El Fujimorismo, la OEA y el Perú
24/07/2000
- Opinión
El Fujimorismo actual es, en medida decisiva, el resultado de una
transacción de las FFAA peruanas y su Fujimori con la OEA, primero en 1992 y
después en 1995.
Como ha sido ya antes señalado (1), el Golpe de Estado del 5 de Abril de
1992 se hizo en cumplimiento del proyecto político del Comando Conjunto de
las FFAA del Perú, de establecer y controlar un régimen político vertical y
autoritario, sin Parlamento, sin Tribunales de Justicia independientes, sin
Ministerio Público, ni Contraloría Independientes, sin Prensa libre, sin
Partidos Políticos, ni Sindicatos, durante 15 o 20 años. Era un intento de
réplica del pinochetismo, con el pretexto inmediato de la subversión de
Sendero Luminoso para justificarlo ante la opinión local e internacional,
pero con el deliberado propósito de destruir las instituciones del Estado
Liberal, de acelerar la desintegración del tejido social e institucional de
los trabajadores, en particular los sindicatos, y de las entidades de
representación e intermediación política, en especial los partidos políticos
de mayor raigambre. A diferencia del pinochetismo, sin embargo, se
estableció el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) como principal
instrumento de control político sobre el conjunto de la población peruana, y
no, como fue la DINA en el pinochetismo, ante todo una agencia central de
represión sobre las agrupaciones políticas y sociales de la izquierda
chilena.
Tal proyecto fue concebido para imponer sobre el país un proyecto de
internacionalización total y radical del control del capital, del trabajo,
de los recursos de producción, del mercado, y de la educación, de la
comunicación y de la información en el Perú, confiando en que dados esos
fines, la dictadura misma tendría también el patrocinio político del Bloque
Imperial de los Estados Hegemónicos del actual Nuevo Orden Internacional, y,
obviamente, sobre todo del principal de ellos, el de Estados Unidos. El
modelo proviene de una imagen mítica de los procesos de Japón, de Alemania,
de Corea del Sur y de Chile, según la cual el éxito económico de esos países
era el resultado de esa total internacionalización del control de sus
economías. Tiempo habrá, con toda seguridad, para tener completa la lista
de los técnicos y profesionales, peruanos y no peruanos, que vendieron ese
grosero y monumental infundio a las FFAA postvelasquistas. La historia- es
decir, las generaciones siguientes - nunca ha dejado de cobrar esas cuentas.
Para sus cocineros y para la FFAA, era claro entonces como hoy que ese
proyecto no sólo implicaba, sino requería, la des-democratización y la
des-nacionalización de la sociedad peruana y de su estado, y que sólo una
dictadura militar podría imponerlas a largo plazo. Pero sus promotores
habían tenido la inesperada fortuna de que no fuera Mario Vargas Llosa, sino
Alberto Fujimori el presidente electo. El primero, neoliberal convicto y
confeso en economía, también era y es un liberal radical en política. Con
toda probabilidad no habría aceptado ese proyecto de las FFAA y habría sido
necesario un Golpe Militar sin disfraces. Para Fujimori, en cambio, ese
proyecto le venía exactamente como anillo al dedo. Y la hiperinflación
impuesta al país por el capitalismo, para destruir al régimen de Alan García
en represalia por el inútil intento de estatizar el control del capital
financiero, y la guerra sucia entre el terrorismo de estado y el de Sendero
Luminoso, habían engendrado tal atmósfera de inseguridad pública y privada,
que una parte amplia de la población peruana se dejó persuadir de que era
necesario sacrificar la democracia para liberarse de ambas pesadillas.
Las Bahamas: Transacción de la autonomía política del Perú
Con lo que los militares, Fujimori y sus asesores no habían contado en 1992,
como se hizo obvio entonces, era la reacción mundial adversa desde el
momento mismo en que ocurrió ese Golpe de Estado, decretando, precisamente,
la disolución del Parlamento, la intervención armada sobre el Poder
Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría, la censura de la prensa, la
persecución de los líderes políticos liberales, etc. Frente a esa reacción
mundial, inesperada para los golpistas, Fujimori dijo a la televisión
peruana que les había faltado una buena "asesoría de imagen internacional".
