El 8 de febrero inició en Lima la VIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, para hacer un diagnóstico de los avances y retrocesos en la situación de las mujeres en la región en los últimos cinco años desde la Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995). 800 representantes de los gobiernos del área buscan un consenso de compromisos para adoptar medidas orientadas a la paridad entre mujeres y hombres en la participación política, entendiendo que ello contribuye decisivamente a fortalecer la democracia en la región. Las conclusiones del evento, que serán encaminadas a la revisión mundial que se realizará en Nueva York en junio próximo, abordarán también las garantías que los Estados den a los derechos humanos de las mujeres. Los dos temas priorizados por la región son la equidad de género y los derechos humanos. No obstante, uno de los temas de mayor debate ha sido el modelo económico. En la sesión inaugural, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Antonio Ocampo, exhortó a los gobiernos de la región a modificar el contexto económico que mantiene en la exclusión a las mujeres, y señaló que se debe volver a los criterios de universalidad, solidaridad y eficiencia como principios rectores de las políticas gubernamentales, que conduzcan a la igualdad real. Advirtió también que es necesario adoptar una visión de ciudadanía moderna y participativa, ya que no es posible seguir tomando decisiones en las cúpulas sin escuchar las necesidades reales de las mujeres. Articulación Regional de Mujeres En los días anteriores, unas 200 mujeres, representando un centenar de organizaciones civiles de 25 países de la región, acudieron a la reunión de la Articulación Regional de Mujeres: "Algo más que palabras", para hacer su propio diagnóstico y formular propuestas a la CEPAL y la ONU. En el marco del diagnóstico, se señaló que los avances en la implementación de los acuerdos de ésta han sido lentos en la región, debido entre otros a la débil institucionalidad de las democracias latinoamericanas, el populismo y la globalización de la economía y sus consecuencias de exclusión económica para los sectores más vulnerables de la población -encabezado por las mujeres pobres-. En el plano de derechos humanos, se señaló como mayor problema el de las mujeres desplazadas y víctimas de violencia, como resultado de los conflictos armados y zonas militarizadas, que afecta particularmente a las mujeres indígenas. continuación reproducimos la Declaración Política de consenso, adoptada en este Foro. Declaración política de los movimientos de mujeres y feministas de América Latina y el Caribe en relación a la implementación de la Plataforma de Acción Mundial A cinco años de la aprobación de la Plataforma de Acción Mundial (PAM) de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, las mujeres de América Latina y el Caribe nos hemos reunido para evaluar los principales resultados de su aplicación en la región. En este periodo, las organizaciones de mujeres hemos desarrollado múltiples iniciativas locales, nacionales, regionales e internacionales, estableciendo vínculos de interlocución con las distintas instancias de poder público en nuestros países así como con las agencias de cooperación multilaterales y el sistema de Naciones Unidas. Para los movimientos de mujeres, la Plataforma recoge un conjunto de aspiraciones, intereses y necesidades de la mitad de la población a lo largo de los últimos 30 años. Se trata de un valioso instrumento que recoge muchas de las demandas que posibilitan la realización de los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres, quienes hemos luchado por preservar el espíritu y la integridad del Plan de Acción Mundial, resistiéndonos a su fragmentación y al debilitamiento de sus contenidos. Sin embargo, la intensa movilización y el compromiso asumido por los movimientos de mujeres y feministas, no ha sido acompañado con el mismo vigor y responsabilidad por todos los gobiernos de la región. Durante estos cinco años hemos observado avances en el plano legislativo, en la formulación de planes nacionales de igualdad, en la creación de mecanismos gubernamentales a favor de la mujer y el reconocimiento de los derechos ciudadanos. Sin embargo, estos logros han sido desiguales de país a país y en algunos casos se advierten graves retrocesos que afectan las condiciones de vida de las mujeres y el clima democrático de la región. En el plano económico, las reformas propulsadas por los gobiernos de la región no han contribuido a fortalecer la institucionalidad democrática, comprometiendo seriamente el ejercicio de los derechos ciudadanos y afectando especialmente las aspiraciones de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Este modelo contribuye además a la generación de condiciones que atentan contra la estabilidad ecológica y la destrucción del medio ambiente. Afirmamos que los derechos de las mujeres incluidos en la Plataforma de Acción Mundial no pueden ser garantizados por un modelo económico neoliberal asentado en estructuras democráticas endebles. En este contexto, observamos además, insuficiente voluntad política para establecer mecanismos efectivos de consulta y participación así como ausencia de rendición de cuentas hacia la sociedad. Es inaceptable que mientras los recursos disponibles para la implementación de la PAM son escasos e insuficientes, los gastos militares en América Latina y el Caribe se duplicaron en la última década. Este panorama es tanto más preocupante cuando observamos la persistencia y el agravamiento de la violencia política en la región, que pone en peligro la seguridad de poblaciones enteras y ha contribuido al incremento del número de refugiados y desplazados, cuya mayoría está constituida por mujeres y niños. Para cumplir los compromisos asumidos en la Plataforma de Acción, los Estados deben reafirmar y garantizar el carácter transversal de las recomendaciones que recoge, asegurando que las políticas públicas respondan a los objetivos estratégicos de dicha Plataforma y acompañándola con la asignación de recursos técnicos y financieros suficientes. El ideal de igualdad que proponemos las mujeres se sustenta en la remoción de toda forma de discriminación y desigualdad basadas en la raza, etnia, cultura, edad / generación, orientación sexual, clase, religión, nacionalidad, discapacidad, entre otras. La construcción de sociedades plurales requiere del ejercicio democrático del derecho a la información y la libre expresión ciudadana. En particular llamamos la atención de nuestros gobiernos sobre las flagrantes violaciones a los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas así como a sus justas reivindicaciones largamente postergadas. Reafirmamos que es condición fundamental para hacer realidad los objetivos de la Plataforma, la puesta en práctica de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual ha sido suscrita y ratificada por la totalidad de países de la Región. Asimismo exigimos que los países de la región aceleren el cumplimiento de sus obligaciones internacionales informando puntualmente ante el comité de vigilancia de la CEDAW. Como demostración del compromiso de los gobiernos con la Plataforma de Acción Mundial, exigimos la remoción de todo tipo de reservaciones a la Convención de la Mujer así como la ratificación inmediata del Protocolo Opcional a dicho instrumento internacional. Igualmente exigimos la ratificación del Estatuto que crea la Corte Penal Internacional. En este contexto reafirmamos que para nosotras Beijing es algo más que palabras. La Plataforma de Acción Mundial avanza una serie de compromisos con las mujeres logrados en la última década en los procesos globales de las conferencias de Río, Viena, Cairo, Copenhague. Beijing resume los compromisos contraídos con las mujeres por los gobiernos de la región. Exigimos por lo tanto a los gobiernos presentes en la Octava Conferencia Regional de la CEPAL la reafirmación inequívoca de sus responsabilidades para un efectivo y consistente cumplimiento de todos esos compromisos. El siglo XXI será de las mujeres sólo si lo es también de la democracia, en lo político, social y económico pero también en lo cultural, privado e íntimo. Con gobiernos democráticos que den cumplimiento a sus compromisos políticos y jurídicos, y con sociedades civiles fuertes con capacidad de vigilar la gestión pública y formular propuestas, podremos asumir los desafíos que nos plantea el nuevo milenio. Lima, 7 de febrero del 2,000