A la cabeza de los avances realizados por la humanidad en este siglo que termina, se ubican dos elementos trascendentes: el reconocimiento universal de la calidad de sujeto histórico de las mujeres y la introducción del concepto género, que ubica a los "sexos" como grupos socio-económicos definidos, interrelacionados, históricos y, por lo tanto, sujetos a transformaciones. Estos avances, que rompieron con siglos de estancamiento en los cuales se consideraba a las mujeres y a los hombres como grupos biológicos, naturales e inamovibles, sólo fueron posibles gracias a un proceso político y organizativo de las mujeres, quienes, a lo largo del siglo y a lo ancho del planeta, articularon un marco propositivo, basado en el cuestionamiento de las relaciones socio-económicas y de poder entre hombres y mujeres, cuyo alcance abarca desde lo doméstico hasta lo global. El postulado de que las desigualdades de género se construyen y se reproducen en una relación social mediada por elementos económicos, ideológicos y políticos, ha puesto en evidencia que la transformación de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres involucra dialecticamente a estos dos grupos sociales, pues cada uno de ellos es condición y consecuencia de la existencia del otro. Políticamente, este proceso ha permitido la legitimación del movimiento de mujeres, lo que ha posibilitado delinear una identidad colectiva, afirmar las necesidades de cambio y proponer líneas de acción propias. Este avance político está generando la adopción de políticas nacionales e internacionales que significan, de manera implícita, el reconocimiento de la necesaria transformación de un problema histórico y estructural. Los derechos de las mujeres y las propuestas societales Las luchas del movimiento de mujeres se han situado en todos los ámbitos, cuestionando las estructuras pero también los comportamientos personales, y de manera singular buscando su participación ciudadana en el quehacer común de la sociedad y en el poder. En la actualidad, América Latina y el Caribe se destacan en el panorama mundial tanto por la vitalidad del movimiento de mujeres como por la apertura creada para las propuestas de género en diversos sectores, movimientos e instituciones. Pues hoy en día son muy pocos los actores/as y sectores que no se han planteado aún, desde una diversidad de matices, la creación de espacios de participación de las mujeres, en sus marcos generales o en rubros específicos. Y, es justamente, insisto, la demanda de participación y acciones concretas, expresadas desde el movimiento de mujeres, el principal motor de estos cambios. Así, por ejemplo, la historia reciente de la región registra la inclusión de propuestas de género en el movimiento de derechos humanos quien, al confluir con el movimiento de mujeres, fue encaminado a reconocer e integrar en su cuerpo propositivo y reivindicativo, el postulado de que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que la violencia de género constituye una vulneración de estos. De igual manera, el movimiento campesino, indígena, negro, ecologista, y el conjunto de los movimientos ciudadanos, están empeñados en el desarrollo de respuestas específicas, para enfrentar la imbricación de las desigualdades de género con cada una de las singularidades expresadas por ellos. Este primer paso en el reconocimiento social de las desigualdades de género, abre sin duda la posibilidad de ampliar, profundizar y concretar la igualdad futura. De allí que el movimiento de mujeres, principal actor de estos avances societales, contempla en su agenda global un amplia gama reivindicativa, que podemos agrupar en los siguientes ejes centrales: ciudadanía y participación; derechos humanos, principalmente reproductivos y sexuales, económicos y sociales. Problema número uno: enfrentar la pobreza y la exclusión Aunque el movimiento de mujeres no ha desplegado aún acciones regionales, acordes con la dimensión del impacto de los actuales procesos de exclusión y agravación de la pobreza, su agenda enfoca invariablemente esta problemática, desde diversas posturas. En todos los países, las mujeres han hecho público que ellas afrontan, casi exclusivamente, la responsabilidad de la subsistencia económica y socio-afectiva de sus familias; mientras que, independientemente del grado de formación profesional, el desempleo y el subempleo de género son permanentes. En las áreas rurales, preocupa a las campesinas el desplazamiento de la concepción de autosubsistencia y abastecimiento local, hacia una visión que ubica exclusivamente a la exportación como eje de la producción, en beneficio de la agro-industria mercantil. Ese cambio estructural de concepción, implica para las campesinas y pequeñas productoras no sólo una exclusión mayor del acceso a la propiedad de la tierra, a