Acuerdo México - Comunidad Europea
28/03/2000
- Opinión
Con la firma del acuerdo interino sobre acuerdos comerciales, que
tuvo lugar el 23 de marzo en Lisboa, Portugal, quedó despejado el
camino para la implementación del Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos
Mexicanos y la Comunidad Europea, que entrará en vigor el primero de
julio próximo.
En México, no obstante que una amplia coalición de organizaciones
sociales y ciudadanas había formulado serios reparos al contenido de
tal acuerdo, exigiendo transparencia y participación de la sociedad
en el proceso, al oficialista Partido Revolucionario Institucional
(PRI) y al derechista Partido Acción Nacional (PAN) les bastó 4 horas
para ratificar el tratado en el senado (20 marzo).
Para las organizaciones de la sociedad civil, "el TLC-EU-MEX es peor
que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pues
además de que incluye las peores reglas de la OMC, también incluye,
entre otras cosas, un clon del Acuerdo Multilateral de Inversiones
(AMI), carece de acuerdos vinculantes en materia laboral y ambiental,
varias violaciones a la constitución mexicana, a las directivas
europeas sobre Política de Desarrollo y la pretensión de reforzar la
discrecionalidad de la Comisión Europea -vía un Consejo
Conjunto-adminstrador del TLC- por encima del poder de los ciudadanos
europeos y de sus parlamentos nacionales". Estas inquietudes fueron
recogidas en la Declaración de la Consulta Ciudadana de México, en
los siguientes términos.
Declaración del Foro de Consulta Ciudadana
A los pueblos de México y de Europa
Al Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
Al Congreso de la Unión
El anuncio hecho por el gobierno mexicano de que en las próximas
semanas podría consumarse el acuerdo de libre comercio que ha venido
negociando con la Unión Europea, está muy lejos de representar una
buena noticia para el pueblo de México. La pretensión de que el
Senado de la República apruebe al vapor y sin conocer a estas alturas
el texto definitivo y legal del Acuerdo, viene a coronar un proceso
caracterizado por la ausencia de información, de consulta y de
participación de la sociedad mexicana en un asunto que será de gran
trascendencia para nuestro país.
Las expectativas que pudieran haber existido en el sentido de que un
Acuerdo con la UE podría ser distinto en forma y fondo respecto al
TLC de Norteamérica, con tan graves consecuencias para nuestro país,
se han visto frustradas por completo: no sólo por la forma
antidemocrática en que se ha negociado, sino porque el modelo de
exclusión social y de falta de consideración de las desigualdades
entre las naciones se repite, y amenaza con profundizar y ampliar las
condiciones desventajosas en las que México viene insertándose en la
globalización.
A pesar de que, a diferencia del TLCAN, en este Acuerdo se incluyen
los capítulos II y VI sobre Diálogo Político y sobre Cooperación,
tales capítulos constituyen meras declaraciones carentes de la
instrumentación y mecanismos de sujeción jurídica que sí tienen los
referentes al comercio y la inversión. En particular, la Cláusula
Democrática contenida en el Acuerdo está muy lejos de representar una
posibilidad de protección de los derechos sociales, laborales,
étnicos, ambientales, de género y humanos en general entre los países
firmantes, al carecer de referencias explícitas a tales derechos y a
los mecanismos concretos para garantizar su preservación, y mucho
menos a las instancias que permitirían la participación y supervisión
de la sociedad civil, pues todo se deja en manos de los gobiernos.
No se contemplan siquiera las disposiciones sociales y de
participación de organismos de la sociedad civil que sí se consideran
en la propia Unión Europea.
Se trata, pues y en esencia, de un nuevo tratado de libre comercio e
inversión que sólo puede profundizar la exclusión y la polarización
sociales crecientes en nuestro país desde que se inició la apertura
neoliberal de nuestras fronteras. De esta forma, el gobierno
mexicano ha hecho gala una vez más del desafortunado prestigio que se
ha ganado a pulso a nivel internacional como uno de los más acérrimos
opositores a que los derechos humanos, sociales y ambientales sean
considerados en cualquier acuerdo o instancia internacional.
