Luego del intento infructuoso de ahogar las movilizaciones en Bolivia con el decreto del estado de sitio, el gobierno boliviano comenzó a ceder ante varias de las demandas que motivaron las protestas populares, que han sacudido al país desde el 4 de abril. No obstante, el estado de sitio sigue vigente y nuevos sectores se van sumando a las protestas. Sin duda el trasfondo de las movilizaciones es la extrema pobreza que afecta a más de la mitad de la población. La chispa que las encendió fue el anuncio de un alza en las tarifas del agua potable en la ciudad de Cochabamba, en el marco de un contrato del municipio con la empresa de capital extranjera, Aguas de Tunari. Las movilizaciones se escalaron en una virtual "guerra del agua", que llegó a su punto culminante entre el 7 y 8 de abril. Paralelamente, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) inició un bloqueo de caminos a nivel nacional, en apoyo a sus demandas de tierra y agua, y en oposición a una serie de proyectos de ley en cuya formulación la sociedad civil no habría sido consultada, particularmente las de Aguas, Biodiversidad, Política Agropecuaria, Sanidad Vegetal y Reactivación Económica. El 8 de abril, el gobierno del ex-dictador Hugo Banzer decretó el estado de sitio por 90 días, que luego fue ratificado por el Congreso, e intensificó las acciones de represión que resultaron en un total de seis muertos y medio centenar de personas heridas. El decreto fue duramente criticado por organismos de derechos humanos que lo consideran inconstitucional, pues la Constitución boliviana solo admite el estado de sitio en caso de guerra externa o de conmoción interna, interpretada como guerra civil. A renglón seguido, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró una huelga general contra el estado de sitio y por la liberación de los manifestantes detenidos. Maestros, universitarios, trabajadores de correos, de salud, gremiales y fabriles formaron un pacto intersindical y realizaron un paro en La Paz. Incluso los policías hicieron su propio paro para exigir un alza de sueldos, que les fue rápidamente concedido. Ante la agudización de las protestas y la inefectividad del estado de sitio, las autoridades cedieron en varios puntos para calmar la situación. El municipio de Cochabamba dio a conocer que Aguas de Tunari había renunciado voluntariamente al contrato, con lo cual se calmaron las protestas en esa ciudad. Además, el gobierno introdujo cambios a la Ley de Aguas adoptado en octubre pasado, inspirados en los planteamientos de la Coordinadora del Agua de Cochabamba y de los campesinos, que fueron aprobados apresuradamente por el Congreso y ratificados enseguida por el Presidente. El 14 de abril, el gobierno firmó una tregua con los campesinos y se estableció un calendario de diálogos sobre las reivindicaciones planteadas, en cuyo marco el gobierno aceptó postergar por un año el plan de erradicación de los cultivos de coca. Desde entonces, las movilizaciones prosiguen en menor escala, con huelgas esporádicas y bloqueos relámpagos protagonizados por diversos sectores sociales. Negociación de la deuda Las movilizaciones se producen en un contexto político en el cual el gobierno boliviano está negociando la condonación de parte de su deuda externa en el marco de la iniciativa anunciada el año pasado por el Grupo de las Siete potencias económicas del mundo. Una de las condiciones de la condonación es la realización de un diálogo multisectorial. En las actuales condiciones, el diálogo se ha tenido que postergar y el coordinador de éste, Carlos Toranzo, ha renunciado. Por su parte, el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) suspendió el envío de un equipo de trabajo, y la situación podría retrasar el trámite. Es cierto que Bolivia, como fiel alumno de las políticas neoliberales de los años 80, logró estabilizar su economía en términos macroeconómicos, al reducir la inflación del 7000% anual en 1985, a un 3% el año pasado, y mantuvo durante más de una década un crecimiento de alrededor del 4% anual. Ello no se acompañó, sin embargo, de una política redistributiva, que hubiese permitido aliviar la situación de pobreza de las grandes mayorías, y fue insuficiente para que se produzca el "goteo" prometido de la riqueza hacia los sectores más pobres. Hoy el crecimiento está amenazado por una recesión profunda, influenciada por la crisis regional. No es evidente, tampoco, que de implementarse el programa de alivio de la deuda, éste traerá soluciones de fondo a la pobreza, pues, se trata de una ayuda de apenas 130 millones de dólares anuales, durante diez años. Este modelo económico se ha acompañado de un modelo político que carece de transparencia y de políticas de participación democrática que podría favorecer una mayor inclusión de las mayorías. Como anota la socióloga boliviana Gloria Ardaya, "'La modernización', si ella existe, no está asociada con la integración social, con prácticas democráticas que multipliquen los intercambios políticos entre los diferentes actores del desarrollo, prácticas de deliberación entre diferentes, y, fundamentalmente, que estén acompañadas por procesos de equidad" (Hoy, Quito, 15/04/2000). Se caracteriza, además, por una corrupción endémica. Represión Presionado en el plano interno y externo para evitar el descrédito que podría significar las comparaciones odiosas con la época de su dictadura militar (1971-78), el general retirado Hugo Banzer, electo presidente en 1997, ha tratado de mantener un perfil bajo en la actual crisis. Su gobierno trata de disociarse de los excesos de represión cometidos durante las movilizaciones por el ejército, llegando al extremo que el Ministro de Defensa ha declarado que él no tiene que responder por los excesos, sino las Fuerzas Armadas a través de su Comandante en Jefe. Según Guillermo Fortún, secretario ejecutivo del partido gobernante, Acción Democrática Nacionalista (ADN), ello se debe a que "el Ministro de Defensa no tiene autoridad de mando sobre las Fuerzas Armadas, solo autoridad administrativa". Las declaraciones surgieron respecto al caso de un militar que fue filmado actuando de francotirador contra manifestantes en Cochabamba, en torno a quien surgió una polémica de si estuvo o no actuando bajo órdenes militares. De todas maneras, los sectores de oposición no han olvidado el saldo de la dictadura de Banzer: 1500 personas arrestadas por sus ideas políticas, 900 exiliados y más de 200 muertos, entre ellos cerca de 100 campesinos masacrados en 1974, según la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. En la actualidad le acusan por el deterioro de la situación y se multiplican las voces que piden su renuncia y la sucesión constitucional, como única salida para apaciguar al país. Atentados a la libertad de prensa La represión de los últimos días no ha afectado únicamente a los sectores movilizados, sino que también se registraron numerosas protestas por el trato a la prensa. La organización internacional Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, dirigió una carta al Ministro del Interior, Walter Guiteras, expresando su viva preocupación por esta situación, en la cual, entre otros, pide que se abra una encuesta de cara a las amenazas recibidas por periodistas de un canal de televisión y un diario. Inquietudes similares expresó también la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El diario Presencia recibió, el 13 de abril, una alerta de bomba, que se estima podría estar relacionada con la publicación de una serie de artículos sobre las declaraciones de Mario Diodatto, acusado de dirigir salas de juego clandestinas, y que tendría vínculos con círculos del poder. La redacción estima que la alerta y las amenazas de muerte contra dos de sus periodistas podrían también provenir de grupos paramilitares heredados de la dictadura y hostiles a su línea editorial. Desde el 10 de abril, periodistas en Cochabamba del canal de televisión PAT-Canal 39 reciben también amenazas. El canal había difundido imágenes de la represión por parte del ejército contra los manifestantes en Cochabamba. Reporteros Sin Fronteras denunció igualmente que la víspera, tres emisoras de radio de la región del Lago Titicaca fueron ocupadas por el ejército y obligadas a detener sus programas, luego de que cubrieron los hechos de violencia en esa zona.