La masividad sin precedentes de la migración de poblaciones del Sur hacia el Norte, pone en perspectiva un conjunto de problemáticas globales que incumben al Norte y al Sur, pues existe un estrecho vínculo entre la "mundialización" de la economía, la polarización de las desigualdades y el avance de los fenómenos de exclusión social, principales generadores de la masividad del proceso migratorio, en muchos casos encabezados por mujeres. Así, mientras las cúpulas de las transnacionales absorben el 25% del producto interno bruto mundial, apenas dan trabajo a menos del 1% de la población económicamente activa en los países del Sur. No obstante, los gobiernos del Sur cegados por la creencia de que sólo el mercado conducirá a la humanidad hacia un mundo de bonanza, hacen desaparecer día a día las legislaciones laborales y sociales para dar paso a las condiciones impuestas por las transnacionales y las elites locales. Pero, los beneficios de la "modernización" neoliberal tardan en llegar o no llegarán nunca al Sur, un índice de ello es la previa desigualdad existente entre los roles económicos que asigna el mercado a cada región, país y grupo social; y más que nada la desigualdad histórica de oportunidades constitutiva de la lógica mercantil. Con la deslocalización industrial, por ejemplo, en muchos casos restringida apenas a la maquila y a las zonas francas, las mujeres del Sur se ven involucradas en engranajes laborales donde se manifiestan índices de explotación similares a los vigentes durante la esclavitud, sin respeto del tiempo límite de trabajo ni estabilidad laboral, sin ventajas sociales ni condiciones espaciales salubres, sin salarios adecuados, entre otros. La mundialización de las desigualdades, y su neta polarización, es el principal efecto perverso del dominio del mercado a escala planetaria. Más aún, si las contradicciones son palpables en todos los campos, es en la restricción a la libre circulación de la mano de obra, mientras hay libertad de circulación para mercancías y capitales, que se expresa, de manera tangible, que según la lógica mercantil la humanidad está al servicio de la producción de bienes y del lucro, y no el contrario. Según la misma lógica, en América Latina y el Caribe, en flagrante contradicción con el pretendido modernismo consumista liberal, la mayoría de personas son afectadas por la disminución cotidiana de su poder adquisitivo, el incremento del desempleo, el empobrecimiento, la atomización social, las crisis urbanas y rurales, y el agotamiento de las estrategias de supervivencia en sus propios contextos, por lo que se ven obligadas a emprender las famosas migraciones masivas, llamadas salvajes, de trabajadoras/es hacia el Norte, pero también entre y al interior de los países del Sur. Para las mujeres, principales presas de la pauperización, la emigración aparece como una posibilidad de mejorar su suerte, la de sus familias y de sus comunidades, o de liberarse de contextos opresivos, pero, paradójicamente la discriminación de género constituye, cada vez más, una desventaja suplementaria para enfrentar la inmigración. La inmigración una nueva forma de apartheid Las cúpulas mundiales concentradas en los países del Norte, y sus respectivos poderes nacionales, ven la inmigración como una especie de fatalidad a la que hay que poner fin, privilegiando las medidas excluyentes. En todos los países, sin excepción, la cuestión de la inmigración ha pasado a generar los más vehementes debates y polarizaciones, que oscilan entre la vulgaridad xenofóbica y racista de la extrema derecha, la complicidad condescendiente -y a veces más que eso- de sectores del centro y de la izquierda ligados al poder, hasta las posturas de quienes defienden incondicionalmente la igualdad de derechos y dignidad humana. La inmigración, principalmente la clandestina, se ha convertido en el chivo expiatorio de todos los males que aquejan a esos países y en un anzuelo infalible para pescar votos. Así, con el pretexto de "controlar los flujos migratorios", se están adoptando una avalancha de medidas técnicas y proyectos de ley xenofóbicos. De la "lucha" contra la inmigración clandestina