El Fujimorismo actual es, en medida decisiva, el resultado de una transacción de las FFAA peruanas y su Fujimori con la OEA, primero en 1992 y después en 1995. Como ha sido ya antes señalado (1), el Golpe de Estado del 5 de Abril de 1992 se hizo en cumplimiento del proyecto político del Comando Conjunto de las FFAA del Perú, de establecer y controlar un régimen político vertical y autoritario, sin Parlamento, sin Tribunales de Justicia independientes, sin Ministerio Público, ni Contraloría Independientes, sin Prensa libre, sin Partidos Políticos, ni Sindicatos, durante 15 o 20 años. Era un intento de réplica del pinochetismo, con el pretexto inmediato de la subversión de Sendero Luminoso para justificarlo ante la opinión local e internacional, pero con el deliberado propósito de destruir las instituciones del Estado Liberal, de acelerar la desintegración del tejido social e institucional de los trabajadores, en particular los sindicatos, y de las entidades de representación e intermediación política, en especial los partidos políticos de mayor raigambre. A diferencia del pinochetismo, sin embargo, se estableció el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) como principal instrumento de control político sobre el conjunto de la población peruana, y no, como fue la DINA en el pinochetismo, ante todo una agencia central de represión sobre las agrupaciones políticas y sociales de la izquierda chilena. Tal proyecto fue concebido para imponer sobre el país un proyecto de internacionalización total y radical del control del capital, del trabajo, de los recursos de producción, del mercado, y de la educación, de la comunicación y de la información en el Perú, confiando en que dados esos fines, la dictadura misma tendría también el patrocinio político del Bloque Imperial de los Estados Hegemónicos del actual Nuevo Orden Internacional, y, obviamente, sobre todo del principal de ellos, el de Estados Unidos. El modelo proviene de una imagen mítica de los procesos de Japón, de Alemania, de Corea del Sur y de Chile, según la cual el éxito económico de esos países era el resultado de esa total internacionalización del control de sus economías. Tiempo habrá, con toda seguridad, para tener completa la lista de los técnicos y profesionales, peruanos y no peruanos, que vendieron ese grosero y monumental infundio a las FFAA postvelasquistas. La historia- es decir, las generaciones siguientes - nunca ha dejado de cobrar esas cuentas. Para sus cocineros y para la FFAA, era claro entonces como hoy que ese proyecto no sólo implicaba, sino requería, la des-democratización y la des-nacionalización de la sociedad peruana y de su estado, y que sólo una dictadura militar podría imponerlas a largo plazo. Pero sus promotores habían tenido la inesperada fortuna de que no fuera Mario Vargas Llosa, sino Alberto Fujimori el presidente electo. El primero, neoliberal convicto y confeso en economía, también era y es un liberal radical en política. Con toda probabilidad no habría aceptado ese proyecto de las FFAA y habría sido necesario un Golpe Militar sin disfraces. Para Fujimori, en cambio, ese proyecto le venía exactamente como anillo al dedo. Y la hiperinflación impuesta al país por el capitalismo, para destruir al régimen de Alan García en represalia por el inútil intento de estatizar el control del capital financiero, y la guerra sucia entre el terrorismo de estado y el de Sendero Luminoso, habían engendrado tal atmósfera de inseguridad pública y privada, que una parte amplia de la población peruana se dejó persuadir de que era necesario sacrificar la democracia para liberarse de ambas pesadillas. Las Bahamas: Transacción de la autonomía política del Perú Con lo que los militares, Fujimori y sus asesores no habían contado en 1992, como se hizo obvio entonces, era la reacción mundial adversa desde el momento mismo en que ocurrió ese Golpe de Estado, decretando, precisamente, la disolución del Parlamento, la intervención armada sobre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, la censura de la prensa, la persecución de los líderes políticos liberales, etc. Frente