El Plan Colombia y sus críticos.

James Petras

El Gobierno colombiano del presidente Andrés Pastrana, de acuerdo con
Washington, ha puesto en marcha el Plan Colombia, un programa de ayuda de
miles de millones de dólares, financiado por Estados Unidos y Europa. El
Congreso norteamericano ha dado su aprobación a 1.300 millones de dólares, la
mayor parte en ayuda militar y policial, mientras que Europa va a suministrar
más de 2.500 millones de dólares de ayuda socioeconómica. De un diplomático
de la Europa occidental se ha dicho que dijo que "con nuestra colaboración
económica se va a limpiar la porquería que dejen los americanos cuando se
vayan". El paquete militar propuesto, de 1.300 millones de dólares, va a
incluir armamento pesado, entrenamiento (más de 300 asesores militares
norteamericanos) y 80 helicópteros y equipos de comunicaciones de alta
tecnología.

Hasta el momento, el Plan Colombia ha despertado una oposición generalizada
de todos los sectores de la sociedad civil en los Estados Unidos y en Europa.
Los motivos de esta oposición son muchos y de fundamento, basados en las
experiencias anteriores de los programas estadounidenses de ayuda militar a
Colombia y a América Central. En Colombia, más de un millón de campesinos se
han visto expulsados de las zonas rurales a causa de la política de tierra
quemada de las fuerzas militares y paramilitares colombianas bajo
asesoramiento norteamericano.

La justificación de Washington de que se persigue a los narcotraficantes
suena a falsa cuando los principales mandamases de la droga forman parte de
las fuerzas políticas, militares y paramilitares a las que Washington presta
su apoyo. El 4 de julio de este año fueron incautados más de 1.485 kilos de
cocaína pura, valorados en 53 millones de dólares, al principal grupo
paramilitar de extrema derecha, estrechamente asociado con el Ejército
colombiano.

Con la popularidad del presidente Pastrana en su punto más bajo y con su
Gobierno enfrentado a las crecientes críticas de las comisiones
internacionales que investigan la vulneración de los derechos humanos, Javier
Solana voló a Bogotá para impartir sus bendiciones al Plan Colombia y a los
designios de Washington de militarizar el país. Son evidentes las conexiones
entre el apoyo de Solana a la intervención militar de Washington en
Yugoslavia y su ascenso al cargo de Míster Pesc en la Unión Europea. Como
subrayó un alto cargo norteamericano en Washington, "Solana es nuestro hombre
en Bruselas".


Solución "centroamericana"

La historia de los anteriores programas militares norteamericanos en América
Central pone de manifiesto unas pautas de intervención destructiva
generalizada, seguida del abandono político. En América Central, Washington
ha volcado más de 15.000 millones de dólares de ayuda militar en favor de la
Contra de Nicaragua y de los ejércitos guatemalteco y salvadoreño, que han
asesinado a más de 75.000 salvadoreños, 50.000 nicaragüenses y 200.000
guatemaltecos. Posteriormente, con los así denominados "Acuerdos de Paz",
estos países devastados se transformaron en paraíso de especuladores, los
pobres campesinos se quedaron sin tierras, los que atropellaban los derechos
humanos se mantuvieron en el poder y los oligarcas volvieron a reclamar sus
propiedades desde Miami.

Los antiguos comandantes guerrilleros se adaptaron sin gran esfuerzo a sus
nuevos cargos en el Parlamento, llegaban a acuerdos con los políticos de la
derecha, se sacaban unos sueldos sustanciosos, vivían protegidos por las
alambradas de espino y los altos muros de sus villas, mientras las clases
populares se abstienen de participar en los procesos electorales (más del 65%
en las recientes elecciones salvadoreñas). La estrategia centroamericana de
guerra destructiva, organizaciones guerrilleras y acuerdos de paz que
protegen el statu quo neoliberal es el objetivo estratégico de Washington
detrás del acuerdo de paz para Colombia.