se está pasando al intento de erradicación de la inmigración en general; la idea de que toda/o inmigrante es clandestina/o y culpable hasta que haya probado lo contrario, está generando comportamientos civiles de persecución, espionaje y delación, que llegan a poner en peligro no sólo la seguridad de las/os inmigrantes sino la vigencia de la democracia en esos países. "Si el enemigo es el inmigrante clandestino y si éste pone en peligro nuestras sociedades, por qué no recurrir al ejército para defender a la patria"(1), sugirió en 1980 el número dos del partido socialista italiano y vice-presidente del Consejo Claudio Martelli; desde entonces, aunque indudablemente ese no fue propósito, las Ligas fascistas, de fundamento racista y xenofóbico, han ganado expansión en Italia, principalmente en el norte. Luego, bajo el gobierno de Berlusconi, se dio carta blanca a los servicios de inmigración para evitar el ingreso a "los perezosos del sur", según palabras del jefe de las ligas en Lombardía Umberto Bassi. Con matices parecidos, el popular diputado belga Philipe Dewinter (VB) enfatiza que la única solución al problema de su país es consolidar la identidad nacional y, según él, para lograrlo "hay que tomar medidas enérgicas para arreglar la situación de los extranjeros... Suspender el flujo, cerrando herméticamente las fronteras, y preveer el regreso de todos los inmigrantes, sin excepción, hacia sus países de origen". Mientras tanto, su formación política propone además: la expulsión inmediata de todo inmigrante que cometa algún delito, la privación de medidas sociales y, hasta, la implantación de ghettos para obtener un mayor control(2). En Francia, el partido socialista archivó en 1991 el proyecto de ley que pretendía conceder el derecho al voto a las/os residentes extranjeras/os y, en 1992, en neta contradicción con la Constitución francesa, autorizó el secuestro de extranjeras/os en la zona internacional durante veinte días sin ningún control judicial. En 1993 el Presidente socialista François Mitterand luego de afirmar que "el nivel de tolerancia se había colmado desde los años 70" adoptó un conjunto de medidas que implican la presunción de culpa a todos los extranjeros, al tiempo que anunció "una mayor firmeza" frente a la inmigración clandestina, pues como añadió su Primer ministro, también socialista, "Francia no puede recibir toda la miseria del mundo"; bajo esos criterios, las modificaciones del código de la nacionalidad limitan el principio de la unificación familiar y subordinan el permiso de estadía a la regularidad de la entrada; así la maternidad, paternidad o matrimonio dejan de ser criterios de admisibilidad para la residencia. Para evitar el "cohecho", en 1992 el gobierno francés implantó sanciones para las compañías transportadoras que lleven hacia ese país viajeras/os sin pasaporte o sin visa, grupo constituido en general por solicitantes de asilo o refugio, y en diciembre de 1994 puso en vigencia una ley que amenaza con 5 años de cárcel a toda persona que hubiera ayudado directa o indirectamente a facilitar o intentar facilitar la entrada, circulación o estadía irregular de extranjeras/os a ese país. A nivel de la Comunidad Europea, la Convención de Schengen, firmada por Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda y Portugal, en vigencia desde marzo 1995, que establece reglas conjuntas de entrada para "no comunitarios", así como condiciones de su circulación al interior del "gran espacio europeo", cimienta sus acciones comunes en la elaboración de un banco de datos policial de "indeseables". Bajo esta convención quienes han sido objeto de rechazo por uno de esos países lo son automáticamente por los otros, principio que vulnera el derecho a circular libremente, parte de los derechos y garantías fundamentales del ser humano. La Unión Europea, sobre una población global de 343 millones de habitantes, abriga a 6.4 millones de extranjeras/os, apenas el 2.74% de la población, sin embargo, bajo el argumento de una sobrepoblación de extranjeras/os se está justificando la creación de los campos para inmigrantes ilegales, sobre todo en la Europa mediterránea, rubro