a esa reacción mundial, inesperada para los golpistas, Fujimori dijo a la televisión peruana que les había faltado una buena "asesoría de imagen internacional". El poder, entre sus privilegios, incluye un tipo peculiar de estupidez. En efecto, Fujimori, sus mandantes militares, los tecnócratas locales del capital y sus "asesores de imagen internacional", no habían conseguido percibir lo que, sin embargo, entonces todo el mundo sabía: que en ese momento las dictaduras militares de toda América ya habían sido forzadas a salir de escena y que terminada la "guerra fría", esto es, desintegrado el poder rival de la Unión Soviética y su "Campo Socialista", así como los regímenes nacionalistas radicales, y derrotados mundialmente los movimientos anticapitalistas o "antisistema", para los controladores del Nuevo Orden Internacional era políticamente inútil y costoso en exceso, tener y sostener dictaduras de facto. Y que, en todo caso por el momento, incluso para la "gobernabilidad" de sociedades profundamente antidemocráticas como la del Perú, era más conveniente, por menos conflictivo, tener regímenes surgidos del voto. En especial tras la experiencia velasquista y del tramo final de la dictadura militar de Morales Bermúdez. De ese modo, en la percepción común la democracia podría ser asociada únicamente con el voto y separada de las radicales desigualdades sociales. Y mucho más, así la democracia podría ser identificada con el capitalismo, precisamente cuando éste atacaba a fondo, en países como el nuestro, las precarias conquistas por la democratización y la nacionalización de la sociedad y del estado. La pesadilla capitalista en este tipo de países, podría ser vestida con las galas legitimatorias del "sueño americano". Después de todo, ¿no habíamos llegado al "fin de la historia"?. Al reunirse ese año la Asamblea de la OEA en las Bahamas, uno de los obligados puntos de agenda, en cumplimiento de los acuerdos de la Declaración de Santiago en 1991, era la situación creada por ese Golpe de Estado. Con asesores menos torpes que sus anteriores, Fujimori concurrió personalmente a las Bahamas a justificar el Golpe. Pero allí fue obligado a aceptar la reposición de las instituciones del Estado Liberal. Por primera vez en los casi 200 años de nuestra historia republicana, la autonomía política del Perú había sido no sólo comprometida, sino en realidad entregada gracias al naciente Fujimorismo. Empero, la OEA está tramada con los mismos intereses económicos y sociales que el Fujimorismo ejerce, si no siempre con el mismo estilo político. Y en 1992, los intereses dominantes en el mundo y en la OEA eran los de la "globalización" capitalista, es decir, la reconcentración del control del poder mundial, bajo la hegemonía del capital financiero. Y entre 1990 y 1992, el régimen había demostrado con creces su fidelidad a esos intereses. Eso permitió a la dictadura negociar con éxito una transacción fraudulenta: las decisiones de la Asamblea de la OEA serían acatadas. Es decir, la autonomía política del Perú sería entregada. Pero la reposición de las instituciones del Estado Liberal se llevaría a cabo de modo que cada una de ellas fuera vaciada, tanto como fuera posible sin que aparecieran inexistentes, de todo su contenido y su sentido reales en una democracia liberal. De ese modo, el carácter despótico del régimen se mantendría, pero bajo el disfraz de instituciones liberales mutiladas y corrompidas. La OEA y la simulación democrática de la dictadura El Fujimorismo emergió de esa transacción como un régimen político nuevo en la historia política de América Latina: una dictadura militar, con carácter, orientación y estructura despóticas, pero con una parafernalia institucional demoliberal. Esa peculiar amalgama le llevaría a operar en los años siguientes como una dictadura militar-tecnocrática. Durante los próximos cinco años, ese específico Fujimorismo se dedicó, de un lado, a profundizar y afirmar la total internacionalización del control sobre la economía en el Perú, lo que ha producido, sobre todo, la re-primarización de la estructura productiva, el dominio de la