Los Piqueteros se adueñan de las rutas argentinas

Dafne Sabanes Plou
Buenos Aires

Llegan en grupos y con sus familias. En pocos minutos cortan las rutas con
cubiertas de automóvil, piedras, palos, cartones, muebles viejos. También se
acomodan para largas horas de espera y negociación. Se enfrentan a las
grandes empresas, a las autoridades, a los automovilistas y camioneros que se
ven impedidos de transitar. También se enfrentan a los medios de
comunicación. Arman gigantescas ollas populares y están dispuestos a
soportar estoicamente el frío, la lluvia, el viento o el sol.

Estos manifestantes, conocidos popularmente como "piqueteros", son en su
mayoría jefes y jefas de hogar desocupados que han llegado al límite. Buena
parte de ellos no han finalizado la escolaridad primaria ni tienen un oficio
determinado. En un país con algo más de 15% de desocupación, economías
regionales quebradas y un crecimiento económico prácticamente nulo en los
últimos dos años, son miles los trabajadores excluidos del mercado laboral,
cada vez más restringido y con más exigencias en calificaciones para acceder
a un puesto, que salen a cortar rutas como única manera de lograr que se
escuchen sus reclamos.

En lo que va del año ya suman 307 los cortes de ruta que se han producido en
distintos puntos del país con un mismo reclamo: trabajo y justicia social.
La mayoría de ellos no responden a decisiones tomadas en sindicatos ni en
partidos políticos. La necesidad hace que las organizaciones barriales y
populares tomen estas medidas y cuenten de inmediato con el apoyo de los
vecinos. Por lo general, los cortes de ruta son pacíficos y las vías de
negociación suelen ser rápidas. Salvo algunos casos en el interior del país,
donde actuó la Gendarmería Nacional para desalojar las rutas luego de varios
días de ser ocupadas por los manifestantes, con las consiguientes escenas de
enfrentamientos y violencia, tanto los gobiernos provinciales como el
nacional y las fuerzas de seguridad tratan de conservar la calma. La
presencia de tantas familias e incluso niños de corta edad entre los
manifestantes es uno de los principales motivos, como así también la
necesidad de impedir un estallido social ante una situación económica
delicada.

Ajuste estructural y crisis

Argentina está pasando por un período crítico debido al duro ajuste
estructural implementado por el nuevo gobierno de la Alianza, que asumió en
diciembre del año pasado. Al iniciar su mandato, el presidente De la Rúa
debió hacer frente a un déficit fiscal de algo más de 10 mil millones de
pesos dejados por el ex presidente Carlos Menem. A ello, debió agregar el
pago de los intereses de la deuda externa que vencían en el 2000 por una suma
cercana a la mencionada. Esta deuda externa alcanza casi a un 48% del
Producto Bruto Interno del país, hecho que se agrava porque Argentina lleva
ya dos años sin crecimiento económico. Se calcula que este año ese
crecimiento no llegará al 1%. Para hacer frente a estos desajustes, el
gobierno implementó un impuesto a las ganancias especial que recayó
principalmente en las clases media y media alta y rebajó en un 12,5% los
salarios de los empleados públicos que ganaban más de mil dólares mensuales.
Con esto, si bien logró paliar el déficit fiscal y hacer frente al
endeudamiento externo, dejó sin capacidad de consumo a la franja de la
población que hasta el momento movía el mercado interno. Hasta los grandes
supermercados sufrieron una merma importante en sus ventas, incluso de
artículos de primera necesidad. Estas medidas impositivas aumentaron la
recesión económica.

