Derechos Humanos: Tirón de orejas al gobierno mexicano

Eduardo Tamayo G.
Ginebra

Por segundo año consecutivo, la Subcomisión de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos expresó su preocupación por la violación de los derechos
humanos en México.

En particular, este organismo de Naciones Unidas llamó la atención sobre la
persistencia de las alegaciones sobre tortura, ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones y otros actos de violación a los derechos humanos de las
comunidades indígenas. Así mismo, tomó nota sobre la "creciente intervención
de los militares en la sociedad, especialmente en los estados de Chiapas,
Guerrero y Oaxaca".

"Esta Declaración nos pone optimistas, porque la ONU continúa vigilando la
situación de los derechos humanos en México y esto irá acompañado de acciones
como la visita del Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Mary Robinson
para fines de noviembre de este año", señaló Margarita Gutiérrez, integrante
de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México.


Diplomacia en apuros

El año anterior, la mencionada Subcomisión dio el primer campanazo sobre el
caso mexicano, por lo que el gobierno de Ernesto Zedillo desplegó un intenso
trabajo diplomático para tratar de demostrar que "ha tomado medidas
importantes para mejorar la situación de los derechos humanos".

Encabezada por el embajador de México en la ONU, Antonio de Ycaza, una
numerosa delegación se dedicó a preparar informes que fueron presentados
puntualmente a las reuniones de verano del Comité de Derechos Humanos. Este
Comité, compuesto por 18 miembros y establecido en virtud del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que entró en vigor
en 1976, es el encargado de examinar los informes presentados por los Estados
y emitir recomendaciones.

La diplomacia mexicana exhibió como hechos positivos el establecimiento de un
Programa de Promoción de los Derechos Humanos (1995-2000), el otorgamiento de
la autonomía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así "como la
investigación, juicio y castigo a violadores de derechos humanos".

La diplomacia del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, sufrió
un tropezón, pues el Comité Derechos Humanos tomó nota sobre los pocos
aspectos "positivos" pero, en cambio, dio a conocer una larga lista de
observaciones y recomendaciones en esta materia que deberá cumplir México.
Entre otros aspectos, el Comité expresa su preocupación sobre la "creciente
intervención militar en la sociedad", la falta de investigación y de sanciones
en los actos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales, los asesinatos e intimidación de periodistas, el incremento
de la violencia contra las mujeres, la agudización de la situación de los
niños de la calle y el irrespeto a los derechos de las comunidades indígenas.

Los organismos de derechos humanos, agrupados en la red "Todos los derechos
para todos", han jugado un papel clave en desbaratar las argumentaciones
optimistas del PRI. En un documento presentado ante la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, reunida el pasado
mes de agosto, señalan, por ejemplo, que el otorgamiento de autonomía a la
Comisión Nacional de Derechos Humanos no es tal, puesto que el hecho de que
el presidente de la CNDH ya no sea nombrado por el Presidente de la República
sino por el Senado no tiene mayor impacto porque el Senado sigue controlado
por el PRI.

De otro lado, cabe anotar que la CNDH ha sido acusada de ser una herramienta
del Estado para amortiguar las críticas de la situación de los derechos
humanos y de no gozar de la independencia necesaria para realizar
investigaciones imparciales y efectuar recomendaciones vinculatorias. Un dato
muy revelador es que la CDDH se ha "mostrado reticente a emitir
recomendaciones sobre violaciones de derechos humanos cuando hay militares
involucrados".


Militarización e impunidad

La militarización y paramilitarización persisten en los estados de Chiapas y
Guerrero, mientras campea la impunidad de los militares, destaca la Red Todos
los Derechos para Todos. Este proceso no es exclusivo del sur de México,
agrega la Red, pues actualmente personal militar "con licencia" dirige muchas
dependencias de los Ministerios Públicos y Procuradurías, bajo cuyo mando
están las corporaciones policíacas judiciales. "El personal militar está
entrenado para combatir contra un enemigo, lo cual es inapropiado para la
tarea de investigación y procuración de justicia", sin embargo sigue
incrementándose la participación de militares en actividades de administración
y procuración de justicia: en julio de este año unos 5.000 efectivos militares
fueron introducidos a la Policía Federal Preventiva.

Varios casos de violación a los derechos humanos son atribuidos a los
militares. En Chiapas, Oaxaca y Guerrero , ONGs han recibido reportes de
violación sexual de mujeres indígenas. El pasado 21 de abril dos mujeres
indígenas de la comunidad de Barrio Nuevo José, en Guerrero, fueron violadas
por el ejército y dos miembros de la comunidad fueron ejecutados. Ningún
militar ha sido enjuiciado por los juzgados civiles, y la Procuraduría
Militar, actúa como juez y parte, impidiendo un proceso parcial y objetivo,
señalan los organismos de derechos humanos.