especulación financiera y comercial y la sistemática destrucción de la intermediación estatal entre capital y trabajo asalariado, así como de la provisión estatal de servicios públicos (educación, salud, seguridad social, servicios urbanos). Sus consecuencias en la erosión y reducción del aparato de producción del país, en la expansión del desempleo y de la pobreza, son ahora conocidas en todo el mundo. El Fujimorismo ha mentido sistemáticamente, durante estos diez años, sobre las cifras macroeconómicas inflando en más de 10% el Producto Bruto Interno ((PBI) entre 1990 y 2000, como acaba de reconocerlo, oficialmente, el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI). Del otro lado, el Fujimorismo se dedicó a la afirmación de la estructura institucional básica del despotismo, desarrollando el control de las FFAA y Policiales sobre la Administración Pública y sobre cada una de las instituciones del Estado Liberal. Para ese propósito organizó una vasta red centralizada en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). A su servicio, en realidad con pocos escrúpulos inclusive en el cuidado de las apariencias, ha logrado constituir las más corruptas formas de la institucionalidad liberal de toda la historia latinoamericana, de modo que cada una de tales instituciones y su conjunto pudieran ser empleados como instrumentos de control político de la sociedad. Entre tanto, el "ajuste estructural" impuesto por el Fujimorismo desde 1990, aceleró la desintegración de las estructuras e instituciones sociales asociadas a la previa estructura productiva y a las relaciones entre el estado y la sociedad. El aparato sindical de los trabajadores se redujo drásticamente. Y las entidades civiles de intermediación política, en particular los partidos políticos, vieron reducidas y precarizadas sus bases sociales y su capacidad de convocatoria y de representación de intereses. En cambio, en el turbio territorio establecido por el Fujimorismo, donde los linderos entre lo lícito y lo ilícito fueron virtualmente borrados, iba emergiendo una nueva capa media, cuyos integrantes eran, por supuesto, fujimoristas a cuchillo. Y con ellos la dictadura fue armando una red nada desdeñable de clientelaje y de intermediación para la manipulación de sectores sociales víctimas de la política neoliberal del Fujimorismo. Con excepción de aisladas voces críticas, durante todos esos años estuvo ausente del país toda resistencia política o social de alguna importancia, mientras se reiteraba la protección y el aplauso de las instituciones del capital financiero mundial (FMI, Banco Mundial, BID, Club de Paris) y del Bloque Imperial de los estados del Nuevo Orden Internacional. Fue, pues, con la plena garantía de la impunidad local e internacional, que el Fujimorismo organizó bajo su total control, las elecciones de 1995. Esas elecciones fueron tan fraudulentas como las del 2000. El uso ilegal de todos los recursos del estado, la manipulación y el amedrentamiento de la población, fueron practicados desembozadamente. Y en el recuento final de votos, para imponer una mayoría fujimorista en el Congreso, el JNE anuló fraudulentamente 3 millones y medio de votos y perdió otro millón. Ese fraude fue tan escandaloso como ahora el de las fábricas de firmas falsificadas (Movimiento Independiente Perú 2000 y Vamos Vecino) para la ilegal inscripción de Fujimori y sus candidatos a las elecciones actuales. Pero dada la situación política de los peruanos en ese momento, sólo hubo tímidas protestas de los candidatos avasallados. Las denuncias del carácter dictatorial del regimen fujimorista, del fraude, de la ilegalidad y de las relaciones orgánicas de todo eso con la política económica, quedaron aisladas. Como es sabido, la Misión de la OEA enviada al Perú ese año, fue de nuevo la alcahueta de ese fraude ya que avaló la legitimidad de sus resultados oficiales. La transacción pactada en 1992 fue confirmada en 1995. Las nuevas condiciones mundiales y el fraude del año 2000 Mientras que las condiciones locales e internacionales de 1995 aún permitieron al Fujimorismo realizar con total impunidad