en el que se incluye también a solicitantes de refugio. Mencionamos a título de ejemplo la precaridad de los campos de Vintimille y Lyon en Francia, casos que han salido a la luz pública. Pero, la expresión racista y xenofóbica en Europa no es una novedad, en la historia contemporánea ella estuvo al origen del triunfo del nacional socialismo alemán (1938-42). De la misma manera, la creencia de la supremacía de la etnia blanca sirvió de justificativo para el mayor genocidio conocido por la humanidad: el de las "gestas coloniales" europeas en América (despuntadas en 1492) y, más recientemente del apartheid sudafricano. Las lógicas de exclusión, principalmente contra la inmigración del Sur, han vuelto a inflamar en Europa la antorcha de la extrema derecha ¿hasta donde irán sus consecuencias?. Ofensiva unilateral Contrariamente a la voluntad expansionista que motivó las "migraciones" colonizadoras cometidas por Europa en el Sur, las migraciones de sureñas/os hacia el Norte se realizan individualmente y en situaciones de desventaja de poder. Pero en Europa la palabra "invasión" se ha puesto de moda y con ello la figura del inmigrante=invasor=agresor, que sirve de trama para defender las políticas de exclusión, las expulsiones masivas y hasta los asesinatos. Cientos de maghrebinas/os han sido víctimas de crímenes racistas en Francia, de turcas/os en Alemania, de latinoamericanas/os en España, entre otras/os, pero la impunidad que caracteriza a esos crímenes no sólo permite que algunos poderes locales se atribuyan mandatos que corresponden a las autoridades migratorias sino que ciertos sectores políticos o la población en general se otorguen el poder de perseguir y sancionar a las/os inmigrantes, ilegales o no. El activismo xenofóbico ha vuelto y con él la visión que convierte a toda/o inmigrante en sospechosa/o. No obstante, como lo señala el analista Samir Naïr, en el caso de la inmigración, "la víctima no representa una amenaza real y el agresor lo sabe. Ella está vencida de antemano porque no dispone ni de la posibilidad de regresar a su país de origen ni la posibilidad de defenderse apoyándose en el derecho"(3), y cada vez menos si se contempla la ofensiva de medidas técnicas y modificaciones legales vigentes en todos los países. Así, las lógicas que fundamentan la ofensiva contra la inmigración son parte del remozamiento de las viejas formas de segregación, existentes desde la época colonial, que delinean un mundo a la imagen de una pirámide, en cuya cúspide se encuentra la minúscula elite transnacional, el poder tecnológico, industrial y, sobre todo, financiero y en la base inferior una masa conformada por la mayoría de la población mundial, principalmente del Sur, lo que, como lo visualiza la economista Susan Georges(4), configura las estructuras de un apartheid planetario. Según esa estructura, mientras las elites mercantiles lo computan todo a escala mundial, los principios de una ciudadanía planetaria están muy lejos de ser aplicados, más bien para las poblaciones pobres, ya discriminadas en sus países, se ha abierto un mundo en el que se multiplican los actores y los factores de relegamiento. Una inmigración con "clase" El sesgo segregacionista de la lucha contra la inmigración se expresa también en las políticas de selectividad, pues cuando de inversiones se trata no sólo las fronteras permanecen abiertas sino que según sus necesidades los países del Norte incentivan la llegada de inmigrantes del Sur con capitales o formación profesional en las áreas requeridas por ellos. En los Estados Unidos, por ejemplo, en 1991, al mismo tiempo que se vedaba el ingreso terrestre a través de sus fronteras con México, el Senado propuso la atribución anual de 150.000 visas de inmigración suplementarias a extranjeros que, sin tener familias en ese país, estarían dotados de sólidos diplomas o cuentas bancarias. Otro proyecto depositado en la Cámara de Representantes, incrementó a 630.000 las visas anuales para los extranjeros instruidos, inversionistas del Sur y sus familias. Por su parte los gobiernos del Sur, a pesar de que la fuga de cerebros y de capitales afectan directamente sus