas del desarrollo social, es que en los años 90 asumen un especial y creciente protagonismo los gobiernos locales. Una realidad de alcance mundial que se ha puesto muy especialmente en evidencia en nuestra América Latina, donde los gobiernos y autoridades locales han asumido nuevos roles y juegan un papel determinante en los procesos de desarrollo. Se trata de un proceso gestado y desarrollado en forma paralela a los procesos de "ajuste" económico implantados a partir de los años 80, claramente regresivos en lo social, que golpearon fuertemente a la mayoría de los países de nuestra América Latina. La actuación generada en muchas ciudades y ámbitos locales alentó algunas estrategias de enfrentamiento a ese modelo hegemónico; en particular, la articulación de actores sociales con gobiernos comunales, generalmente de signo progresista, para impulsar un "proyecto local" con fuerte énfasis en los componentes de política social. En este camino estamos convencidos que no estamos solos, y que esa dirección de trabajo ha sido validada en diversos foros internacionales. En la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos - Habitat II- (Estambul, 1996) se otorgó un papel central a los gobiernos y autoridades locales. En dicha cumbre mundial se llamó expresamente la atención sobre esta nueva y dinámica realidad y se le dio un nuevo impulso y validación, en la medida que las resoluciones de la Conferencia comprometen a los gobiernos de todo el orbe. En aquella oportunidad se destacó la creciente incumbencia de los municipios en materia de política social e iniciativas de desarrollo local. Tanto en la propia cumbre como en la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales (AMCAL) que la precedió, se destacaron los avances registrados hasta entonces en la gestión de gobierno a nivel local y se valorizaron altamente algunas experiencias en particular, tales como la implementación de políticas sociales, la elaboración de los presupuestos en forma participativa o el trabajo conjunto con actores locales, con la sociedad civil y en particular con ONGs y organizaciones comunitarias. En esa oportunidad, en los debates producidos y en los textos de las resoluciones se efectuó un respaldo explícito a la labor desplegada en las últimas dos décadas por parte de los gobiernos locales y particularmente a su destacada actuación en relación con el mejoramiento de los asentamientos humanos. Se trata de un dinámico proceso, aún en curso, que tiene alcance mundial. Por lo tanto, los mismos datos y las mismas afirmaciones asumen una específica validez tanto para nuestros países americanos como para el mundo europeo. En numerosos municipios y ciudades, tanto de América Latina como de Europa, se vienen consolidando estos procesos de protagonismo creciente de los municipios y la reivindicación por parte de los mismos de las imprescindibles transferencias de recursos de parte de los gobiernos nacionales, reivindicación que con frecuencia es soslayada o desatendida, generándose así diferentes modalidades de conflictividad o desentendimiento. En este contexto es que estamos llevando adelante nuestra específica gestión de gobierno municipal en Montevideo. La experiencia de Montevideo Montevideo es la ciudad capital más austral del hemisferio Sur. Con una población de algo más de 1:350.000 habitantes, el departamento de Montevideo, con unos 520 km2, concentra un 44% de la población total del país. En tanto capital del país es sede del Poder Ejecutivo nacional, de sus Ministerios y del Parlamento, así como de la Suprema Corte de Justicia. Concentra además más de dos tercios de la actividad industrial, la casi totalidad de la educación superior y un muy elevado porcentaje de las actividades culturales y recreativas. La ciudad de Montevideo constituye, a escala del Uruguay, una ciudad de porte metropolitano. Es el centro principal de una extensa y dinámica área metropolitana, que incluye una parte importante de los municipios vecinos y que aglutina una población superior al millón y medio de personas. En tanto responsables de la gestión municipal de la capital, nos consideramos responsables de trabajar por un Montevideo al servicio del país todo. Una aspiración que se vuelve prioritaria si además consideramos que Montevideo aspira a desempeñar un papel relevante en el proceso de integración regional del subcontinente austral de América, que hoy se expresa en el Mercosur. Nuestra gestión en el campo de las políticas sociales y culturales está fundamentada en un programa de gobierno que expresamente fue convalidado por la ciudadanía, en el cual se enfatiza la lucha por la inclusión social y por el desarrollo, en un similar nivel de jerarquización. En más de una oportunidad hemos sostenido que las políticas sociales y culturales, y las múltiples y diversificadas actuaciones que en el campo municipal se sustanciaron, debían ser entendidas no sólo como políticas compensatorias