sus fraudulentas elecciones, las que han envuelto las elecciones del 2000, son muy diferentes. De una parte, en el Perú el descontento contra el Fujimorismo es virtualmente universal, es decir implica no solamente a la mayoría de la población, sino a todos sus sectores de interés social: trabajadores, capas medias y empresarios. Mientras en 1995, los empresarios aún repetían que "estamos mal, pero vamos bien". Para el 2000 habían ya llegado a concluir que no sólo no "vamos bien" sino que ese camino conducía a la liquidación de su mayoría (del total de las empresas registradas, dos terceras partes tiene sus cifras en negativo). No es sorprendente que dada esa situación, durante la campaña electoral la amplia mayoría de ellos formó en las listas de la "oposición". En cuanto a las capas medias profesionales y urbanas, con excepción de sus sectores nuevos emergidos bajo la corrupción fujimorista, en su mayoría están siendo erradicadas de su previo nicho social, empobrecidas sin remedio, arrinconadas en lo que las encuestadoras llaman el Sector C, convencidas ya de que ni siquiera el intento de medrar en las turbias aguas del fujimorismo es hoy una opción viable. Los trabajadores, víctimas mayoritarias del desempleo, de la polarización social, del empobrecimiento, empujados a formar el novísimo Sector E de las encuestadoras - el que no tiene como asegurar la sobrevivencia diaria- han aprendido que sin democracia política no hay como reconquistar los derechos sociales avasallados. Todos esos sectores sociales han pasado a la oposición al Fujimorismo y una parte creciente ha pasado a la resistencia. De otra parte, las sirenas del neoliberalismo, la ideología del proceso de contrarrevolución capitalista mundial, han dejado hace rato de ser tan atractivas inclusive para sus beneficiarios. Entre sus víctimas, el desempleo masivo, la polarización social mundial entre una minoría de ricos, cada vez más reducida y cada vez más rica, y una mayoría que crece y que es cada vez más pobre (hoy el 20% de la población mundial concentra el 80% del producto mundial), ha desatado ya la resistencia mundial. En la mayoría de países de la "periferia" esa resistencia está desencadenando crisis políticas que no harán sino agudizarse en el futuro previsible. Y para sus beneficiarios, esas crisis políticas, la inestabilidad política que afecta a cada vez mayor número de países (en América Latina, además de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, tal inestabilidad ya está entrando en Argentina y Brasil) se asocian ahora a los cuellos de botella que ha ido engendrando en la economía el predatorio dominio del capital financiero sobre todos los demás. El discurso del Bloque Imperial (de los 7) y de sus instrumentos de dominio financiero (FMI, Banco Mundial) ahora se orienta a apaciguar el descontento y la revuelta mundial. Nada menos que Michel Camdessus, el ex-jefe de los carniceros, digo de los guardianes del capital financiero, no titubea ahora para declarar que el neoliberalismo es un fracaso y que la pobreza mundial es un grave problema para el capitalismo mundial. Pero también el Fujimorismo ha cambiado. En diez años, gracias a la virtual inexistencia de toda resistencia organizada de la población y a la protección política imperial, ha desarrollado las tendencias inherentes a su entraña despótica. Sigue siendo, sin duda, una dictadura basada en las FFAA. Pero ahora opera como una asociación entre las FFAA y una nueva tecnoburocracia política emergida y entrenada durante estos diez años, con certeza la más siniestra de la historia republicana del país y cuya cabeza es el propio Fujimori. Esa asociación se articula en torno del SIN, que ha pasado de ser un órgano de control político de la población, a ser el centro de articulación del régimen mismo, es decir, a ser un órgano de control de las FFAA y de la Tecnoburocracia. De ese modo, no sólo el entero aparato de administración pública, sino todas las instituciones que simulan el Estado Liberal, llámese Parlamento, Sistema Judicial, Ministerio Público, Contraloría y Tribunal de Garantías Constitucionales, Sistema