El poder, entre sus privilegios, incluye un tipo peculiar de estupidez. En
efecto, Fujimori, sus mandantes militares, los tecnócratas locales del
capital y sus "asesores de imagen internacional", no habían conseguido
percibir lo que, sin embargo, entonces todo el mundo sabía: que en ese
momento las dictaduras militares de toda América ya habían sido forzadas a
salir de escena y que terminada la "guerra fría", esto es, desintegrado el
poder rival de la Unión Soviética y su "Campo Socialista", así como los
regímenes nacionalistas radicales, y derrotados mundialmente los movimientos
anticapitalistas o "antisistema", para los controladores del Nuevo Orden
Internacional era políticamente inútil y costoso en exceso, tener y sostener
dictaduras de facto. Y que, en todo caso por el momento, incluso para la
"gobernabilidad" de sociedades profundamente antidemocráticas como la del
Perú, era más conveniente, por menos conflictivo, tener regímenes surgidos
del voto. En especial tras la experiencia velasquista y del tramo final de
la dictadura militar de Morales Bermúdez.
De ese modo, en la percepción común la democracia podría ser asociada
únicamente con el voto y separada de las radicales desigualdades sociales.
Y mucho más, así la democracia podría ser identificada con el capitalismo,
precisamente cuando éste atacaba a fondo, en países como el nuestro, las
precarias conquistas por la democratización y la nacionalización de la
sociedad y del estado. La pesadilla capitalista en este tipo de países,
podría ser vestida con las galas legitimatorias del "sueño americano".
Después de todo, ¿no habíamos llegado al "fin de la historia"?.
Al reunirse ese año la Asamblea de la OEA en las Bahamas, uno de los
obligados puntos de agenda, en cumplimiento de los acuerdos de la
Declaración de Santiago en 1991, era la situación creada por ese Golpe de
Estado. Con asesores menos torpes que sus anteriores, Fujimori concurrió
personalmente a las Bahamas a justificar el Golpe. Pero allí fue obligado a
aceptar la reposición de las instituciones del Estado Liberal. Por primera
vez en los casi 200 años de nuestra historia republicana, la autonomía
política del Perú había sido no sólo comprometida, sino en realidad
entregada gracias al naciente Fujimorismo.
Empero, la OEA está tramada con los mismos intereses económicos y sociales
que el Fujimorismo ejerce, si no siempre con el mismo estilo político. Y en
1992, los intereses dominantes en el mundo y en la OEA eran los de la
"globalización" capitalista, es decir, la reconcentración del control del
poder mundial, bajo la hegemonía del capital financiero. Y entre 1990 y
1992, el régimen había demostrado con creces su fidelidad a esos intereses.
Eso permitió a la dictadura negociar con éxito una transacción fraudulenta:
las decisiones de la Asamblea de la OEA serían acatadas. Es decir, la
autonomía política del Perú sería entregada. Pero la reposición de las
instituciones del Estado Liberal se llevaría a cabo de modo que cada una de
ellas fuera vaciada, tanto como fuera posible sin que aparecieran
inexistentes, de todo su contenido y su sentido reales en una democracia
liberal. De ese modo, el carácter despótico del régimen se mantendría, pero
bajo el disfraz de instituciones liberales mutiladas y corrompidas.
La OEA y la simulación democrática de la dictadura
El Fujimorismo emergió de esa transacción como un régimen político nuevo en
la historia política de América Latina: una dictadura militar, con carácter,
orientación y estructura despóticas, pero con una parafernalia institucional
demoliberal. Esa peculiar amalgama le llevaría a operar en los años
siguientes como una dictadura militar-tecnocrática.