la capacitación y a la tecnología sino que suscita la universalización de la categoría de "obreras/os agrícolas" y, por ende, pone en riesgo la misma existencia del campesinado como núcleo social y abastecedor. Preocupa, igualmente, el éxodo de las mujeres hacia las urbes regionales y hacia el Norte, tanto como su predominancia en el sector informal, problemas ubicados como síntomas de la aplicación desajustada de un modelo de desarrollo, que se sustenta en la verticalidad de género y otras formas de discriminación. En América Latina y el Caribe, la familia encabezada por una mujer constituye la figura más frecuente en la mayoría de países, lo que obliga a las mujeres a mantenerse en constante actividad, para generar ingresos fijos y obviamente paliar con creatividad los efectos de la crisis. También figura entre las preocupaciones, el hecho de que, en este proceso de desarrollo desigual, se han redefinido las funciones socio-económicas de las mujeres, particularmente aquellas relativas al cuerpo, llegando a considerar al cuerpo femenino como mercancía asociada a un producto, como actor privilegiado de producción y consumo y finalmente como propio objeto de consumo. Y, en este sentido, desde la utilización publicitaria hasta la venta misma de mujeres, pasando por la utilización pornográfica, responden a la misma lógica: la cosificación de las mujeres y la atribución de su consecuente valor mercantil. En suma, la inserción socio-económica de las mujeres se ha modificado considerablemente con el proceso mundial de modernización capitalista. No obstante, la reubicación de la mano de obra, y hasta la participación de las mujeres en las instancias de poder, tiende a seguir los patrones sexistas de la división del trabajo, a la vez que mantiene la segregación laboral y económica según el género. Con estos antecedentes, el nuevo milenio despuntará para las mujeres con la necesidad de plantear la lucha contra la pobreza y la exclusión como tema número uno de su agenda propositiva. La ciudadanía como eje de la vigencia de derechos Las gigantescas mutaciones técnicas, las transformaciones aportadas por la globalización, la omnipresencia del modelo neoliberal, entre otros, han modificado los puntos de referencia culturales, geográficos, políticos y éticos de la ciudadanía. En consecuencia, han condicionado el desarrollo de enfoques innovadores del convivir humano, que plantean nuevos modos de intervención y de propuestas sobre los contenidos de la vida cotidiana y las proyecciones colectivas. Es más el incremento de los procesos de exclusión social, plantea el desarrollo de una nueva concepción democrática que encare, en su forma y contenidos, las transformaciones resultantes de la globalización, del avance científico, de la técnica y de la comunicación; y que encamine propuestas de ciudadanía acordes con los desafíos de la época. En lo político, mientras la lógica neoliberal de la reducción del Estado y de las privatizaciones anula su potencial redistributivo y comercializa las prácticas democráticas, se perfilan propuestas para la construcción de formas democráticas participativas, que cualifiquen la intervención ciudadana en los espacios locales, nacionales e internacionales. En ese contexto, el movimiento de mujeres ha priorizado en su agenda el desarrollo de propuestas de ampliación y/o reconceptualización del término ciudadanía, que contemple elementos reales para la participación social y la creación de nuevas modalidades de democracia. Estas propuestas abarcan el reconocimiento de derechos individuales y colectivos, relativos a la vida cotidiana, la cultura, la comunicación, el medio ambiente, la reproducción, la sexualidad, el consumo, la dignidad económica, el acceso a la tecnología y al saber, la libertad de desplazamiento, la no violencia y diversas formas de auto-determinación. Abarcan también, la apropiación de las decisiones personales y la participación en las decisiones sociales, en el barrio, en la ciudad, en el país y en la esfera internacional. En otras palabras, con estas iniciativas de reconceptualización, el movimiento de mujeres, y otras organizaciones ciudadanas, se proponen autodefinir sus posibilidades de intervención y orientar sus propias motivaciones, desde múltiples facetas, alternativas y nuevos criterios éticos. Entre los requisitos señalados para la viabilidad de la nueva ciudadanía y su participación, se destacan: - el funcionamiento efectivo de una democracia participativa; - la creación de instancias permanentes de información y evaluación, abiertas a las organizaciones de la sociedad civil, para que éstas puedan intervenir verdaderamente en las decisiones; - la creación de instancias de control e intervención ciudadana; - las consultas ciudadanas sobre las opciones económicas y sociales, las