Electoral, se articulan en torno del control del SIN. Si ya desde sus orígenes fue establecido explícitamente como equivalente a la Gestapo, es decir como núcleo fascista dentro del Fujimorismo, en una década se ha hipertrofiado hasta convertir a este régimen en algo totalmente inédito en América Latina y en el mundo: una dictadura militar-tecnocrática articulada en torno de un centro de control de carácter fascista, pero revestida con una parafernalia institucional que remeda al Estado Liberal. A tal peculiaridad se debe, sin duda, que para muchos, dentro y fuera del Perú, sea tan difícil reconocer el carácter y orientación despóticos de la estructura básica del Fujimorismo, o fácil confundirlo con otras experiencias de dictaduras, igualmente corruptas, abusivas y sangrientas, pero finalmente convencionales como, por ejemplo, la de Ferdinand Marcos en Filipinas, cuya imagen parece ser, en el exterior, la que más sirve para formarse una idea del Fujimorismo. Pero también en eso reside el perverso peligro de este régimen: su aptitud de contagio internacional, un eficaz y exitoso camuflaje de una siniestra dictadura militar, de entraña fascista, en un régimen liberal. La OEA y el Golpe de Estado del año 2000: ¿Otra transacción? Para enfrentar el descontento universal de la población peruana y su oposición al ilegal proceso de re-elección de Fujimori, el Fujimorismo ha sido forzado a montar un aparato de fraude mucho más vasto y sistemático que el de 1995, y un aparato político civil de carácter fascista, a primera vista separado del Estado, aunque obviamente organizado y sostenido en su interior, para manipular y reprimir a la población más dependiente del Estado para su sobrevivencia. Habituados a la impunidad absoluta durante toda una década, los agentes fujimoristas no vacilaron tampoco esta vez en practicar actos de extrema torpeza, como la fábrica de mas de un millón de firmas falsificadas para inscribir el Movimiento Independiente Perú 2000, como antes el de Vamos Vecino, ambos pilares de la inscripción, por lo tanto fraudulenta, de la candidatura de Fujimori y de sus parlamentarios. Pero mientras que en 1995, actos igualmente escandalosos obtuvieron la bendición de la OEA y la pasividad de la población peruana, en el 2000 las cosas han ocurrido de modo radicalmente distinto. Sería ocioso, sobre todo para los peruanos, recontar la archisabida historia. Pero es pertinente destacar tres de los rasgos mayores que definen esa diferencia. En primer lugar, la inmensa mayoría de la población peruana, de todos sus sectores sociales y geográficos, ha repudiado el proceso electoral y sus resultados oficiales, por ilegal, fraudulento e ilegítimo. Y la protesta nacional masiva se ha transformado en resistencia abierta, porque esos resultados no deben, ni pueden, ser reconocidos. Esa resistencia continuará hasta lograr la desintegración del Fujimorismo. En esas movilizaciones de las masas se encuentran de nuevo, después de una década, las reivindicaciones sociales y las demandas políticas de la población. La gran mayoría de las gentes movilizadas en la resistencia son jóvenes, lo que otorga a estas luchas un decisivo elemento estratégico. Y son los jóvenes, precisamente, los que asocian de otro modo las dimensiones social y política de sus luchas: la demanda por democracia política implica, necesariamente, la democracia en la sociedad, puesto que la historia confirma reiteradamente que en un país como el Perú no pueden convivir un Estado de Derecho con una Sociedad de Derecha. En segundo lugar, es también virtualmente unánime la repulsa internacional al carácter escandalosamente ilegal, fraudulento e ilegítimo del proceso electoral y de sus resultados oficiales. A diferencia de l995, la Misión de Observadores de la OEA, encabezada por el ex-Canciller de Guatemala, Eduardo Stein, encontró en el Perú una compacta desconfianza de la mayoría de la población y no tuvo más remedio que reconocer el fraude, retirarse de la llamada "segunda vuelta" y en su jerga diplomática dictaminó en su informe final que esas elecciones no fueron "limpias, ni justas", ni