propios intereses internos, permanecen demasiando vulnerables a las presiones políticas del Norte y de las transnacionales para actuar como Estados de derecho y reclamar una mejor suerte para ellos mismos, menos aún para sus emigrantes; en consecuencia se han mantenido tan distantes de la defensa de sus emigrantes que tener la calidad de inmigrante, sobretodo ilegal, suena casi a adquirir la calidad de apátrida. Mientras tanto, la defensa asumida por las organizaciones de las/os propias/os interesadas/os, las/os inmigrantes, son recientes y en muchos casos aún frágiles, su carácter es en general humanitario o social, de ayuda a compatriotas o coterráneas/os, de carácter deportivo o cívico; en general, las acciones públicas o políticas han sido defensivas y los espacios de definición de una participación directa a la formulación de políticas son aún aislados o embrionarios. Tanto tienes, tanto vales... Siguiendo la lógica mercantil dominante se han creado compañías, redes comerciales y corporaciones, muchas veces legales, de importación de inmigrantes clandestinas/os. El negocio es prometedor ya que sólo en Estados Unidos el 50% de inmigrantes ilegales (1,5 millones) lo han hecho gracias a una "asistencia remunerada", cuyos costos individuales varían entre los 100 y 40.000 dólares, según la solvencia económica, la distancia y el origen del/la solicitante. Se estima que las mujeres son las principales usuarias de estos servicios, pues además de quienes buscan directamente asistencia para emigrar están aquellas que son solicitadas por los promotores de estos servicios y, en algunos casos, enroladas en sendos mecanismos de tráfico y comercio con mujeres. En estas redes de "inmigración", siguiendo "pautas de segregación étnica y socio-económica, las mujeres pasan a ser comercializadas al igual que cualquier producto, se seleccionan, se exportan, se alquilan, se venden mujeres y niñas según criterios definidos en el juego de la oferta y la demanda. Este mercado tiene principalmente dos vertientes: "-La exportación y venta de mujeres y niñas para el trabajo doméstico privado y sus derivados -que por lo general incluye también servicios sexuales-. "- El trabajo sexual propiamente dicho, que incluye la exportación, tráfico, venta, alquiler de mujeres y niñas para efectuar trabajos sexuales de diversa índole. "Además, en muchos casos las funciones domésticas y sexuales son indisociables, tal es el caso de la venta de novias por catálogo, donde se venden mujeres caribeñas y latinoamericanas para casarse con hombres -particularmente agricultores- europeos y asumir las responsabilidades productivas y sexuales consideradas como inherentes a dicha función... El costo aproximativo de la venta de novias es de $5.000 dólares, de los cuales, las mujeres reciben raramente un porcentaje mínimo que sirve para reembolsar los gastos del viaje. Ellas terminan frecuentemente secuestradas y abusadas en tierra extranjera, muchas veces sin entender el idioma y creyéndose culpables de su suerte"(5). Pero, además del carácter ignominioso de esos tráficos, una cuestión se plantea: los atributos laborales de las mujeres del Sur se circuscriben cada vez más a sus atributos físicos. En Japón, por ejemplo, el 80% de las mujeres inmigrantes trabajan en los bares y clubes privados, independientemente de su calificación profesional o aptitud para ejercer otras profesiones. Asimismo, los índices japoneses muestran una significativa modificación de la relación laboral de hombres y mujeres clandestinos/as, pues si hasta 1.987 los sectores laborales marginales estaban copados por mujeres, ahora son los hombres inmigrantes quienes trabajan en las áreas desertadas por los/as nacionales. Y, aunque no existe un registro oficial de la movilidad laboral de género en el mercado informal, sobre todo en el mercado del sexo y el entretenimiento, se estima que esos índices son también aplicables para Europa. Sin duda, hay mujeres para quienes la emigración ha significado una posibilidad real de sacar adelante, sobre todo materialmente, a sus familias y/o adquirir los bienes soñados en sus países de origen, también hay algunas que