Colombia:
Delegado de OIT constata violencia anti-sindical

Eduardo Tamayo G.
Ginebra

El representante especial de la Organización Internacional del Trabajo,
Rafael Alburquerque, constató la gravedad de la situación laboral de este
país sudamericano, tras su visita realizada, del 30 de septiembre al 6 de
octubre, con el objetivo de verificar las recomendaciones formuladas por el
Comité de Libertad Sindical de la OIT, respecto a la situación de los
derechos sindicales y la seguridad de los sindicalistas.

Alburquerque, ex ministro de Trabajo de la República Dominicana, tras
entrevistarse con autoridades gubernamentales, ONGs, representantes sociales
y agencias de Naciones Unidas emitió un informe en el que las palabras
"riesgo", "violencia", "paramilitares" e "impunidad" se repiten con
frecuencia.

La Escuela Sindical Nacional de Medellín entregó al representante de la OIT
una lista de 700 directivos y trabajadores sindicalizados asesinados durante
el período 1995-2000, y 60 secuestrados durante el período 1996-2000. En el
presente año, 60 sindicalistas han sido asesinados, se ha dinamitado sedes
sindicales y 678 dirigentes y trabajadores se han desplazado tras haber
recibido amenazas de muerte.

Los dirigentes gremiales denunciaron que existe una campaña anti-sindical
sistemática y generalizada, siendo los sectores más golpeados los educadores
y los cementeros. El 70 por ciento de las víctimas son servidores públicos.
Varios dirigentes sindicales se encuentran detenidos sin que sus procesos
experimenten avance alguno. El clima de violencia ha limitado enormemente
el progreso de toda acción sindical, especialmente en las regiones
petroleras de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, en donde los
sindicalistas han sido obligados a marcharse.

La Comisión Colombiana de Juristas denunció, por su parte, que de 100
muertos por razones políticas en 1980 se pasó a más de 4.000 en 1999, y de
1200 secuestros de años anteriores hoy se puede hablar de 2.800 casos.

Del informe de Rafael Alburquerque, se desprende que hay discrepancias en
torno al papel de las autoridades respecto a los grupos paramilitares de
derecha, a los que se atribuye el 90 por ciento de los asesinatos de
sindicalistas.

El Ministro de Defensa, Fernando Ramírez Acuña, reconoce que durante el
último año, la ola de violencia proveniente de los grupos de autodefensa se
incrementó y que, de cada tres personas asesinadas, dos fueron víctimas de
las autodefensas y una de las guerrillas. Informó que se han capturado 761
paramilitares y que se ha eliminado un importante material bélico de los
mismos. El Ministro afirmó también que el narcotráfico es el que permite la
financiación de los grupos armados y que, en tal sentido, algunos miembros
de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) han reconocido que su
presupuesto cuenta con un 60 por ciento proveniente de esta actividad.
"Refirió que grupos de paramilitares y de guerrilleros en algunas regiones
trabajan conjuntamente para cuidar cultivos de amapola y coca mientras que
al mismo tiempo combaten entre sí en otras partes del país".

Los líderes sindicales tienen una versión diferente. Los grupos
paramilitares continúan afianzándose en las zonas de mayor importancia
económica del país, sin que el Gobierno haya adoptado una decisión concreta
para desmantelarlos, señalan. "Las fuerzas militares buscan en la
actualidad desvincularse públicamente de los grupos paramilitares, aunque en
las declaraciones de prensa, las autoridades civiles y los altos mandos
militares siempre hacen referencia a su intención de combatirlos pero nunca
de desmantelarlos", agregan.


Falta voluntad política

Con relación a las medidas de seguridad adoptadas para proteger a los
dirigentes gremiales y a las sedes sindicales también hay distintas
apreciaciones. El Ministerio del Interior expresa que en la "actualidad se
continúa ofreciendo protección a dirigentes y a trabajadores sindicalizados
dentro del marco de Protección especial a testigos y personas amenazadas, a
quienes se les dota de chaleco antibala, de automóvil y de custodia
permanente". De acuerdo a la misma fuente, hasta la fecha 113 sedes de
sindicatos han sido blindadas y se presta asistencia para desplazamientos y
para gastos de relocalización de personas amenazadas.

Los sindicatos, por el contrario, dicen que falta voluntad política del
Gobierno para tomar medidas concretas que garanticen la seguridad de los
dirigentes sindicales. Mencionan que hay lentitud para aplicar medidas de
seguridad para 30 sindicalistas amenazados; que las organizaciones
sindicales no pueden hacerse cargo del combustible para los automóviles
provistos para el Gobierno para el traslado de los dirigentes protegidos; y
que hay ineficacia en algunas de las medidas de seguridad implementadas, ya
que, por ejemplo, en un local sindical, la puerta blindada cedió al mes de
haber sido instalada.

Un caso concreto de ineficacia del Estado para proteger a los dirigentes fue
aportado por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Esta Central elevó
al Ministerio del Interior, el 9 de marzo de 2000, un pedido de protección
para garantizar la seguridad del dirigente Ricardo Herrera sin que se
hubiera una reacción inmediata: el 19 de septiembre pasado se produjo un
atentado en el que resultó herido Herrera y muerto uno de sus acompañantes.


Impunidad y Plan Colombia

Mientras la Fiscalía General del Estado informó al delegado de la OIT que se
han creado 26 unidades especiales durante este año en todo el territorio
nacional para investigar los delitos cometidos contra dirigentes gremiales,
la Comisión Colombiana de Juristas y la Fundación País Libre indicaron que
la impunidad supera el 94%. Alburquerque dice en su informe que solamente
en uno de los 92 casos que conoció "existe una referencia concreta
involucrando como posibles autores del delito -homicidio- a integrantes de
grupos de autodefensa". Y agrega que durante el encuentro con funcionarios
de la Fiscalía se le indicó que no siempre las fuerzas policiales y/o
militares contribuyen en las investigaciones. Un criterio semejante tiene
la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la
que, reconoce que el Poder Judicial quiere avanzar en las investigaciones
sobre los atentados perpetrados, pero, por razones políticas, tiene muy poca
colaboración de las fuerzas públicas, y, por lo tanto, no se cumplen las
órdenes de captura impartidas.

Un representante de la Vicepresidencia de la República, el Sr. Reynaldo
Botero, informó que el Fondo para la Inversión para la Paz destinará 5,7
millones de dólares norteamericanos para incrementar de inmediato las
medidas de protección a favor de dirigentes y trabajadores sindicalizados.
Los líderes sindicales, sin embargo, rechazaron toda protección que sea
financiada por el Plan Colombia. Fundamentaron su postura en razones
éticas: el ser vinculados con el Plan Colombia, que ha sido impugnado por
gran parte de la sociedad que nutre el movimiento sindical, les daría una
mala imagen, más aún cuando "el objetivo principal del Plan Colombia no es
el desarrollo de planes sociales, sino lograr una cobertura con fines
militaristas".