cumplieron con los mínimos estándares internacionales. Los otros grupos de observadores (el Centro Carter, el Instituto Democrático Nacional, el Instituto Internacional de Derechos Humanos) fueron mucho más rotundos y explícitos en su condenación al fraude y en su repulsa de la legitimidad de los resultados oficiales. El fraude fue tan escandaloso que incluso los Gobiernos de Estados Unidos y de Canadá hicieron público su rechazo. En tal escenario, frente a la masiva protesta y movilización nacional contra el fraude y a la unanimidad de la condena internacional, la Asamblea General de la OEA se vio en la obligación de discutir formalmente la situación peruana resultante del fraudulento proceso electoral, a pesar de las gestiones y presiones diplomáticas del Fujimorismo. En esa Asamblea, el Fujimorismo no logró impedir la virtual condena a la ilegalidad y a la ilegitimidad del proceso electoral, pero contó con el apoyo de México, de Brasil, de Venezuela, y de Bolivia y con la tibieza de Argentina y Chile, para limitar los efectos políticos del debate que habrían conducido a una presión para anular las elecciones. Pero la OEA acordó enviar al Perú una Misión de Alto Nivel, formada por el Secretario General de la OEA y el Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá. Esa Misión de Alto Nivel no tenía mandato para anular las elecciones fraudulentas. Eso en la práctica conlleva una admisión de la tercera re-elección de Fujimori. Pero, en contrapartida, decidió algo totalmente inusitado, en América Latina por lo menos: proponer la re-estructuración y autentificación de todo el universo institucional del Estado Liberal en el Perú antes de cualquier nuevo proceso electoral. Si eso fuera llevado a cabo, implicaría nada menos que el desmontaje del Fujimorismo como régimen político. En tercer lugar, frente a esa virtualmente unánime y universal repulsa internacional al carácter ilegal y fraudulento de todo el proceso electoral, y antes que llegara al Perú la Misión de Alto Nivel de la OEA y obviamente como aviso de su decisión de defenderse de las posibles sanciones de la OEA y de las protestas populares del Perú, el Fujimorismo ha recurrido a un nuevo Golpe de Estado: el 8 de Junio del 2000, las FFAA y Policiales del Perú, en ceremonia pública, reconocieron a Alberto Fujimori, oficialmente Presidente Electo, como su nuevo Comandante en Jefe. El hecho de que fuera la misma persona, Alberto Fujimori, el actual Presidente de la República y Comandante en Jefe de las FFAA y Policiales del Perú, y también el oficialmente nuevo Presidente Electo, ha dado lugar a una confusión sorprendente sobre el significado de dicho acto. Tal confusión muestra la eficacia de la propaganda del régimen, debido al control que el SIN ejerce sobre los medios masivos de comunicación del país, pero muestra también, y no mucho menos, el carácter amorfo y conciliador del grueso de la oposición y de la OEA. Muchos de los observadores, tanto extranjeros como peruanos, califican ese acto de "casi golpe" (algunos llegan a decir que fue "casi un golpe, pero sin militares"!). El hecho es, sin embargo, que fue legal y técnicamente un explícito Golpe de Estado y no debe haber lugar alguno a la confusión. En efecto, el Presidente de la República en ejercicio es también, por mandato de la Constitución, Comandante en Jefe de las FFAA y Policiales. Y nadie más puede serlo. El actual termina su período el 28 de Julio de este año. El Presidente Electo asume ese mismo día, con las ceremonias de rigor ante el Congreso de la República, el cargo de Presidente de la República y desde mismo momento, pero sólo entonces, asume también las funciones de Comandante en Jefe de las FFAA y Policiales del Perú. Por lo tanto, las FFAA y Policiales no pueden tener, ni reconocer, legalmente, hasta el 28 de Julio próximo, otro Comandante en Jefe que el actual Presidente de la República, porque eso implica, legal y técnicamente, desconocer la autoridad, los rangos y las funciones del actual Presidente de la República y por eso Comandante en Jefe de esas FFAA. En términos simples, implica un Golpe de Estado. Y eso