Durante los próximos cinco años, ese específico Fujimorismo se dedicó, de un
lado, a profundizar y afirmar la total internacionalización del control
sobre la economía en el Perú, lo que ha producido, sobre todo, la
re-primarización de la estructura productiva, el dominio de la especulación
financiera y comercial y la sistemática destrucción de la intermediación
estatal entre capital y trabajo asalariado, así como de la provisión estatal
de servicios públicos (educación, salud, seguridad social, servicios
urbanos). Sus consecuencias en la erosión y reducción del aparato de
producción del país, en la expansión del desempleo y de la pobreza, son
ahora conocidas en todo el mundo. El Fujimorismo ha mentido
sistemáticamente, durante estos diez años, sobre las cifras macroeconómicas
inflando en más de 10% el Producto Bruto Interno ((PBI) entre 1990 y 2000,
como acaba de reconocerlo, oficialmente, el Instituto Nacional de
Estadística e Información (INEI).
Del otro lado, el Fujimorismo se dedicó a la afirmación de la estructura
institucional básica del despotismo, desarrollando el control de las FFAA y
Policiales sobre la Administración Pública y sobre cada una de las
instituciones del Estado Liberal. Para ese propósito organizó una vasta red
centralizada en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). A su servicio,
en realidad con pocos escrúpulos inclusive en el cuidado de las apariencias,
ha logrado constituir las más corruptas formas de la institucionalidad
liberal de toda la historia latinoamericana, de modo que cada una de tales
instituciones y su conjunto pudieran ser empleados como instrumentos de
control político de la sociedad.
Entre tanto, el "ajuste estructural" impuesto por el Fujimorismo desde 1990,
aceleró la desintegración de las estructuras e instituciones sociales
asociadas a la previa estructura productiva y a las relaciones entre el
estado y la sociedad. El aparato sindical de los trabajadores se redujo
drásticamente. Y las entidades civiles de intermediación política, en
particular los partidos políticos, vieron reducidas y precarizadas sus bases
sociales y su capacidad de convocatoria y de representación de intereses.
En cambio, en el turbio territorio establecido por el Fujimorismo, donde los
linderos entre lo lícito y lo ilícito fueron virtualmente borrados, iba
emergiendo una nueva capa media, cuyos integrantes eran, por supuesto,
fujimoristas a cuchillo.
Y con ellos la dictadura fue armando una red nada desdeñable de clientelaje
y de intermediación para la manipulación de sectores sociales víctimas de la
política neoliberal del Fujimorismo.
Con excepción de aisladas voces críticas, durante todos esos años estuvo
ausente del país toda resistencia política o social de alguna importancia,
mientras se reiteraba la protección y el aplauso de las instituciones del
capital financiero mundial (FMI, Banco Mundial, BID, Club de Paris) y del
Bloque Imperial de los estados del Nuevo Orden Internacional. Fue, pues,
con la plena garantía de la impunidad local e internacional, que el
Fujimorismo organizó bajo su total control, las elecciones de 1995.
Esas elecciones fueron tan fraudulentas como las del 2000. El uso ilegal de
todos los recursos del estado, la manipulación y el amedrentamiento de la
población, fueron practicados desembozadamente. Y en el recuento final de
votos, para imponer una mayoría fujimorista en el Congreso, el JNE anuló
fraudulentamente 3 millones y medio de votos y perdió otro millón. Ese
fraude fue tan escandaloso como ahora el de las fábricas de firmas
falsificadas (Movimiento Independiente Perú 2000 y Vamos Vecino) para la
ilegal inscripción de Fujimori y sus candidatos a las elecciones actuales.
Pero dada la situación política de los peruanos en ese momento, sólo hubo
tímidas protestas de los candidatos avasallados. Las denuncias del carácter
dictatorial del regimen fujimorista, del fraude, de la ilegalidad y de las
relaciones orgánicas de todo eso con la política económica, quedaron
aisladas. Como es sabido, la Misión de la OEA enviada al Perú ese año, fue
de nuevo la alcahueta de ese fraude ya que avaló la legitimidad de sus
resultados oficiales. La transacción pactada en 1992 fue confirmada en
1995.
Las nuevas condiciones mundiales y el fraude del año 2000
Mientras que las condiciones locales e internacionales de 1995 aún
permitieron al Fujimorismo realizar con total impunidad sus fraudulentas
elecciones, las que han envuelto las elecciones del 2000, son muy
diferentes.
