Uno de los signos más significativos de la democracia de nuestro tiempo es sin duda el que los gobernantes rindan cuentas a la población. Más allá de los informes rimbombantes y litúrgicos, en México se discute hace 30 años el derecho a la información que engendra el derecho a conocer los documentos históricos y actuales de la tarea gubernamental y la vida del país. Por ello es alentador el anuncio de Vicente Fox de informar a la ciudadanía el curso de su gobierno cada tres meses. Semejante es la conducta del jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, quien además prometió someterse al juicio de los capitalinos para continuar o dejar su puesto. Pero este ejercicio de rendir cuentas, es claro que no puede quedar al arbitrio de los gobernantes o sus asesores. De ahí la urgencia de legislar sobre el derecho a la información. No son los gobernantes, libremente, quienes determinen qué informar o sobre qué. Sino que a esa potestad debe agregarse la opinión, las necesidades y las inquietudes de la sociedad. Desde luego, además de la cosa pública, los gobernantes elegidos como resultado de la oferta que hicieron en sus campañas, debieran responder puntualmente a esas ofertas, incluso para informar y fundamentar qué se pudo y qué no y por qué. Son ya costumbre los balances de los 100 días de gobierno o los informes abultados de las promesas de campaña. En general poco claros, con volúmenes gigantes o en espacios donde no todos los ciudadanos, ni siquiera los más interesados, acceden a dicha información. Por ello para el movimiento de mujeres, para quienes hemos estado atentas al ejercicio del poder gubernamental, quienes tomamos nota de ofrecimientos y problemáticas, en tiempos de democracia y cambio, donde la aspiración por la equidad, la justicia y la igualdad de oportunidades, es signo de estos tiempos, nos parece indispensable que el presidente Vicente Fox rinda cuentas sobre aspectos centrales y el jefe de gobierno del Distrito Federal haga lo propio. Entre los aspectos centrales nos gustaría saber, cuando Fox haya finalmente terminado su Programa Nacional de Desarrollo, al cual lo obliga la ley, conozcamos con qué programas, con qué financiamientos y con qué proyecciones hará posible su promesa de gobernar con una perspectiva de género, es decir, que tome en cuenta todas las desigualdades, pero particularmente las que aquejan a la mitad de la población. Otra cuestión central es cómo el gobierno federal y los gobiernos locales están cumpliendo con los compromisos de México en los acuerdos internacionales que ya han sido signados y que debieran, en algunos casos, ser ley y programas, según el artículo 133 de nuestra Constitución. Violencia de género ?Qué pasa con la violencia y la perspectiva de género? Es una pregunta actual, en virtud de la próxima celebración en México del Simposio 2001: Violencia de Género, Salud y Derechos en las Américas, donde un funcionario mexicano, en calidad de experto o una funcionaria, expondrán qué es lo que en México se ha hecho para mitigar el grave fenómeno de la violencia, cómo se ha instrumentado la política que impida el deterioro en la salud. Lugar, donde, diré de paso, también debe rendir cuentas la sociedad organizada en asociaciones que se comprometieron a luchar contra la violencia hacia las mujeres. Este Simposio que se realizará en algún lugar de las playas de Cancún, Quintana Roo, entre el 4 y 7 de junio próximos, será un espacio ideal para conocer qué pasa. Sin embargo, habría que preguntarse por qué desapareció el Programa Nacional contra la Violencia Familiar, luego que en campaña el entonces secretario de Gobernación, Francisco Labastida, calificó al fenómeno como un asunto de seguridad nacional. También habría que preguntar si es conveniente mantener a un secretario del Trabajo, quien al pensar que las mujeres tienen el único papel de madres y cuidadoras de la familia nuclear, cómo y en qué forma parará a empresarios y funcionarios que nulifican el derecho al trabajo de miles de mujeres sometidas a exámenes de gravidez al solicitar un empleo. ?cuál es el criterio para mantenerlo? y ?cuál es la actitud que impide dar una respuesta a numerosas personas que han pedido esa respuesta? Incumplimientos Pero si analizamos los mandatos de la Convención Internacional contra toda forma de discriminación a las mujeres, también habría que pedir cuentas a gobiernos y legisladores que mantienen leyes del siglo XIX, como la disposición del Código Civil de Aguascalientes donde se prohíbe expresamente el trabajo a las mujeres, si están casadas y les niega permiso su marido. Eso contraviene la Convención y aunque ya hace seis años que la Comisión Nacional de Derechos Humanos conminó a gobernantes y legisladores a corregir tal situación, en otras entidades de la República que sucede eso, no se hace nada. Igual tendríamos que preguntar a las autoridades de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, por qué oculta la estadística de la violencia sexual en el Distrito Federal, estadística que en tiempos de José Antonio González, hace 4 años, existía y se difundía, lo que significa que no existen impedimentos administrativos y en cambio un prurito poco claro del gobierno anterior en el Distrito Federal y el actual, hoy ocultan. Adicionalmente nos gustaría saber cómo fue que López Obrador decidió hacer una política asistencial para las mujeres y no una de desarrollo, perfectamente aprobada por 183 países, incluida como necesaria en el Plan de Desarrollo de Zedillo y en el programa de gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y ahora resulta que quiere vetar la iniciativa que dará independencia al Instituto de la Mujer en el Distrito Federal, ?por qué? Necesitamos una explicación. Y sí. Se trata de rendir cuentas, incluso de legislar sobre el derecho a la información, y si Fox hace de ello, como sucede, también un acto mediático y de propaganda, es necesario que respondan él y sus semejantes, gobernantes de toda la República. Porque la rendición de cuentas es una condición de la democracia moderna, y no un buen gesto de la autoridad.