prioridades, los equilibrios ecológicos, las decisiones relativas a la vida cotidiana, etc. - una mejor distribución de los recursos. Los derechos reproductivos y sexuales En esa misma línea, cuando los planificadores mundiales pretenden monopolizar las decisiones sobre la reproducción, en base a criterios demográficos, económicos, y hasta étnicos o morales, el movimiento de mujeres está proponiendo el reconocimiento de derechos reproductivos y sexuales, que comprenden la autodeterminación y la libre decisión de las personas frente a sus cuerpos y opciones. La formulación de los derechos reproductivos tiene como eje la defensa de la vida de las mujeres, la autonomía de sus cuerpos y fundamentalmente la libertad de decidir sobre la reproducción. Estos derechos también se articulan al acceso a una sexualidad más humana, desvinculada del comercio sexual y la violencia, que no se restrinja apenas a las actividades ligadas al funcionamiento del aparato genital y transcienda las necesidades biológicas, para dejar campo a la libertad de escoger el ejercicio de su propia sexualidad. Comunicación y tecnologías para el avance de las mujeres En el plano tecnológico, el actual momento enfrenta la transición de una era centrada en la utilización de la energía hacia otra que reposa sobre la información, la informática, la telecomunicación, la bio-tecnología. Este proceso no sólo modifica el quehacer en la industria, la agricultura, el comercio y los servicios, sino que genera, por su propia naturaleza, además de un reordenamiento económico y social, una reorganización del funcionamiento político e ideológico global. De cara a esta realidad, y como puntal de lanza para la participación democrática de las mujeres en los desafíos de la nueva era, ha despuntado en el movimiento de mujeres, principalmente desde las comunicadoras, la formulación de propuestas en torno al derecho de las mujeres a la información, a la comunicación y a su participación en la toma de decisiones sobre las opciones científicas y tecnológicas, como requisitos básicos para garantizar la vigencia de la democracia (Ver artículo de Sally Burch en este número). El desarrollo de estos enfoques representan en sí uno de los grandes desafíos sociales para el próximo milenio. Enfrentar el racismo y enfocar la diversidad El desarrollo del feminismo y la ampliación del movimiento de mujeres han conducido de manera inequívoca a la demarcación de diversas corrientes que comparten un espacio de definición común, pero que se cualifican en torno a otras filiaciones como la étnica, la socio-económica, la política, la orientación sexual, los referentes nacionales, etc., que constituyen singularidades determinantes en el momento de elaborar definiciones, delinear estrategias y canalizar propuestas hacia el conjunto de la sociedad. Entre las acciones que han visibilizado esta diversidad, merece mención particular el despunte de procesos organizativos y reivindicativos impulsados por las mujeres negras e indígenas, que se articularon en gran parte en torno a las movilizaciones relativas a la Campaña "500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular"(1992), principal catalizadora de los procesos organizativos de las etnias discriminadas en el continente. Figura en ese rubro, el desarrollo de los espacios de articulación de las mujeres indígenas, proceso que se expresó en el I Encuentro Continental de Mujeres Indígenas (Ecuador, mayo/96), del cual resultó la Declaración del Sol, cuya propuesta contempla desde diversos elementos para dar solución a los principales problemas que atañen a las mujeres, hasta una propuesta general para el desarrollo de la sociedad, pasando por diversos aspectos relativos a la discriminación étnico-racial que afecta a las mujeres indígenas. Por su parte, las mujeres de origen africano han emprendido un proceso de articulación, que se ha expresado en convocatorias de carácter regional, tales como el Encuentro Continental de Derechos Humanos de las Mujeres Negras (Ecuador/96); la celebración del Instituto de Verano de la Mujer Negra (Venezuela/93) y el II Encuentro de la Red de Mujeres Afro caribeñas y Afro-latinoamericanas (Costa Rica/96). Procesos de los cuales se desprenden propuestas políticas que imbrican las discriminaciones de género, etnia y clase, y planteamientos para desarrollar, sobre esa base, una estrategia para enfrentar la exclusión social y encarar la globalización. Este desarrollo organizativo interpela al conjunto del movimiento de mujeres, y demás actores sociales, a desarrollar prácticas más englobantes, que sobrepasen el propósito liberal de "tolerar las diferencias" para llegar a poner en práctica mecanismos que viabilicen un nuevo milenio basado en la diversidad. * Irene León, socióloga ecuatoriana, es Directora del Area Mujeres de ALAI.