Declaración de la Conferencia:
"Tierra, Derechos Humanos y Paz en Colombia"

Los 150 participantes a la Conferencia internacional "Tierra, Derechos
Humanos y Paz en Colombia", convocada en Bruselas los días 14 y 15 de Abril
2000, después de escuchar a reconocidos especialistas y a varios
representantes del movimiento campesino, indígena y de derechos humanos de
Colombia y de otros países, funcionarios, diputados, y representantes de
gobiernos europeos, expresamos nuestra profunda preocupación por la situación
de crisis que vive Colombia, y el sufrimiento prolongado que esto implica
para millones de personas, con las cuales nos solidarizamos.

La comunidad internacional no debe permanecer indiferente ante la violencia
que golpea a grandes capas de la población colombiana. Tiene la obligación
de incidir para que los derechos fundamentales de los colombianos sean
respetados y vivan en bienestar en un país que dispone en su territorio de
grandes riquezas naturales, potencial humano y una biodiversidad de la más
amplia del planeta.

Ante todo, la crisis de Colombia tiene claras raíces sociales y económicas.
Avanzar en la agenda social es fundamental e imprescindible para lograr una
paz duradera.

El fenómeno de reconcentración de la tierra, que se sigue dando en Colombia,
constituye una de las raíces principales del conflicto sumado a la falta de
iniciativa del Estado para encarar una verdadera reforma agraria que
contemple el fortalecimiento de la cultura campesina e indígena.

Diversos sectores económicos nacionales y multinacionales utilizan grupos
paramilitares con el apoyo del ejército de Colombia, para atemorizar a la
población rural mediante masacres y desplazarlos y apropiarse de sus tierras.
Casi 2 millones de colombianos han sido desplazados en los últimos diez
años, de los cuales más de 300 mil en el sólo año 1999, principalmente porque
viven en regiones aptas para el desarrollo de proyectos económicos.

Como ejemplos concretos, hemos escuchado con atención la situación crítica
vivida por los indígenas U'was que luchan contra la explotación petrolera de
la Occidental Petroleum Company (OXY) en su territorio tradicional, y los
Emberas-katios del Alto Sinú que enfrentan las consecuencias desastrosas de
la construcción de la represa de Urrá que parece ante todo destinada a
regular el caudal del río y extender las grandes haciendas ganaderas.
Asimismo, denunciamos la actitud de la empresa sueca Skanska que participa en
este proyecto, sin considerar los daños que hace padecer. Expresamos nuestra
máxima solidaridad con la lucha de estos pueblos indígenas, las comunidades
campesinas y con todos los que viven situaciones similares.

Al contrario de teorías económicas dominantes, que fundamentan políticas
antipopulares, creemos que el sector indígena y el sector campesino han sido
pilares fundamentales del bienestar de los colombianos y en particular de la
alimentación de la población. Los paralelos que pudimos hacer con la
situación vivida en Europa nos permite reafirmar con más fuerza que Colombia
tiene allí un gran potencial para su futuro, en particular en una perspectiva
de desarrollo sostenible. Destacamos el papel de las comunidades indígenas
en la conservación de los recursos naturales.

La desarticulación sistemática del movimiento social, a través del asesinato
o del exilio de sus dirigentes, debilita la sociedad y profundiza las raíces
de la violencia, cerrando las posibilidades de solución negociada de los
conflictos sociales

Nos alarma el Plan Colombia porque, con el pretexto de la lucha contra el
narcotráfico, se propone extender el conflicto armado a nuevas regiones y
aumentar la influencia militar norteamericana en la región, con un altísimo
costo humano. Por otra parte, su aspecto económico confirma y amplía una
política económica que va en contra de las condiciones necesarias para lograr
sus supuestos objetivos.

El contenido y las condiciones de elaboración del plan, sin concertación con
los movimientos sociales e insurgentes y sociales en lugar de preparar la paz
la bloquea.

Hacemos un llamado a los países de la Unión Europea para que orienten con más
decisión su política exterior para la paz y la resolución de la crisis de
derechos humanos que vive Colombia.

Estimamos que la mesa de donantes para la Paz prevista para el mes de Junio
debe orientarse hacia:

- el apoyo de programas diseñados y realizados con la participación real del
movimiento social y los movimientos insurgentes;
- la exigencia de la democratización del país y la vigencia de los derechos
humanos, en conformidad con los principios de la Unión Europea en materia de
su política exterior;
- la aplicación por el Gobierno de Colombia de las recomendaciones reiteradas
de las Naciones Unidas en particular en cuanto a la lucha contra la impunidad
y al desmantelamiento de los grupos paramilitares;
- la adopción de mecanismos para asegurar que las actividades de las
transnacionales europeas en el mundo sean conformes al respeto de los
derechos fundamentales y al desarrollo sostenible;
- el establecimiento de una severa restricción a la venta de armas hacia
Colombia y demás países de la región;
- la realización de una reforma agraria real, democrática y compatible con la
protección ambiental y el respeto de las minorías étnicas.

Saludamos y respaldamos la misión internacional de observación a Colombia que
realizará el movimiento internacional campesino "Vía Campesina" en el próximo
mes de Junio.