Si bien el país parece estar cumpliendo con sus compromisos externos sin
mayores problemas este año, continúa preocupando que en el 2001 las
erogaciones por intereses de la deuda externa serán mayores a las realizadas
en el 2000. Existe una fuerte presión del sector financiero, dominado por la
banca internacional acreedora de la deuda externa Argentina, como el
Citibank, para que se cumpla a rajatabla con estos compromisos. Para
hacerlo, el gobierno debe continuar restringiendo los planes de corte social
que durante el gobierno de Carlos Menem tuvieron auge, como el "Plan
Trabajar" destinado a subsidiar el trabajo de personas sin estudios ni
oficios, que se desempeñaban en tareas menores en el ámbito municipal o
provincial. Este plan, que ofrecía salarios de entre 150 y 200 dólares
mensuales, ayudaba a paliar la crisis, aunque generaba, en muchas ocasiones,
clientelismo político, con la consiguiente manipulación de las necesidades de
los estratos más bajos de la población. Debido a la necesidad de recortar
los gastos, el propio Menem había considerado una importante quita en estos
subsidios en el presupuesto para el año 2000, antes que asumiera el nuevo
gobierno.

Obligado por la desocupación y las demandas sociales, el gobierno de la
Alianza continúa implementando el plan "Trabajar", si bien los puestos
ofrecidos no alcanzan para cubrir la creciente demanda. Entre sus
exigencias, la mayoría de las demostraciones organizadas por los "piqueteros"
piden más planes de trabajo para la población que representan, además de
mercadería fresca y otros tipos de ayuda gubernamental en materia de
vivienda, salud y educación. Pero la respuesta oficial no alcanza y el
malestar social, si bien podrá paliarse en una localidad, despertará mañana
en otra, con el consiguiente corte de rutas y de demandas. Además, se corre
el riesgo de que estas protestas sean utilizadas políticamente, ya sea por
partidos de ultraizquierda, como por el propio Partido Justicialista cuyos
dirigentes actúan como si no hubieran tenido nada que ver con los diez años
de gobierno de Carlos Menem y sus políticas de ajuste neoliberal cuyas
consecuencias negativas para la economía se viven a diario.

Mal momento para la Alianza gobernante

El gobierno de la Alianza pasa por un mal momento también en lo político,
hecho que influye en la fuerza que puedan tener sus decisiones económicas.
Luego de la renuncia a principios de octubre del vicepresidente de la Nación,
Lic. Carlos Alvarez, motivada por una puja de poder interna y una grave
denuncia que realizó por corrupción en el Senado de la Nación en la cual no
se sintió acompañado por el resto del gobierno y que continúa siendo
investigada, no hay duda de que esta gestión ha quedado debilitada. El
alejamiento de Alvarez, presidente del FREPASO, partido político que junto a
la Unión Cívica Radical conformó la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la
Educación en 1997, fue un golpe duro para la política argentina. Y no sólo
porque a escasos 10 meses de gobierno ya no está en él una de las figuras que
más trabajó para que esta alianza política fuera posible y ganara las
elecciones presidenciales en 1999, sino porque la población había puesto en
este gobierno muchas expectativas de cambios sustanciales que no terminan de
concretarse.

Si bien la Alianza ha dado muestras claras de lucha contra la corrupción,
algo muy esperado por la población, los magros resultados económicos empañan
toda la gestión e impiden que se lancen programas de peso en el área de
infraestructura, vivienda, salud y educación, muy solicitados por el
electorado que la llevó al poder. En realidad, este electorado querría que
algunas de estas promesas de campaña se cumplieran en este primer año de
gobierno. Pero las metas son difíciles de alcanzar con pocos recursos y
nadie se anima a soslayar las exigencias de la banca internacional. El mero
recuerdo de los últimos meses de gobierno de Raúl Alfonsín, en 1989, jaqueado
por los acreedores externos y por el sector financiero local aliado a esos
intereses, impide que se tomen medidas distintas a las que imponen los planes
de ajuste. Desde el Ministerio de Economía se auguran crecimiento y mejores
perspectivas para el 2001, pero la enorme cantidad de personas y familias
necesitadas no están dispuestas a dar mucho margen de maniobra a la Alianza
gobernante, porque ya no pueden seguir posponiendo la solución a problemas
que les resultan acuciantes y que hacen a su dignidad de vida.