De una parte, en el Perú el descontento contra el Fujimorismo es
virtualmente universal, es decir implica no solamente a la mayoría de la
población, sino a todos sus sectores de interés social: trabajadores, capas
medias y empresarios. Mientras en 1995, los empresarios aún repetían que
"estamos mal, pero vamos bien". Para el 2000 habían ya llegado a concluir
que no sólo no "vamos bien" sino que ese camino conducía a la liquidación de
su mayoría (del total de las empresas registradas, dos terceras partes tiene
sus cifras en negativo). No es sorprendente que dada esa situación, durante
la campaña electoral la amplia mayoría de ellos formó en las listas de la
"oposición". En cuanto a las capas medias profesionales y urbanas, con
excepción de sus sectores nuevos emergidos bajo la corrupción fujimorista,
en su mayoría están siendo erradicadas de su previo nicho social,
empobrecidas sin remedio, arrinconadas en lo que las encuestadoras llaman el
Sector C, convencidas ya de que ni siquiera el intento de medrar en las
turbias aguas del fujimorismo es hoy una opción viable. Los trabajadores,
víctimas mayoritarias del desempleo, de la polarización social, del
empobrecimiento, empujados a formar el novísimo Sector E de las
encuestadoras - el que no tiene como asegurar la sobrevivencia diaria- han
aprendido que sin democracia política no hay como reconquistar los derechos
sociales avasallados. Todos esos sectores sociales han pasado a la
oposición al Fujimorismo y una parte creciente ha pasado a la resistencia.
De otra parte, las sirenas del neoliberalismo, la ideología del proceso de
contrarrevolución capitalista mundial, han dejado hace rato de ser tan
atractivas inclusive para sus beneficiarios. Entre sus víctimas, el
desempleo masivo, la polarización social mundial entre una minoría de ricos,
cada vez más reducida y cada vez más rica, y una mayoría que crece y que es
cada vez más pobre (hoy el 20% de la población mundial concentra el 80% del
producto mundial), ha desatado ya la resistencia mundial. En la mayoría de
países de la "periferia" esa resistencia está desencadenando crisis
políticas que no harán sino agudizarse en el futuro previsible. Y para sus
beneficiarios, esas crisis políticas, la inestabilidad política que afecta a
cada vez mayor número de países (en América Latina, además de Perú, Bolivia,
Ecuador, Colombia, Venezuela, tal inestabilidad ya está entrando en
Argentina y Brasil) se asocian ahora a los cuellos de botella que ha ido
engendrando en la economía el predatorio dominio del capital financiero
sobre todos los demás. El discurso del Bloque Imperial (de los 7) y de sus
instrumentos de dominio financiero (FMI, Banco Mundial) ahora se orienta a
apaciguar el descontento y la revuelta mundial. Nada menos que Michel
Camdessus, el ex-jefe de los carniceros, digo de los guardianes del capital
financiero, no titubea ahora para declarar que el neoliberalismo es un
fracaso y que la pobreza mundial es un grave problema para el capitalismo
mundial.
Pero también el Fujimorismo ha cambiado. En diez años, gracias a la virtual
inexistencia de toda resistencia organizada de la población y a la
protección política imperial, ha desarrollado las tendencias inherentes a su
entraña despótica. Sigue siendo, sin duda, una dictadura basada en las
FFAA. Pero ahora opera como una asociación entre las FFAA y una nueva
tecnoburocracia política emergida y entrenada durante estos diez años, con
certeza la más siniestra de la historia republicana del país y cuya cabeza
es el propio Fujimori. Esa asociación se articula en torno del SIN, que ha
pasado de ser un órgano de control político de la población, a ser el centro
de articulación del régimen mismo, es decir, a ser un órgano de control de
las FFAA y de la Tecnoburocracia. De ese modo, no sólo el entero aparato de
administración pública, sino todas las instituciones que simulan el Estado
Liberal, llámese Parlamento, Sistema Judicial, Ministerio Público,
Contraloría y Tribunal de Garantías Constitucionales, Sistema Electoral, se
articulan en torno del control del SIN. Si ya desde sus orígenes fue
establecido explícitamente como equivalente a la Gestapo, es decir como
núcleo fascista dentro del Fujimorismo, en una década se ha hipertrofiado
hasta convertir a este régimen en algo totalmente inédito en América Latina
y en el mundo: una dictadura militar-tecnocrática articulada en torno de un
centro de control de carácter fascista, pero revestida con una parafernalia
institucional que remeda al Estado Liberal.
