Ecuador: Justicia económica para salir de la crisis

Colectivo Mujeres por una Nueva Economía

El país lleva dos décadas sometido a políticas de ajuste, cuyos resultados se
resumen en la reconocida catástrofe económica que ahora atravesamos. El
balance de sus efectos distributivos no puede ser más elocuente: la pobreza y
la recesión se han extendido hacia la mayoría de habitantes y actividades
productivas, en tanto la riqueza se ha concentrado en una veintena de
personas y empresas, principalmente por vías especulativas.

En estos mismos años los esfuerzos e iniciativas de las mujeres para
trabajar, generar ingresos, garantizar la sobrevivencia de las familias se
han multiplicado. No obstante, viejas y nuevas injusticias se suman para
mantenerlas como actoras económicas con menores oportunidades y retribución.
Así, en manos femeninas se concentra el trabajo no pagado en el hogar, que
representa como mínimo mil setecientos millones de horas de trabajo al año,
con un valor equivalente al 28% del PIB. En el mercado laboral, donde en la
actualidad su tasa de participación bordea el 50%, el primer grupo
ocupacional femenino (29%) es el de "trabajador familiar sin remuneración", y
hay mayoría de mujeres en los empleos menos valorados, peor pagados. También
soportan las más altas tasas de desempleo (19% a fines del año anterior), y
hasta en cargos profesionales o gerenciales los ingresos percibidos por las
mujeres siguen siendo inferiores.

A lo largo de estos años en que la banca, sus empresas vinculadas y otras
pocas personas han tomado para sí los recursos del país, la crisis pudo ser
amortiguada principalmente gracias al trabajo entregado por las mujeres con
solidaridad y altruismo, a cambio de lo cual, paradójicamente, afrontan una
situación de vulnerabilidad y desprotección económicas. Esto no sólo por las
desventajas ya anotadas en las condiciones de trabajo y en los ingresos, sino
también porque el retroceso en los servicios públicos de salud, educación y
bienestar social las perjudica de modo particular, lo mismo que a los menores
y a otras personas dependientes que con frecuencia están a su cuidado.

En 1999 el país y la mayoría de sus habitantes fuimos sometidos a un abierto
atraco a nombre de la crisis del sector financiero y el salvataje bancario.
Recursos del Estado y de particulares se concentraron aún más en manos de
banqueros y empresas vinculadas, alimentando unas cuantas fortunas. Los
perjuicios causados en esta ocasión a las mujeres fueron también más
drásticos, pues dadas las desventajas señaladas sus menguados recursos se
obtienen a costos más altos, son fruto de mayores esfuerzos y más trabajo.

Se llevó así al extremo un modelo perverso, cuyo funcionamiento empobrece a
la mayoría y destruye la base productiva de la nación. En estos inicios de
siglo, lejos de enmendar de rumbo, se ha optado por ratificar el esquema
económico de injusticia, abuso y corrupción, lo que se confirma con la
dolarización y con la recién suscrita Carta de Intención con el Fondo
Monetario Internacional, en la que se prevén más recursos para la banca y
para el pago de las deudas externa e interna, el incremento de esas deudas, y
como contraparte el rezago de salarios, inflación del 60% -en los hechos ya
superada en estos meses-, más desempleo, eliminación de subsidios, elevación
de precios a niveles internacionales.

Estas políticas económicas irracionales e injustas afectan a casi todos la
población ecuatoriana, colocan al país en el umbral de la inviabilidad, y
además acentúan injusticias y desigualdades que se han acumulado por siglos
para desventaja de las mujeres.


Otro rumbo económico

Planteamos, entonces, que la única manera de encarar la crisis es adoptando
otro rumbo económico. El momento de catástrofe y emergencia requiere medidas
sensatas. Es urgente cambiar las prioridades y los criterios de
distribución, asumiendo elementales principios de justicia económica. La
primera obligación del Estado es con la población del país y con su base
productiva. La deuda más grande y urgente es con las mujeres y con los
grupos más perjudicados. Por tanto:

* Es imperativo revisar el "salto al vacío" de la dolarización. El país
requiere un esquema monetario que no anule la soberanía nacional ni los
márgenes de acción gubernamental en esta materia. Necesita una política
monetaria coherente con la situación de la economía, que restablezca los
imprescindibles controles y sea una herramienta para la reactivación.

* La principal deuda del país es con las mujeres y con todos los perjudicados
en estas dos décadas de ajuste. Sólo por concepto del trabajo doméstico
gratuito realizado en los noventa la deuda con las mujeres asciende a unos
cuarenta mil millones de dólares, sin considerar intereses. Por eso se debe
limitar el servicio de la deuda externa a la verdadera capacidad de pago del
país -que evidentemente no es del orden del 50% del presupuesto del Estado-
atendiendo en primer término compromisos y prioridades internos. En la
renegociación de esta deuda -realmente ya pagada en virtud de los altos
intereses reconocidos a los acreedores- debe impulsarse el canje para
orientar esos recursos a actividades económicas de las mujeres, seguridad
alimentaria, cuidado infantil, salud, educación y protección ambiental.

* No más recursos para la banca. Este sector debe "sincerarse" y depurarse.
Los compromisos con la clientela deben ser atendidos a través de la
recuperación de los recursos ilegalmente apropiados por los banqueros y
afines.

* Los requerimientos fiscales deben ser cubiertos a través del cobro de
impuestos directos, no con el incremento de precios de los combustibles, de
las tarifas de servicios, la eliminación de subsidios y las privatizaciones.

* El Estado debe asumir un activo rol para detener el crecimiento de la
pobreza y erradicarla. La pobreza es el principal problema económico del
país. No ha crecido espontáneamente, por fatalidad o destino, sino como
consecuencia directa de las políticas económicas aplicadas, por la absurda
redistribución de recursos y por los perjuicios causados a las actividades
productivas. Ningún impacto relevante pueden tener entonces compensaciones o
correcciones llamadas "sociales", con presupuestos irrisorios, con
modalidades que lesionan la dignidad humana, y que insisten en apoyarse en
trabajo gratuito de las mujeres ("madres cuidadoras" o similares), justamente
las más afectadas por la pobreza y sus consecuencias.

Este cambio de rumbo es ya un reclamo generalizado. Es también un imperativo
"técnico" para garantizar nuestro futuro como país, al igual que la vigencia
efectiva de derechos humanos básicos ahora amenazados. (MLT).