La desmesura de la respuesta gubernamental a la protesta indígena de estos días hace que cualquier calificativo luzca limitado, incompleto. ¿Cómo nombrar las acciones en contra de miles de niñas, niños, mujeres y hombres refugiados en la Universidad Politécnica Salesiana, en Quito, que fueron sometidos a un implacable cerco policial, al bombardeo con gases, a la suspensión de servicios básicos, al bloqueo alimentario? Pero más allá de la indignación, quizá debamos convenir en que estos hechos no hacen más que revelar la naturaleza del momento económico, de la crisis que asfixia al país. Si se ha encarado la situación con medidas y términos de guerra, será porque en efecto estamos ante una guerra económica. No es desde luego una guerra entre pares, entre contendores en similitud de condiciones. Es una cruzada de los poderosos por el despojo total, por la apropiación de todo cuanto puede ser explotado para incrementar fortunas grupales o personales, no en una lógica de producción sostenible, sino de agotamiento de recursos. Sólo en este contexto se explica la magnitud del empobrecimiento de los últimos dos años, período en que se han producido unos 2.000 nuevos pobres por día. Iguales proporciones de guerra ha tomado el éxodo poblacional, que tiene cada vez más rostro femenino (67%). Así también, y como contraparte, adquieren sentido los absurdos extremos de concentración, ostentación y prepotencia. El bloqueo alimentario impuesto a la gente refugiada en la UPS simboliza o resume el carácter violento que ha alcanzado este proceso de polarización económica. De llevar esta lógica militar hacia los casos de saqueo y corrupción que han asolado el país en los últimos tiempos, ¿qué clase de bloqueo habría que aplicar a sus autores? En esta guerra se ha proclamado que lo concerniente a la economía es innegociable, negando así todo derecho en este campo a la mayoría de la población. Estamos en el extremo de las definiciones de quiénes son actores económicos, de quiénes hacen economía y pueden opinar sobre ella. En esta sui-géneris concepción se deja fuera a la mayoría de quienes trabajan y producen bienes y servicios. Desde luego quedan fuera las mujeres, más aún las mujeres indígenas, aunque se trate de las personas que realizan las jornadas más largas de trabajo, especialmente en actividades agropecuarias a las que se dedican 8 de cada 10 de ellas, en labores de hasta 10 horas diarias que llegan a 16 al sumarse las actividades domésticas. Actoras con voz propia En los últimos días las mujeres han sido una vez más protagonistas. No como se insiste en nombrarlas: las mujeres de, las acompañantes de, las "utilizadas" para junto con los niños hacer escudos humanos, sino como actoras con voz propia, con presencia propia, con una larga historia de trabajo intenso y no retribuido. Las indias, en nuevo ejemplo de fortaleza y dignidad, llegaron a Quito y estuvieron en los caminos del país para expresar que la sobrevivencia y la pobreza son problemas económicos prioritarios, que las políticas económicas las afectan directamente y que tienen algo que decir al respecto. El gobierno -y éste no es una excepción- en el mejor de los casos alcanzó a verlas como merecedoras de cocinas de kérex -sin reparar siquiera en las reiteradas alertas técnicas sobre peligrosidad y contaminación-. No las vió como productoras, como agentes económicas ubicadas en el área estratégica de producción de alimentos para consumo interno. No ve que las desventajas acumuladas sitúan a las mujeres indígenas, paradójicamente, en el grupo con menos acceso a recursos productivos como son la propiedad de la tierra y el crédito, con menores ingresos. Una artificiosa división entre lo económico y social abona a estas exclusiones e injusticias. La economía se afirma como el territorio exclusivo de grandes empresarios, corporaciones, multilaterales y gobierno, en tanto que temas de propiedad, ingresos, acceso a recursos, trabajo, siendo estrictamente económicos, han sido sistemáticamente derivados al campo de lo social, convertidos en "problemas" sociales, que se atienden con recursos marginales, con una recurrente visión de dádiva o beneficencia, retroalimentada a través de gestos oficiales. Recordemos, por ejemplo, cómo se convirtió en evento destacado en el 2000 un viaje de la presidenta del Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) a los Estados Unidos para recabar donativos que totalizaron la suma de 32 mil dólares! Dos décadas de reiterada y equívoca aplicación de políticas de ajuste están en el corazón del empobrecimiento y la crisis que llegan ya a amenazar la viabilidad del país. Estas políticas, teñidas de corrupción y saqueo, han implicado también la presencia de un Estado máximo para los ricos y mínimo para los pobres (según acertada definición de varios participantes en el Foro Social Mundial, realizado en Porto Alegre hace unos días). Lo que reclaman mujeres y hombres indígenas, reflejando una posición sin duda mayoritaria, es un cambio sustancial de esas políticas, el fin de la guerra económica. Esto no se dará con imposibles compensaciones sociales, o con medidas focalizadas, sino adoptando al fin una perspectiva de justicia y derechos económicos para todas y todos. * Mujeres Transformando la Economía, núcleo Ecuador.