A tal peculiaridad se debe, sin duda, que para muchos, dentro y fuera del
Perú, sea tan difícil reconocer el carácter y orientación despóticos de la
estructura básica del Fujimorismo, o fácil confundirlo con otras
experiencias de dictaduras, igualmente corruptas, abusivas y sangrientas,
pero finalmente convencionales como, por ejemplo, la de Ferdinand Marcos en
Filipinas, cuya imagen parece ser, en el exterior, la que más sirve para
formarse una idea del Fujimorismo. Pero también en eso reside el perverso
peligro de este régimen: su aptitud de contagio internacional, un eficaz y
exitoso camuflaje de una siniestra dictadura militar, de entraña fascista,
en un régimen liberal.
La OEA y el Golpe de Estado del año 2000: ¿Otra transacción?
Para enfrentar el descontento universal de la población peruana y su
oposición al ilegal proceso de re-elección de Fujimori, el Fujimorismo ha
sido forzado a montar un aparato de fraude mucho más vasto y sistemático que
el de 1995, y un aparato político civil de carácter fascista, a primera
vista separado del Estado, aunque obviamente organizado y sostenido en su
interior, para manipular y reprimir a la población más dependiente del
Estado para su sobrevivencia. Habituados a la impunidad absoluta durante
toda una década, los agentes fujimoristas no vacilaron tampoco esta vez en
practicar actos de extrema torpeza, como la fábrica de mas de un millón de
firmas falsificadas para inscribir el Movimiento Independiente Perú 2000,
como antes el de Vamos Vecino, ambos pilares de la inscripción, por lo tanto
fraudulenta, de la candidatura de Fujimori y de sus parlamentarios. Pero
mientras que en 1995, actos igualmente escandalosos obtuvieron la bendición
de la OEA y la pasividad de la población peruana, en el 2000 las cosas han
ocurrido de modo radicalmente distinto. Sería ocioso, sobre todo para los
peruanos, recontar la archisabida historia. Pero es pertinente destacar
tres de los rasgos mayores que definen esa diferencia.
En primer lugar, la inmensa mayoría de la población peruana, de todos sus
sectores sociales y geográficos, ha repudiado el proceso electoral y sus
resultados oficiales, por ilegal, fraudulento e ilegítimo. Y la protesta
nacional masiva se ha transformado en resistencia abierta, porque esos
resultados no deben, ni pueden, ser reconocidos. Esa resistencia continuará
hasta lograr la desintegración del Fujimorismo. En esas movilizaciones de
las masas se encuentran de nuevo, después de una década, las
reivindicaciones sociales y las demandas políticas de la población.
La gran mayoría de las gentes movilizadas en la resistencia son jóvenes, lo
que otorga a estas luchas un decisivo elemento estratégico. Y son los
jóvenes, precisamente, los que asocian de otro modo las dimensiones social y
política de sus luchas: la demanda por democracia política implica,
necesariamente, la democracia en la sociedad, puesto que la historia
confirma reiteradamente que en un país como el Perú no pueden convivir un
Estado de Derecho con una Sociedad de Derecha.
En segundo lugar, es también virtualmente unánime la repulsa internacional
al carácter escandalosamente ilegal, fraudulento e ilegítimo del proceso
electoral y de sus resultados oficiales. A diferencia de l995, la Misión de
Observadores de la OEA, encabezada por el ex-Canciller de Guatemala, Eduardo
Stein, encontró en el Perú una compacta desconfianza de la mayoría de la
población y no tuvo más remedio que reconocer el fraude, retirarse de la
llamada "segunda vuelta" y en su jerga diplomática dictaminó en su informe
final que esas elecciones no fueron "limpias, ni justas", ni cumplieron con
los mínimos estándares internacionales. Los otros grupos de observadores
(el Centro Carter, el Instituto Democrático Nacional, el Instituto
Internacional de Derechos Humanos) fueron mucho más rotundos y explícitos en
su condenación al fraude y en su repulsa de la legitimidad de los resultados
oficiales. El fraude fue tan escandaloso que incluso los Gobiernos de
Estados Unidos y de Canadá hicieron público su rechazo.
