Puerto Rico:
Ni un tiro más en la Isla de Vieques

La salida definitiva de la Marina de Guerra de Estados Unidos de la isla de
Vieques, y la desmilitarización y descontaminación del territorio nacional
puertorriqueño demandó el abogado Fermín Arraiza Navas en la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, que comenzó sus reuniones
el pasado 20 de marzo y se prolongará hasta el 28 de abril. Arraiza
intervino a nombre del Colegio de Abogados de Puerto Rico y de la Asociación
Americana de Juristas. A continuación el texto de su intervención.


Los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) han venido administrando sus
colonias de ultramar a base de la Cláusula Territorial de la Constitución de
dicho país, discriminando contra estos pueblos y sometiéndoles a los poderes
plenarios de un gobierno extranjero.

La explotación colonial y militar de Puerto Rico por los EE.UU. ha provocado
una confrontación de la sociedad civil de Puerto Rico y el pueblo de Vieques
contra la Marina de Guerra de los EE.UU., quienes ocupan tres cuartos de la
isla de Vieques desde el año 1941, habiendo dedicado dichos terrenos a
intensas prácticas militares y bombardeos, infringiendo el derecho a la vida,
la salud, así como el derecho del pueblo de Vieques y de Puerto Rico a un
medio ambiente sano. Desde el 1941 dicha población ha quedado sumergida en
un índice de pobreza del 70%, con un desempleo del 60% y un nivel de
contaminación sin precedentes.

Entre los contaminantes encontrados en Vieques se pueden señalar el uranio,
plutonio, nitrito, NAPALM, nitroglicerina, acetileno, chaff y muchos otros
metales pesados, que han ocasionado graves enfermedades del sistema nervioso
y respiratorias y una incidencia de cáncer del 27% mayor a la de isla grande
de Puerto Rico para el año de 1985. Al presente la incidencia de cáncer se
calcula en un 50% mayor.

Para sólo tener una idea de la intensidad de los operativos militares en
Vieques, hay que señalar que frente a una población de 9.400 habitantes, en
los operativos participan hasta 30.000 tropas.

La Marina ocupa las tierras más fértiles, lo que impide su desarrollo
agrícola. Además, ocupan las mejores áreas costeras afectando el desarrollo
turístico, las rutas comerciales y la pesca, principal medio de subsistencia
de los viequenses.

Estudios recientes han revelado la presencia de uranio en muestras de
excretas de niños viequenses. La alta tasa de mortalidad infantil dramatiza
más aún el grado de contaminación y envenenamiento de la población. No
obstante, los EE.UU. y sus tribunales justifican todo esto alegando que
Vieques es indispensable para su seguridad nacional.

Las pretensiones de la Marina han llegado al extremo de intentar en numerosas
ocasiones, despoblar la isla de Vieques en su totalidad, mediante un
genocidio solapado. Entre otros mecanismos, han obligado a las mujeres a
parir fuera de la isla municipio, ya que no proveen facilidades para ello.
De esa forma argumentan que en Vieques no existe crecimiento poblacional.

Por otro lado, el territorio nacional puertorriqueño se utiliza para
estructurar ataques militares contra otros estados, como Panamá, República
Dominicana, Nicaragua, Haití, Grenada, Irak y Yugoslavia, entre otros,
poniendo a Puerto Rico en peligro de una eventual represalia militar. A
estos efectos, la Asamblea General de la ONU ha enfatizado el deber de las
potencias administradoras de desmantelar estas bases militares, ya que
constituyen un obstáculo para la aplicación de la Resolución 1514 (XV) y para
el desarrollo y liberación de estos pueblos.