fue, exactamente, lo ocurrido el 8 de Junio del 2000. Desde esa fecha, legal y técnicamente tenemos en el Perú a dos Comandantes en Jefe de las FFAA y Policiales, pero sólo a un Presidente en ejercicio. El hecho de que coincidan en la misma persona ambas calidades, no modifica en absoluto las condiciones, porque legalmente se trata de dos personajes legalmente distintos. Y el hecho mismo de que las FFAA y Policiales decidieran reconocer al Presidente Electo como su nuevo Comandante en Jefe, desoculta la admisión explícita de que se trata, precisamente, de dos personajes legalmente distintos. Si no, toda ceremonia de reconocimiento sería perfectamente inútil. Se trata, pues, de un explícito Golpe de Estado. Nada pone de manifiesto con tanta claridad que el Fujimorismo es, en lo fundamental, una dictadura de las FFAA. El Golpe de Estado del 8 de Junio del 2000 fue hecho para demostrarlo ante el país y ante el mundo y para advertir que está dispuesto a todo para mantenerse en el control del Estado peruano. Y desde entonces sus actos no han desmentido en absoluto esa disposición. Por el contrario, la represión se ha intensificado. ¿"Democratización" fujimorista o destrucción de la dictadura? La obvia pregunta para la OEA es si también esta vez la democracia será la víctima del canje entre los intereses del capital internacional y de sus estados imperiales y la autonomía política del Perú, como en las dos ocasiones previas. La OEA y el Fujimorismo han comenzado, a la vista e impaciencia de los peruanos y del mundo, las negociaciones de otra transacción no menos espuria que las anteriores. La OEA ha dejado una agenda donde las instituciones liberales son las únicas que cuentan, mientras las masas peruanas movilizadas demandan por igual sus libertades políticas y sus derechos sociales. El Fujimorismo, de su lado, que de nuevo ha puesto en cuestión la autonomía política del país, trata otra vez de utilizar las propuestas de la OEA para hacer pasar, como en 1992 y 1995, otro grosero contrabando político, que cubra las apariencias diplomáticas y mantenga inmune el andamiaje de la dictadura. Sus proyectos de ley sobre el Poder Judicial y el Sistema Electoral son, sin duda, muestras de la perversa astucia de sus agentes. Pero, sobre todo, de la expectativa del Fujimorismo acerca de que la democracia puede ser, en fin de cuentas, subordinada a los intereses sociales y políticos dominantes en la OEA y la dictadura usada como carta de negociación en las disputas de hegemonía en el área andino-amazónica. Desde el punto de vista de los peruanos, en cambio, esta conducta del Fujimorismo sólo confirma que una dictadura con tales características no puede terminar con un "diálogo" (palabra clave del discurso engañabobos del Fujimorismo y de sus asociados en la oposición) sino con su desintegración. Las grandes marchas populares que se preparan, podrían quizás no ser suficientes para impedir la consumación del fraude. Pero no dejarán de ser una advertencia de la decisión de sacudirse de esta dictadura. Los plazos para lograrlo pueden ser largos o cortos. Pero lo conseguiremos. Hemos tenido muchas dictaduras, y a todas ellas las hemos destruido, una tras otra. La última fue, como se recuerda, la de Morales Bermúdez. Y fueron las luchas organizadas de toda la población las que forzaron su salida. (1) Mis textos publicados entre 1990 y 1995 fueron compilados por un grupo de estudiantes en El Fujimorismo y el Perú, SEADE 1995, Lima, Perú; Posteriormente, se ha publicado ¿El Fujimorismo en la Encrucijada?, en Neopopulismo y Democracia, FLACSO, 1996, San José, Costa Rica; Populismo y Fujimorismo, en Felipe Burbano de Lara, editor: El Fantasma del Populismo en América Latina, Nueva Sociedad 1998, Caracas, Venezuela. Y durante el actual proceso electoral, principalmente Las Opciones del actual Proceso Electoral, publicado con diversos títulos en Mayo 2000 en Liberación y La República, en Lima, y en América Latina en Movimiento, ALAI, Quito, Ecuador. Después, en este mismo año, ¿La Impunidad como Programa? y Gobierno Provisional de Municipalidades, en las mismas publicaciones.