Perú: ¿La impunidad como programa?

Aníbal Quijano
Lima

El actual proceso electoral es el más fraudulento e ilegítimo de todos los
que hemos tenido en el Perú en los últimos cincuenta años y es una de las
pruebas definitivas del carácter dictatorial del régimen fujimorista. Las
principales evidencias son del dominio público.

La cuestión que se juega en este proceso electoral, en lo inmediato, es la
reconstitución de la democracia política en el Perú. Por eso, la lucha
contra el carácter radicalmente fraudulento de todo el proceso, implica ante
todo la lucha por el desmontaje del fujimorismo como régimen político, no
solamente por el reemplazo de Fujimori como su personaje principal. Porque
no hay otro modo de conquistar la re-democratización del Estado y de la vida
política institucionalizada del país. Y esta es, en las actuales condiciones
locales y globales, la condición necesaria para otra reconquista de la misma
importancia: la capacidad legal e institucional de los trabajadores peruanos
para recuperar y desarrollar los derechos sociales que el fujimorismo
destruyó.

La democracia política mide, exactamente, el nivel de desarrollo de la
democracia en las relaciones sociales cotidianas de la sociedad. Es desde
esa perspectiva que deben ser enjuiciadas las propuestas de campaña de
ciertos candidatos de no investigar, enjuiciar y sancionar los actos del
fujimorismo y hacer borrón y cuenta nueva si salen beneficiarios de la
maquinaria fraudulenta de este proceso.

El fujimorismo, como régimen político, ostenta rasgos visibles. Los
principales son reconocidos:

1) La concentración del control del Estado por una asociación de las Fuerzas
Armadas y una Tecnoburocracia Política sometida a aquellas, eliminando a los
cuadros post-velasquistas e institucionalistas.

2) Un aparato militar-civil, que con el nombre de Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN), fue creado como instrumento central de gobierno de esa
asociación y de control terrorista de la población, pero cuyo propio
ejercicio, con el apoyo de agencias internacionales de espionaje
(o"inteligencia") ha llegado a convertirlo en el actual eje real del control
del Estado.

3) la destrucción sistemática de las previas instituciones políticas, dentro
y fuera del Estado, que habían sido la conquista de un siglo de luchas
democráticas, Parlamento, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal de
Garantías Constitucionales, Contraloría y Tribunal Electoral, independientes
del Ejecutivo, y su reemplazo por instituciones ad hoc que, con los mismos
nombres, operan en realidad como instrumentos de control político dictatorial
sobre la población.

4) El control arbitrario y corrupto de la mayor parte de los medios de
comunicación masiva, en especial de la Televisión de Señal Abierta y la
producción de una numerosa prensa amarilla con los recursos del Estado.

5) El uso corrupto de los recursos del Estado para beneficio de los
integrantes del régimen (éstos han sido denunciados documentadamente, por
ejemplo, de tráfico de drogas, de tráfico de influencias, incluído un
vice-presidente de este gobierno, de sobrefacturaciones en la compra de
armas).

6) La práctica sistemática del fraude electoral (ocurrió en las elecciones
para el Congreso Constituyente Democrático que fraguó el actual texto
constitucional, en el Referendum para imponerlo, en las elecciones nacionales
de 1995, en las elecciones municipales últimas, y de modo escandaloso en el
actual proceso electoral).

7) Para defenderse, el fujimorismo ha usado la persecución, el espionaje, el
chantage, la tortura, el asesinato individual y colectivo de los críticos y
enemigos del régimen (por ejemplo, La Cantuta, Barrios Altos, Huancayo, Pedro
Huillca) e inclusive de los miembros de sus propios aparatos de terror
(Mariela Barreto, Leonor La Rosa). Eso revela que ha ido desarrollándose
como una vasta red mafiosa que controla el Estado y que trata por medios
fraudulentos e ilegales, de perpetuarse en el control del Estado y de los
recursos del país.

8) Frente a la creciente resistencia popular en las calles y del descontento
de una parte amplia de los empresarios industriales, el fujimorismo ha creado
un aparato político de carácter fascista contra los críticos y los opositores
al régimen.


Régimen dictatorial

El fujimorismo es un régimen político que fue proyectado en los últimos años
del gobierno de Alan García, en el seno del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas, que fue organizado con el recien electo Fujimori desde Julio de
1990, comenzando con la eliminación de los cuadros institucionalistas de las
FFAA para tenerlas bajo su total control, y finalmente impuesto por medio del
Golpe Militar de 1992, usando exitosamente la alcahuetería política de la OEA
y la protección de EEUU y del FMI, para establecer un régimen dictatorial que
simula las instituciones del Estado Liberal.

De esa manera ha logrado des-nacionalizar y des-democratizar el Estado
peruano y ponerlo, junto con los recursos de producción y el trabajo de
nuestro país, al servicio del capital internacional y, sobre todo, de su
sector más predatorio, el capital financiero mundial. En esa tarea ha
rematado los bienes del país, ha destruído los derechos legales de los
trabajadores, ha terminado destruyendo la estructura productiva del país, ha
producido el mayor desempleo y la mayor y más extendida pobreza de la
población de todo el último siglo. Ha logrado inclusive cimentar de ese modo
una cultura de corrupción y de arbitrariedad en ciertos sectores de la
población. La mafia fujimorista que ahora controla el Estado es la expresión
política de esos sectores. Y pretende perpetuarse indefinidamente.

?De qué serviría que no fuera Fujimori el beneficiario de su propia
fraudulenta maquinaria -una vez que sus patrones han percibido que para
defender y estabilizar el trabajo sucio realizado tiene que ser
reemplazado- si el fujimorismo como régimen político, como urdimbre de abuso
del poder, de prepotencia, de fraude, de corrupción, de control terrorista de
la población, va a mantenerse, inclusive con superficiales y parciales
maquillajes? ¿De cuál democracia podríamos hablar, solamente porque nos
permiten -aún- participar en el rito de votar, cuando todas las instituciones
del Estado ha sido programadas para trabajar en contra de la mayoría de la
población? ¿Y los crímenes de La Cantuta, los Barrios Altos, Huancayo, los
asesinatos de Pedro Huillca, el asesinato y descuartizamiento de Mariela Barreto
y las torturas a Leonor La Rosa, van a quedar impunes? ¿El "Grupo Colina"
continuará protegido? ¿La organización fraudulenta de las elecciones, el uso
ilegal de los recursos del estado, no requieren sanciones? ?O el uso
corrupto de los recursos del Estado para el beneficio privado de las mafias
dentro de cada una de las instituciones del Estado?

Nadie podría pretender imponernos la impunidad como programa electoral sino
como parte de la maquinaria del fraude y de arreglos a espaldas de la
voluntad real de la abrumadora mayoría de los peruanos. Los candidatos
tienen la obligación de establecer públicamente sus posiciones frente a esas
cuestiones. Pero no sólo los candidatos, todo el pueblo peruano tiene la
palabra.