El 19 de abril de 1999 un guardia civil, David Sanes, perdió la vida en un
alegado accidente producto de las prácticas militares. Al igual que David,
muchos otros han muerto o han perdido extremidades en accidentes causados por
la Marina. Desde el 21 de abril de 1999 los viequenses, junto al pueblo de
Puerto Rico, han establecido campamentos de desobediencia civil en el área de
tiro de la Marina impidiendo que continúen las prácticas militares. Los
viequenses han sido obligados a soportar más doscientos días de bombardeos al
año. Por primera vez, han detenido las prácticas por más de 300 días
consecutivos y no están dispuestos a volver a la situación previa de
ignominia.

Como parte de la solidaridad caribeña con nuestra causa, tuvimos una visita
investigativa de la Comisión Caribeña de Derechos Humanos. En septiembre de
1999 dicha Comisión, compuesta por los Lcdos. Lloyd Barnett (Jamaica), Frank
Salomón (Trinidad y Tobago) y Sheila Vélez Martínez (Puerto Rico) concluyó
que existen serias violaciones de derechos humanos en Vieques.

Ante la decisión del Presidente de los Estados Unidos de continuar
bombardeando la isla de Vieques, nuestro pueblo no tiene otra opción que
seguir luchando de forma pacífica como escudos humanos en el área de tiro,
arriesgando su vida, su salud y enfrentando posibles arrestos y persecución
por parte de las autoridades federales. Una situación similar se dio en el
año de 1979, cuando se produjeron arrestos e incluso asesinatos políticos por
el mero hecho de ejercer el derecho a la autodefensa, de forma pacífica,
frente a un claro acto de agresión de las fuerzas militares.

La propuesta del Presidente Clinton no ofrece garantía alguna de que la
Marina se retirará. Por otro lado se propone un referéndum a ser convocado
por las fuerzas militares, para perpetuar que la Marina se quede en Vieques.
Cabe añadir, que la sociedad civil puertorriqueña ha manifestado al unísono
su absoluto rechazo al propuesto referéndum y a que se dispare un tiro más en
Vieques. A fin de cuentas, el respeto de los derechos humanos y a la vida
misma no están sujetos a un proceso electoral.

La conducta y hechos aquí expresados resultan reprochables y violan los
derechos humanos más fundamentales como el derecho de los pueblos a la
autodeterminación, a disponer libremente de sus recursos naturales y a no ser
privados de sus medios de subsistencia. (Art. 1, Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos). Además, se viola el derecho a la vida, la
libertad y la seguridad de la persona, derecho a la protección contra tratos
crueles, inhumanos o degradantes y se viola sistemáticamente el derecho a la
salud de los viequenses, mediante el envenenamiento de sus alimentos y medio
ambiente.

La experiencia de la esta Honorable Comisión demuestra que para una verdadera
descolonización tiene que respetarse los principios de integridad
territorial, igualdad soberana y el derecho inalienable al desarrollo
económico, social y cultural de los pueblos.

Ningún estatus autonómico o territorial, con o sin constitución, donde exista
una relación de subordinación política debe aceptarse como descolonizador y
menos aún si el pueblo queda a la merced de los intereses militares de la
metrópoli.

Por todo lo anterior, tanto la Asociación Americana de Juristas como el
Colegio de Abogados de Puerto Rico:

1. Exhorta a todos aquellos Estados que han ratificado el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y que han hecho la correspondiente
Declaración bajo los Arts. 41 y 42 de éste, a que no se conviertan en
cómplices de este escarnio y presenten los recursos interestatales de rigor
para que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ejerza su jurisdicción y
condene este crimen de lesa humanidad.

2. Exhorta además, al Comité de Derechos Humanos de la ONU a requerirle
información sobre estos hechos al gobierno de Estados Unidos en su próximo
informe, a ser rendido bajo el Art. 40 del Pacto, donde anteriormente los
EE.UU. han afirmado falsamente que Puerto Rico ya ejerció su derecho a la
autodeterminación al igual que Alaska y Hawai.

3. Recaba la cooperación y solidaridad internacional para lograr la salida
definitiva de la Marina de Guerra de los EE.UU. de la isla de Vieques, y la
desmilitarización y descontaminación del territorio nacional puertorriqueño.