Los 150 participantes a la Conferencia internacional "Tierra, Derechos Humanos y Paz en Colombia", convocada en Bruselas los días 14 y 15 de Abril 2000, después de escuchar a reconocidos especialistas y a varios representantes del movimiento campesino, indígena y de derechos humanos de Colombia y de otros países, funcionarios, diputados, y representantes de gobiernos europeos, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de crisis que vive Colombia, y el sufrimiento prolongado que esto implica para millones de personas, con las cuales nos solidarizamos. La comunidad internacional no debe permanecer indiferente ante la violencia que golpea a grandes capas de la población colombiana. Tiene la obligación de incidir para que los derechos fundamentales de los colombianos sean respetados y vivan en bienestar en un país que dispone en su territorio de grandes riquezas naturales, potencial humano y una biodiversidad de la más amplia del planeta. Ante todo, la crisis de Colombia tiene claras raíces sociales y económicas. Avanzar en la agenda social es fundamental e imprescindible para lograr una paz duradera. El fenómeno de reconcentración de la tierra, que se sigue dando en Colombia, constituye una de las raíces principales del conflicto sumado a la falta de iniciativa del Estado para encarar una verdadera reforma agraria que contemple el fortalecimiento de la cultura campesina e indígena. Diversos sectores económicos nacionales y multinacionales utilizan grupos paramilitares con el apoyo del ejército de Colombia, para atemorizar a la población rural mediante masacres y desplazarlos y apropiarse de sus tierras. Casi 2 millones de colombianos han sido desplazados en los últimos diez años, de los cuales más de 300 mil en el sólo año 1999, principalmente porque viven en regiones aptas para el desarrollo de proyectos económicos. Como ejemplos concretos, hemos escuchado con atención la situación crítica vivida por los indígenas U'was que luchan contra la explotación petrolera de la Occidental Petroleum Company (OXY) en su territorio tradicional, y los Emberas-katios del Alto Sinú que enfrentan las consecuencias desastrosas de la construcción de la represa de Urrá que parece ante todo destinada a regular el caudal del río y extender las grandes haciendas ganaderas. Asimismo, denunciamos la actitud de la empresa sueca Skanska que participa en este proyecto, sin considerar los daños que hace padecer. Expresamos nuestra máxima solidaridad con la lucha de estos pueblos indígenas, las comunidades campesinas y con todos los que viven situaciones similares. Al contrario de teorías económicas dominantes, que fundamentan políticas antipopulares, creemos que el sector indígena y el sector campesino han sido pilares fundamentales del bienestar de los colombianos y en particular de la alimentación de la población. Los paralelos que pudimos hacer con la situación vivida en Europa nos permite reafirmar con más fuerza que Colombia tiene allí un gran potencial para su futuro, en particular en una perspectiva de desarrollo sostenible. Destacamos el papel de las comunidades indígenas en la conservación de los recursos naturales. La desarticulación sistemática del movimiento social, a través del asesinato o del exilio de sus dirigentes, debilita la sociedad y profundiza las raíces de la violencia, cerrando las posibilidades de solución negociada de los conflictos sociales Nos alarma el Plan Colombia porque, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, se propone extender el conflicto armado a nuevas regiones y aumentar la influencia militar norteamericana en la región, con un altísimo costo humano. Por otra parte, su aspecto económico confirma y amplía una política económica que va en contra de las condiciones necesarias para lograr sus supuestos objetivos. El contenido y las condiciones de elaboración del plan, sin concertación con los movimientos sociales e insurgentes y sociales en lugar de preparar la paz la bloquea. Hacemos un llamado a los países de la Unión Europea para que orienten con más decisión su política exterior para la paz y la resolución de la crisis de derechos humanos que vive Colombia. Estimamos que la mesa de donantes para la Paz prevista para el mes de Junio debe orientarse hacia: - el apoyo de programas diseñados y realizados con la participación real del movimiento social y los movimientos insurgentes; - la exigencia de la democratización del país y la vigencia de los derechos humanos, en conformidad con los principios de la Unión Europea en materia de su política exterior; - la aplicación por el Gobierno de Colombia de las recomendaciones reiteradas de las Naciones Unidas en particular en cuanto a la lucha contra la impunidad y al desmantelamiento de los grupos paramilitares; - la adopción de mecanismos para asegurar que las actividades de las transnacionales europeas en el mundo sean conformes al respeto de los derechos fundamentales y al desarrollo sostenible; - el establecimiento de una severa restricción a la venta de armas hacia Colombia y demás países de la región; - la realización de una reforma agraria real, democrática y compatible con la protección ambiental y el respeto de las minorías étnicas. Saludamos y respaldamos la misión internacional de observación a Colombia que realizará el movimiento internacional campesino "Vía Campesina" en el próximo mes de Junio.