Lo más grave de todo es que, de la misma manera que sucedió con el
TLC con Estados Unidos y Canadá, el gobierno mexicano ha negociado el
acuerdo con la Unión Europea de rodillas, con torpeza, sin apego a
los intereses nacionales y en beneficio exclusivo de las grandes
trasnacionales y de sus socios en México.
El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE, como lo
llamaremos en adelante porque eso es) no considera realmente las
asimetrías entre la UE y México como país en desarrollo. Del
análisis del texto disponible hasta hoy, se desprende que éste no
refleja un trato recíproco, equilibrado y justo que beneficie a
México. Por el contrario, la UE obtuvo un trato preferencial y
acceso más rápido al mercado mexicano, en condiciones superiores a
las ofrecidas hasta ahora por México a otros países. Es decir,
México cedió más que la UE.
En el corazón del TLCUE se encuentra, como en el TLCAN, el principio
del "trato nacional" entre los socios. Es decir, en lugar de
reconocer las asimetrías en el desarrollo, de establecer los
mecanismos compensatorios que las reduzcan, de que México contara con
un trato especial, diferenciado y preferencial, como lo posibilita
incluso la OMC para los países en desarrollo, se da un trato igual a
economías absolutamente dispares. Como es sabido, trato igual entre
desiguales es igual a más desigualdad. Claramente, México no ha
salido ganando.
Tampoco el TLCUE expresa el compromiso de los países industrializados
de promover que sus empresas e instituciones confieran incentivos
destinados a fomentar y propiciar la transferencia de tecnología a
los países menos adelantados, así como ofrecer "la flexibilidad
apropiada para que los distintos países en desarrollo abran menos
sectores, liberalicen menos tipos de transacciones, aumenten
progresivamente el acceso a sus mercados a tenor de su situación en
materia de desarrollo", criterios establecidos incluso en el GATT-OMC
y a los que México ha renunciado inexplicablemente tanto en el TLCAN
como ahora en el TLCUE. Es claro que los negociadores no han pensado
ni en el país ni en los mexicanos. Es increíble que los países menos
desarrollados de Europa tengan trato especial dentro de la Unión
Europea, y que se podría haber conservado este derecho para México, y
"nuestros" negociadores no hayan aprovechado esta circunstancia. La
supuesta gradualidad en la apertura alegada por el gobierno mexicano
es absolutamente insuficiente para compensar las asimetrías.
Con esta misma lógica, el gobierno mexicano ha aceptado que para que
los bienes puedan circular libremente en ambas partes no se requiere
un determinado contenido nacional, sino que basta que tengan
componentes de la UE o de México, es decir, reglas de origen
regionales. Estas reglas fácilmente podrán ser cumplidas por la UE,
que tiene una industria integrada, pero no así por México, cuya
industria usa cada vez más insumos de Norteamérica, con lo que sólo
puede esperarse que se profundice el desmantelamiento de la planta
productiva nacional.
En materia de inversiones, al igual que en el TLCAN, en el acuerdo
con la UE se renuncia a regular la inversión tanto directa como
especulativa. No se le puede exigir requisitos de desempeño, estamos
obligados a darle trato nacional, se otorga máxima protección a los
intereses extranjeros, se da una libertad plena a los flujos de
inversiones y hace imposible orientarlas para que jueguen un papel
positivo en el desarrollo nacional. Ello sólo puede traducirse en
una mayor inestabilidad del crecimiento económico, en vulnerabilidad
financiera y cambiaria, y en la ampliación de las desigualdades
regionales, sectoriales y productivas. Es particularmente grave que
el TLCUE se base en los Acuerdos de Protección Recíproca de
Inversiones (APRI'S) que se están firmando bilateralmente con los
países europeos y que establecen que aún produciéndose un rompimiento
serán vigentes durante al menos 20 o 25 años. Esto representa un
verdadero candado para cualquier intención de cambio en la política
económica.
