Bolivia: Movilización social y estado de sitio

Sally Burch

Luego del intento infructuoso de ahogar las movilizaciones en Bolivia con
el decreto del estado de sitio, el gobierno boliviano comenzó a ceder ante
varias de las demandas que motivaron las protestas populares, que han
sacudido al país desde el 4 de abril. No obstante, el estado de sitio
sigue vigente y nuevos sectores se van sumando a las protestas.

Sin duda el trasfondo de las movilizaciones es la extrema pobreza que
afecta a más de la mitad de la población. La chispa que las encendió fue
el anuncio de una alza en las tarifas del agua potable en la ciudad de
Cochabamba, en el marco de un contrato del municipio con la empresa de
capital extranjera, Aguas de Tunari. Las movilizaciones se escalaron en
una virtual "guerra del agua", que llegó a su punto culminante entre el 7 y
8 de abril.

Paralelamente, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB) inició un bloqueo de caminos a nivel nacional, en apoyo
a sus demandas de tierra y agua, y en oposición a una serie de proyectos de
ley en cuya formulación la sociedad civil no habría sido consultada,
particularmente las de Aguas, Biodiversidad, Política Agropecuaria, Sanidad
Vegetal y Reactivación Económica.

El 8 de abril, el gobierno del ex-dictador Hugo Banzer decretó el estado de
sitio por 90 días, que luego fue ratificado por el Congreso, e intensificó
las acciones de represión que resultaron en un total de seis muertos y
medio centenar de personas heridas. El decreto fue duramente criticado por
organismos de derechos humanos que lo consideran inconstitucional, pues la
Constitución boliviana solo admite el estado de sitio en caso de guerra
externa o de conmoción interna, interpretada como guerra civil.

A renglón seguido, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró una huelga
general contra el estado de sitio y por la liberación de los manifestantes
detenidos. Maestros, universitarios, trabajadores de correos, de salud,
gremiales y fabriles formaron un pacto intersindical y realizaron un paro
en La Paz. Incluso los policías hicieron su propio paro para exigir un
alza de sueldos, que les fue rápidamente concedido.

Ante la agudización de las protestas y la inefectividad del estado de
sitio, las autoridades cedieron en varios puntos para calmar la situación.
El municipio de Cochabamba dio a conocer que Aguas de Tunari había
renunciado voluntariamente al contrato, con lo cual se calmaron las
protestas en esa ciudad. Además, el gobierno introdujo cambios a la Ley de
Aguas adoptado en octubre pasado, inspirados en los planteamientos de la
Coordinadora del Agua de Cochabamba y de los campesinos, que fueron
aprobados apresuradamente por el Congreso y ratificados enseguida por el
Presidente.

El 14 de abril, el gobierno firmó una tregua con los campesinos y se
estableció un calendario de diálogos sobre las reivindicaciones planteadas,
en cuyo marco el gobierno aceptó postergar por un año el plan de
erradicación de los cultivos de coca.

Desde entonces, las movilizaciones prosiguen en menor escala, con huelgas
esporádicas y bloqueos relámpagos protagonizados por diversos sectores
sociales.


Negociación de la deuda

Las movilizaciones se producen en un contexto político en el cual el
gobierno boliviano está negociando la condonación de parte de su deuda
externa en el marco de la iniciativa anunciada el año pasado por el Grupo
de las Siete potencias económicas del mundo. Una de las condiciones de la
condonación es la realización de un diálogo multisectorial. En las
actuales condiciones, el diálogo se ha tenido que postergar y el
coordinador de éste, Carlos Toranzo, ha renunciado. Por su parte, el Banco
Interamericano del Desarrollo (BID) suspendió el envío de un equipo de
trabajo, y la situación podría retrasar el trámite.

Es cierto que Bolivia, como fiel alumno de las políticas neoliberales de
los años 80, logró estabilizar su economía en términos macroeconómicos, al
reducir la inflación del 7000% anual en 1985, a un 3% el año pasado, y
mantuvo durante más de una década un crecimiento de alrededor del 4%
anual. Ello no se acompañó, sin embargo, de una política redistributiva,
que hubiese permitido aliviar la situación de pobreza de las grandes
mayorías, y fue insuficiente para que se produzca el "goteo" prometido de
la riqueza hacia los sectores más pobres. Hoy el crecimiento está
amenazado por una recesión profunda, influenciada por la crisis regional.
No es evidente, tampoco, que de implementarse el programa de alivio de la
deuda, éste traerá soluciones de fondo a la pobreza, pues, se trata de una
ayuda de apenas 130 millones de dólares anuales, durante diez años.

Este modelo económico se ha acompañado de un modelo político que carece de
transparencia y de políticas de participación democrática que podría
favorecer una mayor inclusión de las mayorías. Como anota la socióloga
boliviana Gloria Ardaya, "'La modernización', si ella existe, no está
asociada con la integración social, con prácticas democráticas que
multipliquen los intercambios políticos entre los diferentes actores del
desarrollo, prácticas de deliberación entre diferentes, y,
fundamentalmente, que estén acompañadas por procesos de equidad" (Hoy,
Quito, 15/04/2000). Se caracteriza, además, por una corrupción endémica.


Represión

Presionado en el plano interno y externo para evitar el descrédito que
podría significar las comparaciones odiosas con la época de su dictadura
militar (1971-78), el general retirado Hugo Banzer, electo presidente en
1997, ha tratado de mantener un perfil bajo en la actual crisis. Su
gobierno trata de disociarse de los excesos de represión cometidos durante
las movilizaciones por el ejército, llegando al extremo que el Ministro de
Defensa ha declarado que él no tiene que responder por los excesos, sino
las Fuerzas Armadas a través de su Comandante en Jefe. Según Guillermo
Fortún, secretario ejecutivo del partido gobernante, Acción Democrática
Nacionalista (ADN), ello se debe a que "el Ministro de Defensa no tiene
autoridad de mando sobre las Fuerzas Armadas, solo autoridad
administrativa".

Las declaraciones surgieron respecto al caso de un militar que fue filmado
actuando de francotirador contra manifestantes en Cochabamba, en torno a
quien surgió una polémica de si estuvo o no actuando bajo órdenes
militares.

De todas maneras, los sectores de oposición no han olvidado el saldo de la
dictadura de Banzer: 1500 personas arrestadas por sus ideas políticas, 900
exiliados y más de 200 muertos, entre ellos cerca de 100 campesinos
masacrados en 1974, según la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia. En
la actualidad le acusan por el deterioro de la situación y se multiplican
las voces que piden su renuncia y la sucesión constitucional, como única
salida para apaciguar al país.