excepcionalmente han logrado alguna promoción profesional, pero la mayoría no. Casi todas las mujeres inmigrantes en el Norte viven para trabajar y no el contrario y se gastan los días añorando un retorno que casi nunca llega. Las incertidumbres del refugio y el asilo Las restricciones impuestas a la inmigración han conducido directamente a la disminución de admisiones por asilo o refugio, pues los servicios de frontera, según las nuevas medidas técnicas adoptadas por los países, tienen el mandato de hacer extensiva la sospecha de ilegalidad a esta categoría de personas y de reducir la demanda de inmigración reduciendo las admisiones de asilo. Según la Convención de Ginebra (1961) el asilo esta restringido a la persecución personal o riesgo para la vida suscitado por la violencia de Estado -las situaciones de guerra no justifican por si solas un pedido de asilo-, siempre y cuando se pueda sustentarlas con pruebas "validas", las mismas que en la mayoría de los casos son imposibles de obtener pues ¿cómo conseguir un certificado de arresto arbitrario o de tortura?. Y, aún con pruebas de persecución, en casos de represión comprobados por la comunidad internacional, los trámites para la obtención de refugio duran en promedio por lo menos 1 año. Pero, independientemente del tiempo que tome el trámite, las/os solicitantes tienen que, además de entregar las pruebas requeridas, expresarse rápido, claro, por escrito y oralmente, lo que en el caso de las mujeres, muchas veces iletradas, dificulta hasta el examen de los casos, pues la mayoría de ellas vienen huyendo de situaciones traumáticas de violencia armada o de represión, donde la violación es invariablemente un componente, cuyas secuelas no son consideradas como argumentos validos para extender el tiempo de la dotación de pruebas y menos aún para la atribución de refugio. En Francia, por ejemplo, apenas 25% de solicitantes de asilo logran obtener una cita para explicar su caso ante un funcionario y más o menos el 90% de casos obtienen respuesta negativa. En 1994 de 2.385 argelinas/os que solicitaron asilo político sólo lo obtuvieron 18. En términos generales 8 de cada 10 casos son rechazados. En la mayoría de países las personas refugiadas reciben un subsidio insignificante y la prohibición de trabajar, y aunque en algunos casos, mientras se realizan los trámites, tienen permisos provisionales de trabajo, la suspensión de dicho permiso y hasta la deportación puede llegar en cualquier momento. El derecho de asilo fue concebido en los años cincuenta, con ocasión de la guerra fría, a la atención de los/as disidentes del este europeo, en 1961 su aplicación se amplió según la Convención de Ginebra, pero no contempló, y aún no contempla, las diversas circunstancias provocadas por la multiplicación de conflictos armados o por las consecuencias de la guerra de baja intensidad que han provocado el desplazamiento de millones de personas e incrementado las demandas de refugio y asilo. Tampoco contempló la posibilidad de que las víctimas de los desequilibrios Norte/Sur, que huyen de la pobreza podrían reclamar el refugio, pero "los pobres se han autorizado el derecho de acudir al derecho de asilo, porque sufren de la miseria y no pueden, salvo excepción, pretender al reconocimiento de esta forma de persecución"(6), pero el momento es desfavorable para ellas/os y el recurso al refugio ya ni siquiera alcanza para las víctimas de persecución política o de represión. (1) Avenimenti, Roma, 18 de abril 1980. (2) Frederic Larsen, "En Belgique l'extrême droite s'installe dans les coulisses du pouvoir" Le Monde Diplomatique, Paris, fev. 92. (3) Samir Naïr, Le regard des vainqueurs: essai sur l'usage de l'immigration en temps de crise, Grasset, Paris, 1992. (4) Susan George, L'effet boomerang, La Découverte, Paris, 1992. (5) Irene León, "Comercialización y venta de mujeres, SE Mujeres ALAI No. 2, Quito, Septiembre 1994. (6) Jean Pierre Alaux, "Plus d'asile pour ceux qui fuient guerres et miséres" Le Monde diplomatique, Paris, agosto 91. * Este documento es parte de "Latinoamericanas en Europa: desilución en la tierra prometida", serie Aportes para el Debate No. 3.