Más de 10 millones de trabajadores adhirieron a la huelga general realizada en Argentina el pasado 23 y 24 de noviembre, según un estudio de la consultora privada Tendencias Económicas. Se trata de la tercera huelga en menos de un año del gobierno de Fernando de la Rúa, y otra más se planifica antes de que termine el 2000. La paralización casi completa del transporte público, la suspensión de clases en los colegios, los comercios cerrados y la falta de atención en la mayoría de oficinas, inclusive las propias dependencias del Gobierno y el Congreso, confirmaron el acatamiento general del 80%, llegando en algunas ciudades al 90%. Las protestas se dirigían contra las medidas de ajuste económico, que entre otros impactos han resultado en que más de dos mil trabajadores pierdan su empleo solo en el último mes. El gobierno hace todo lo posible por cumplir con las exigencias del FMI que ha ofrecido un apoyo de 20 mil millones de dólares, para reactivar la economía del país y mejorar su imagen ante el mundo financiero. Imagen que de cualquier manera se verá opacada por un crecimiento del producto interno bruto (PIB) que llegará solo a 2,5% y no al 3,7% que se esperaba. Las exigencias del FMI incluyen drásticas medidas de ajuste, como el congelamiento del gasto público, en especial de lo social. Las áreas de la salud y educación son las que más pierden, la reforma del sistema de jubilaciones, que prevé eliminar un subsidio que reciben los jubilados y elevar de 60 a 65 años la edad de jubilación de la mujer, además de un recorte de salarios y una alza de los impuestos... todo apunta directamente a los más débiles. La pobreza en Argentina es superior al 37% y el desempleo al 15% (más de 2 millones de personas), según datos oficiales, lo que está llevando al país a una polarización violenta entre ricos y pobres. Sin voz en los medios Esta huelga de noviembre fue organizada en un principio, por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y por la parte "disidente y dura" de la Confederación General del Trabajo (CGT), a las que se sumó la fila oficial de la CGT, al segundo día del paro. La huelga se logró a pesar de que los medios masivos de comunicación, principalmente la radio, brindaron su respaldo al gobierno. Según la Agencia Nacional de Comunicación (ANC), durante los días previos a la huelga y durante ella, los únicos entrevistados fueron funcionarios nacionales, empresarios que denigraban la medida y trabajadores "que anticipaban su voluntad de concurrir a las tareas". Solamente la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, participó en 50 entrevistas, 47% más que cualquier miembro del gobierno, durante el pasado mes de noviembre, en contraste con ningún entrevistado que representara a los grupos de los trabajadores o los que apoyaban el movimiento. La fuerte adhesión de los trabajadores a la huelga sin duda tiene relación con las críticas condiciones en las cuales vive un alto porcentaje de la población. Según el diario La Nación (4-12-2000), más de 2 millones de argentinos sobreviven con un ingreso diario de alrededor de un peso diario, de los cuales el 36% son niños. La mayoría de estas personas viven en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, pero la situación es aún más grave en las provincias del norte, donde hay mayor concentración de personas con un ingreso de apenas 19 pesos por mes. El nivel de indigencia ha llegado a ser superior al 7%. Mientras de la Rúa intenta financiar su presupuesto del 2001 y la aprobación del mismo por parte del Congreso con un recorte de 700 millones de dólares y así cumplir con el FMI, al menos 55 niños, menores de 5 años, mueren al día por causas fácilmente evitables. El índice de despidos para noviembre llegó a una cifra cinco veces mayor que la de hace un año. Entre ellos se encuentran periodistas de diversos medios (117 solo del Clarín) y de sectores como el frigorífico, curtidor y el automotriz. Con todos estos antecedentes el horizonte laboral argentino es obscuro; a las marcadas dificultades de obtención de empleo, se suman la baja calificación laboral y el escaso nivel educativo. Luego de 10 años de menemismo, durante los cuales los movimientos sindicales no tuvieron mayor trascendencia y fueron acusadas de estancamiento y pasividad, ahora lo hacen, pero apoyadas por los docentes, médicos, jueces, empleados bancarios y pilotos de aeronáutica. Estas acciones hacen notar que las centrales están retomando su espacio.