de un modelo económico y social injusto, sino también, y por sobre todo, políticas de desarrollo económico y social. Señalemos que esto nos ha llevado a la creación en nuestro equipo de gobierno de un Departamento específicamente destinado a promover un Montevideo dinámico y productivo, que hemos denominado "Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional". Las políticas sociales y culturales constituyen el eje vertebrador de nuestra gestión, en tanto apuntan a la médula estructural de los problemas sociourbanos. Esta concepción integral e integradora de las políticas sociales y culturales implementadas en Montevideo, ha determinado que la gestión de nuestra ciudad haya sido reiteradamente reconocida en el plano internacional. En alguna medida, en función de esos antecedentes, hemos accedido a ser coordinadores de la Unidad Temática de Políticas Sociales de la red de Mercociudades y coordinadores de la Red temática N? 5 de Políticas Sociales Urbanas del proyecto URB-AL apoyado por la Unión Europea. Para impulsar el mejor desarrollo de esas políticas se ha venido implementando en nuestra ciudad y nuestro departamento de Montevideo un proceso de descentralización municipal con activa participación social. Dicho proceso, iniciado en el año de 1990, implica una división territorial en 18 zonas, en cada una de las cuales existe un órgano de gobierno local (Junta Local) y un órgano de participación social (Concejo Vecinal). Este último cuerpo, integrado por entre 25 a 40 vecinos a título individual, electos en actos eleccionarios abiertos, a través de la votación popular, posee las competencias de contralor de la actividad municipal, así como de iniciativa y propuesta y de cogestión de algunos de los programas descentralizados, generalmente programas de profunda resonancia social. En cada una de las zonas en que actúan los Concejos Vecinales, nuestro equipo de gobierno realiza un ejercicio conjunto de construcción de un presupuesto en forma participativa, donde los propios vecinos son factor determinante para fijar las prioridades de obras, servicios y programas sociales, conformando de este modo una síntesis de las aspiraciones de la población en cada ámbito zonal y de las propuestas y posibilidades determinadas a nivel de la municipalidad. Se trata de un ejercicio profundamente democrático, que se materializa en el involucramiento en un proceso de análisis y debate público en el que forman parte varios miles de ciudadanos, que dedican generosamente parte de su tiempo a tareas de claro beneficio comunitario. Ello permite implementar, con éxito y arraigo creciente, las acciones en cada una de las zonas de Montevideo y en cada uno de los barrios de cada zona, con un significativo nivel de compromiso e involucramiento de la comunidad. Nuestras prioridades se encuentran en los sectores sociales más vulnerables o menos favorecidos. De este modo, estamos trabajando en la implementación de programas de salud (predominantemente preventivos); programas de capacitación y construcción de ciudadanías; de atención a grupos sociales específicos (niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con capacidades diferentes) que presentan necesidades y demandas particulares; programas de empleo; de mejoramiento barrial y de vivienda, de creación de empresas, de recreación y animación deportiva, de animación cultural, etcétera. Por supuesto consideramos que una parte sustantiva de la inversión en infraestructuras, que está realizando nuestra municipalidad, también está dirigida a un claro mejoramiento urbano y ambiental, que redunda en la elevación de la calidad de vida de estos mismos sectores poblacionales a los cuales apuntan las políticas referidas. De estas obras nos interesa destacar los Planes de Saneamiento Urbano (actualmente están muy avanzados los trabajos del Plan III), apoyados financieramente por el Banco Interamericano de Desarrollo. El Plan de Saneamiento III constituye el proyecto de mayor envergadura apoyado por el BID en nuestro país y el mayor monto de préstamo aprobado. Es un auténtico orgullo señalar que estamos ejecutando el mismo dentro de los plazos y presupuestos previstos y que, una vez culminadas, estas obras beneficiarán a la población carenciada de numerosos barrios periféricos de nuestra ciudad. Concluiremos señalando que consideramos que todas estas actuaciones forman parte de una concepción de sociedad, en la cual la imprescindible modernización se puede y se debe conjugar con la más amplia participación democrática, con la solidaridad y la equidad. Modernización sí, pero modernización solidaria. * Mariano Arana, arquitecto uruguayo, es Intendente de Montevideo. El presente texto corresponde a la intervención del autor en la segunda reunión anual de la red de "Políticas Sociales Urbanas" del Programa URB-AL promovido por la Comisión Europea, que tuvo lugar en la capital uruguaya los días 31 de mayo y 1 de junio de 2001.