Las mujeres han dado vida a la humanidad entera, pero aún así, la capacidad reproductiva es un poder ambivalente; pues, de la misma manera como se ha glorificado ideológicamente a la maternidad, también se ha hecho cargo a las mujeres de la total responsabilidad de la reproducción social, y sobre todo, se ha revertido este potencial humano en desventaja socio-económica, utilizándolo como el más potente justificativo para legitimar las desigualdades de género. El control de la producción y la reproducción humana escapó de las manos de las mujeres desde hace mucho tiempo. Hoy, en la articulación de políticas poblacionales, priman poderosos intereses de las élites mundiales que planifican las curvas demográficas según criterios étnicos y económicos, obviando las consideraciones humanitarias o socio-culturales para las mujeres. Así, por ejemplo, al mismo tiempo que se impulsa la esterilización de las mujeres pobres, negras e indígenas, se invierten sumas millonarias para incentivar la reproducción de las mujeres de las élites económicas y étnicas del norte, pero también del sur. Las éticas que sustentan las políticas poblacionales están saturadas de contradicciones. En América Latina y el Caribe, entre las primeras causas de mortalidad feminina están las relativas a la salud reproductiva, que a pesar de constituir el problema de salud pública numero uno, es el más desatendido. Medio millón de mujeres del tercer mundo mueren cada año por estas causas y, no obstante, se priorizan consideraciones demógraficas y morales antes que humanitarias. Por ello, grupos de mujeres organizadas se han decidido a recuperar el control de su potencial reproductor reivindicando, necesariamente, el derecho a sus propias vidas y un derecho humano fundamental: la autodeterminación de los cuerpos. Libres para decidir Cuando se trata de su función reproductiva, las mujeres no son consideradas como sujetos éticos y morales y mucho menos como personas con derecho a defender sus vidas, su supervivencia física y psicológica; por lo que sobrepasar la definición de arrendatarias de vientres y adquirir una verdadera calidad de sujetos, con todos los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituye uno de los mayores desafíos para las mujeres organizadas. La formulación de los derechos reproductivos tiene como eje la defensa de la vida de las mujeres, la autonomía de sus cuerpos y fundamentalmente la libertad de decidir sobre la reproducción. Estos derechos también se articulan al acceso a una sexualidad más humana, desvinculada del comercio sexual y la violencia, que no se restringa apenas a las actividades ligadas al funcionamiento del aparato genital y que trascienda las necesidades biológicas. Implica, además, la exigencia de que los hombres asuman responsabilidades por las consecuencias del ejercicio de su propia sexualidad. Retomando esta reivindicación, la "Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe", que es el referente de unos 1000 grupos y organizaciones de la región, propone que la prevención y el derecho a la salud de las mujeres sea parte de la lucha por los derechos humanos y sea asumida por el movimiento feminista como una prioridad para los próximos cinco años, impulsando la libre opción de la maternidad, la prevención del SIDA, la anticoncepción segura y eficaz, la participación de las mujeres en la elaboración de políticas poblacionales y la salud sexual y reproductiva de las adolescentes y adultas mayores. Barrigas llenas y vientres vacíos al Norte/ barrigas vacías y vientres llenos al Sur Hasta aquí, la sociedad tan sólo ha abordado la reproducción como una problemática demográfica, ética o moral. Al aplicar marcos referenciales y culturales que responden a las necesidades de planificación capitalista, en las cuales prima el interés mercantil (disponibilidad de mano de obra, consumo, etc.), se obvia la diversidad de concepciones culturales o se ignora completamente la situación individual y colectiva de las mujeres frente a su propia reproducción. En la articulación de políticas poblacionales se han conjugado intereses de género, étnicos y clasistas atravesados por las desigualdades Norte/Sur. Se argumenta, por ejemplo, que la sobrepoblación, la pobreza y hasta la crisis ambiental son imputables a la "irresponsabilidad" reproductiva de las mujeres del tercer mundo, con lo que se han