En tal escenario, frente a la masiva protesta y movilización nacional contra
el fraude y a la unanimidad de la condena internacional, la Asamblea General
de la OEA se vio en la obligación de discutir formalmente la situación
peruana resultante del fraudulento proceso electoral, a pesar de las
gestiones y presiones diplomáticas del Fujimorismo. En esa Asamblea, el
Fujimorismo no logró impedir la virtual condena a la ilegalidad y a la
ilegitimidad del proceso electoral, pero contó con el apoyo de México, de
Brasil, de Venezuela, y de Bolivia y con la tibieza de Argentina y Chile,
para limitar los efectos políticos del debate que habrían conducido a una
presión para anular las elecciones. Pero la OEA acordó enviar al Perú una
Misión de Alto Nivel, formada por el Secretario General de la OEA y el
Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá. Esa Misión de Alto Nivel no
tenía mandato para anular las elecciones fraudulentas. Eso en la práctica
conlleva una admisión de la tercera re-elección de Fujimori. Pero, en
contrapartida, decidió algo totalmente inusitado, en América Latina por lo
menos: proponer la re-estructuración y autentificación de todo el universo
institucional del Estado Liberal en el Perú antes de cualquier nuevo proceso
electoral. Si eso fuera llevado a cabo, implicaría nada menos que el
desmontaje del Fujimorismo como régimen político.
En tercer lugar, frente a esa virtualmente unánime y universal repulsa
internacional al carácter ilegal y fraudulento de todo el proceso electoral,
y antes que llegara al Perú la Misión de Alto Nivel de la OEA y obviamente
como aviso de su decisión de defenderse de las posibles sanciones de la OEA
y de las protestas populares del Perú, el Fujimorismo ha recurrido a un
nuevo Golpe de Estado: el 8 de Junio del 2000, las FFAA y Policiales del
Perú, en ceremonia pública, reconocieron a Alberto Fujimori, oficialmente
Presidente Electo, como su nuevo Comandante en Jefe.
El hecho de que fuera la misma persona, Alberto Fujimori, el actual
Presidente de la República y Comandante en Jefe de las FFAA y Policiales del
Perú, y también el oficialmente nuevo Presidente Electo, ha dado lugar a una
confusión sorprendente sobre el significado de dicho acto. Tal confusión
muestra la eficacia de la propaganda del régimen, debido al control que el
SIN ejerce sobre los medios masivos de comunicación del país, pero muestra
también, y no mucho menos, el carácter amorfo y conciliador del grueso de la
oposición y de la OEA. Muchos de los observadores, tanto extranjeros como
peruanos, califican ese acto de "casi golpe" (algunos llegan a decir que fue
"casi un golpe, pero sin militares"!). El hecho es, sin embargo, que fue
legal y técnicamente un explícito Golpe de Estado y no debe haber lugar
alguno a la confusión.
En efecto, el Presidente de la República en ejercicio es también, por
mandato de la Constitución, Comandante en Jefe de las FFAA y Policiales. Y
nadie más puede serlo. El actual termina su período el 28 de Julio de este
año. El Presidente Electo asume ese mismo día, con las ceremonias de rigor
ante el Congreso de la República, el cargo de Presidente de la República y
desde mismo momento, pero sólo entonces, asume también las funciones de
Comandante en Jefe de las FFAA y Policiales del Perú. Por lo tanto, las
FFAA y Policiales no pueden tener, ni reconocer, legalmente, hasta el 28 de
Julio próximo, otro Comandante en Jefe que el actual Presidente de la
República, porque eso implica, legal y técnicamente, desconocer la
autoridad, los rangos y las funciones del actual Presidente de la República
y por eso Comandante en Jefe de esas FFAA. En términos simples, implica un
Golpe de Estado. Y eso fue, exactamente, lo ocurrido el 8 de Junio del
2000. Desde esa fecha, legal y técnicamente tenemos en el Perú a dos
Comandantes en Jefe de las FFAA y Policiales, pero sólo a un Presidente en
ejercicio.