El único problema es que el grupo guerrillero más importante, las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), no es un socio complaciente en
una solución "centroamericana" orquestada por Washington. En primer lugar,
debido a que las FARC han colocado los temas socioeconómicos, y entre ellos
la reforma agraria y el Estado de bienestar, en el centro de su programa de
negociación. En segundo lugar, debido a que las FARC ya tienen la
experiencia de un acuerdo de paz fallido, de la etapa de 1984 a 1990, cuando
más de 5.000 activistas y tres candidatos presidenciales de la Unión
Patriótica, a la que las FARC respaldaban, cayeron asesinados cuando tomaban
parte en la política electoral. En tercer lugar, los cabecillas de las FARC
y, en particular, su secretario general, Manuel Marulanda, son campesinos (y
no profesionales dispuestos a ascender en la escala social, como fue el caso
de América Central) y no es probable que se avengan a un arreglo cualquiera
que dé continuidad al programa neoliberal de Pastrana respaldado por
Washington.

En respuesta al abrumador plan militar norteamericano, las FARC han
convertido la región desmilitarizada en la que se celebran las negociaciones
de paz en un foro público que no tiene precedentes, con el fin de debatir las
grandes cuestiones socioeconómicas, políticas y culturales que nunca se
someten a discusión en el Parlamento colombiano o en el norteamericano. En
este mes de julio, las FARC han abierto un debate a gran escala sobre
"alternativas a los cultivos ilícitos" (la coca). Más de mil participantes
han participado en el debate, con una amplia serie de propuestas. La
respuesta de Clinton y Pastrana ha consistido en intensificar la utilización
de herbicidas mortales que destruyen los cultivos de coca y de muchas plantas
alimenticias, con lo que han generado entre los indignados agricultores una
nueva oleada de simpatizantes de la guerrilla. Los foros de las FARC han
atraído a dirigentes sindicales y campesinos, a expertos en banca de
inversiones de Wall Street, a diplomáticos de Bruselas y, asimismo, a todo un
ejército de periodistas de todos los rincones del mundo.

El punto clave es que las FARC han puesto en marcha una respuesta de carácter
político que suscita un amplio apoyo popular, internacional y local, mientras
el Plan Colombia de Washington y Pastrana no cuenta más que con el limitado
apoyo del Pentágono, el Ejército colombiano (y los paramilitares) y los
narcocapitalistas que florecen en Bogotá... y en Miami, al calor de la mafia
cubana del exilio. El diálogo que las FARC han abierto en la zona
desmilitarizada con la sociedad civil nos proporciona un modelo para una
futura Colombia democrática. En las localidades bajo influencia de las FARC,
la tasa de criminalidad se ha reducido al mínimo, las autoridades no
extorsionan a los pequeños empresarios y la venta de drogas está prohibida.
El diálogo y el debate abierto, en los que se han involucrado diversos
sectores sociales, echa por tierra la imagen demoníaca de las FARC, la de una
organización estalinista, militarista y traficante de droga, lanzada desde
Washington. ¿Estarían Washington y Pastrana dispuestos a permitir un debate
abierto sobre las conexiones de importantes banqueros y traficantes de drogas
con la financiación de campañas electorales al Senado norteamericano o al
colombiano, en el que pudieran participar representantes de las FARC,
activistas de Seattle y organizaciones no gubernamentales de Europa? Una de
las grandes paradojas es que, a medida que las FARC se disponen a un mayor
diálogo político y se debaten públicamente en el foro de las FARC nuevas
alternativas al neoliberalismo y a la hegemonía de los Estados Unidos, y a
medida que estas ideas se difunden más profusamente por toda Colombia,
Pastrana y Washington aceleran y profundizan la militarización de la política
pública.

¿Será que la política militar de Clinton y Pastrana no se dirige tanto contra
el contrabando de droga o la guerrilla como a destruir la naciente democracia
que está floreciendo en la zona desmilitarizada? Existe una larga y
repugnante historia de intervenciones de Washington para poner fin a la
participación popular cuando se le escapa el control de los principales
actores... la República Dominicana en 1965, Chile en 1973, Nicaragua en
1981-90, Colombia en el 2000. La única diferencia consiste en que el Plan
Colombia no pretende pasar por una operación encubierta: es un intento
militar, público y flagrante, de destruir el diálogo y los movimientos que se
atreven a desafiar al monolito imperial. Esperemos que la colaboración de
los europeos no consista en pasar la fregona al suelo después del baño de
sangre.