Veloz e imparable, el desmoronamiento de la cleptocracia, construida y conducida por Alberto Fujimori y su socio Vladimiro Montesinos, dio paso al Gobierno Provisional que reclamamos millones de peruanos. Cayeron sucesivamente las cabezas de Vladimiro Montesinos, Francisco Tudela, el General Cubas y otros jefes militares montesinistas, Martha Hildebrandt, Alberto Fujimori, y, finalmente, Ricardo Márquez. Queda, sin embargo, mucho trabajo por hacer para la guillotina política, pero ya abrió el camino para que Valentín Paniagua asuma la jefatura de un Gobierno de emergencia nacional. El primer asunto es constituirse en un Gobierno de ancha base para enfrentar una tormentosa crisis que no cederá en pocas semanas. Ello implica que el Presidente Paniagua conforme un gabinete ministerial de unidad nacional de las fuerzas democráticas, capaz de darle soporte y estabilidad a este esfuerzo de encarar la debacle del país. Pero -consciente de la debilidad extrema del sistema de partidos- requerirá abrirse a la participación y crear mecanismos de interlocución con las fuerzas de la sociedad civil, con los movimientos sociales, descentralistas y gremiales, que han tenido destacado papel en la lucha democrática. Y, lógicamente, ello debe girar alrededor de la definición de las tareas políticas centrales que asumirá este Gobierno provisional. Un segundo asunto, que atañe a las tareas políticas centrales de esta naciente administración, es organizar un proceso electoral transparente y democrático. Debe así abrirse paso a lo que sería un Gobierno de Transición Democrática y a un nuevo Congreso, respetable y legítimo, para desmontar el aparato autoritario, centralista, militarista y corrupto del fujimorismo y construir un sistema democrático y descentralizado. Esta transición exige entonces que las elecciones convocadas no solamente elijan a un nuevo Congreso, sino que le den facultades constituyentes. Es decir, demanda un Congreso Legislativo y Constituyente que sea capaz de enfrentar la tarea de producir ?como un asunto central? la revisión y modificación de la Constitución impuesta al país en 1993 . En tercer lugar, es vital que se inicie un proceso moralizador por el que la Nación clama. Ello debe comenzar con una limpieza de la administración pública, separando a los presidentes a dedo de los Consejos Transitorios (desde el autogolpe) de Administración Regional -CTAR- (entregando los mismos a las Asambleas de Alcaldes provinciales de cada departamento), a los prefectos y subprefectos, a los jefes de proyectos especiales y otros cargos de confianza, así como de los fujimontesinistas en la directiva del Congreso. Por otro lado, exige lanzar una Operación Manos Limpias, a cargo de un equipo especial de fiscales y jueces ad hoc, de una trayectoria limpia, incorruptibles, que reciban amplios poderes para investigar la red de corrupción al interior de las esferas políticas y militares. Y, finalmente, se trata de conformar una Comisión de la Verdad, de muy alto nivel e integrada por personalidades de reconocida solvencia moral y firmeza, encargada de investigar, aclarar y presentar ante la Nación, el poder político y un nuevo poder judicial independiente los diversos casos de abusos contra los derechos humanos y en el manejo de la administración del Estado. Pero en cuarto lugar, resulta un asunto específico y central, desmilitarizar el Estado y el régimen político, devolviendo respetabilidad y un manejo institucional a nuestras Fuerzas Armadas. No hay dudas de que ello implica revisar los ascensos firmados por el vicepresidente Márquez, en forma inoportuna e inaceptable, y proceder a un proceso de limpieza de los institutos armados de los mandos fujimontesinistas y corruptos, avanzar a reorganizar y redimensionar nuestras Fuerzas Armadas, con la consiguiente reducción de los gastos militares, devolviéndoles un comando institucional. Y, en quinto, pero no último lugar, deberá enfrentarse la tremenda crisis económica en que el fujimorismo deja al país en razón del fracaso de su modelo y política económica neoliberal. Un plan económico de emergencia es vital y requiere asumir, de inmediato, el redimensionamiento presupuestal y la reasignación de partidas para reducir los gastos superfluos, el Presupuesto de Defensa y del Interior (eliminando la compra de armas y reduciendo el número de oficiales generales), el pago de la deuda externa (negociando una reducción de la misma y una ampliación de plazos de pago) y el presupuesto del Congreso Nacional (que es exageradamente alto). Lógicamente, ello debe implicar aumentar partidas sociales y gastos de inversión para reactivar la economía nacional.