legitimado graves injusticias en la implantación de programas de control de la natalidad. Esta asociación entre reproducción y crecimiento, deja creer que el principal obstáculo para el desarrollo son las mujeres pobres, desviando la atención de la transferencia de bienes hacia el Norte, consumidor de dos tercios de las riquezas producidas en el mundo. Los países industrializados, preocupados por sus tasas de crecimiento cero y por el envejecimiento de su población, desbordan de incentivos favorables a la reproducción blanca. En América del Norte y Europa predominan las políticas pro-natalistas que llegan hasta a presionar a las mujeres, levantando principios nacionalistas o culturalistas, para que se reproduzca. En Francia, por ejemplo, la campaña del "tercer hijo para Francia" además de ofrecer un incentivo económico, aludía a los más profundos sentimientos del significado de "ser francés"; similares campañas se han organizado en Alemania, Gran Bretaña, etc. Cabe señalar también las inversiones millonarias en centros de reproducción artificial, creados principalmente para paliar las dificultades de fertilidad (provocadas, muchas veces, por los propios anticonceptivos). Estos centros se dedican, entre otras cosas, a investigar y experimentar sobre la posibilidad de entregar la capacidad reproductiva a los hombres; a permitir la selección del sexo del embrion (lo que tiende a favorecer la reproducción masculina) y a efectuar un "control de calidad" étnico y fenotípico sobre la reproducción en general. En cambio, siguiendo el mismo principio de selección étnica y socio-económica, según un informe de la ONU, el 35.5% de mujeres latinoamericanas y caribeñas en edad de reproducir, han sido esterilizadas -por presión, por opción o forzadamente-. La esterilización ha llegado a ser, en algunos países, un requisito previo a la obtención de un empleo. Asimismo, se distribuyen en estos países anticonceptivos prohibidos, por su nocividad, en el primer mundo. En este contexto, la vida y la salud de las mujeres se opacan frente a la predominancia de "actitudes racistas, cuyo principal objetivo es justificar los privilegios de las élites, basándose en una deficiencia 'natural' de los pobres que los impide mejorar su nivel de vida"(1). La desconsideración de la salud reproductiva y la consecuente carencia de servicios hace que doscientas mil mujeres del tercer mundo mueran cada año por interrupciones de embarazo mal atendidas; nuestra región está a la cabeza de este tipo de letalidad. Por ello, las mujeres están cuestionando la existencia de un doble mensaje en lo que concierne a la reproducción, ya que, por un lado se incentiva y hasta se impone el control reproductivo, y por otro lado, se impide materialmente la autodeterminación de las mujeres. El vientre de las mujeres es considerado como "objeto de interés público", y por ello se determina sin ellas las políticas y hasta las conductas a seguirse en cuanto a la reproducción, pero también a la sexualidad. La alienación de las mujeres de su propio cuerpo y el carácter sexista, racista y clasista del valor acordado al potencial reproductivo, constituyen entonces los aspectos más cuestionados por las mujeres organizadas. La autodeterminación de los cuerpos En América Latina y el Caribe, la reivindicación de los derechos reproductivos conjuga los derechos individuales, colectivos, civiles y humanos. Situando la reproducción como una problemática de género pero también de sociedad, las mujeres organizadas en torno al problema están interpelando las asimetrías en las relaciones socio-económicas, de género, étnicas y de clase. Las mujeres han decidido retomar el poder sobre su propio cuerpo y su potencial reproductivo y, para ello, están reivindicando su total inclusión en el concepto de `persona humana', que comprende la libre disposición del cuerpo y la autonomía para decidir sobre su reproducción y su sexualidad. Esta posible autodeterminación de los cuerpos interpela de cerca a la distribución desigual de los bienes, del conocimiento y del poder en la sociedad; pues las mujeres se encuentran en posición de desventaja, individualmente en sus relaciones interpersonales y colectivamente como grupo social. Así, para que las mujeres puedan optar por una maternidad voluntaria y reproducir las veces que lo deseen, la sociedad deberá generar las condiciones