Por si lo anterior fuera poco, de la lectura del Acuerdo resalta que
se trata de una negociación en muchos puntos inconclusa y en donde se
determina que habrá nuevas negociaciones para profundizar la
liberalización posteriormente. El acuerdo otorga completa
discrecionalidad al poder ejecutivo para "adecuar" el Acuerdo en el
futuro y para modificar las leyes que sean necesarias, en violación
flagrante a lo establecido en nuestra Constitución. El TLCUE deja
puntos sustanciales como el sector agropecuario y el de compras
gubernamentales pendientes de negociación y pretende que se otorgue
poderes a los representantes gubernamentales para acordarlos sin
someterlos a ratificación por el Senado. El Consejo Conjunto se
erige como autoridad supranacional por encima de nuestra Constitución
y del Poder Legislativo. La arbitrariedad va más lejos: se adhiere a
México a cuando menos otros tres convenios internacionales sobre
propiedad intelectual sin haber consultado al Senado de la República.
Todavía más: en su artículo 35, el Acuerdo nos obliga a revisar toda
nuestra legislación en materia de inversiones en un lapso de tres
años para compatibilizarla con los acuerdos internacionales de
inversión, sin precisar a qué acuerdos se refiere. La
anticonstitucionalidad del Acuerdo es flagrante.
Por todas las consideraciones anteriores, las organizaciones
sociales, organismos no gubernamentales, senadores y diputados,
ciudadanos y ciudadanas participantes en este foro de consulta
demandamos y nos proponemos:
1) Que el Senado de la República, en un acto de patriotismo y de
cumplimiento de sus deberes elementales, rechace aprobar al vapor un
Acuerdo internacional que desconoce.
2) Que el senado inicie una amplia discusión con todos los sectores
de la población, de la que seguramente surgirá la necesidad de volver
a la negociación orientada desde un proyecto nacional consensado. Es
decir, no debe aprobarse en su contenido actual.
3) En lo particular, llamamos al Senado de la República al menos a
corregir todas aquellas disposiciones del Acuerdo que otorgan poderes
supraconstitucionales al Consejo Conjunto. Ello puede resolverse con
una declaración que forme parte del acuerdo en el que se afirme que
los representantes gubernamentales están obligados a someter futuras
negociaciones a ratificación por parte del Senado.
4) De la misma manera, debe incluirse una cláusula que precise que
todos los acuerdos internacionales a los que se hacer referencia en
este Acuerdo y que por ello forman parte de él obligarán a México con
las limitaciones establecidas en las cláusulas de reserva y
excepciones con los que nuestro país se adhirió a ellos.
5) Pedimos a nuestras contrapartes europeas que exijan a sus
gobiernos y parlamentos restituyan un verdadero proceso democrático,
y que reconsideren los términos de la negociación para que estén
apegados a los criterios sociales y sobre asimetrías considerados en
la propia Unión Europea. Pedimos que retomen las recomendaciones del
Bundestag y de otros parlamentos para incluir un mecanismo vinculante
de participación de organismos ciudadanos europeos y mexicanos en el
monitoreo, vigilancia y reporte sobre el respeto de la cláusula
democrática, así como que se establezca el compromiso expreso de
darle, en tiempo y forma, contenido al capítulo de cooperación.
Las y los participantes en este foro de consulta nos proponemos
actuar en consecuencia, construyendo a la vez la acción conjunta con
los hermanos pueblos europeos que también saldrán afectados, para
intentar revertir los efectos sociales perniciosos que puede traer
consigo un tratado de esta naturaleza. No somos "globalofóbicos":
buscamos una globalización en beneficio de la humanidad y no de unas
cuantas grandes corporaciones mundiales. Si los gobiernos no han
acabado de entender la lección y el significado de Seattle, la
sociedad civil sí: la globalización no prosperará mientras esté
basada en la antidemocracia, la exclusión social y un orden mundial
injusto.
México, febrero del 2000
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