El hecho de que coincidan en la misma persona ambas calidades, no modifica
en absoluto las condiciones, porque legalmente se trata de dos personajes
legalmente distintos. Y el hecho mismo de que las FFAA y Policiales
decidieran reconocer al Presidente Electo como su nuevo Comandante en Jefe,
desoculta la admisión explícita de que se trata, precisamente, de dos
personajes legalmente distintos. Si no, toda ceremonia de reconocimiento
sería perfectamente inútil. Se trata, pues, de un explícito Golpe de
Estado.
Nada pone de manifiesto con tanta claridad que el Fujimorismo es, en lo
fundamental, una dictadura de las FFAA. El Golpe de Estado del 8 de Junio
del 2000 fue hecho para demostrarlo ante el país y ante el mundo y para
advertir que está dispuesto a todo para mantenerse en el control del Estado
peruano. Y desde entonces sus actos no han desmentido en absoluto esa
disposición. Por el contrario, la represión se ha intensificado.
¿"Democratización" fujimorista o destrucción de la dictadura?
La obvia pregunta para la OEA es si también esta vez la democracia será la
víctima del canje entre los intereses del capital internacional y de sus
estados imperiales y la autonomía política del Perú, como en las dos
ocasiones previas.
La OEA y el Fujimorismo han comenzado, a la vista e impaciencia de los
peruanos y del mundo, las negociaciones de otra transacción no menos espuria
que las anteriores. La OEA ha dejado una agenda donde las instituciones
liberales son las únicas que cuentan, mientras las masas peruanas
movilizadas demandan por igual sus libertades políticas y sus derechos
sociales. El Fujimorismo, de su lado, que de nuevo ha puesto en cuestión la
autonomía política del país, trata otra vez de utilizar las propuestas de la
OEA para hacer pasar, como en 1992 y 1995, otro grosero contrabando
político, que cubra las apariencias diplomáticas y mantenga inmune el
andamiaje de la dictadura. Sus proyectos de ley sobre el Poder Judicial y
el Sistema Electoral son, sin duda, muestras de la perversa astucia de sus
agentes. Pero, sobre todo, de la expectativa del Fujimorismo acerca de que
la democracia puede ser, en fin de cuentas, subordinada a los intereses
sociales y políticos dominantes en la OEA y la dictadura usada como carta de
negociación en las disputas de hegemonía en el área andino-amazónica.
Desde el punto de vista de los peruanos, en cambio, esta conducta del
Fujimorismo sólo confirma que una dictadura con tales características no
puede terminar con un "diálogo" (palabra clave del discurso engañabobos del
Fujimorismo y de sus asociados en la oposición) sino con su desintegración.
Las grandes marchas populares que se preparan, podrían quizás no ser
suficientes para impedir la consumación del fraude. Pero no dejarán de ser
una advertencia de la decisión de sacudirse de esta dictadura. Los plazos
para lograrlo pueden ser largos o cortos. Pero lo conseguiremos. Hemos
tenido muchas dictaduras, y a todas ellas las hemos destruido, una tras
otra. La última fue, como se recuerda, la de Morales Bermúdez. Y fueron
las luchas organizadas de toda la población las que forzaron su salida.
(1) Mis textos publicados entre 1990 y 1995 fueron compilados por un grupo
de estudiantes en El Fujimorismo y el Perú, SEADE 1995, Lima, Perú;
Posteriormente, se ha publicado ¿El Fujimorismo en la Encrucijada?, en
Neopopulismo y Democracia, FLACSO, 1996, San José, Costa Rica; Populismo y
Fujimorismo, en Felipe Burbano de Lara, editor: El Fantasma del Populismo en
América Latina, Nueva Sociedad 1998, Caracas, Venezuela. Y durante el
actual proceso electoral, principalmente Las Opciones del actual Proceso
Electoral, publicado con diversos títulos en Mayo 2000 en Liberación y La
República, en Lima, y en América Latina en Movimiento, ALAI, Quito, Ecuador.
Después, en este mismo año, ¿La Impunidad como Programa? y Gobierno
Provisional de Municipalidades, en las mismas publicaciones.
https://www.alainet.org/es/articulo/104822
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