socio-económicas y sanitarias suficientes para asumir completamente el proceso reproductivo o no reproductivo. Esto comprende, desde la adopción de políticas públicas no sexistas, hasta el acceso a condiciones de vida humanas: empleo, educación, alimentación, regulación de las horas de trabajo, servicios sociales, etc. "Los derechos reproductivos deben ser pensados por tanto desde una perspectiva más amplia de derechos humanos y de justicia social, independientemente de las metas demográficas que se pretendan fijar"(1). La expropiación de los cuerpos conjuntamente con el difícil acceso al poder y a los bienes han modelado la adaptabilidad de las mujeres a la enajenación de sus propias vidas. El propio acceso a la vida constituye para ellas un desafío en el actual contexto regional de empobrecimiento y violencia; por ello, la posibilidad de reivindicar derechos reproductivos introduce diversos cuestionamientos; entre ellos: - El concierniente al acceso de las mujeres a la decisión sobre la planificación reproductiva, que cuestiona el verticalismo de género, pero también rebate la distribución desigual de riquezas y los privilegios acordados a los dominantes para decidir, según sus intereses, las tasas de reproducción deseadas según la etnia, la clase y el espacio que ocupa cada país en relación al capitalismo internacional. - Sobre la posibilidad de reproducirse según sus propios parámetros personales y socio-culturales, que implica el reconocimiento total de la calidad de ser humano para las mujeres -y no simplemente de "vientre"-, con la consecuente dotación de informaciones sobre el cuerpo, las posibilidades reproductivas, la interrupción de embarazo, etc. Los derechos humanos y la reproducción Los derechos reproductivos no han sido aún conceptualizados entre los acuerdos, tratados o declaraciones internacionales. Según la jurista mexicana Alicia Pérez Duarte (2), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, se establece, en los artículos 16 y 25, el derecho a casarse y fundar una familia, el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a obtener cuidados y una asistencia especial a la maternidad y a la infancia. También el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el deber de los Estados en lo que concierne a la protección de las madres, antes y después del parto, tanto como la protección y la asistencia a los niños y adolescentes. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también reconoce en el artículo 23, el derecho a casarse y fundar una familia. La Declaración Americana de los Deberes y los Derechos Humanos, señala en los artículos 6 y 7 el derecho a la constitución y a la protección de la familia, y el derecho a la maternidad y a la protección de la niñez. Pero, como se puede constatar, ninguno de los acuerdos mencionados hace alusión ni a los derechos reproductivos, ni a ningún derecho sobre el cuerpo de las mujeres. Así, se hace necesaria una reformulación de los Derechos Humanos que incluya consideraciones relativas al respeto y a la autodeterminación reproductiva y física de las mujeres. Los atributos del ser humano, insiste Perez Duarte, son imprescriptibles, inalienables e irrenunciables, son también inviolables, universales, efectivos, interdependientes y complementarios. Es en el marco de esos atributos que debe incluirse el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la salud, a la autodeterminación del mismo cuerpo y a la reproducción. Maternidad voluntaria En América Latina y el Caribe, el 80% de la responsabilidad anticonceptiva reposa en las mujeres (1), como también la de la resolución de embarazos indeseados. De allí que la segunda parte de las reivindicaciones relativas a los derechos reproductivos, tiene que ver con la co-responsabilidad de los hombres frente a la contracepción y la sexualidad. Concretamente, las demandas proponen que éstos se involucren directa y materialmente en el proceso anticonceptivo o reproductivo y no tan sólo en la toma de decisiones o en el delineamiento de políticas. El derecho a decidir constituye la expresión más significativa del acceso de las mujeres al pleno goce de sus derechos de ciudadanas, pues la tutela social sobre la reproducción o la no reproducción se fundamenta en la subordinación de género, que es una forma de violencia, cuya expresión más descarnada es la pérdida de las vidas que acompañan los abortos clandestinos. En Latinoamérica y el Caribe, la interrupción de embarazo está entre las dos primeras causas de mortalidad femenina. Según la demógrafa Clara Baez, dentro del tercer mundo, América Latina es la región con la más alta incidencia de interrupciones de embarazo, y se estima que en la década de los 80 un cuarto del control de la fecundidad observado se ha realizado por esta vía (3). La clandestinidad producida por los diversos criterios morales que envuelven esta práctica, ha creado una desesperante situación para las mujeres. En México, por ejemplo, 40.000 mujeres mueren cada año a consecuencia de interrupciones de embarazo mal atendidas (4), lo que ilustra que miles de mujeres pobres pagan con sus vidas las consecuencias de una responsabilidad reproductiva no compartida por los hombres. A esta preocupante situación se añade la alta incidencia de violaciones e incestos denunciada en la región. Para lograr la interrupción de los embarazos resultantes, las víctimas -niñas, adolescentes y mujeres- tienen que someterse a un proceso de decisión ajena, sea médico o jurídico. La óptica de las mujeres "Nosotras parimos, nosotras decidimos" reza la consigna mexicana, de un significativo movimiento reivindicativo regional, que se levanta desde una perspectiva feminista, anti-racista y muchas veces tercer-mundista, y reivindica la maternidad voluntaria como un derecho fundamental. En toda la región, la reivindicación de los derechos reproductivos ha unificado voces provenientes de diversos sectores. Se destacan los pronunciamientos de la "Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe"; las acciones de las "Católicas por el derecho a decidir" y, muy particularmente los pronunciamientos de los Encuentros Regionales como el "Primer encuentro de Mujeres Centroamericanas" (ALAI N? 151 abril-92) o el "Primer Encuentro de Mujeres Negras" (ALAI N? 159, sept-92) que han priorizado esta problemática. Sin olvidar el sin número de Redes y Asociaciones Nacionales que no cesan de multiplicarse (5). Globalmente las propuestas emitidas por los diversos sectores, comprenden la reivindicación de los siguientes derechos para las mujeres de todos los grupos socio-económicos, étnicos y de todas las opciones sexuales: - reproducirse según sus propios criterios, necesidades, creencias y culturas, y no según los criterios sexistas, clasistas y racistas predominantes, que establecen las tasas de reproducción según la inserción de cada país, grupo social o étnico al proceso de desarrollo capitalista. - ser consideradas como seres humanos, tener acceso a buenas condiciones de vida: alimentación, empleo, educación, servicios sociales, regulación de las horas de trabajo, dotación de servicios sociales, de guarderías, etc. - optar por la maternidad voluntaria, es decir el derecho a decidir, a reproducir o a suspender voluntariamente un embarazo indeseado, según criterios establecidos por las propias mujeres. - obtener servicios públicos de calidad, seguros y tener acceso a informaciones veraces y completas sobre la sexualidad y la salud reproductiva - acceder a una óptima anticoncepción y a servicios de interrupción de embarazo eficientes y sin riesgos. - recibir un seguimiento de embarazo y parto saludables. - tener acceso al trabajo, sin incidencia de las condiciones reproductivas. - la libre decisión y libre ejercicio de la sexualidad, sin discriminación de opción sexual. -recibir educación y servicios que les permitan tomar decisiones informadas respecto a la vida sexual y reproductiva. - recibir un trato humanitario y respetuoso en los servicios de salud. (1) Sandra Azeredo y Verena Stolcke, Direitos Reprodutivos, Fundaçao Carlos Chagas/PRODIR, Sao Paulo, 1991. (2) Alicia Pérez Duarte, Les Droits Reproductifs au Mexique, Ottawa, octubre-1980 (3) Clara Baez, La problemática social del aborto: el caso de la República Dominicana, Coordinadora de ONGs del área de la Mujer, República Dominicana. (4) Berta Hiriart, "Pacifismo y despenalización del aborto", Fempress, N? 114, abril-91. (5) el "Comité de Defensa de los Derechos Reproductivos" de Bolivia; la "Red Nacional de derechos Reproductivos" en Colombia; el "Foro para los derechos Reproductivos" de Argentina; el "Foro para los Derechos Reproductivos" de Chile; "La Red Nacional Feminista de Salud y Derechos Reproductivos de Brasil" y muchos más.